La viceministra de Economía, Carmen Marín, confirmó que este lunes 8 de febrero el Gobierno socializará su propuesta a comerciantes y trabajadores en situación de informalidad, residentes en las zonas fronterizas con la Argentina. Se trata de un proyecto alternativo al sancionado por el Congreso Nacional que prevé el pago de subsidio durante tres meses a ambos sectores, cuyas actividades siguen afectadas por la pandemia.
La principal preocupación de la cartera económica es el financiamiento de la ley, además de la falta de claridad con respecto al universo de personas a ser beneficiadas con la ayuda estatal.
“Necesariamente tenemos que habilitar un periodo de catastro para verificar los datos, si las personas son afectadas en sus ingresos, si dentro del núcleo familiar existen funcionarios públicos, beneficiarios de programas sociales o jubilados que perciben sus haberes”, lo que garantiza un ingreso fijo dentro de los hogares, refirió Marín en entrevista en Telefuturo.
Ratificó que tal como fue sancionado el proyecto, es “impracticable” al explicar que no autoriza al Ejecutivo a realizar un proceso de selección que garantice que la asistencia llegue a quienes realmente ameritan.
La viceministra insistió en que se debe establecer un criterio único para el pago de los subsidios y el Ejecutivo debe tener herramientas para la elegibilidad de los beneficiarios, aspectos que no están contemplados en la polémica ley.
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