- Lima, Perú. AFP.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, invocó un pacto de reconciliación en su primer mensaje a la nación desde el Congreso, en medio de nuevas movilizaciones en su contra que fueron repelidas por la policía en Lima.
Boluarte, quien asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución y arresto del entonces mandatario, Pedro Castillo, pidió perdón por las decenas de víctimas, entre muertos y heridos, que dejaron las protestas que siguieron a la caída de su antecesor.
“Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón, en nombre del Estado, a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares”, señaló la presidenta.
Boluarte se dirigió al país por más de tres horas desde la sede del parlamento, fuertemente custodiado por la fuerza pública ante las marchas convocadas por grupos de izquierda al grito de “Dina, el pueblo te repudia”.
En medio de la movilización de decenas de manifestantes, Boluarte invocó a un pacto de “reconciliación por la vida, paz, justicia e igualdad”.
“Llamo a la gran reconciliación nacional entre todos los peruanos, con la certeza de que ninguna diferencia ideológica o de opinión, por profunda e intensa que esta sea, puede llevarnos a convivir en una sociedad de enemigos”, insistió la presidenta.
Boluarte, que en principio gobernará hasta 2026 tras el rechazo del Congreso al anticipo de elecciones, prometió justicia por las muertes de los opositores durante las protestas que conmocionaron al país entre diciembre y febrero.
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¿Tendremos presidenta alguna vez?
Nuestra democracia habrá de alcanzar su edad madura cuando una mujer llegue a la Presidencia de la República. No estamos diciendo con esto que permanecerá en un estado infantil permanente si ello no llegara a ocurrir. Pero sí evidenciará que la sociedad –elemento constitutivo e imprescindible de este modelo de gobierno– empezó a desarraigarse de sus prejuicios y discriminaciones a razón simplemente del género, ignorando las cualidades intelectuales, morales y personales de quien pretenda, por mérito propio, acceder al Palacio de López por las puertas de la voluntad popular.
Aprendí de una experiencia de primera mano –aunque parezca redundante– con la candidatura de Blanca Ovelar, representante de la Asociación Nacional Republicana en las elecciones generales del 21 de abril de 2008. Sus congéneres del mismo partido la descalificaban para ocupar el cargo porque, conforme a sus atrofiados argumentos, nuestro país no estaba preparado para tal hecho. Y sus aliados masculinos se encargaban de alimentar la especie de “Blanca al Palacio y nosotros al poder”, sobre todo por el entonces mandatario, Nicanor Duarte Frutos, quien no guardaba ninguna reserva para expresarse en esos términos ante el que estuviera dispuesto a escucharlo.
Esos exabruptos desatinados llegaban a los oídos de la actual senadora, quien solía confesarme, indignada: “Si creen que me van a manejar, están muy equivocados. Mi conciencia será la única rectora de mis actos y gestiones”.
Los constantes desplantes en público y el trato autoritario hacia la candidata del oficialismo de parte de Duarte Frutos, más los signos de arrogancia del jefe de campaña, Rogelio Benítez, quien llegaba a los encuentros proselitistas después de que lo hiciera la aspirante presidencial, a los que añadía unos interminables discursos, fueron estrechando las chances de Blanca Ovelar. Situación a la que debemos sumar otro episodio crucial: la traición de quienes fueron derrotados en las internas partidarias alegando fraude. Y, por supuesto, una fracción del Partido Colorado que trabajó abiertamente por Fernando Lugo, sin que el Tribunal de Conducta tomara sanciones posteriores, a pesar de la voluminosa documentación respaldatoria en que se basó mi denuncia. En medio del caos, y de mutuas descalificaciones, la también parlamentaria, Lilian Samaniego, tomó la posta en la Junta de Gobierno de la ANR. Blanca Ovelar fue lo más cerca que una mujer estuvo de ser la primera presidenta de la República del Paraguay.
Varios países de la región, entre ellos nuestros grandes vecinos Brasil y Argentina, ya vivieron la experiencia –y seguramente la repetirán– de que una mujer dirija los destinos de la nación. También, Chile, siempre dentro de las reglas que pautan la democracia. Y Dina Boluarte, en Perú, quien asumió el cargo por la vía de la sucesión presidencial. Xiomara Castro, en Honduras. Más atrás en el tiempo, en una Bolivia convulsionada ubicamos a Lidia Gueiler, quien fue electa presidenta constitucional interina por el Congreso de su país. Sin olvidar a Violeta Chamorro, en Nicaragua.
En el otro extremo de nuestro continente tenemos a Claudia Sheinbaum quien, a partir del 1 de octubre, será la primera mujer al frente del Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. En ese otro Estados Unidos, pero de América, Hillary Clinton fue la primera mujer nominada por uno de los partidos tradicionales, el Demócrata, en 2016; sin embargo, perdió en los comicios generales ante Donald Trump. Y en esta sociedad, históricamente marcada por la segregación racial instalada por la “supremacía blanca”, cuyos residuos de violencia nunca desaparecen, paradójicamente, un hombre de color –Barack Obama– llegó al poder antes que una mujer. Por ahora, deberán seguir esperando porque el 5 de noviembre de este año volverán a enfrentarse el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.
De nuestra parte, todavía tenemos un trecho de tres años por delante. En ese tiempo se decantarán, se consolidarán o se descartarán candidaturas. En los últimos años, la frialdad de los números, sujetos a encuestas que no se muestran en público, fue determinante para la opción final. Rumores van, rumores vienen, quizás llegue a cumplirse lo que Augusto Roa Bastos ambicionaba como una cosa sagrada: “El día que vea sentada a una mujer en el sillón de López, ese día voy a creer que ha empezado la democracia en el Paraguay”. Hay calidad de sobra para que ello acontezca. Buen provecho
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Un histórico acto de justicia y reconciliación
- Por César Palacios
- Comunicador y docente, director general de comunicación estratégica del Mitic.
- @cespala
La voluntad del Gobierno de reconocer y pedir perdón por las injusticias del pasado es, sin duda, un hito significativo en la historia de nuestro país. Este acto de reconocimiento y disculpa pública, programado para el 24 de junio en el Instituto Superior de Educación Policial (Isepol), representa no solo un paso hacia la sanación de las heridas abiertas por décadas, sino también un firme compromiso con la construcción de una sociedad más justa y respetuosa de los derechos humanos.
En una reciente entrevista en el programa “Tribuna” de Paraguay TV, Ernesto Benítez Gamarra, educador popular y líder campesino, compartió su dolorosa experiencia de represión y tortura. Sus palabras resonaron profundamente, recordándonos los oscuros capítulos de nuestra historia. Ernesto relató episodios de su vida marcados por la represión, incluyendo su brutal tortura en la comisaría de Santa Rosa del Aguaray hace 21 años. Estos eventos no solo afectaron su vida personal, sino que también simbolizan las injusticias sufridas por muchos paraguayos durante las dictaduras y los años posteriores.
El acto de reconocimiento que tendrá lugar honra tanto a Ernesto como también a otros luchadores por la justicia y los derechos humanos, como Eulalio Blanco. Estas disculpas no son meros gestos simbólicos; son pasos concretos hacia la reconciliación y la justicia, esenciales para cerrar el dolor de las familias de las víctimas y para sanar como nación.
Ernesto Benítez Gamarra, en su entrevista, subrayó la importancia de este reconocimiento y el impacto simbólico de realizarlo en el Isepol, una institución educativa que forma a los futuros policías del país. Esta decisión es un claro mensaje de que el pasado no debe repetirse y que la educación en derechos humanos es fundamental para prevenir futuras injusticias. Ernesto expresó con claridad: “Es importante porque simbólicamente se decidió utilizar un local donde estudian hoy día los jóvenes que se van a convertir en el futuro en policías. Que vean el daño que le causa históricamente a un país la represión.”
Este acto de reconocimiento es un testimonio del coraje y la resiliencia de personas como Ernesto Benítez Gamarra y Eulalio Blanco, quienes han luchado incansablemente por la justicia en Paraguay. Pero más allá de honrar a estos valientes individuos, el gobierno actual demuestra una firme intención de construir un futuro basado en el respeto, la justicia y la dignidad para todos los ciudadanos.
La historia de Ernesto y su familia, marcada por la persecución y la tortura, es un poderoso recordatorio de la importancia de este hito en nuestra nación. Reconocer las atrocidades del pasado y pedir perdón es un aprendizaje crucial para todos nosotros. Nos enseña que los conflictos y reclamos deben resolverse de manera pacífica y legal, sin recurrir a la violencia, la tortura ni el asesinato.
Este acto de disculpa pública es, en última instancia, un paso hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Es un reconocimiento del sufrimiento pasado y una promesa de no repetir los mismos errores. En esta nueva era, el Gobierno paraguayo está mostrando su voluntad de sanar las heridas del pasado y de caminar hacia un futuro donde la justicia y los derechos humanos sean la base de nuestra convivencia.
Hoy, como paraguayos, debemos celebrar este paso histórico. Debemos honrar a quienes, como Ernesto y Eulalio, han sido víctimas de injusticias y han luchado por un Paraguay mejor. Y debemos comprometernos, como sociedad, a seguir construyendo un país donde todos puedan vivir con dignidad, respeto y justicia.
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Boluarte registra el menor nivel histórico de popularidad
- EUROPA PRESS.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, batió el récord histórico negativo de popularidad con un apoyo del 5 %, inédito desde 1980. La desaprobación de la labor de Boluarte se sitúa así en un 91 % después de año y medio de gobierno, según el estudio de Datum para el diario ‘El Comercio’.
Por regiones, en el sur es donde la caída es mayor, ya que su aprobación cae del 7 al 3 %. La desaprobación llega allí al 95 %. El Congreso, principal sustento de Boluarte tras la destitución de Pedro Castillo precisamente por intentar disolver el Legislativo, tiene un 61 % de oposición entre la población a medidas como la eliminación de los movimientos regionales y su presidente, Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, tiene una aprobación del 10 %.
El dato de Boluarte iguala al del segundo gobierno de Fernando Belaunde (1980) y se sitúa por debajo del de mandatarios como Alan García o Alberto Fujimori. Boluarte perdió la mitad del 10 % de apoyo que tenía en el primer trimestre del año tras el estallido del conocido como Caso Rólex. La presidenta está siendo investigada por un delito de presunto enriquecimiento ilícito en agravio del Estado por la posesión de varios relojes de lujo que ha lucido en sus intervenciones.
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Imedic: juicio oral se encuentra en etapa de producción de pruebas documentales
Avanza el desarrollo del juicio oral y público para la presidenta de Imedic SA, Patricia Ferreira, quien está sentada en el banquillo de los acusados por los delitos de producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
La audiencia oral ingresó en la etapa de producción de pruebas documentales así como también ya han declarado varios testigos en el presente juicio oral. El Tribunal de Sentencia que juzga el caso está conformado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales del caso son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
También están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez.
Este juzgamiento forma parte de uno de los casos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19 en nuestro país. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
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