El economista Víctor Pavón sostuvo que el pacto entre el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el exembajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, tuvo un efecto nefasto en la economía tras las sanciones impuestas por la OFAC a una empresa paraguaya, Tabacalera del Este S.A. (Tabesa).

“El efecto económico fue grave, porque al darse este tipo de imposiciones que no son más que obras de pensamientos maquiavélicos para dañarle a una persona y a una empresa, lo que se tiene es precisamente una reducción drástica de los ingresos en particular, en primer lugar, de esa sociedad privada, de esa firma, pero también se ven perjudicados los ingresos del erario público”, dijo en conversación con el diario La Nación/Nación Media.

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Agregó que, “de esa manera, una de las causas del déficit fiscal, que el gobierno actual de alguna manera ya está corrigiendo, se debe a que precisamente ellos mismos (el gobierno anterior) generaron esos desórdenes en el orden fiscal y monetario”.

El economista recordó además, que durante el gobierno de Mario Abdo, incluso se estaba por perder el control de la estabilidad monetaria de la inflación de un dígito. “Se llegó a topear el 10 %, en este caso de la inflación, y eso iba a crearnos todavía más problemas que ya teníamos y que fue corregido, por fortuna, por las decisiones que se fueron llevando a partir de este nuevo Gobierno que le dio mucha importancia al orden macroeconómico”, refirió.

Afirmó que, sin ninguna duda, este acuerdo hizo un grave daño, no solamente a las personas involucradas y a las empresas, sino en particular a todo el país. “Realmente resulta detestable desde todo punto de vista para todas las democracias, porque implica una suerte de cordón umbilical por el cual nada más y nada menos que un representante de otro país viene a supeditarse a los intereses locales, en este caso de una parte del partido oficialista”, expresó.

Así mismo, indicó que, con todas estas acciones, se emitió una señal muy negativa del país, de un país inseguro y de que cualquier cosa puede ocurrir, con el único objetivo de atacar a una persona y sus intereses económicos, y dañarlo.

“Cuando se propagan este tipo de medidas, que son obviamente basadas en las mentiras y los intereses ocultos para sencillamente desplazarle a una persona con tal de lograr su objetivo. Lo que estamos haciendo es nada más y nada menos es, dañando a las personas más necesitadas, que requieren de más inversiones”, cuestionó.

Igualmente, apuntó a la peligrosidad de este tipo de acciones, sobreponiendo los intereses personales ante los intereses del país. “Esto es muy detestable, pero por sobre todas las cosas, muy peligroso porque quiere decir que cuando las ambiciones personales están por encima de los intereses, en este caso, de todo un país, pude darse rienda suelta a lo que se llama la subordinación de los intereses de otro país, o de una embajada, sobre los intereses del Estado paraguayo”, sentenció.

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Con la escalada de tensión en el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el que tanto el presidente Zelenski y sus aliados europeos pretenden extender las hostilidades pese al intento de mediación de Estados Unidos, este martes el director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Serguéi Naryshkin, señaló que observan un aumento de las actividades de la OTAN cerca de las fronteras rusa y bielorrusa.

Ante un posible inminente ataque, el alto funcionario ruso advirtió que Polonia y los países bálticos serían los primeros en sufrir las consecuencias de una agresión por parte de la OTAN contra Rusia y Bielorrusia, que juntas conforman el Estado de la Unión.

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El mensaje fue directo y claro a través de una declaración durante una rueda de prensa que ofreció este martes en Minsk, luego de una reunión que mantuvo con el presidente bielorruso, Alexánder Lukashenko.

“Ellos deberían entender, pero aún no entienden, que, en caso de una agresión de la Alianza del Atlántico Norte contra el Estado de la Unión, el daño recaerá sin duda sobre todo el bloque de la OTAN, pero en mayor medida y los primeros en sufrir serán los que tienen tales ideas en los círculos políticos de Polonia y de los países bálticos”, aseguró en el medio RT.

Naryshkin relató que estos países “se distinguen por una alta agresividad, al menos en palabras, blanden constantemente sus armas, mientras que Polonia ha llegado incluso al extremo de anunciar planes de instalar alrededor de 2 millones de minas antitanque a lo largo de las fronteras con Bielorrusia y la provincia rusa de Kaliningrado y desea, espera y anhela recibir también armas nucleares estadounidenses”.

Sobre Polonia y los países bálticos, el dirigente ruso resaltó que “ellos simplemente no pueden comprender que el aumento de la actividad militar cerca de las fronteras de Rusia y Bielorrusia fue uno de los factores, una de las razones de la actual gran crisis, grave y muy peligrosa, en el continente europeo”.

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El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el 4 y 7 de abril la audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. El magistrado deberá resolver si manda o no al dirigente opositor al banquillo de los acusados.

El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas. Según la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, se habla de un perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, pago concretado por mercaderías inexistentes.

En la causa se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19, con supuestos fines sociales.

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Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.

En la causa también se encuentran imputados Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.

La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.

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El papel crucial de la nueva Ley de Alianza Público Privada (APP) para el fomento de inversiones privadas en infraestructura pública fue resaltado en un conversatorio entre el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, el procurador general de la República, Marco Aurelio González, y el exministro de Hacienda, César Barreto, quienes coincidieron en que esta normativa impulsará proyectos en sectores estratégicos de infraestructura.

La Cámara de Comercio Paraguay Brasil organizó un conversatorio sobre la Ley de APP en el que se deliberó en torno a los desafíos y eventuales ajustes para su implementación. El presidente de la Cámara, Rubén Jacks, explicó que la normativa promulgada en enero de este año busca modernizar la anterior ley para darle mayor agilidad. “Como país tenemos situaciones nuevas como el poco espacio fiscal que ya tiene el país para endeudarse, entonces, más que nunca necesitamos que el sector privado realice obras de infraestructura y realice servicios que el Estado quizá no pueda”, afirmó.

El ministro Fernández Valdovinos resaltó que esta nueva ley es fundamental para el impulso de proyectos en sectores estratégicos como transporte, energía, agua y saneamiento, en un contexto de restricciones fiscales. Mencionó que el financiamiento de estas obras se complementaría con fondos obtenidos por la renegociación de Itaipú, que aportarán USD 650 millones a las arcas del Estado.

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Asimismo, resaltó que obras como la ruta PY02 demuestran la calidad de las obras realizadas bajo la Ley de APP y que se busca replicar ese mismo modelo en proyectos como la ruta PY01, cuya adjudicación señaló que debería definirse en las próximas semanas. El ministro de Economía agregó que se están ajustando los requisitos financieros para la participación de empresas, reduciendo la exigencia de capital mínimo con el fin de promover mayor participación en las licitaciones.

“La cuestión de la APP va a ser fundamental para proveer de infraestructura al país dadas las restricciones fiscales que vamos teniendo. Entonces, es uno de los instrumentos pensados por el Gobierno de manera a seguir mejorando no solo nuestras rutas sino también la transmisión de energía, agua y saneamiento. Complementa muy bien el presupuesto que se tiene cada año dentro del Presupuesto General de Gastos de la Nación y también complementa muy bien los recursos que van a venir después de la renegociación de Itaipú”, destacó.

Por su parte, el exministro de Hacienda, César Barreto, mencionó que el espíritu del mecanismo de las APP es que exista también mayor participación privada en las inversiones en infraestructura, atendiendo a que los recursos son escasos y la reducción en inversión pública en los últimos años en proporción del producto interno bruto (PIB). “Todos aquellos proyectos que puedan generar ingresos vía tarifas, precios o peajes, para financiar por lo menos una parte importante de los proyectos, creo que deberían encararse bajo la Ley de APP. Faltan proyectos y hay que avanzar en esa línea lo más rápido posible”, explicó el economista.

El procurador general de la República, Marco Aurelio González, explicó que la nueva ley establece mecanismos de resolución de controversias para evitar que los proyectos queden estacados por incumplimientos. Detalló que los conflictos se resolverán en primera instancia a través de un arbitraje que ya estará estipulado en los pliegos de bases y condiciones de cada contrato.

Mencionó que si una empresa incumple sus obligaciones, los financistas del proyecto podrán sustituir al contratista, a fin de que las obras no se paralicen. “La finalidad es que el proyecto culmine y avance a pesar de las dificultades y los incumplimientos que se puedan dar en el camino”, precisó.

González señaló que el Estado ofrece garantías tanto para los contratistas como para los inversores, pero que también cuenta con formas de asegurar el cumplimiento de las obras como, por ejemplo, la posibilidad de volver a licitar la obra en caso de que la firma seleccionada no pueda continuar con los trabajos. “La seguridad para el financista es que puede prendar o fideicomitir a su favor los derechos presentes y futuros, incluso del flujo de caja de los contratos públicos-privados de las prestaciones o los derechos que tenga el contratista”, ejemplificó.

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