El abogado Ricardo Preda explicó este miércoles que el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es consistente para abrir una investigación del Ministerio Público sobre el presunto esquema de lavado de dinero.
“Escuché sobre el informe de la Seprelad y parecía consistente para la apertura de una persecución penal porque describía una tipología de justificar que uno ganó un premio para poder engañar un sistema de control de prevención de lavado de dinero”, señaló al abogado en comunicación con Universo 970 AM.
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Mencionó que cuando una persona acude al banco para justificar una ganancia mediante una apuesta, el banco da el visto bueno si el origen se puede corroborar. Destacó que en este caso hay un sujeto que ganó varias veces y montos muy altos.
Sostuvo que tampoco se debe confundir el delito de lavado de dinero con la violación de la prevención de este flagelo, ya que hay casos en los que el sujeto obligado solo viola la normativa y en otros casos una empresa o persona puede cumplir las reglamentaciones, pero a la vez cometiendo el delito.
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reveló en un informe confidencial los vínculos de la empresa Apostala, concesionaria exclusiva de las apuestas deportivas en Paraguay, con la firma FastPay, de la familia Trovato. La empresa Daruma SAM SA, para la marca Apostala, registra créditos de la firma Infinium SA (FastPay), propiedad de la familia Trovato.
El informe de carácter reservado y confidencial ya se encuentra en poder del Ministerio Público, que deberá iniciar una investigación ante indicios de un presunto esquema de lavado de dinero. El reporte confirma la introducción en el sistema de apuestas de Apostala de la firma FastPay con la función de recepcionar las apuestas en la plataforma web, permitiendo que el dinero de las apuestas se realice a través de plataformas de medio de pago electrónico y sistemas de pagos mediante tarjetas de crédito.
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Gubetich ya había vendido las propiedades antes de ofrecerlas al cirujano, señalan
El fiscal Marcial Machado, quien investiga a Andrés Gubetich, expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), está imputado por estafa y lavado de dinero como producto de un contrato de compra-venta que estableció con el médico cirujano Eustasio Rojas Allegretti, a quien habría causado un perjuicio económico de USD 2.350.000.
“Ninguno de los inmuebles está disponible para transferencias, ellos ya no son dueños, otros están hipotecados o vendidos. Incluso el señor Gubetich vendió dos o tres veces antes de vender a Rojas, no tenía la libre disposición para vender y transferir e igual lo hizo”, explicó el agente del Ministerio Público.
En comunicación con “Cuenta Final”, emitido por Universo 970 AM/Nación Media, el agente detalló que además de la estafa, se abrió una causa penal por lavado de dinero, dado que el extitular del IPS, logró que entidades financieras, bancos e inclusive cooperativas, le compren los pagarés de USD 20.000 que fueron firmados por el cirujano.
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Rojas Allegretti realizó una entrega a Gubetich de USD 20.000 y le firmó 29 pagarés por el mismo valor en concepto de cuatro inmuebles que fueron ofrecidos por el entonces presidente del IPS, quien le manifestó que tenía intenciones de vender sus propiedades dado que apuntaba a candidatarse al Senado.
“Le firmó documentos, cheques, pagarés y esos documentos fueron los que se colocaron en el sistema financiero. Ellos (Gubetich y su esposa) negociaron esos documentos y recibieron una contraprestación producto de la estafa, por eso la investigación de lavado de dinero”, sostuvo el fiscal Machado.
La imputación contra Gubetich fue admitida este viernes 21 de junio por el juez Osmar Legal, a partir de ahora, el Ministerio Público tiene un plazo de seis meses para obtener más información respecto a esta negociación entre el expresidente de la previsional y el cirujano.
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Estafa a la vista
Dos de los inmuebles que fueron ofrecidos a Rojas están ubicados en Altos, uno de ellos fue vendido por USD 600.000 y el otro por USD 180.000. Asimismo, se firmó otro contrato de venta por un departamento en Recoleta, Asunción, por USD 734.000 y el último inmueble fue vendido por USD 100.000.
“En las cláusulas de los contratos dice libre disposición de los bienes, pero de ninguna manera hay libre disposición. Yo le llamé a la escribana y me dijo que en julio, Gubetich vendió un inmueble por USD 400.000, o sea dos meses antes vendió por ese valor y después vendió por USD 734.000 a este señor, eso se pudo comprobar con el simple informe de la escribana”, sentenció el fiscal.
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Casas de cambio buscan mecanismo para legitimar operaciones de los cambistas
Desde la Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas, de manera que puedan ejercer de manera legal en el mercado de divisas. Además, plantean un cambio en la imagen negativa de las casas de cambio, por ello incluso analizan la posibilidad de pasar a operar en el mercado de divisas como un Banco de Cambio.
En comunicación con el diario La Nación Nación Media, el presidente de la ACCP, Gregorio Mayor, explicó que la Ley 2794/2005 de Casas de Cambio, en la que se contempla por un lado las casas de cambio que están estructuradas y formalizadas, supervizadas por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay, y la Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero), ya que son sujetos obligados de la Ley 1.015 sobre Lavados de Activos.
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También indicó que la legislación del 2005, incluye además a los “corredores de cambio”, que es el cambista de la calle, que también dice la ley deberían ser supervisados por el BCP, situación que no se cumple en la realidad.
Dijo que la Ley exige que el cambista cuente con un registro para operar en la vía pública, el cual tiene validez de un año. Mencionó que hasta hace poco, antes que ocurriera el asalto a la bóveda de los cambistas de Ciudad del Este, en el registro del BCP solo figuraban 11 registros.
“En el año 2019, el BCP, en forma conjunta con la Policía Nacional y la Sedeco, realizaron un censo de corredores de cambio, en ese tiempo se identificaron a unos 900 cambistas que operaban a nivel país. Después de la pandemia, conforme a los datos que accedimos como asociación, pudimos analizar la cifra subió y está entre los mil y mil cien cambistas o corredores de cambio”, precisó.
Estigma de casas de cambio
Mencionó además que la Ley 2794 establece que los corredores de cambios tienen autorizados por Ley, a operar hasta 10.000 dólares por día. Lamentó que el registro del BCP prácticamente no existe, incluso despues del atraco a la bóbeda se dio de baja de la web del BCP el listado de registros, de corredores de cambio que solo figuraban 11 cambistas.
“El problema es que por un lado estamos nosotros, el sector formalizado y por otro lado, está este sector informal; y el riesgo está que cualquier persona, como se dio con la exministra Cecilia Pérez, del gobierno de Mario Abdo, salga a decir que las casas de cambio son el talón de aquiles del sistema financiero, porque supuestamente, nosotros hacemos operaciones que no realizan los bancos, ni financieras y hacemos con mucha opacidad, dicho de una forma menos elegante, nos acusó de operar de manera ilegal” cuestionó.
A esta situación, recordó que en el caso de los audios filtrados del extitular de la Senad y exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, y su mano derecha Zully Rolón que también fue titular de la Senado. Indicó que entre esos audios filtrados, también se señaló a las casas de cambio como posibles lugares para el lavado de dinero.
Propuestas de soluciones
“Vemos que continúa el estigma sobre las casas de cambio que operamos de manera legal, por eso, como asociación impulsamos varias tareas. Por un lado, trabajamos en un anteproyecto para la modificación de la Ley, donde ya no queremos llamarnos casas de cambio, sino pasar a ser Banco de Cambio o empresa del sistema cambiario”, indicó.
Mencionó que la idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas. “Queremos separarnos de ellos, porque operan dentro del mercado informal, no registran sus operaciones, no identifican con quién están operando, no identifican los fondos que ellos utilizan. La ley habla que solo pueden operar hasta 10.000 dólares, pero la noticia de lo que fue el robo a la bóveda de los cambistas dan cuenta de otra cosa”, explicó.
Este anteproyecto por ahora se está trabajando en el borrador, que será puesto a consideración de todas las casas de cambio del país, así como presentar al BCP, a la Seprelad, y al Ministerio de Economía y Finanzas. Una vez y consensuado administrativamente se estaría elevando al Congreso Nacional para su estudio.
LAS CLAVES
- La Asociación de Casas de Cambio del Paraguay (ACCP) impulsan una propuesta para legalizar el trabajo de los cambistas y dejar de lado la imagen negativa.
- El gremio trabaja en varias propuestas para que los cambistas operen de manera legal bajo el control del BCP
- La ley actual obliga al cambista a contar con registro para operar en las calles, pero de los mil corredores de cambio, solo 11 cuentan con registro.
- La idea de modificación es separar a las casas de cambio de los corredores de cambio o cambistas; y operar de manera totalmente separadas
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“Seprelad fue utilizada como garrote político”, afirma senador Zacarías
El senador Javier Zacarías afirmó que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) fue utilizada como un garrote político por parte del gobierno de Mario Abdo Benítez. El legislador sostuvo que no existe ninguna duda de que los fines de esa secretaría eran meramente atacar políticamente a algunos sectores.
“Seprelad fue utilizada para un garrote político, no existe ninguna duda, yo no tengo ninguna duda, y se tienen que ir presas las personas que estuvieron manejando la Seprelad”, manifestó en entrevista a la 1020 AM.
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Agregó que incluso él fue una de las víctimas de los ataques y del garrote de la Seprelad en su momento, con persecuciones en su contra, por lo que puede confirmar el esquema que se llevó adelante desde esa institución del Estado.
“Soy testigo del tema de la Seprelad y compañía, era manejada políticamente. Por esta casa (su vivienda) Seprelad hizo un informe en mi contra de que yo pagué, si mal no recuerdo, 8 mil millones de guaraníes cuando esta casa es herencia de mi papá y de mi mamá y yo pagué cero guaraníes. Esta era la casa de mi mamá y de mi papá”, señaló.
Apuntó a María Epifania González, exministra de Seprelad y mamá de Joselo Rodríguez (envuelto en el polémico hecho del acta bilateral), como la que inició la persecución y los ataques con tinte político, que luego continuaron con René Fernández. “Ella fue la que empezó toda esta persecución y continuó después René Fernández”, sentenció.
Así también, afirmó que todo el esquema fue por órdenes del expresidente de la República Mario Abdo Benítez. “Claro que había órdenes, lógico, no hay ninguna duda”, puntualizó el parlamentario.
Llamadas a Sandra Quiñonez
En otro momento, el senador Zacarías señaló que las llamadas de “apriete” del entonces presidente Abdo no se limitaba a la Seprelad, sino que también en varias ocasiones llamó a presionar a la exfiscal General del Estado Sandra Quiñonez exigiéndole que el Ministerio Público lo imputara.
“Pregúnteles a las personas de alta jerarquía de la administración de la Fiscalía de ese entonces, y les van a certificar lo que yo les digo”, aseguró el legislador al hablar del tema.
Ratificó que el propio Mario Abdo era el que llamaba a la exfiscal Quiñonez “y le decía: ¿Qué esperas que no le imputas? Yo hablaba muy poco con él, claro que le encaré, le dije todo eso, él por supuesto no va a admitir nunca, pero yo no soy burro ni tonto”, sostuvo Zacarías Irún.
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Economía subterránea en Paraguay, un reto para el desarrollo formal
La economía paraguaya enfrenta un desafío creciente con la expansión de la economía subterránea, un fenómeno que representa casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Según el último informe de PRODesarrollo y Mentu, en 2023, la economía subterránea alcanzó los USD 23.595 millones, equivalentes al 47% del PIB.
Este informe no solo cuantifica el problema, sino que también profundiza en las causas y consecuencias de esta informalidad persistente que abre la puerta a actividades ilegales y genera un entorno económico desfavorable para el desarrollo formal y sostenido del país.
Una de las principales causas del crecimiento de la economía subterránea es el contrabando en la frontera con Argentina, exacerbado por la depreciación de la moneda del país vecino. La diferencia en el valor de las divisas y la situación económica precaria en Argentina han incentivado el contrabando, convirtiéndose en un motor significativo del avance de la informalidad en Paraguay. La presión sobre las divisas en el mercado formal debido a la alta demanda de pesos y dólares es una consecuencia directa de esta dinámica fronteriza.
A pesar de una ligera disminución en la informalidad laboral (del 63% al 62,1%) y en la pobreza (del 25,5% al 22,7%) en 2023, la proporción de la economía subterránea respecto al PIB ha aumentado. Este fenómeno refleja que las mejoras en ciertos indicadores no son suficientes para contrarrestar el arraigo de la informalidad. Las personas y pequeñas empresas, excluidas del sistema financiero formal, a menudo recurren a medios ilegales para financiarse, como la usura, donde enfrentan tasas de interés extremadamente altas. Estas prácticas no solo agravan su situación económica, sino que también alimentan un ciclo de endeudamiento y explotación.
Consecuencias de la economía subterránea
Usura y actividades ilícitas
La usura es uno de los aspectos más oscuros de la economía subterránea. Según Jorge Garicoche, gerente de Economía de Mentu, las tasas de interés en el mercado de la usura pueden alcanzar niveles exorbitantes. Un microcrédito en el sistema formal, con todos los costos adicionales, puede tener una tasa anual del 80%, mientras que en la informalidad, el mismo préstamo se otorga al 40% pero por solo 25 días, lo que anualizado se traduce en una tasa del 500%. En casos extremos, los intereses pueden llegar al 20% diario, generando ganancias que no pueden ser completamente blanqueadas en el sistema formal.
Este dinero “ocioso” busca otros destinos, a menudo financiando actividades ilegales como la trata de personas o el narcotráfico. Las ganancias obtenidas de la usura y otras actividades informales encuentran su camino hacia redes de crimen organizado, exacerbando problemas sociales y económicos más graves.
Contrabando
El contrabando no solo afecta la economía a través de la presión sobre las divisas, sino que también crea un mercado paralelo que evade regulaciones y controles estatales. En las fronteras con Brasil, la utilización de criptomonedas para la compra y venta de productos ilustra la sofisticación y adaptación de las actividades informales a las nuevas tecnologías. Este tipo de transacciones facilita el movimiento de dinero de manera transfronteriza, dificultando aún más la intervención de las autoridades.
Implicaciones para el desarrollo económico
La prevalencia de una economía subterránea tan extensa tiene implicaciones profundas para el desarrollo económico de Paraguay. La informalidad perpetúa un ciclo de exclusión y vulnerabilidad económica para una gran parte de la población, impidiendo que accedan a los beneficios del crecimiento económico formal. Además, al financiar actividades ilegales, la economía subterránea contribuye a la inseguridad y la inestabilidad social.
Desafíos y estrategias
Combatir la economía subterránea requiere una estrategia multifacética que aborde tanto las causas como las consecuencias. Esto incluye fortalecer las fronteras para reducir el contrabando, mejorar la inclusión financiera para ofrecer alternativas viables a la usura y reforzar los mecanismos de control y regulación para evitar el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
Además, es crucial mejorar las condiciones laborales y económicas para que las personas y empresas no se vean forzadas a operar en la informalidad. Programas de educación financiera, acceso a créditos formales con tasas razonables y políticas que fomenten la formalización de pequeñas y medianas empresas pueden contribuir significativamente a reducir la dependencia de la economía subterránea.