A través del Decreto N° 6.619, el Poder Ejecutivo elevó del 18 al 20% el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado al tabaco. En dicho instrumento, el presidente Mario Abdo Benítez dispuso la modificación del artículo 8 del anexo al Decreto 3.109/2019, por el cual se reglamenta el Impuesto Selectivo al Consumo establecido en la Ley 6.380/2019 sobre tabacos, cigarrillos, esencias y similares, cuyo aumento de impuesto será del 2%.
Esta información igualmente fue confirmada por el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Óscar Orué, quien comentó que la decisión se da luego de un análisis del Equipo Económico, ya que por la pandemia no hubo un reajuste el año pasado. Explicó que el aumento del 2% es para compensar mínimamente, en concepto de la reducción del impuesto al combustible.
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“De hecho se iba luego a aumentar el impuesto al tabaco teniendo en cuenta que eso establece la ley. El 2% es porque la ley dice de forma gradual, estábamos aplicando 18%, el año pasado no hubo aumento debido a la pandemia, y este año, por atribuciones de la propia ley establece un aumento gradual y este año se estableció el 2%”, comentó Orué en comunicación con radio 1000 AM.
Igualmente mencionó que es un tema conversado con el sector tabacalero, al momento en que se estudió la ley en el Congreso en el 2019. Indicó que en ese momento el ministerio de Hacienda sugirió un 28%, luego el Congreso dejó en 24%. El viceministro explicó que esta ley tiene previsto el aumento gradual del impuesto al consumo del tabaco y sus derivados y en su tercer año de vigencia ahora se está elevando el 2% del impuesto.
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Peña firma decreto reglamentario para oficinas consulares paraguayas en el exterior
La vocera de Gobierno, Paula Carro, informó que el presidente de la República, Santiago Peña, firmó este miércoles el decreto n° 2921, por el cual se aprueba el reglamento para el establecimiento de oficinas consulares, que estarán dirigidos por funcionarios consulares honorarios. Igualmente, designó a los funcionarios consulares honorarios de la República del Paraguay.
Durante una conferencia de prensa convocada desde Mburuvichá Roga, Carro explicó que mediante este decreto se profesionaliza e institucionaliza y le otorga un marco de certidumbre a la carrera del cónsul honorario al servicio que presta.
Indicó que si bien, las oficinas consulares existen desde hace varios años, no se contaba con un documento que reglamente las condiciones para su instalación, ni se contaba con detalles específicos sobre los requisitos para la designación de los cónsules honorarios.
“Esto es un reglamento general, que comienza a regir a partir de ahora. Esto no significa que van a cesar en sus funciones, aquellos funcionarios cónsules honorarios que ya fueron designados y están dispersos en el mundo. Este decreto reglamentario viene a aportar más certidumbre al proceso de incorporación, estableciendo los parámetros y requisitos para la función”, explicó.
Remarcó que la designación de los funcionarios cónsules honorarios se dará siempre a petición de la Cancillería Nacional, que luego deberá ser apoyada con el decreto del Poder Ejecutivo. Esta petición puede estar basada en los pedidos que presente la respectiva circunscripción que solicite una oficina consular.
Mencionó que este funcionario tendrá una responsabilidad de representar los intereses del Paraguay en el extranjero, dentro del ámbito de las atribuciones que están muy bien definidas en el nuevo reglamento. Además, indicó que implica la contrapartida del Estado paraguayo de establecer unos criterios estándares para la designación del funcionario cónsul honorario.
La vocera Carro remarcó que es importante aclarar que se tratan de unos cargos no remunerados, pero cuya labor es de una naturaleza muy delicada, ya que entre sus principales funciones está el de representar los intereses del Paraguay en el extranjero.
Funciones a realizar
La vocera señaló las principales atribuciones que tendrá el funcionario cónsul honorario: en primer lugar, deberá promover el intercambio comercial, la exportación de productos nacionales al exterior, así como la identificación de oportunidades comerciales para el Paraguay.
“Además, tendrán como responsabilidad brindar asistencia consular a los connacionales dentro de su circunscripción, prestar apoyo a las delegaciones oficiales en su circunscripción, entre otras funciones”, acotó.
Agregó que el reglamento para el establecimiento de oficinas consulares también prevén algunas prohibiciones específicas. Pues las atribuciones y los deberes, así como las responsabilidades de los cónsules honorarios del Paraguay en el exterior, están muy bien definidas en el nuevo reglamento.
“Se trata de un cargo no remunerado, pero representa un alto honor y por ende, es una responsabilidad del Poder Ejecutivo avanzar hacia el establecimiento de estándares para la designación”, mencionó.
Requisitos para ser Cónsul Honorario
- Ser de nacionalidad paraguaya o extranjera, que deberá contar con el consentimiento del Estado receptor.
- Ser mayor de 30 años.
- Residir en la circunscripción de la sede de la oficina consular.
- Contar con los recursos económicos que le permita vivir con independencia y decoro.
- Ejercer una profesión, comercio o actividad honrosa.
- Gozar de reconocida honorabilidad y prestigio
- Contar con la idoneidad necesaria para el desempeño de la función consular.
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El Ejecutivo decreta ley para prevenir y sancionar actos de racismo
El presidente de la República firmó el decreto que reglamenta la ley N.° 6940/2022, la cual establece los mecanismos claros para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación contra las personas afrodescendientes. El mandatario manifestó que la igualdad entre todos los ciudadanos es una garantía establecida en Constitución Nacional.
“Todos los habitantes de la República de Paraguay son iguales en dignidad y derecho y donde no se admiten discriminaciones, entonces nos encontramos que la igualdad es una virtud soberana de nuestro derecho constitucional que gracias a esta lucha que han hecho los afroparaguayos y afrodescendientes hoy tienen un conocimiento tanto de una ley como de una reglamentación con este plan”, expresó el jefe de Estado.
Asimismo, añadió que con esta ley lo que se busca es garantizar la participación plena de las personas afrodescendientes en las distintas instituciones públicas relacionadas con su derecho e incorporar el legado de las personas afrodescendientes en la historia de nuestro país. “Nuestro Gobierno está firmemente comprometido con hacer realidad la garantía constitucional de la igualdad y con luchar decididamente contra la discriminación racial en todas las formas que se presenten”, sostuvo.
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La ley N.° 6940/22 fue promulgada en el 2022, tiene como objetivo prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación y se enfoca especialmente en proteger los derechos de las personas afrodescendientes. A través de la misma, se crea el Plan Nacional de Personas Afrodescendientes, que estará administrado por el Instituto Nacional de Estadística.
Además de esto, está prevista la incorporación de la historia afrodescendiente en los programas educativos del país, la implementación de sanciones contra actos discriminatorios, promoviendo un entorno de igualdad y respeto. La reglamentación de esta ley fue posible gracias a la articulación entre diversas instituciones y fue coordinada por la Secretaría Nacional de Cultura.
“Hoy dimos un paso importante hacia un Paraguay donde se respeten los derechos de todas las personas sin discriminaciones, firmando el decreto que reglamenta la ley. Esta normativa establece mecanismos claros para prevenir y sancionar actos de racismo y discriminación contra las personas afrodescendientes. Un país unido y libre de discriminación es un país más fuerte”, expresó el jefe de Estado a través de X.
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Agente penitenciario: diputados tratarán veto y comisiones aconsejan su aprobación
El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley del agente penitenciario será analizado por la Cámara de Diputados el martes 26 de noviembre. El documento figura en el punto 17 del orden del día de la sesión ordinaria.
Varias son las comisiones de la Cámara Baja que aconsejan a la plenaria aceptar el rechazo, entre ellas se encuentran la de Presupuesto, Asuntos Constitucionales, Salud Pública y Legislación y Codificación. La iniciativa sancionada en agosto pasado tiene como finalidad la profesionalización del agente penitenciario, a la par de establecer una estructura orgánica con derechos, deberes, prohibiciones y garantías para el desempeño de las laborales de los agentes dentro de las penitenciarías.
Entre estas atribuciones se habla del retiro, la formación profesional, los sueldos y los beneficios laborales, entre otras consideraciones. No obstante desde el Ejecutivo dicen que la iniciativa aunque bien intencionada, no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
En el rechazo total se menciona el parecer técnico del Ministerio de Economía y Finanzas, explicando que dicha cartera estatal desaconsejó su promulgación debido a la necesidad de racionalización de los gastos del Estado paraguayo.
“La iniciativa presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, sin perjuicio de las objeciones misionales fundamentales que presenta el proyecto, todo lo cual justifica la objeción total de la misma”, sostiene.
Agrega además que el proyecto no fue canalizado a través del Ministerio de Economía y Finanzas, por lo que “no se cuenta con los informes técnicos de las dependencias competentes respecto a la razonabilidad, sustentabilidad y sostenibilidad de los ingresos y de los gastos que justifiquen la asignación de nuevos recursos con la fuente de financiamiento 10 (recursos del Tesoro)”.
Indica a la vez que “diversas provisiones normativas contenidas en el proyecto de ley supondrán un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos con la competencia normativa y de instancia técnica”.
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Ejecutivo dará participación a todos los sectores para reglamentar ley de transparencia
El Poder Ejecutivo decidió brindar la participación de todos los sectores para trabajar en la reglamentación de la ley que establece el control, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro.
El objetivo es que la aplicación sea factible y cumpla con los objetivos en materia de transparencia, según informó el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate.
“Nuestra apertura es total, de escuchar a todos los sectores. La decisión final va a ser del Ejecutivo, del presidente, en la reglamentación, pero nosotros trabajamos de manera participativa con todos los sectores”, expresó el ministro Villate según publicó la Agencia IP, luego de una entrevista televisiva.
En ese proceso ya se tuvo una reunión con representantes de organizaciones sin fines de lucro, buscando entender la posición de las mismas respecto a la ley.
Villate señaló que, en función a las primeras conversaciones, no existe ninguna preocupación que amerite ningún cambio en la ley promulgada, aunque sí será necesario “aclarar ciertas cosas en la reglamentación”.
“La idea es tener ese diálogo para llegar a un punto medio entre todos. La intención es que no se genere ninguna carga administrativa o burocrática adicional, porque en la realidad no existe eso a priori en la ley y es lo que queremos levantar en la reglamentación”, manifestó el ministro.
Aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas es el que va a establecer las reglas de ese trabajo conjunto, en función al pedido del presidente Peña que se trabaje a través del Equipo Nacional de Estrategia País.
Cubrir una zona gris
Por otro lado, Villate destacó la importancia y necesidad de contar con esta ley, que permitirá cubrir una “zona gris” en materia de transparencia, tanto en actores que no son del todo transparentes como la identificación de los beneficiarios de las acciones de las ONG.
“Vamos a tener ese mapeo y vamos a poder entender dónde están accionando estas organizaciones y poder coordinar para tener un impacto mucho mayor”, dijo el ministro al reconocer que el Estado requiere hoy llegar a muchos lugares, y que en ese sentido las ONG tienen una experiencia que se puede aprovechar.
El ministro remarcó que el rol de transparencia que se busca a través de esta ley no tiene por qué ser trasladado hacia una cuestión de persecución en contra de las organizaciones sin fines de lucro.
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