La viceministra de Economía, Carmen Marín, fue tajante al mencionar que el subsidio de frontera será aplicado tras las verificaciones pertinentes de que los trabajadores que se inscriban para la ayuda estén realmente afectados en sus actividades laborales e ingresos.

Lo dijo esta mañana, en conversación con radio 650 AM, tras la presentación del proyecto de ley alternativo ante el Congreso Nacional que se realizó este miércoles pasado, por parte del Ministerio de Hacienda, respecto a la petición de comerciantes de ciudades afectadas por el cierre de frontera de la Argentina debido a la pandemia.

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“Vamos a verificar que sea un trabajador de frontera realmente afectado en sus ingresos, y el pago se realizará con el saldo del Pytyvõ 2.0, esa es la propuesta que presentamos al Congreso”, expresó Marín.

Hay que mencionar que la propuesta de los comerciantes, que el Congreso sancionó el 3 de febrero pasado y fue remitido al Ejecutivo, solicitaba un subsidio de tres pagos de 3 millones de guaraníes para cada trabajador formal y de G. 500 mil para los informales, con el remanente del Pytyvõ 2.0.

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La cartera económica, sin embargo, elaboró un proyecto alternativo en el que se compromete a pagar a los afectados 50% del salario mínimo, actualmente de G. 2.192.839, en 4 pagos que quedaría en G. 1.096.419 para los trabajadores formales, y 2 pagos de G. 500.000 para los trabajadores informales.

No obstante, la viceministra aclaró que es lo que la ley prevé, en principio, ya que la cantidad de pagos puede variar, lo cual dependerá de los beneficiados que se registren y que sean verificados como tales para recibir la ayuda.

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Esto, teniendo en cuenta a la vez el recurso disponible, que serían unos US$ 10 millones, o el remanente del Pytyvõ 2.0, por lo que cantidad de pagos dependerá del listado final de los beneficiarios que cumplan con los requisitos.

En una primera instancia, se estima que serían aproximadamente 19.000 potenciales beneficiarios formales y otros 24.000 informales, pero se tendrá que atravesar por proceso de empadronamiento, registro y verificación, por lo que una vez promulgada la ley, el desembolso podría empezar en unos 30 días más, aclaró Marín.