Este viernes, desde el Hospital Pediátrico “Niños de Acosta Ñu”, confirmaron que desde el mes de mayo hasta la fecha 8 pacientes fallecieron por complicaciones de infecciones respiratorias y más de 90 ingresaron a terapia. Instan a la aplicación de las vacunas contra la influenza y el covid.

Según el doctor Héctor Castro, director del hospital, en esta temporada se reportó un aumento muy importante de infecciones respiratorias y que en un mes pasaron por las salas de internación más de 500 pacientes.

“Estamos viendo un aumento de casos respiratorios desde el 4 de mayo hasta ahora, de forma sostenida. Hemos cerrado con casi 500 casos internados en el Hospital Pediátrico por cuadros respiratorios. De este número, 90 casos en terapia intensiva y 8 fallecidos niños”, apuntó Castro, en entrevista con la 650 AM.

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Afirmó que es muy importante estar alerta y que se extremen los cuidados, ya que recién ahora estamos con el clima frío. “Hasta la fecha de hoy, ya hemos superado las consultas por cuadros respiratorios con relación a mayo, en menos de 15 días”, manifestó.

Indicó que la excreción de los virus que contagian estos cuadros respiratorios, son mucho mayor y por más tiempo en los niños. “Los chicos representan también amplificadores de contagio que finalmente termina en personas vulnerables que desarrollan formas graves y terminan en los hospitales”, refirió.

Manifestó que cuando hay un aumento coincide con temperaturas bajas, humedad alta y ambiente cerrado, eso es lo que perpetúa el contagio. “Los niños en su gran mayoría, no vacunados contra influencia y Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que son los que están ocasionando estos casos de internación”, puntualizó.

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Con la aprobación del pedido de interven­ción a la Municipa­lidad de Asunción, el Poder Ejecutivo debe designar al interventor que llevará ade­lante el trabajo de fiscaliza­ción que durará 90 días. Para este trabajo, el presidente de la República, Santiago Peña, hizo la propuesta al exminis­tro y doctor en ciencias con­tables Carlos Alberto Pereira Olmedo, según reveló el actual consejero del Instituto de Previsión Social (IPS).

Pereira, que fue recibido por el mandatario y le entregó un ejemplar de su nuevo libro “El camino hacia la liber­tad financiera”; confirmó que solicitó tiempo hasta el próximo lunes para evaluar la situación y dar una res­puesta de si acepta. El expre­sidente del Banco Nacional de Fomento (BNF) y máster en administración de empre­sas indicó que será un trabajo muy delicado, por lo que ana­lizará previamente para dar una respuesta.

“Me ofreció el presidente ayer (miércoles), entonces yo que soy muy serio y muy responsable de mis decisio­nes me tomó muy de sor­presa. Siempre que sea téc­nico estrictamente, y no haya incidencia de ningún tipo, ni siquiera de insi­nuaciones políticas podría considerarlo, pero le pedí, con mucho respeto que me dé unos días, hasta el lunes para pensar”, dijo Pereira en entrevista a la 1020 AM.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

Docentes fueron acusados por los hechos de estafa y producción de documentos no auténticos, por el fiscal Alberto Torres Flores, de Presidente Franco. Genaro Martínez Moreno (54) y Aurelio Santacruz Gaona (55), habrían cobrado dinero por una validación irregular de título profesional en el Ministerio de Educación y Ciencias.

Uno de los acusados es jubilado, exdecano y propietario de una universidad privada. El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la magistrada Carina Frutos Recalde. De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos se inician en Otaño, Itapúa.

Norma Beatriz Quiñónez de González y Marta Lorenza Pérez Escobar culminaron en el año 2021 la carrera de profesorado en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos, en la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP), sede de Mayor Otaño, obteniendo sus respectivos certificados académicos.

Sin embargo, al culminar sus estudios, ambas fueron notificadas por la institución sobre la falta de acreditación oficial de la carrera ante el Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), motivo por el cual solo se les otorgó el título de “Licenciada en Educación Inicial”.

Los hoy acusados contactaron con las víctimas para ofrecerles gestiones ante el Instituto de Formación Docente Virgen de Fátima, de Lambaré, para que obtengan el título de “profesora en Educación Escolar Básica 1° y 2° Ciclos” y los certificados correspondientes.

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“Mediante declaraciones falsas, los sindicados convencieron a las víctimas de pagar presuntamente la suma de 25 millones de guaraníes para convalidar todas las materias cursadas en la UPAP”, refiere el escrito fiscal de Acusación.

Luego, tras recibir el pago en la ciudad de Los Cedrales, los hoy acusados “entregaron a las víctimas documentos apócrifos que presentaron como auténticos, consistentes en títulos y certificados expedidos presuntamente por el Instituto Virgen de Fátima en el año 2021”.

Posteriormente, el acusado Genaro Martínez Moreno, presumiblemente completó formularios oficiales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), con datos falsificados y registró los documentos fraudulentos en el sistema SIGMEC, con firmas adulteradas de las víctimas.

Cuando las maestras presentaron estos documentos ante el MEC, fueron informadas que los títulos y certificados no fueron validados por contener información falsa, y recibieron apercibimientos por presentar documentos apócrifos.

Las afectadas presentaron la denuncia ante el Ministerio Público, los “gestores” imputados y tras completarse el plazo, el fiscal Alberto Torres presentó la acusación y solicitó la apertura de juicio oral contra Genaro Martínez Moreno y Aurelio Santacruz Gaona.

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El secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), Santiago Arza, informó que el 50 % del dinero resultante de las subastas se destina a financiar proyectos de rehabilitación de adictos. Hasta el momento ya se direccionaron 34.000 millones de guaraníes a estos programas y se prevé seguir con estos planes acorde a la disponibilidad de los fondos.

“La Senabico continuamente organiza subastas, pero todo ese dinero es depositado en el Tesoro público a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y ya los trámites administrativos que ponen disponibles esos fondos. Una vez que eso esté recién el Consejo se reúne para la aprobación de nuevos proyectos”, señaló a la 1080 AM.

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Explicó que por Ley está establecido el porcenaje de distribución de los recursos provenientes del dinero comisado y de todos los productos de la subasta que realiza la Senabico. Es así que el 50 % de esos fondos se destina a financiación de proyectos de rehabilitación de adictos, inserción social y prevención de hechos punibles.

“Ese destino de ese dinero se hace a través de la conformación de un Consejo que establece también la Ley y conformada por seis instituciones que son la Senabico, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Senad y el Ministerio de Salud Pública a través de representantes que designan sus máximas autoridades”, expresó.

Del dinero recaudado de subastas y de sentencias firmes y ejecutoriadas, ya se han financiado varios proyectos, entre ellos uno ejecutado por el Ministerio de Salud en conjunto con la Senad. Se trata de un Centro de Rehabilitación ubicado en la ciudad de Piribebuy inaugurado en enero de este 2025.

“Es un proyecto que implica lugar para 30 personas, todo pago, con atención absolutamente gratuita por un período de cinco años. Pasan primero por un proceso de desintoxicación y diagnóstico a través del Centro Nacional de Control de Adicciones y según criterio de los profesionales son derivados a este centro que se encuentra en la ciudad de Piribebuy”, subrayó.

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