El Poder Judicial de Perú ha dictaminado este jueves 30 meses de prisión preventiva contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el marco del ‘Caso Interoceánica Sur’, específicamente del tramo cuatro.
El exmandatario, que actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo cumpliendo 18 meses, mientras avanza la investigación en su contra, ha interrumpido la lectura del juez para indicar que “en pocos meses” cumple 80 años, argumento con el que buscaba persuadir al letrado de dictar una condena en su contra.
El juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Víctor Zúñiga, ha considerado que Toledo no cuenta con arraigo familiar y laborar en Perú, puesto que fue extraditado de Estados Unidos, y ha señalado que en su caso se cumple el peligro de fuga, según ha recogido el periódico ‘La República’.
La Fiscalía le acusa de haber recibido 20 millones de dólares de la compañía brasileña Odebrecht a cambio de la adjudicación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur. El exdirigente fue extraditado en abril de 2023 por las presuntas irregularidades en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera, por los que las acusaciones piden 20 y 16 años de cárcel, respectivamente.
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Fuente: Europa Press.
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La Fiscalía imputa a Peña y requiere su prisión preventiva
Los fiscales Christian Benítez, Silvia González, Elena Fiore y Ruth Benítez formalizaron el Acta N.º 7 contra el exmandatario y el extitular del BCP.
En un nuevo giro dentro del entramado judicial que rodea la quiebra de ueno bank SA, el Ministerio Público presentó en la mañana del sábado la imputación formal contra el expresidente de la República, Santiago Peña Palacios, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo Spalding, en la Causa Penal N.º 92/2026.
La investigación fiscal sitúa a ambos exfuncionarios en el centro de un esquema de irregularidades en la canalización, renovación y mantenimiento de fondos estatales y previsionales hacia la mencionada entidad bancaria, además de cuestionar la omisión o adulteración de informes de fiscalización del sistema financiero.
Los hechos atribuidos el rol de los imputados
La Fiscalía imputó a Santiago Peña por la supuesta comisión de administración en provecho propio (en calidad de autor) y lesión de confianza (en calidad de instigador).
La hipótesis del equipo investigador señala que, durante su mandato presidencial, Peña influyó directamente en la colocación e inmovilización de recursos públicos en ueno bank, entidad con la que mantenía vínculos económicos y accionarios a través de ueno Holding SAECA.
Entre los elementos recabados figuran registros de reuniones con directivos del Instituto de Previsión Social (IPS) para direccionar inversiones financieras hacia la firma.
Por su parte, a Carlos Carvallo se le atribuyen los hechos de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, todos en calidad de autor.
El Ministerio Público indaga su gestión al frente del BCP por presuntamente flexibilizar la supervisión y omitir alertas sobre límites de exposición crediticia y préstamos a empresas vinculadas del grupo. Asimismo, se analiza una nota remitida al Senado el pasado 7 de octubre de 2026, cuyo contenido habría alterado datos técnicos concluyentes de la banca matriz.
Volumen de fondos y severidad de las medidas cautelares
Reportes de la Dirección General del Tesoro Público (MEF) revelan que, a setiembre de 2026, los depósitos de organismos estatales en ueno bank sumaban aproximadamente G. 3,6 billones (G. 3.608.550.782.201) y USD 233,4 millones.
Ante la magnitud del perjuicio patrimonial estimado y los riesgos procesales, la representación fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la prisión preventiva para Peña y Carvallo, sumada a la inhibición general de vender y gravar bienes, la localización de activos y el bloqueo preventivo de todas sus cuentas bancarias e inversiones.
Expresidente seguirá en el Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva.
Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
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Dalia López es condenada a dos años, pero no pisará la prisión
La empresaria Dalia López admitió judicialmente la falsificación de los pasaportes que involucraron al exfutbolista Ronaldinho Gaúcho y su hermano, y fue condenada a dos años de prisión. Aunque fue condenada, la ejecución de la pena quedó suspendida y la Justicia ordenó retirar la tobillera electrónica que portaba desde su captura.
López se acogió a un procedimiento abreviado en el que reconoció los hechos de producción de documentos no auténticos en el caso Ronaldinho. Los fiscales Cristian Ortiz, Juan Sandoval y José Martín Morínigo dieron luz verde al planteamiento de la defensa técnica, ejercida por los abogados Cristóbal Cáceres Frutos, Víctor Dante Gulino y Álvaro Cáceres.
Finalmente, la empresaria Dalia López Troche fue condenada a dos años de prisión con suspensión a prueba de la ejecución de la pena por el juez penal de Garantías Francisco Acevedo. Además, se ordenó el retiro de su tobillera electrónica y le impusieron millonarias donaciones a instituciones de salud.
Se dispuso la entrega de un total de USD 110.000 y G. 200 millones distribuidos en distintas fundaciones e instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (Incan), el Hospital San Pablo, hogares de niños, entre otros.
También le impusieron medidas como la prohibición de salir del país sin autorización judicial, comparecencia trimestral ante el juzgado y obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio por el lapso de dos años.
El magistrado ordenó el cese de las medidas cautelares y el retiro de la tobillera electrónica que utilizaba bajo arresto domiciliario.
ANTECEDENTES
El escándalo estalló en marzo de 2020, cuando Ronaldinho y su hermano fueron detenidos en Paraguay por usar pasaportes falsificados.
En ese momento, el Ministerio Público identificó a Dalia López como la líder de la red delictiva que adulteraba los documentos. López permaneció prófuga hasta que fue capturada por la policía en Asunción en abril de 2026.
Tras recibir arresto domiciliario con tobillera electrónica bajo una millonaria fianza, el proceso cerró el 6 de noviembre y admitió su culpabilidad en un juicio abreviado que le otorgó una pena suspendida.
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Mandatarios respaldan la llegada de Alliana a la presidencia y ratifican lazos con Paraguay
Varios mandatarios utilizaron sus redes sociales para pronunciarse sobre la asunción de Pedro Alliana como jefe de Estado del Paraguay, tras la salida de Santiago Peña vía juicio político. Las altas autoridades destacaron el respeto a la institucionalidad y la democracia como herramienta para superar el conflicto financiero y político generado tras la disolución de ueno bank.
“Expreso mis mejores deseos de éxito al presidente Pedro Alliana, quien asume la conducción de la hermana República del Paraguay tras el proceso de sucesión constitucional. Desde el Perú, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer los históricos lazos de amistad y cooperación que nos unen, así como nuestro firme compromiso con la democracia y la institucionalidad en la región”, indicó la presidenta del Perú, Keiko Fujimori.
Mientras que el mandatario de Chile, José Antonio Kast Rist, indicó que “mis felicitaciones al nuevo presidente de Paraguay que ayer asumió el cargo. Chile y Paraguay comparten valores y desafíos comunes, como la seguridad, el combate al crimen organizado y el crecimiento económico. Espero que nos encontremos pronto para seguir construyendo una relación de amistad y trabajo concreto entre nuestros pueblos. Mucho éxito, presidente”.
Por su parte, el jefe de Estado de Panamá, José Raúl Mulino, indicó que “el lunes sostendré una conversación con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana. La relación bilateral es importante y se lo reiteraré”.
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También se pronunció el ministro de Relaciones de Israel, Gideon Sa’ar, quien mencionó que “el Estado de Israel felicita al presidente Pedro Alliana con motivo de su asunción a la presidencia de la República del Paraguay. Le deseamos el mayor de los éxitos en el ejercicio de sus funciones y reafirmamos nuestro firme compromiso de seguir fortaleciendo los históricos lazos de amistad, cooperación y asociación que unen a nuestros países”.
Mientras que Taiwán, a través de su embajada en nuestro país, reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto al gobierno y al pueblo paraguayo “para impulsar proyectos de cooperación en salud y educación, fortalece el comercio bilateral, promover las inversiones y contribuir a la diversificación de la economía en Paraguay, con el propósito de generar más oportunidades y bienestar para nuestros pueblos”.
A la vez desde la Unión Europea (UE), reafirmaron la cooperación con el gobierno de Paraguay. “Desde la Delegación de la Unión Europea en Paraguay, extendemos nuestros mejores deseos al Presidente Pedro Alliana y reafirmamos nuestros lazos de amistad y cooperación con el país, basados en valores compartidos”.
Desde la cancillería paraguaya a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, se informó que, por instrucciones de Alliana, el alto funcionario de Estado mantuvo en el transcurso de la mañana de este sábado conversaciones con gobiernos de diferentes países para ratificar la continuidad de las líneas de la política exterior del Paraguay.
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Expresidente del BCP imputado por tres hechos punibles en el caso ueno bank
El Ministerio Público imputó este sábado al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Como parte de las diligencias, los agentes fiscales incorporaron informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.
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La Fiscalía también requirió la prisión preventiva para Carvallo, quien se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. A la vez ordenó la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
Según la hipótesis fiscal, entre el 2023 y 2026 la entidad bancaria habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
De acuerdo con el informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al mes de setiembre de 2026 los fondos correspondientes a organismos y entidades del Estado depositados en ueno bank habrían alcanzado aproximadamente G. 3.608.550.782.201 y USD 233.400.495.
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