La bicampeona panamericana de karate, la peruana Alexandra Grande, denunció ayer miércoles que fue amenazada de muerte por un grupo criminal, en momentos que Perú vive una ola de extorsiones que las autoridades intentan combatir. Desde el año pasado aumentaron los casos y crímenes asociados a la coacción de innumerables bandas criminales, pese a los intentos de las autoridades por frenar el delito que más impacta a Lima y otras capitales.
Grande, de 35 años y bicampeona panamericana en 2015 y 2019, denunció ante las autoridades que recibió amenazas de muerte por parte de delincuentes, que le exigen 300.000 soles (unos 84 mil dólares). “Queremos (...) la suma de 300 mil soles para que sigas tu vida (...) con normalidad de lo contrario tendré que proceder con tu persona y con los tuyos”, se lee en un mensaje que recibió Grande por WhatsApp -la aplicación más usada por los extorsionadores- y que difundió a la prensa.
“No trates de medir fuerzas con nosotros porque no conocemos límites”, remata la amenaza de la banda que se hace llamar ‘Los Injerto del Cono Norte’. La semana pasada el gobierno elevó a 278.000 dólares la recompensa que ofrece por información para capturar a Erick Moreno, alias “El Monstruo”, cabecilla de “Los Injertos del Cono Norte” y quien se presume está refugiado entre Brasil, Paraguay y Bolivia.
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Junto a la advertencia, le enviaron un video con su nombre escrito en un papel blanco, rodeado de armas de fuego automáticas y decenas de balas. “No sé de dónde quieren que consiga ese dinero si yo soy deportista”, lamentó Grande en una entrevista con el canal N.
La karateca presentó el martes la denuncia ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Grande se “retiró de las redes sociales (...) Está deprimida, ha salido de su domicilio para estar más tranquila”, comentó este miércoles su abogado Dante Castro a la AFP.
Solo entre enero y abril la policía recibió 9.097 denuncias de extorsión, un 19 % más con respecto al mismo período de 2024. El auge de este delito ha desatado múltiples protestas, y llevó al gobierno de la impopular presidenta Dina Boluarte a enviar a los militares a las calles para que apoyen a los policías en el combate del crimen organizado.
Fuente: AFP.
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