El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa con su plan de amortizar las deudas que tiene con sus distintos proveedores. El presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez, manifestó que pese a la difícil situación financiera en la que aún se encuentra, esta administración realiza esfuerzos por cumplir con todas sus obligaciones.

“Ayer cerramos la cesión de derecho por USD 223 millones, los que se fueron proporcionalmente para nuestros deudores. Con eso cubrimos la deuda con nuestros proveedores en un 48 %”, manifestó Brítez en conversación con “Tarde de perros”, programa emitido por Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, manifestó que están expectantes del tratamiento del Congreso al proyecto de ley que apunta de a dejar de destinar el 2,5 % de los aportes patronales al Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), al Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y al Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), esto con el objetivo de redireccionar estos recursos e invertirlos en el área de salud.

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“Si eso se aprueba, con esos recursos vamos a comprometernos para tratar de acelerar el pago de la deuda con los proveedores, nosotros vamos a comprometernos con eso”, afirmó. De acuerdo a lo expuesto por Brítez, mediante esta ley la previsional podría disponer de unos USD 110 millones de forma anual, lo cual será de suma utilidad desde el aspecto financiero.

“Mucha gente que ya cobró, ayer aprobamos las últimas que presentaron sus solicitudes y seguro entre hoy o mañana van a estar cobrando todos. Aparte de eso vamos a seguir pagando gracias a los recursos genuinos que nos ingresan, pero no será igual al monto de los que cobraron hasta ahora”, dejó en claro el titular del IPS.

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El tribunal de Apelación integrado por los jueces Cristóbal Sánchez, Agustín Lovera Cañete y José Waldir Servín debe resolver si ratifica la resolución del juez penal de Garantía Yoan Paúl López, quien elevó a juicio oral y público el proceso penal por el delito de prevaricato que soporta la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, quien habría entregado 310 mil hectáreas de tierra ubicadas en zona de seguridad fronteriza a empresas que serían de maletín.

La defensa de la exmagistrada Irún recurrió la determinación adoptada por el citado magistrado de Garantía, quien al tener suficientes elementos de prueba y a su vez la contundente acusación del fiscal General del Estado, decidió elevar a juicio oral el caso. Una vez que se destrabe el caso se deberá sortear el tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo juzgar a la exjueza Irún. Del mismo modo, se fijará la fecha para el desarrollo de la audiencia oral en la que se expondrán todos los elementos de prueba que se tiene contra la exmagistrada civil.

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En julio pasado, la fiscal Adjunta Soledad Machuca acusó y pidió juicio oral y público para la exjueza en lo Civil Tania Irún, procesada por el delito de prevaricato. Machuca fue contundente al señalar que la exjueza obligó de forma irregular a la Asociación del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial y en consecuencia habría intimado a la parte demandada, a otorgar la escritura pública traslativa de dominio de los inmuebles ubicados en el Departamento de Alto Paraguay, consistentes en 310.000 hectáreas, aproximadamente, a favor de las firmas, presumiblemente de maletín.

También señala la acusación que “como bien podrá advertirse la entonces magistrada Irún al referirse al cumplimiento de lo previsto en la ley especial N°2532/05 (que establece la zona de seguridad fronteriza de la República del Paraguay), tan sólo se habría limitado a hacer mención a lo referente al cumplimiento del artículo 2° de la ley, en lo que respecta a la nacionalidad de las personas actoras; afirmando que las mismas no serían oriundas de los países limítrofes, sin embargo en el expediente civil no existirían constancias de dichas afirmaciones”, refiere el escrito de la acusación del Ministerio Público.

Asimismo, la acusación refiere que “lo más grave es que en la sentencia no habría ninguna referencia o mención a las circunstancias establecidas en el Art. 4° de la misma ley que establece como requisito legal para aquellos que pretendan ser propietarios, copropietarios o usufructuarios de inmuebles rurales en zona de seguridad fronteriza, que las acciones sean nominativas y no endosables”.

Del mismo modo, la Fiscalía sostiene que “no existirían en el expediente civil constancias; informaciones o verificaciones de dichas circunstancias realizadas por parte de la magistrada Tania Irún al momento de dictar sentencia definitiva, en incumpliendo a la Ley 2532/05, ley especial, por la cual ordenó la transferencia de dominio de los inmuebles ubicados en el Alto Paraguay, a las empresas de maletín”, dice la acusación de la Fiscalía.

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La entidad Itaipú Binacional totalizó un desembolso de poco más de USD 42 millones al Estado paraguayo por diversos pagos relacionados al Anexo C correspondientes al mes de agosto. El monto por royalties alcanzó USD 21 millones, mientras que USD 20 millones fueron inyectados por cesión de energía. A su vez, la Administración Nacional de Electricidad (Ande) recibió USD 1,6 millones, según el reporte de la Dirección Financiera de la central hidroeléctrica compartida con el Brasil.

En los ocho primeros meses del 2024, de enero a agosto, Itaipú transfirió USD 377 millones a favor del Estado paraguayo en concepto de royalties, compensación por cesión de energía y pagos a la Administración Nacional de Electricidad (Ande), de acuerdo a lo establecido en el Anexo C del Tratado para apoyar la realización de obras esenciales en beneficio de la población.

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En dicho periodo fueron transferidos USD 180 millones por royalties y USD 152 millones en carácter de cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Por su parte, la Ande recibió un total de USD 45 millones por utilidades y resarcimientos de las cargas de administración y supervisión, que permiten que la empresa pública cuente con fondos garantizados y previsibles para cumplir sus planes de inversión, con el fin de proveer un servicio de electricidad de calidad en todo el territorio nacional.

Una parte de los royalties es destinada al financiamiento de los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), mientras que otra importante porción el Tesoro Nacional la transfiere a los gobiernos departamentales y municipales. En el caso específico de la compensación por cesión de energía, los recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y un porcentaje también es distribuido a municipios y gobernaciones; según establecen las legislaciones nacionales.

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Ante la movilización de excombatientes del golpe de Estado de 1989, desde el Ministerio de Defensa indicaron que se está llevando adelante un trabajo con el fin de reglamentar la ley que autoriza el pago de indemnizaciones, no obstante, aclaró que esto lleva tiempo puesto que la redacción compromete a varias instituciones.

“La reglamentación de la ley de indemnización de los excombatientes del 2 y 3 de febrero exige que varias instituciones participen mediante estudios bien elaborados, es por eso que la reglamentación no es un proceso rápido. Lo que le corresponde al Ministerio de Defensa, hace rato lo hemos terminado y elevado a la Presidencia”, detalló el ministro de Defensa, Óscar González.

En conversación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media, el general retirado indicó que la Presidencia es la encargada de recibir los informes de las instituciones. La Procuraduría General de la República también ya ha devuelto el expediente y eso será elevado a Asesoría Jurídica del Poder Ejecutivo, explicó.

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“Sé que hay impaciencia de parte de los integrantes, pero nosotros tenemos que obrar correctamente, no podemos hacer de forma apresurada un trabajo que después pueda dar lugar a que se cometan irregularidades”, señaló González, quien precisó que el número final de beneficiarios de esta ley será determinado en la reglamentación.

De acuerdo a lo que expuso el ministro, la Dirección General de Movilización es la instancia que cuenta con la documentación respectiva sobre aquellos que prestaron servicios en ese momento y sobre quienes tuvieron participación directa en el conflicto, un elemento clave al momento de determinar a la lista de indemnizados.

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“Únicamente se va a determinar con la lista de conscriptos que pertenecían a las unidades militares asignadas para el operativo, ese es un mandato de la ley. Justamente por eso tenemos mucho cuidado con el proyecto de decreto de reglamentación de la ley, no es dar a mansalva los bienes del Estado”, sostuvo.

El Ministerio de Defensa es muy cauteloso con el uso que se da al dinero público, afirmó el ministro, quien señaló que buscan evitar el despilfarro de los recursos en nombre de una buena causa. “Nadie cuestiona que los que participaron de este enfrentamiento no merecen ser resarcidos, reconozco eso, pero ellos deben entender que como funcionario del Estado, tengo que obrar con mucho cuidado”, concluyó.