El diputado colorado Rodrigo Gamarra enfatizó que las instituciones del Estado deben ser respetadas siempre, no solo cuando dicen lo que algunos sectores políticos y medios afines “quieren escuchar”. Sostuvo que destruir la credibilidad de la Justicia, de la Fiscalía o de la Contraloría solo porque no controlan esas instituciones, es seguir con plan de destrucción de la propia República.

El legislador se manifestó en estos términos luego de que sectores de la oposición cuestionaran el fallo emitido por la Contraloría General de la República respecto al examen de correspondencia de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas (DJBR) del presidente Santiago Peña, determinando de manera técnica que no existen irregularidades ni enriquecimiento ilícito en el patrimonio del mandatario.

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“Cuando la Justicia falla contra un colorado es un Histórico Triunfo de la ciudadanía, un golpe a la impunidad; la Justicia funciona. Cuando la Contraloría imputa o denuncia a un colorado
es una institución ejemplar, un ente serio, un órgano respetable. Pero cuando investigan a alguien de la oposición, eso es persecución, dictadura, fiscalía cartista, contralor payaso, jueces vendidos”, cuestionó el legislador a través de su cuenta oficial en X.

El parlamentario colorado señaló que el verdadero fin de las críticas contra el patrimonio del presidente Peña no es la búsqueda de transparencia real, sino el uso de las instituciones del Estado como un “garrote político” para desgastar al Ejecutivo. En tanto, según su visión, se cubren o minimizan los casos de supuesta corrupción que salpican a figuras de la oposición, como Rafael Filizzola, Arnaldo Giuzzio y otros.

“La Contraloría concluyó que no existe irregularidad en el patrimonio del presidente Santiago Peña, entonces resulta que la Contraloría también es farsante, blanqueó, manipulada y cómplice. O sea, las instituciones solamente sirven cuando el resultado coincide con el capricho político de ciertos sectores. Lo que algunos quieren no es justicia independiente. Quieren garrote, látigo y alambre de púas para sus adversarios políticos y colchón de plumas para los delincuentes de su sector”, remarcó.

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Se acumulaban los problemas: la dramática falta de medicamentos, la inexplicable centralización de los tratamientos en Asunción –o en Areguá– y las interminables esperas obligaban a cientos de pacientes de todo el país a afrentar, además del calvario que implica la propia enfermedad, un duro desgaste económico y emocional.

Sin embargo, en los últimos días un hecho significativo ignorado por los medios opositores al actual gobierno trajo cierta esperanza y alivio, ya que ese escenario crítico en la atención oncológica gradualmente empieza a cambiar su destino.

La inauguración del nuevo pabellón oncológico en Caazapá el viernes último no solo representa una obra de infraestructura sanitaria sino un mensaje de descentralización de la salud pública, en especial con un ámbito que implica muchos sacrificios, desde el financiero para el Ministerio de Salud, así como a los pacientes y las familias en el plano emocional.

Para el gobierno, se trata de una señal política y social que encamina una de las prioridades más sensibles de la administración del presidente Santiago Peña: fortalecer la atención sanitaria de los paraguayos, y en especial a los pacientes con cáncer y ampliar el acceso a tratamientos fuera de Asunción y del área central.

La habilitación del servicio permitirá que pacientes de Caazapá y departamentos aledaños ya no dependan exclusivamente de largos y costosos traslados hasta la capital para recibir consultas, diagnósticos o seguimientos médicos.

El acto también sirvió para que el presidente reafirmara el enfoque que busca imprimir a la política sanitaria vinculada al cáncer, un área donde el Ejecutivo asegura haber realizado uno de los mayores incrementos presupuestarios de los últimos años.

“El presupuesto del INCAN ha crecido más de tres veces en estos dos años y medio, y vamos a seguir destinando más recursos para comprar medicamentos, contratar más personal médico y fortalecer la atención”, expresó Peña al destacar el avance de los servicios oncológicos descentralizados.

La diferencia con la administración anterior es uno de los puntos que el oficialismo busca subrayar. Mientras durante el gobierno de Mario Abdo Benítez el sistema sanitario enfrentó permanentes cuestionamientos por falta de medicamentos, precariedad de infraestructura y reclamos de pacientes oncológicos, la actual administración intenta posicionar el combate al cáncer como una política prioritaria de Estado.

El incremento histórico de recursos para el Instituto Nacional del Cáncer –que tuvo un importante incremento en el presupuesto de este año– refleja precisamente un cambio de enfoque, pasando de una atención reactiva y limitada a una estrategia de fortalecimiento estructural y expansión territorial.

Uno de los principales problemas históricos para pacientes oncológicos del interior del país ha sido justamente la centralización de los servicios médicos especializados. Muchas familias debían trasladarse cientos de kilómetros para acceder a estudios, quimioterapias o controles periódicos, generando no solo desgaste físico y emocional, sino también enormes costos económicos.

Con la habilitación de nuevos pabellones y el fortalecimiento gradual de hospitales regionales, el gobierno apunta a reducir esa brecha y acercar el sistema sanitario a los sectores más vulnerables.

La administración Peña también intenta instalar la idea de que el fortalecimiento del área oncológica no puede depender únicamente de discursos o campañas de concienciación, sino de inversión concreta en medicamentos, equipamientos y recursos humanos.

El propio Peña insistió en que el objetivo es continuar ampliando la capacidad de respuesta del sistema público mediante más compras de fármacos, incorporación de especialistas y modernización de los servicios.

El cáncer se ha convertido en uno de los mayores desafíos de la salud pública en el Paraguay, tanto por el crecimiento de casos como por las dificultades históricas del sistema para responder a la demanda.

Por ello, el gobierno busca enfocarse en la transformación gradual pero sostenida de los recursos para el tratamiento de esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte en el país detrás de los males cardiovasculares, donde la descentralización y la ampliación presupuestaria son presentadas como pilares centrales.

La baja del dólar comenzó a reflejarse en distintos sectores de la economía paraguaya y también plantea nuevos desafíos para las cuentas públicas, según analizó el economista Rodrigo Ibarrola. Si bien el contexto ayuda a moderar algunos costos vinculados a importaciones e intereses de deuda en moneda extranjera, también impacta sobre la recaudación tributaria y la dinámica fiscal del país.

El especialista explicó que los ingresos tributarios muestran una desaceleración respecto al mismo periodo del año pasado, situación que podría dificultar el objetivo del gobierno de converger hacia un déficit fiscal de 1,5 % del producto interno bruto (PIB).

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“El escenario se volvió más complejo porque algunos ingresos crecieron por debajo de lo esperado, mientras ciertos gastos continúan aumentando”, señaló a la 1020 AM.

Actualmente, el déficit fiscal anualizado ronda el 2,2 %, aunque Ibarrola aclaró que todavía dependerá de cómo evolucionen los ingresos y el gasto público durante el resto del año.

El economista indicó que parte de esta situación responde también a una normalización de la recaudación luego del impulso inicial generado por la integración de Tributación y Aduanas dentro de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). A esto se suma un contexto económico donde algunos sectores muestran menor dinamismo.

Entre las áreas más sensibles, mencionó a la construcción, debido a los atrasos en pagos a contratistas y proveedores del Estado. En ese sentido, explicó que el mecanismo de factoraje aparece como una alternativa para otorgar liquidez a las empresas mientras esperan los desembolsos públicos.

Sin embargo, señaló que aún existe debate sobre cómo distribuir el costo financiero de estas operaciones. “La discusión principal es quién absorbe finalmente los intereses derivados de esos adelantos financieros”, comentó.

Ibarrola agregó que las empresas de mayor tamaño tienen más capacidad para sostenerse en este contexto, mientras que las pequeñas y medianas enfrentan mayores dificultades para mantener capital operativo.

Pese a este escenario más ajustado, el economista consideró que Paraguay mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos y descartó un impacto inmediato sobre la calificación crediticia del país.

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El presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), Gerardo García, contó a La Nación/Nación Media que se encuentran en proceso de definición del mecanismo financiero que permitirá completar el pago de deudas pendientes del sistema de salud, estimadas en alrededor de USD 80 millones, a través de un esquema de factoraje.

Esto se da luego de que el Ministerio de Salud confirmara que a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se concretó el desembolso de USD 100 millones a proveedores, como parte del proceso de regularización de compromisos acumulados. La deuda total con las farmacéuticas es de USD 180 millones.

Sin embargo, aún queda un tramo pendiente de financiamiento que será canalizado mediante un mecanismo de descuento de facturas en el sistema bancario, lo que en la práctica se conoce como factoraje.

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En ese sentido, García explicó que el proceso se encuentra en etapa de ajuste técnico y contractual con las entidades financieras. “Estamos viendo lo que queda pendiente para preparar los documentos y hacer los descuentos en los bancos, a través del factoraje. Se está por definir el modelo de contrato para que acepten los bancos”, señaló.

El titular de Cifarma indicó además que uno de los puntos centrales de la negociación es el costo financiero de la operación, buscando que el esquema no implique cargas adicionales para los proveedores.

El mecanismo de factoraje permitiría a los proveedores del sistema de salud acceder de forma anticipada a los recursos pendientes de pago mediante la cesión de sus facturas a entidades bancarias, que luego cobrarían al Estado en los plazos establecidos.

Este instrumento financiero es utilizado habitualmente para mejorar la liquidez de las empresas, especialmente en sectores con alta dependencia de contratos públicos, como el sanitario. En este caso, el esquema se plantea como una herramienta para cerrar la brecha restante de obligaciones del Estado con los proveedores, tras el desembolso ya realizado por el MEF.

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