El abogado Edward Arca, director del Centro de Aten­ción al Deudor, expresó que avala la iniciativa de los dipu­tados José Rodríguez, Rocío Abed y Rodrigo Blanco que buscan crear el Registro Nacional de Pagarés y títu­los de créditos tras la estafa masiva a ciudadanos por parte de una organización criminal.

“Es un proyecto que se hace eco de la problemática que vive hoy el Paraguay que está afectando a muchos compa­triotas que es la ejecución indebida e irregular de paga­rés”, expresó.

Afirmó que con el citado pro­yecto de ley se tendrá una trazabilidad con respecto a los pagarés y va a existir transparencia y seguridad jurídica. Dijo que al existir una obligación de ser ins­criptos los pagarés y otros títulos de créditos, se garan­tiza transparencia y segu­ridad al momento de la eje­cución.

“Existe una obligación de que dentro de los diez días hábiles del momento de la emisión tiene que inscri­birse en el Registro Nacio­nal de Pagarés y otros títulos de créditos no solamente los pagarés, sino también otros títulos de créditos que for­man parte del proyecto”, manifestó.

Así también, se prevén san­ciones muy fuertes por fra­guar documentos, que van de 3 a 5 años de pena privativa o prisión y multa equivalente al triple de lo defraudado.

Miembros del consejo administrativo del Instituto José P. Guggiari (IJPG), dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), remitieron al Directorio partidario y autoridades parlamentarias el informe de auditoría financiera en el que constatan una malversación de fondos por más de G. 1.389 millones, sin justificación sobre su uso.

Para comprender mejor sobre el informe de auditoría, La Nación/Nación Media, conversó con la directora de Capacitaciones que integra el Consejo de Administración del IJPG, Rebeca Sosa, quien dijo que efectivamente constataron el millonario gasto de los recursos que debían estar destinados exclusivamente a capacitaciones y no están sustentados con documentos, ni órdenes de pagos o compras expedidos por las autoridades del consejo administrativo.

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Indicó que esperan que este informe sea analizado en la brevedad por el Directorio. Igualmente, no descartan que se presente una denuncia contra Hugo Fleitas por ser el principal responsable del uso de de los recursos destinados exclusivamente a capacitación.

Refiere en el balance que se debe exigir la devolución de unos G. 170 millones a cuenta de “Créditos a Rendir por Marlene Orué”, que son deudas pendientes a cobrar que no cuentan con documentaciones respaldatorias.

“No se han encontrado las documentaciones de esas erogaciones de los recursos del Instituto José P. Guggiari con órdenes de pagos, resoluciones, actas, ni ninguna otra documentación que respalde el gasto de más de G. 1.300 millones. Son las observaciones que hicimos en el informe, conforme al periodo del ejercicio fiscal 2023-2024”, explicó.

Mencionó además que detectaron el pago de honorarios a personas particulares que no hacen a la naturaleza jurídica del instituto que está destinado a brindar capacitaciones, cursos, talleres, así como llevar adelante investigaciones; que son las áreas en las que se pueden utilizar los fondos destinados al IJPG, que es un instituto técnico superior reconocido por el Ministerio de Educación y Ciencias con malla curricular habilitada.

“Los pagos de honorarios que se ha registrado han sido por servicios personales y gratificaciones que no cuentan con el respaldo debido, sobre qué funciones realizaron estas personas dentro del instituto. Hay faltas administrativas graves que no se pueden entender y lo que buscamos es esclarecer más que nada”, precisó.

Explicó que cualquier pago que realice el IJPG debe ser autorizado por la autoridad máxima que es el consejo rector. Mencionó que llamó además la atención el pago por combustibles y hospedajes que juntos, suman más de G. 154 millones, los que igualmente no cuentan con documentación respaldatoria que justifique que se destinaron para llevar adelante algún tipo de cursos o capacitación.

“No contamos nosotros con los cortes administrativos que hicimos, los cursos que se hayan hecho y que respalden el uso de esos fondos. Todas las actividades que se lleven a cabo deben estar respaldadas con la naturaleza jurídica del Instituto José P. Guggiari”, acotó.

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• Victor Pavón (*)

Hay dos maneras de asignar los siempre escasos recursos. (Sobre el tema de la pobreza sugiero al lector los trabajos de Martín Burt, programa “Semáforo de Eliminación de la Pobreza” desarrollado en 60 países con 535 mil familias).

La primera manera de asignar los escasos recursos es utilizando la coerción que funciona como una orden de abajo hacia arriba mediante la legislación, por cierto, la preferida por los políticos y burócratas para congraciarse con sus electorados disponiendo del dinero de los demás.

La segunda manera, la eficiente y justa, consiste en promover la colaboración entre las personas mediante los acuerdos libres y voluntarios para organizarse, producir y comercializar los bienes y servicios.

Incluso en términos personales la respuesta no es diferente. Un antiguo proverbio chino lo explica mejor: “Regala un pescado a un hombre y le darás alimento para un día, enséñale a pescar y lo alimentarás para el resto de su vida”.

Se trata, siempre, de predicar con el ejemplo. Es mostrar al indigente que el ser humano no está destinado a ser pobre toda la vida o predestinado a la mendicidad perpetua por algún designio del más allá.

Enseñar a pescar es una herramienta de doble vía: conocimiento y motivación. La persona que se gana el pan diario eleva su autoestima y es valorado por los demás. Alguien que no le culpa a otros de su situación para no convertirse en un resentido, pronto se percata que no hay mejor conducta que la del trabajo diario, el estudio y la disciplina. Nada es gratis. Es tener la actitud de saber que todo cambia en la medida en que, primero, nosotros cambiamos.

Desde luego que la educación es fundamental; la misma se inicia en el hogar y luego en la escuela. Y no solo se instruye para escribir, leer, sumar y restar, sino también la genuina educación es la que enseña buenos modales, el valor de la honradez, la disciplina, la capacitación, de que es bueno tolerar las diferencias sin dejar de lado los propios ideales.

De igual importancia, lo que he expresado hasta aquí no está aislado de la cuestión política. Cuando los gobernantes gozan de la riqueza malhabida, pronto los niños y jóvenes creen que ese es un modelo de vida, lo que luego los lleva a esperar que alguien con dádivas sin mérito alguno les provea del pescado, cumpliéndose así la primera manera de asignar los escasos recursos al que me refería al inicio de esta nota. Es más coerción, menos libertad.

En cambio, si se promueven los acuerdos libres y voluntarios entre los individuos se está enseñando a pescar en vez de dar el pescado y de ese modo se está dando un paso hacia una mejor sociedad civil, un mundo mejor ayudando de verdad a los pobres.

(*) Presidente del Centro de Estudios Sociales (CES). Miembro del Foro de Madrid. Miembro del Consejo Internacional de la Fundación Faro. Autor de los libros “Gobierno, justicia y libre mercado”: “Cartas sobre el liberalismo”; “La acreditación universitaria en Paraguay, sus defectos y virtudes” y otros como el recientemente publicado “Ensayos sobre la Libertad y la República”.

Durante el primer trimestre de 2025, la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) aprobó créditos por un total de USD 78 millones, lo que representa un incremento del 97 % en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento refleja una aceleración en la canalización de recursos hacia los sectores estratégicos, en línea con los objetivos institucionales de impulsar el desarrollo económico y social del país.

Se registraron 2.065 beneficiarios entre enero y marzo del 2025, lo que indica un aumento del 152 % respecto al mismo trimestre de 2024. Este crecimiento se traduce en aproximadamente 24.700 empleos generados con la aprobación de préstamos con recursos de la banca, lo que refleja el efecto multiplicador de los recursos asignados por la AFD.

El sector industrial registró un crecimiento significativo en financiamiento. Alcanzó un total de USD 15 millones destinados a proyectos de modernización y expansión productiva. Por su parte, el sector comercial accedió a créditos por USD 14,8 millones, orientados a fortalecer la infraestructura de distribución, logística y operaciones de venta.

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El sector forestal recibió aprobaciones por USD 7 millones, canalizados principalmente a iniciativas de desarrollo sostenible y aprovechamiento responsable de los recursos naturales, con fondos de la institución. En el rubro de vivienda, se financiaron 800 unidades habitacionales, de las cuales, el 43 % fueron gestionadas por mujeres. Esta participación refleja el avance hacia una mayor inclusión financiera y la reducción de brechas de acceso al crédito.

El financiamiento en viviendas también contribuyó al dinamismo del sector de la construcción y a la consolidación del desarrollo urbano. La banca resalta que el 77 % de los beneficiarios que accedieron a financiación con fondos de la AFD, perciben ingresos de entre 1 a 4 salarios mínimos.

En apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), se aprobaron créditos por USD 7 millones, lo que benefició a más de 1.000 emprendimientos a nivel nacional. Este segmento continúa siendo una prioridad para la AFD por su relevancia en la generación de empleo y en la articulación productiva regional.

Desde la AFD ratifican su compromiso con brindar financiamiento sostenible e inclusivo, orientado a fomentar un crecimiento equilibrado en el país y a potenciar las actividades productivas nacionales.

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