La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) dispone, mediante la Resolución General N° 52/2020, la reanudación desde el 6 de mayo del 2020 de los plazos administrativos suspendidos. Esto incluye los procesos de determinación, aplicación de sanciones, sumarios administrativos referidos a pedidos de devolución de créditos fiscales y de recursos de reconsideración.
En ese sentido, dispone que los plazos de caducidad o prescripción de los créditos fiscales a favor del contribuyente quedarán suspendidos desde el 27 de marzo del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.
Además, los sumarios administrativos y recursos de reconsideración, relativos a procesos de devolución de créditos fiscales en trámite, seguirán su curso hasta su resolución y, si existen importes a devolver al contribuyente, la acreditación se hará a partir del 1 de enero del 2021.
Por último, la SET derogó todas las normativas anteriores que podrían permitir la aglomeración de personas en las oficinas impositivas. El interesado puede consultar las mismas: el artículo 3° de la Resolución General N° 89/2012, el último párrafo del artículo 7° y el artículo 10 de la Resolución General N° 77/2016, el último párrafo del artículo 3° de la Resolución General N° 99/2016, la Resolución General N° 43/2020, el artículo 27 de la Resolución General N° 114/2017, el artículo 3° de la Resolución General N° 51/2020.
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Caso Tía Chela: fiscal Silvio Corbeta advierte que Miguel Prieto amenaza a testigos clave
El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.
Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas
El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.
“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.
Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.
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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.
“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.
La desestimación
El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.
“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.
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Intento de feminicidio en Aba’i: sospechoso quemó una vivienda donde estaban su pareja e hijos
El Ministerio Público investiga un presunto caso de tentativa de feminicidio reportado en la comunidad de Arroyo Morotí, distrito de Abaí, departamento de Caazapá.
El principal sospechoso, identificado como Agustín Yaspe Sotelo (43), fue aprehendido tras ser acusado de ser el causante de un incendio que consumió por completo una vivienda, donde se refugiaron su pareja e hijos.
Según explicaciones del fiscal José Alberto Núñez, de San Juan Nepomuceno, el incendio habría sido provocado intencionalmente en medio de un ciclo de violencia contra su pareja. Alrededor de las 22:00 del lunes, el hombre habría agredido físicamente a la mujer, quien posteriormente huyó de la vivienda que compartían junto con sus dos hijos menores.
Se refugiaron en una casa vecina perteneciente a Bernardino Sotelo Giménez (63), con la intención de ponerse a salvo.
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Sin embargo, el sospechoso habría continuado amenazándolos de muerte y luego habría llegado hasta el inmueble, rociando combustible y prendiendo fuego a la vivienda ajena.
La madre logró escapar junto con los dos menores, evitando que el hecho terminara en una tragedia. No obstante, el fuego consumió por completo la casa y sus pertenencias, generando importantes pérdidas materiales para el dueño de casa, quien sería tío del sospechoso.
El supuesto autor fue detenido a unos 500 metros del lugar, con un machetillo en su poder. El Ministerio Público considera que, por los antecedentes de violencia y las amenazas previas, el sospechoso habría tenido la intención de matar a su pareja y a los niños. El fiscal Núñez imputó al hombre por tentativa de feminicidio y producción de riesgos comunes, solicitando su prisión preventiva.
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Caso títulos falsos: Fiscalía depura lista de la Contraloría ante errores de carga
El fiscal Francisco Cabrera, quien lleva adelante el caso sobre los 1.090 títulos presuntamente falsos detectados en la función pública, indicó que se comenzó una depuración de la nómina inicial ante la existencia de errores en la carga de datos. Agregó que el proceso durará una semana aproximadamente para luego proceder a investigar caso por caso.
“A medida que pasan estos días, fueron constituyéndose personas ante las unidades fiscales presentando sus documentaciones correspondientes, entonces fuimos verificando y el día de ayer martes nos reunimos con los funcionarios encargados de redactar los informes de la Contraloría, quienes nos fueron informando que, por el impacto que generó la denuncia, también otras instituciones fueron corroborando los informes que remitieron inicialmente y ahora están en una suerte de depuración que yo creo que duraría aproximadamente una semana más”, expresó Cabrera, este miércoles, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El agente fiscal comentó que “ahí ya tendríamos un número definitivo con las irregularidades detectadas, ya de alguna forma confirmadas. También falta un porcentaje de las instituciones públicas que no respondieron al pedido de la Fiscalía. Acá habrá que estudiar caso por caso. Según la información preliminar que en su momento se recibió, la irregularidad detectada es que la universidad que informó señalaba que la carrera no existía o que la persona no cursó en esa institución, entonces la hipótesis inicial habla de falsificación de títulos”.
Cabrera acotó: “Hay casos donde también se vieron errores en las informaciones que pasaron las instituciones públicas; es decir, un error en la carga de datos en el registro de las instituciones públicas, y son cosas que se irán depurando”. La causa judicial inició tras una denuncia presentada por la Contraloría que detalló que los 1.090 títulos corresponden a 1.083 funcionarios públicos. El 93 % de los casos corresponden a carreras de educación.
“De la lista oficial lo que sí se pudo identificar es que casi el 90 % de las instituciones públicas involucradas se correspondían al Ministerio de Educación y Ciencias y fueron distribuidos en su mayoría en algunas municipalidades. De esas son unas 35 instituciones académicas las involucradas, entonces ya se hizo en esa lista inicial una distribución para hacer lo correspondiente de oficio, ya sea a las instituciones públicas como posteriormente a las instituciones educativas”, comentó.
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Corte informa sobre el marco normativo de los concursos internos para cargos en Alto Paraná
La Corte Suprema de Justicia decidió, durante su sesión plenaria, iniciar los trámites administrativos para el llamado a concurso de funcionarios de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná. La medida tiene como antecedente una solicitud de la Presidencia del Consejo de Administración de esa jurisdicción, en la que se propone priorizar concursos internos de promoción para cubrir cargos vacantes y atender las necesidades del servicio de justicia.
La iniciativa fue presentada mediante Nota N.P. N.º 301/2026, del 12 de octubre de 2026, por la camarista Juana Bertha Avalos Agüero, presidenta del Consejo de Administración de Alto Paraná. El planteamiento incluye cargos de actuarios judiciales y jefaturas.
Según el documento, la propuesta se fundamenta en la experiencia adquirida en el ámbito judicial, el conocimiento de los sistemas de gestión y de los procedimientos jurisdiccionales y administrativos, así como en las capacidades requeridas para el desempeño de estas funciones. La solicitud fue remitida a la Dirección General de Capital Humano para la elaboración de un informe sobre su adecuación a las disposiciones aplicables.
Respecto del marco constitucional, el artículo 46 de la Constitución de la República del Paraguay consagra el principio de igualdad, mientras que el artículo 47, numeral 3, garantiza el acceso a las funciones públicas no electivas bajo el requisito de idoneidad. Por su parte, el artículo 101 reconoce el derecho a ocupar funciones y empleos públicos y dispone que las distintas carreras, incluida la judicial, serán reglamentadas por ley.
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En cuanto al régimen legal, la Ley N.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, establece en su artículo 100 que, entre los requisitos para el ascenso de funcionarios públicos comprendidos en la carrera del servicio civil, se encuentra ganar el concurso interno respectivo. A su vez, el artículo 3.º reconoce que la carrera judicial se rige por sus propias normas y que dicha ley se aplica a ella de manera supletoria.
En el ámbito del Poder Judicial, la Acordada N.º 1309/2019 de la Corte Suprema de Justicia distingue dos modalidades de concursos de oposición de méritos y aptitudes: los públicos, destinados al ingreso de personas a la institución, y los internos institucionales, previstos para la promoción de funcionarios. Ambos procedimientos se rigen por los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad, imparcialidad y juridicidad.
Los concursos internos constituyen así una modalidad reglamentada para la promoción de funcionarios del Poder Judicial. Su aplicación a cargos específicos debe ajustarse a la naturaleza de las funciones, al régimen jurídico correspondiente y a las garantías constitucionales de igualdad e idoneidad.
Las condiciones de participación y las bases de los concursos deberán establecerse conforme al régimen jurídico aplicable a cada cargo. Las convocatorias serán difundidas a través de los canales oficiales del Poder Judicial, una vez aprobadas por las instancias competentes.
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