La Fiscalía de Bolivia elevó el sábado a tres la cifra de fallecidos por dos violentas explosiones en una unidad militar, a medida que equipos de rescate aún remueven escombros en busca de desaparecidos, con el riesgo de nuevas detonaciones, informaron autoridades. Los estallidos en el recinto se produjeron el viernes por la tarde en la ciudad de Viacha, de más de 100.000 habitantes, a 30 kilómetros al suroeste de La Paz.

En el lugar se almacenaba material pirotécnico decomisado, granadas y explosivos con base de TNT, según el Ministerio de Defensa. Las causas del siniestro aún se investigan. Los bomberos todavía buscaban cuerpos el sábado entre las partes destruidas del edificio militar. Un largo cordón de policías cerraba el paso a decenas de personas que se agolpaban para consultar por sus familiares, constató la AFP.

Un comunicado del Ministerio Público, que cita a la fiscal a cargo Katherine Ramírez, señala que “en medio de los escombros se rescató el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino”, por lo que ahora suman “tres personas fallecidas hasta el momento”. Los dos primeros confirmados eran jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio, informaron autoridades el día anterior.

La Fiscalía no detalló si el tercer cadáver encontrado el sábado corresponde a la lista de los 14 militares desaparecidos, entre ellos un sargento y otros 13 jóvenes en servicio militar. Además, anunció que abrió una investigación por “homicidio culposo” y otros delitos. Informes previos del Ministerio de Defensa daban cuenta además de dos muertos y 84 heridos.

Ernesto Justiniano, jefe de esa cartera, informó por separado que “el riesgo en el área todavía es alto”, debido a que existen explosivos de alto poder que aún no fueron retirados. “En un lugar específico hemos entrado y hemos visto todavía unos artefactos que se llaman ‘booster’ (...), un TNT con una gran potencia de explosión”, dijo la autoridad.

Ventanas hechas añicos, techos removidos, piedras esparcidas y árboles derribados son los efectos de las ondas expansivas que afectaron decenas de viviendas en los alrededores. Las puertas de algunos locales comerciales se retorcieron por causa de la explosión. “Las labores de búsqueda, rescate y remoción de escombros continúan en el área afectada”, informó Antonio Amaru, comandante del siniestrado Regimiento Bolívar.

Algunas personas de origen aimara indagaban entre lágrimas por sus familiares a los soldados que resguardan el lugar. Otros intentaron ingresar por la fuerza, pero fueron contenidos, observó un periodista de la AFP.

Elba Aruquipa, de 45 años, preguntaba por la situación de su hijo en servicio militar, pero no obtenía respuesta.

“Si está ahí adentro, mi hijo, ¿qué va a pasar? Tampoco nos dan ninguna información”, indicó en tono de angustia a la AFP.

El Ministerio de Defensa anunció el sábado en un comunicado la conformación de un “comité de crisis” para atender a las personas afectadas.

Primero se produjo una detonación de bajo poder y luego una segunda de mayor magnitud. Esa segunda explosión “me ha hecho volar cinco metros atrás”, señaló un vecino con el rostro herido al diario El Deber, que aseguró que perdió el conocimiento.

Entre una gran polvareda y gritos de la gente, otros transeúntes malheridos intentaban levantarse tras ser alcanzados por la onda expansiva, según imágenes de ciudadanos difundidas por medios.

El alcalde de Viacha, Jenrry Patzi, lamentó que en su municipio “no hay un pinche (simple) hospital de segundo nivel para dar” atención a los heridos que tuvieron que ser trasladados a centros de salud de la vecina ciudad de El Alto y La Paz.

El viernes familias de las casas afectadas fueron trasladadas a un albergue temporal donde pasaron la noche, ante el riesgo que corrían en sus viviendas.

Tras el incidente el presidente Rodrigo Paz dijo en su cuenta de X que instruyó “verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan”.

Fuente: AFP.

Niños y mujeres visiblemente frágiles y desnutridos yacen en hileras de camas de hospital, con sus cuerpos marcados por las cicatrices de seis meses de cautiverio en lo profundo de la selva nigeriana. Estos pacientes figuran entre las 163 víctimas de secuestro de la localidad de Woro rescatadas semanas atrás en el bosque del Parque Nacional Lago Kainji, luego de que su aldea fuera atacada por supuestos yihadistas.

En total, 308 personas fueron liberadas en la mayor operación de rescate en un solo día, según el gobierno, aunque aún tienen por delante un largo camino para su recuperación en el hospital de la Universidad Estatal de Kwara, en Ilorin. “Todos responden a los tratamientos”, comentó una enfermera mientras sostenía la mano diminuta de un niño de unos cuatro años. “Algunos necesitan sangre”.

En febrero, supuestos yihadistas atacaron Woro, cerca de la frontera con Benín, donde mataron a más de 165 personas y secuestraron a muchas más. Los raptos se han convertido en una fuente importante de ingresos para grupos criminales en Nigeria sobre todo para yihadistas y bandas delincuenciales que operan en el norte y centro del país. Las víctimas permanecieron en un campamento junto a más de 100 personas secuestradas en otras poblaciones, comentó a la AFP Umar Bio Salihu, jefe de la aldea de Woro. Indicó que 13 personas de Woro murieron en cautiverio y 13 más continúan retenidas.

El gobierno ha presentado el rescate de los habitantes de la aldea de Woro como un gran éxito de su campaña. Sin embargo, sigue enfrentándose a una crisis, ya que los secuestros se han vuelto tan frecuentes en todo el país que se han convertido en una industria multimillonaria, según SBM Intelligence, una consultoría con sede en Lagos.

“Gracias a Dios salimos”, declaró Hajara, una víctima de aspecto demacrado. “No se lo deseo ni a mis enemigos. Fue como regresar del infierno”. Durante su cautiverio, los detenidos eran alimentados con tuwo, similar a una papilla espesa hecha de mijo, así como una “sopa” preparada con agua de río y sal. Cuando tenían suerte, los captores les daban cubitos de condimento.

Ocasionalmente les ofrecían carne, posiblemente de ganado robado, según las víctimas. “Llegaron en condiciones bastante malas (...) con desnutrición severa, muchas enfermedades de piel, algunos tenían fracturas, algunas mujeres habían dado a luz”, comentó a la AFP el director médico del hospital, Ahmed Bola Abdulkadir. Agregó que muchos podrían requerir atención por “trauma psicológico”.

En cautiverio, quienes iban al baño sin recibir permiso de los vigilantes eran golpeados, contó la enfermera Amira Salihu, de 25 años, cuyos dos hermanos murieron en el ataque de febrero. La joven, hija del jefe de la aldea de Woro, habló sobre el cautiverio en un hotel bajo vigilancia policial donde permanecen varios de los secuestrados.

Contó que numerosas mujeres parieron en detención. Con escasa visibilidad, alumbrando con un foco a pilas, ayudó a dar a luz a los bebés utilizando sus manos. “Me prestaron una navaja para cortar la placenta”, dijo a la AFP. En el hotel, numerosas víctimas se congregan alrededor de unas mesas plásticas para comer. “Me hace feliz verlos así”, expresó el jefe Salihu a la AFP.

Ha estado viajando entre Woro e Ilorin, a unos 20 kilómetros, para ver a las víctimas mientras se recuperan bajo cuidado del gobierno en la capital estatal. Pese a la tragedia, Woro está volviendo a vivir y su mercado está en plena actividad, comentó a la AFP el residente Isah Mogaji. “La comunidad ahora está muy feliz, esperando recibir a su gente”, aseguró Salihu.

Fuente: AFP.

La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios de la gasolina bajaron momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio, según cifras del gobierno publicadas el martes.

Pero con la reciente reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, y con la orden del presidente Donald Trump de reiniciar el bloqueo a los puertos iraníes, la mejora podría ser pasajera.

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5 % en medición interanual, frente a 4,2 % registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Este retroceso se debe en gran medida a la caída del precio de la gasolina (-9,7 % en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Estados Unidos e Irán.

Analistas anticipaban un aumento del 3,8 %, de acuerdo con economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La cifra marca un retroceso desde un máximo de tres años, ya que la caída de los costos de la energía más que compensó los aumentos en vivienda y alimentos.

Teherán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los precios globales de la energía.

Te puede interesar: Precios del petróleo se disparan más de un 9 % por conflicto en Oriente Medio

Con las renovadas hostilidades en el Golfo de esta semana, las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, lo que augura una próxima alza de los precios en las gasolineras.

La guerra, impopular en Estados Unidos, ha puesto bajo presión al poder ejecutivo estadounidense a pocos meses de las elecciones de medio término en el Congreso.

Ahora los ojos están sobre el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh, quien el martes aseguró que el banco central terminará con el sostenido “rebrote de la inflación”.

Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Warsh dijo que los responsables de la política monetaria tienen “cero tolerancia” con la persistencia de los precios altos. Los legisladores estadounidenses cuestionaron a Warsh sobre el progreso en disminuir la inflación, entre otros asuntos.

Por su parte, los mercados están atento a pistas de que la Fed planee subir las tasas de interés a finales de este año, pese a la constante presión de Trump para que las recorte.

Más información: Venezuela: la producción de petróleo no se vio afectada por terremotos

Si bien el banco central tiene un objetivo de inflación a largo plazo del 2,0 %, los aumentos de costos han sido superiores a ese nivel durante aproximadamente cinco años.

Al ser interrogado el martes de si actuaría según los deseos de Trump o guiado por las señales de la información económica, Warsh dijo: “Mi compromiso es acatar la ley y seguir los datos, guiarnos por nuestro mejor juicio”.

“Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado”, añadió Warsh en sus declaraciones iniciales ante la comisión.

La Fed también monitorea los efectos de las inversiones en IA en la inflación y en el mercado laboral, dijo. El asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dijo a Fox News que los datos del martes consistían en el “absolutamente mejor informe de inflación que hemos visto en unos seis años”.

Restó importancia a las disrupciones previstas por el conflicto en Medio Oriente, y dijo que el camino hacia unos precios más bajos de la gasolina en Estados Unidos solo había sufrido “un pequeño tropiezo” por Teherán.

El IPC disminuyó 0,4 % entre mayo y junio, en la primera caída mes a mes desde 2020. Pero el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Fed.

Aunque los costos de la energía bajaron en junio, los de la comida subieron un 0,2 % mensual. Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, el IPC general subió un 2,6 % interanual.

Trump hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca.

• Fuente: AFP

Lea más: Trump afirmó que un acuerdo con Irán sigue siendo “posible” en conflicto por Ormuz

El agente fiscal de Villa Hayes, Rolando Rivas, investiga la explosión registrada el 4 de julio de 2026, en una barcaza de la empresa LPG Emprendimientos SA, amarrada en la zona de Zanja H, sobre el río Paraguay, en la localidad de Beterete Cue, departamento de Presidente Hayes.

Tras recibir la comunicación del hecho, el representante del Ministerio Público se constituyó hasta la zona de Bañado Sur, en Asunción, a fin de realizar el levantamiento y la posterior entrega de los cuerpos de Simón Díaz González, de 34 años; Ever Nilson Sosa Rotela, de 26 años; y Giovanni Samuel Amarilla Alegre, de 24 años, todos empleados de la empresa.

El médico forense de turno del Ministerio Público, doctor Augusto Schacht, diagnosticó como causa de muerte de los tres trabajadores “traumatismo craneoencefálico severo con estallido de masa encefálica por explosión violenta”. Cumplidas las diligencias de rigor, los cuerpos fueron entregados a sus respectivos familiares.

Posteriormente, el fiscal Rolando Rivas, acompañado por personal de la Comisaría Novena de Beterete Cue, efectivos del Departamento de Criminalística de Presidente Hayes, encabezados por el Lic. Walther Villalba, el médico forense doctor Augusto Schacht, bomberos voluntarios y con el acompañamiento de la Armada Paraguaya, se trasladó hasta el lugar del hecho.

En el sitio se llevó a cabo la inspección ocular, la fijación fotográfica y el levantamiento de indicios, diligencias que forman parte de la investigación encabezada por el Ministerio Público para esclarecer las circunstancias en que se produjo la explosión de la embarcación.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) decidió iniciar una fiscalización tras el accidente laboral ocurrido el sábado en la mencionada barcaza. Según los datos recabados, los funcionarios realizaban tareas de limpieza en la embarcación cuando se produjo la explosión, cuyas causas aún son investigadas.

Los técnicos del Ministerio del Trabajo comenzaron las diligencias para constatar las condiciones en que se desarrollaban las labores, la situación laboral de las víctimas y el cumplimiento de las obligaciones legales por parte de la empresa responsable