La ejecución de las obras del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) arrancó de forma positiva en este 2025, acompañada por las buenas condiciones climáticas, según indicó Marco Elizeche, viceministro de Administración y Finanzas del MOPC. Al primer trimestre de este año ya se ejecutaron unos USD 200 millones del presupuesto de más USD 900 millones .

Esto obedeció al ritmo de los trabajos, ya que el año pasado arrancaron varios proyectos que hoy están madurando, es decir, se van ejecutando más rápido, lo cual hizo que la parte financiera se mueva al mismo ritmo. “Prácticamente si comparamos con el año anterior es un 70 % más ejecutado”, explicó a la 920 AM.

Aseveró que se dio un buen clima para el sector de la construcción, aunque en las últimas semanas se reportaron lluvias que extendieron procesos. Este movimiento no solo correspondió a las obras viales, que si bien fueron las más importantes, se tuvieron hospitales, escuelas, mantenimientos de dragado del río Paraguay, además de la nueva Academil, que tendrá unos 35.000 metros cuadrados de edificación.

Según había informado la cartera, el presupuesto del MOPC para este año 2025 es de USD 972 millones para obras públicas, con un enfoque particular en proyectos urbanos, hospitales, escuelas y grandes obras viales. A esto se suman, USD 491 millones, provenientes de la negociación de la tarifa de Itaipú.

Entre las obras para este año que anunciaron, figu­raban la duplicación del corre­dor Tape Tujá de la avenida General Aquino con el viaducto de Las Residentas, la ampliación de la ruta entre el aeropuerto Silvio Pettirossi y Mariano Roque Alonso, y el asfaltado de un tramo de 56 kilómetros que conecta Maris­cal López con el cruce Marga­rita, en Caaguazú, entre otras.

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Sobre la exoneración en los puestos de peaje durante la Semana Santa, Elizeche comentó que se tuvo en cuenta la historia, atendiendo a que se tiene un éxodo masivo de ciudadanos hacia el interior del país. “Tomando los últimos tres años de referencia en promedio son 150.000 vehículos los que salen de Gran Asunción y son los mismos que retornan entre el fin de semana, entonces lo que se busca es que fluyan más rápidamente, que la gente gane tiempo”, añadió.

El otro objetivo fue el económico, para que los viajeros se ahorren los pagos, de pasar entre peaje y peaje. El impacto económico sería de unos 800 millones de guaraníes que se dejarán de percibir por los dos días que no se cobrará el paso por los puntos desde este jueves a partir de las 12:00 hasta las 00:00 y desde la medianoche del domingo hasta las 00:00.

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Por: Sofía Céspedes (sofiacespedes@nacionmedia.com)

A inicios de este año, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 7452 que moderniza la inversión en infraestructura pública, conocida como Asociación Público Privada (APP), y reemplaza a la anterior Ley 5102. Algunas de las modificaciones hechas permiten al Estado una mayor participación en las propuestas del sector privado y así también aumenta la posibilidad de financiar obras.

El proyecto que ya fue licitado este año vía APP es la duplicación de la ruta PY01. Se trata de un mejoramiento que inicia desde Cuatro Mojones, Asunción y termina en la ciudad de Quiindy, departamento de Paraguarí. Para un total de 108 kilómetros se estima una inversión de USD 450 millones, según precisó a La Nación/Nación Media, el ingeniero Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Indicó que se están realizando las últimas consultas de parte de cada uno de los oferentes para esta obra, que a más tardar, los detalles se publicarán la próxima semana. La segunda obra que será licitada a través de APP, ya anunciada por el MOPC, es la ampliación de la ruta PY02, con un financiamiento estimado en USD 180 millones.

Se trata del primer sistema de acceso y salida rápida, diseñado para reducir los tiempos de traslado actuales y mejorar la seguridad vial. La autopista de 4 kilómetros prevé dos calzadas y cuatro carriles, que conectará de manera ágil y directa a las autopistas Ñu Guasu y Silvio Pettirossi. “Sobre este proyecto estamos en la preparación de las condiciones de los concursos que van a ser publicados para la presentación de ofertas”, manifestó a LN.

En el marco de la APP se incluirán adendas para mejorar el tramo Luque - San Bernardino y el trayecto Luque - Areguá. También agregó que esto mejorará la red vial del ingreso a San Bernardino y Nueva Colombia.

En detalles, el corredor Ypacaraí - Areguá - Luque: inicia en el km 41 de la ruta PY02, para mejorar el acceso a la Asunción desde Ypacaraí, Patiño, Areguá y Luque. Incluye una nueva variante en Areguá, que mejora la seguridad vial, reduce los tiempos de traslado y potencia el desarrollo comercial y artesanal de la zona.

En cuanto al corredor Ypacaraí - San Bernardino - Luque (Tarumandy), este inicia en el km 43 de la ruta PY02 e incluye la duplicación de carriles en el acceso a San Bernardino, optimización urbanísticas dentro de esta ciudad, y la ampliación de carriles en puntos clave del tramo San Bernardino - Luque. También contempla la incorporación de carriles de giro a la izquierda y carriles de acceso directo en el enlace con Nueva Colombia y un nuevo acceso que conectará a la ruta PY02.

“Todo esto mejorará la eficiencia y conectividad, para una salida rápida de la ciudad. El objetivo del proyecto es tener una vía rápida de salida de Asunción, ya que sabemos que hoy se tarda mucho en salir de la capital”, precisó.

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Otras obras que marcarán el año en términos de inversión e infraestructura son la ampliación de la ruta PY10 en Paso Yobái, que si bien se realizará a través de la Ley 5074, conocida como Llave en mano, con una inversión de USD 110 millones y el megaproyecto de tren de cercanías que sigue en proceso de marco legal y prevé la inversión de USD 600 millones, de los cuales, el Estado paraguayo invertirá USD 150 millones, darán un movimiento importante a la economía.

Solo este año se estima un financiamiento por más de USD 1.000 millones en obras por parte del sector público, además de los USD 600 millones que otorgó Itaipú al Gobierno para construir hospitales, escuelas y viviendas. Guillén adelantó que en el segundo semestre del año van a trabajar para presentar las mejoras en las rutas PY03, PY06 y PY09.

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Ing. Guillermo Mas Duarte, en contacto con La Nación habló sobre la importancia de todas estas obras para la dinamización de la economía y crecimiento de la infraestructura en Paraguay, en el marco de las modificaciones hechas a la ley de APP.

“A través de la APP, la idea es asegurar al sector privado su inversión y dar facilidades para que los inversores extranjeros puedan venir y se les garantice la seguridad jurídica. Eso es muy importante. En síntesis, lo que la ley trata de hacer es equilibrar tanto al sector privado con el público”, expresó el titular de la Capaco.

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Sobre el empleo que esto generará en el rubro, afirmó que va a ser un año con mucho movimiento, tanto para otorgar mano de obra de forma directa como indirecta, ya que en la construcción existe una cadena de valor muy grande.

“Las grandes obras que se realizarán este año a nivel país van a mover más de 20.000 puestos de trabajo de forma directa, pero en general esperamos contar con 30.000 nuevos puestos de trabajo este año. Actualmente este sector mueve a más de 200.000 personas y ojalá podamos llegar pronto a 300.000″, agregó Mas.

El presidente del gremio de la construcción recordó que hoy la construcción tiene un rol muy importante en el producto interno bruto (PIB) de Paraguay. En el 2024 incidió en el 7 % del PIB y cada vez genera más industria alrededor de las obras. “El sector de la construcción es un sector que mueve mucho, tanto como PIB y a nivel nacional. Da mano de obra a lo largo y ancho del país”, reiteró.

Desde el Poder Ejecutivo manifiestan que las modificaciones hechas a la ley de APP buscan hacerla más atractiva para los inversionistas, con incorporaciones mejoradas en base a experiencias anteriores. Así lo señaló a La Nación Juan José Galeano, economista y asesor de Asuntos Sociales y Económicos de la Presidencia de la República.

“Entre las principales innovaciones se destacan el aumento de la participación estatal, la ampliación de los límites de compromisos financieros y la extensión de los plazos para las licitaciones, que permitirán distribuir los costos de las obras a lo largo del tiempo, reduciendo la carga financiera para el sector privado y generando un mayor dinamismo en la ejecución de proyectos”, remarcó.

Mencionó que esto abre la posibilidad de canalizar más recursos hacia la mejora de la infraestructura del país, en línea con el objetivo de regresar al tope establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) en 2026, del 1,5 %.

“La nueva normativa tiene el potencial de impactar positivamente en diversos sectores, desde obras viales, hasta áreas de alto impacto económico y social como el acceso a agua potable y saneamiento mejorado. Las expectativas frente a esta ley son muy positivas, y se esperan resultados concretos en el corto y mediano plazo”, finalizó.

Algunas de las modificaciones hechas a la ley de APP incluyen: el aumento de la participación del Estado para financiar iniciativas privadas del 10 % al 25 %, además del aumento del 2 % al 4 % del PIB para financiar obras y la posibilidad de que ese espacio fiscal crezca, siempre y cuando esté aprobado por el MEF.

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El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, recurrió al tribunal de Apelación insistiendo en apartar a los jueces de sentencia Adriana Planás y Mathias Garcete, quienes deben juzgar al acusado por supuesto cohecho pasivo agravado por recibir favores del supuesto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.

Asimismo, la defensa del acusado, no contenta con una nueva chicana, recusó a los camaristas Andrea Vera y Arnulfo Arias, demostrando una actitud obstruccionista en el presente proceso, por lo que se podría ya aplicar la sanción disciplinaria para Giuzzio y su abogado. Ahora el caso deberá ser estudiado por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrá que destrabar el presente proceso penal de Giuzzio para que se pueda desarrollar el juicio oral.

En principio, el tribunal de sentencia integrado por Planás, Garcete y Yolanda Morel, fijó para el 23 de abril el juicio oral y público, pero se suspenderá atendiendo a las nuevas chicanas presentadas por Giuzzio.

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La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023, por los fiscales Anti­corrupción Diego Arzamen­dia y Jorge Arce, quienes argumentan que el también exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius, de obtener contratos con el Estado para­guayo, concretamente con el Ministerio del Interior, que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.

El Ministerio Público construyó su hipótesis conforme a supues­tas conversaciones vía What­sApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evi­dencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes se menciona también que Giuzzio usó una camio­neta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre de 2021 y enero de 2022.

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De acuerdo con la información del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), el Gobierno paraguayo ha sufrido miles de intervenciones cibernéticas en seis años. En total, se contabilizaron 2.857 ataques a los sistemas informáticos del Gobierno.

En la última semana, los medios brasileños publicaron sobre un esquema de espionaje a autoridades del Gobierno de Paraguay por parte de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin). El Gobierno de la República Federativa de Brasil confirmó la información, detallando que el hackeo ocurrió entre marzo de 2022 y junio de 2023, durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Esto causó un gran revuelo en el escenario político y diplomático paraguayo.

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Sin embargo, a lo largo de seis años se dieron miles de intervenciones, según informaciones oficiales estatales. Estos ataques no solo ocurren en el ámbito del Gobierno, sino también en otros escenarios, como el sector privado, entre personas extranjeras, ciudadanos paraguayos y el sector educativo.

El desglose de estos datos de “intervenciones” señala que, en 2019, 236 fueron al Gobierno; 90 al sector privado; 104 al extranjero; 32 a la ciudadanía; y 26 al sector educativo; un total de 488 ataques ese año. En 2020, se registraron 123 en el Gobierno; 753 en el sector privado; 469 en el extranjero; 20 en la ciudadanía; y 2 en el sector educativo; un total de 1367.

En el año 2021, se contabilizaron 1.128 intervenciones en el Gobierno; 17 en el sector privado; 34 en el extranjero; 3 de ciudadanos; y 844 en el sector educativo, un total de 2026. En 2022, se registraron 105 intervenciones en el Gobierno; 702 en el sector privado; 1.266 en el extranjero; 22 de ciudadanos; y 2 en el sector educativo, un total de 2.099.

En 2023, el Gobierno sufrió 925 intervenciones; el sector privado, 143; el extranjero, 102; ciudadanos, 4; el sector educativo, 1.488; en total, 2.662. En 2024, en el Gobierno se registraron 340; sector privado, 639; extranjero, 173; ciudadanos, 34; sector educativo, 5; total, 1.191. En total, fueron 3.853 intervenciones en estos sectores, incluyendo los 2.857 ataques al Gobierno.

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