• Masisea, Perú. AFP.

Cuando los indígenas irrumpieron con arcos y machetes, Daniel Braun y otros menonitas huyeron. Se escabulleron por entre cultivos de arroz antes de que su granero terminara en llamas en la devastada Amazonía peruana. En Masisea, una localidad limítrofe con Brasil a la que se llega después de horas de navegación por el río Ucayali o por caminos agrestes que destroza la lluvia, este grupo ultrarreligioso protestante no sólo enfrenta la ira de los nativos.

También aquí encara un proceso penal que puede llevar a la cárcel a decenas de sus miembros acusados de destruir el bosque en su expansión agrícola por Sudamérica. Una de las comunidades implicadas en el pleito es la de Caimito. A orillas de la laguna Imiría, en este caserío viven 780 shipibos-konibo en casas de madera con techos de zinc o de shapaja (palmera amazónica).

“Los menonitas están haciendo chacras dentro del territorio comunal (...) Siempre deforestan. Es un crimen ambiental lo que ellos hacen”, sostiene el dirigente shipibo Abner Ancón, de 54 años, en diálogo con AFP. En Caimito los llaman “las termitas del bosque”.

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Los menonitas -cuyo origen se remonta a la Europa del siglo XVI- han levantado cinco prósperas colonias desde su llegada a la Amazonía peruana hace casi una década. En 2016 salieron de Bolivia hacia Masisea, donde adquirieron grandes extensiones de tierra para la cría de ganado y el cultivo y comercio de arroz y soja.

La “falta de terreno” y la “izquierda radical” nos empujaron a migrar, resume David Klassen, de 45 años, uno de los jefes de la colonia, mientras alimenta los cerdos de su granja. Hoy conforman un enclave de 63 familias que viven a sus anchas en 3.200 hectáreas; en viviendas del mismo corte y color gris claro. Emplean tractores tanto para la faena diaria, como para transportarse.

Son autosuficientes, se oponen al mestizaje, no usan energía eléctrica y se surten de generadores a combustible. Apenas hablan español y entre ellos se comunican en alemán bajo una lengua germánica de sus ancestros. También conservan el atuendo tradicional: vestidos largos y velos las mujeres, y ellos, camisa a cuadros, tirantes y gorra o sombrero de ala ancha.

En América Latina los menonitas han formado poco más de 200 colonias agrícolas desde comienzos del siglo XX. Se han asentado en Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, México y ahora Perú, según una investigación del académico belga Yann le Polain. En varios de estos países afrontan denuncias por deforestación.

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En Perú, el pleito saltó a los campos. El 19 de julio de 2024, Daniel Braun estaba sentado a la entrada de un granero junto con otros hombres de la colonia, cuando irrumpieron los shipibos-konibo de Caimito. “Entraron con flechas, machetes (...) Y dicen: una o dos horas tienen para salir”, recuerda. “Metieron fuego”, agrega este menonita de 39 años, manos gruesas y sonrisa fácil. Finalmente, huyeron.

Todavía hoy se pueden ver techos de zinc oxidados tirados en la hierba y los esqueletos carbonizados de un galpón y un granero. El dirigente Ancón asegura que la guardia indígena sacó a los menonitas de su territorio “sin violencia”.

En 2024, la fiscalía ambiental imputó a 44 jefes de familia menonitas por la destrucción de 894 hectáreas de bosque primario, y pide entre ocho y diez años de cárcel para cada uno, según el auto de acusación. Ellos compraron legalmente tierras “ya deforestadas en la selva”, que están fuera del territorio indígena, alega su abogado Carlos Sifuentes.

Nos “gusta el campo” y no “queremos destruir todo”, remarca Klassen. Pero la defensa de los Shipibos-Konibo asegura que los extranjeros contratan a otros que quitan las malezas para luego entrar “con sus tractores a aplanar todo”, señala la abogada Linda Vigo.

El programa independiente de Monitoreo de la Amazonía Andina asegura que los menonitas han destruido al menos 8.660 hectáreas desde 2017. Apenas una mínima parte de los tres millones de hectáreas de bosque amazónico que perdió Perú en las últimas tres décadas, principalmente por incendios, deforestación y minería ilegal, según autoridades.

Lejos de la colonia menonita, un oasis de prosperidad en la empobrecida Amazonía peruana, la comunidad de Caimito, de mayoría evangélica, sobrevive de la pesca y la agricultura. No cuentan con electricidad ni agua potable. Solo hay un comercio de víveres con paneles solares e internet. Su territorio abarca 4.824 hectáreas y poco menos de 600 fueron “invadidas” por los menonitas, calcula Ancón.

El modelo de producción agrícola de los menonitas riñe “con las expectativas ecologistas”. Pero lo cierto es que en Masisea compraron a colonos mestizos tierras que “ya estaban depredadas”, observa el experto en pueblos indígenas Pedro Favaron, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Por lo pronto, en la colonia aguardan el que sería su primer juicio ambiental en América Latina.

Apenas oyen el ruido de la motosierra, apuran el paso para sorprender a los que tumban la selva. La guardia ambiental indígena de Masisea, en Perú, es una pequeña fuerza con arcos y flechas y una tarea colosal: proteger de “invasores” el bosque amazónico. Comandados por un profesor de escuela de 54 años, una decena de shipibos-konibo con chalecos y gorras verdes rodean a un hombre que sierra un tronco caído. Una mujer con su sobrino lo observan.

La lluvia dio tregua y el calor es intenso. Abner Ancón, el jefe del grupo, ordena apagar la motosierra. “Estás en territorio caimito. Vas a tener problema con nosotros”, le espeta al aserrador, al que luego dejan ir con su herramienta. Ancón dirige la guardia indígena de Caimito, una comunidad de 780 nativos a orillas del lago Imiría, en la localidad de Masisea.

Lo que “conservamos no es solamente para nosotros, sino para toda la humanidad”, señala este hombre de mediana estatura que lleva una gorra con la inscripción CIA. Su territorio de casi 4.900 hectáreas, asegura, “está amenazado”. Primero irrumpieron los traficantes de madera, luego los cocaleros, que “envenenan” el agua con los químicos con los que procesan la planta de la que extraen la cocaína. Y más recientemente los menonitas con sus tractores.

A los tres los trata de “invasores” y “depredadores”. Hace dos años que los shipibos-konibo de Caimito cuentan con su propia fuerza de vigilancia. Según Ancón, debieron organizarse ante la desprotección del Estado. La guardia de Caimito fue la primera de 19 que han conformado los shipibos-konibo de 176 comunidades amazónicas.

La que dirige Ancón llegó a tener 80 miembros, pero hoy están activos 30, la gran mayoría hombres. El resto migró, algunos por trabajo. Antes de salir a patrullar en grupos se forman en el centro del caserío al grito de “guardia, guardia, fuerza, fuerza”. Llevan machetes y algunos arcos y flechas que, según Ancón, jamás han disparado en sus choques con los deforestadores. No cuentan con armas de fuego ni con radios para comunicarse. Tampoco tienen apoyo de autoridades.

Únicamente disponen de un vehículo y unas lanchas. “Enfrentamos a los pescadores que sacan en toneladas nuestro pescado”, sostiene Hermógenes Fernández, un shipibo-konibo de 59 años. En esos enfrentamientos, dicen los guardabosques, varias veces los han golpeado o amenazado con escopetas.

Cuando la guardia indígena “interviene” lo hace de manera pacífica y para pedir que desalojen su territorio, pero algunas veces han “quitado motosierras”, sostiene Ancón. En julio pasado el jefe de la guardia indígena recibió amenazas de muerte. Asegura que le llegó el recado de que ya habían contratado a tres sicarios. Sus propios guardias lo protegieron. Interpuso la denuncia, pero las autoridades no han identificado a los responsables. “Todavía me pregunto por qué el medio ambiente tiene enemigos”, reflexiona Ancón, quien teme por su vida.

• Fuente: AFP

Trece personas fueron encontradas muertas este domingo en el interior de una mina tras denunciarse su secuestro días atrás en la localidad de Pataz, en la sierra norte de Perú, informó la minera Poderosa, en cuyas instalaciones ocurrieron los hechos.

“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los 13 trabajadores que fueron secuestrados (...) por mineros ilegales coludidos con elementos criminales”, dijo la empresa en un comunicado.

Los obreros presuntamente fueron ejecutados por sicarios en un socavón del yacimiento ubicado en el norte de Perú, según informaron medios locales citando a fuentes del Ejecutivo y a familiares de las víctimas.

Los cuerpos fueron encontrados con disparos en la cabeza y el cuello tras ser maniatados, y los restos son ahora recuperados por la Policía Nacional.

Los familiares de las víctimas, que denunciaron su desaparición hace una semana en la provincia de Pataz, declarada en emergencia por la violencia de la minería ilegal, denunciaron que los 13 trabajadores brindaban servicios de seguridad en la mina Poderosa.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Gabriel Segovia Villasanti imputó a un personal militar, presuntamente involucrado en un asalto a mano armada a un local de apuestas deportivas, del barrio San Juan de Ciudad del Este. Se trata del suboficial Hugo Javier Ovelar, quien se encuentra privado de libertad, con pedido de prisión preventiva.

El militar fue reconocido por sus superiores en el vídeo del circuito cerrado y fue aprehendido para luego ser entregado al personal policial y trasladado a Ciudad del Este, para quedar a cargo de la Fiscalía de Ciudad del Este

El robo agravado por el cual está procesado ocurrió el 23 de abril del 2025, a las 09:10, cuando dos hombres, uno con arma de fuego en mano, llegaron caminando hasta el local de apuestas “Apóstala”, ubicado sobre la avenida Universidad Nacional del Este, del barrio San Juan, de Ciudad del Este.

Ingresaron directamente hasta la caja registradora donde se encontraba el encargado del establecimiento, Oscar Aldemir Montiel Duarte, a quien amenazaron a punta de arma de fuego y le exigieron que entregase todo lo que tenía.

En ese momento, se presentó un tercer delincuente que llegó en una motocicleta y con arma de fuego, desde la puerta del local dirigió a los otros dos desconocidos que estaban en el interior, exigiéndoles que buscaran la caja fuerte y que revisaran cajón por cajón. Luego fue reconocido como el militar hoy imputado.

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Acto seguido, Hugo Javier Ovelar habría amenazado directamente al encargado del local, diciéndole que, si quería volver a ver a su hija con vida, debía entregar todo lo que tenía. Fue entonces cuando la víctima mostró a los asaltantes la caja registradora, de la cual extrajeron la suma de 5.000.000 de guaraníes.

También se apoderaron de dos aparatos celulares: uno de la marca Redmi, modelo A09 (corporativo de la empresa) y otro de la marca Samsung, modelo A70, color blanco, además de una billetera de bolsillo que contenía la suma de 400.000 guaraníes.

Se fugaron a bordo de la motocicleta tipo GTR, de color negro. Todo lo ocurrido quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del local.

El 29 de abril del 2025, se comunicó al Ministerio Público la aprehensión de Hugo Javier Ovelar, conforme al acta N.º 01/23 enviada del Comando de la Armada.

El 30 de abril, el encargado de la casa de apuestas, Oscar Montiel, compareció ante la unidad fiscal y relató con detalles lo acontecido, describió a los autores del hecho y ratificó el reconocimiento de Hugo Javier Ovelar como uno de los partícipes del asalto, ya que actuó con el rostro descubierto.

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Este sábado, la Policía Nacional detuvo al propietario del arma de fuego que se disparó accidentalmente mientras era manipulada por una niña de 10 años, en el departamento de Paraguarí. La menor falleció anoche mientras estaba internada en el Hospital Nacional de Itauguá.

El hecho se reportó durante la jornada de ayer viernes, en la compañía Mbatoví, del citado departamento. La fiscal Milena Basualdo explicó que la niña que estaba en la casa de sus tíos realizando sus tareas en compañía de sus primos y, aparentemente, necesitaba un lápiz para seguir desarrollando sus actividades, por lo que fue hasta el escritorio donde estaba guardada el arma de fuego.

Cuando se encontró con el arma, la menor decidió tomarla en manos y se salió el disparo. Sus tíos escucharon el disparo y rápidamente llamaron a los bomberos, que la auxiliaron hasta el Hospital Regional de Paraguarí, donde recibió las primeras atenciones, pero debido a la gravedad del caso fue trasladada hasta el Hospital Nacional donde, estuvo internada por varias horas y finalmente se constató su deceso.

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La fiscal ordenó la detención de Iván Guillermo Paredes Davalos, de 64 años, militar jubilado, que sería el propietario del arma de fuego del cual salió el disparo que terminó matando a la niña de solo 10 años. El hombre sería tío de la víctima y permanece recluido en la comisaría primera de Paraguarí.

Basualdo explicó que el militar se expone a una imputación por el supuesto hecho de violación del deber del cuidado. La misma ordenó que el cuerpo de la pequeña sea sometido a una autopsia y luego será entregado a sus familiares.

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