El hijo del presidente Joe Biden, Hunter, solicitó el jueves a la justicia federal que desestime casos en su contra por posesión ilegal de un arma y evasión de impuestos, citando un argumento legal planteado por Donald Trump en otra causa.
Hunter Biden, de 54 años, fue condenado en junio en Delaware por posesión ilegal de un arma en 2018, en un fallo histórico del primer juicio al hijo de un presidente en ejercicio.
También tiene cargos por evasión de impuestos en California, en un juicio previsto para septiembre.
Los abogados de Hunter solicitaron que los jueces de Delaware y California desestimen ambos cargos, citando un fallo de una juez de Florida el lunes en un caso que involucra al expresidente Donald Trump.
La juez Aileen Cannon anuló una causa penal contra Trump por mala gestión de documentos secretos cuando salió de la Casa Blanca en 2021, al considerar que el fiscal especial Jack Smith, responsable de presentar los cargos contra el expresidente, fue nombrado ilegalmente.
Los abogados de Hunter Biden estimaron que los dos cargos contra su cliente, que fueron presentados por un fiscal especial, deben ser desestimados por el mismo motivo establecido por la jueza Cannon.
“El Fiscal General se basó en la misma autoridad para nombrar al fiscal especial tanto en el caso de Trump y Biden, y los dos nombramientos deberían ser invalidados”, dijo Abbe Lowell, uno de los abogados de Hunter.
“Diferentes acusados pero el mismo defecto constitucional”, añadió.
Smith, el fiscal especial en el caso de Trump, apeló la decisión de la jueza Cannon.
Hunter fue declarado culpable en un tribunal de su ciudad natal Wilmington (Delaware) de los tres cargos que se le imputaron: dos por mentir en la documentación para adquirir el arma, un revólver calibre 38, y uno más por su posesión ilegal después de la compra.
El hijo del presidente, que ha hablado sin tapujos de su adicción al crack, sostiene que cuando compró el arma no se consideraba a sí mismo un adicto.
Hunter Biden ha estado durante mucho tiempo en la mira de los republicanos, que impulsaron una exhaustiva investigación dentro del Congreso señalándolo de corrupción y tráfico de influencias, aunque nunca se presentaron cargos en su contra por eso.
Sus negocios en China y Ucrania también sirvieron de base para que los republicanos intentaran abrir procesos de juicio político para destituir a su padre, pero esos esfuerzos no prosperaron.
Fuente: AFP
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Victoria definitiva: jueza de EE. UU. cierra el caso de interferencia electoral contra Donald Trump
Una jueza aceptó este lunes cerrar el caso contra Donald Trump por el presunto intento de alterar los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden.
La jueza federal Tanya Chutkan siguió las recomendaciones del fiscal especial Jack Smith, quien optó por cumplir la política adoptada hace más de 50 años por el Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en ejercicio.
Smith también renunció a procesar al magnate republicano por guardar documentos clasificados después de irse de la Casa Blanca, el otro caso federal que tenía pendiente.
Desde las elecciones del 5 de noviembre, Donald Trump, que asumirá el cargo el 20 de enero, tenía casi garantizado que se libraría de estos dos casos.
En el primero, en Washington, la jueza Chutkan aprobó rápidamente la petición de Jack Smith de desestimar los cargos, sin prejuzgar si deben reabrirse al final del mandato del republicano de 78 años.
Esta recomendación es “coherente con la interpretación de la fiscalía de que la inmunidad concedida a un presidente en ejercicio es temporal, expirando cuando abandona el cargo”, dijo.
El fiscal especial ya había cancelado todas las fechas del calendario judicial para los dos casos, dándose de plazo hasta el 2 de diciembre para “analizar esta situación sin precedentes”.
El Departamento ha seguido la política de no procesar a un presidente en ejercicio desde 1973, en pleno escándalo del Watergate, pero el caso de Trump, elegido presidente tras ser procesado penalmente, es inédito.
Tal vez en el 2029
El fiscal especial recomendó a la jueza que desestimara el caso a la luz de esta política pero dejó abierta la posibilidad de que pueda reactivarse una vez que Trump deje el cargo, en principio en 2029.
La posición sobre “la acusación contra el demandado no ha cambiado”, recalcó, “pero las circunstancias sí”.
“Desde hace mucho tiempo, la posición del Departamento de Justicia ha sido que la Constitución de Estados Unidos prohíbe la acusación federal y el posterior enjuiciamiento penal de un presidente en funciones”, explicó el fiscal.
Fuente: AFP
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Violencia contra mujeres: cifras de una triste realidad en Itapúa
Por Rocío Gómez, corresponsal en Itapúa
Vamos a hacer una comparación asquerosa, hablemos del famoso “pique” o pulga de pie. Cuando tenés un pique, normalmente en los pies, lo primero que sentís es una molestia y lo único que ves al comienzo es un pequeñito punto negro. Si sos citadino o extranjero, lo primero que podés pensar es una espina, o una picadura de algún bicho, pero si sos paraguayo, inmediatamente sabrás que ese puntito negro significa que debajo de la piel hay más de 200 huevos de pique y pus.
Hoy quiero comparar el pique con la cantidad de denuncias recepcionadas por violencia contra las mujeres. Porque el puntito negro solo es la punta del problema, al igual que las denuncias son solo la punta del problema muchísimo mayor de violencia que enfrentan las mujeres en el interior.
Denuncias y juicios
En Itapúa, desde enero hasta octubre del 2024, el Ministerio Público recepcionó 1.308 denuncias por violencia familiar, entre ellas maltrato verbal, golpes, abuso sexual, manipulación y amenazas.
En el Palacio de Justicia de Encarnación, desde enero a octubre del 2024, se registraron 4 casos de feminicidio y 244 casos de violencia familiar que llegaron a instancias judiciales a través de los juzgados de garantías del n.º 1 al 5 en Encarnación, el juzgado de garantías de María Auxiliadora, el juzgado de garantías de San Pedro del Paraná y el juzgado penal de la adolescencia.
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Respecto a condenas en este año, no podemos dejar pasar dos ejemplares condenas por feminicidio y una condena por tentativa de feminicidio. La primera fue de 30 años al expolicía, suboficial Ramiro Rodas, quien asesinó a su pareja Alicia Fernández de 37 años en el distrito de San Juan del Paraná. El feminicida la violó, mordió y estranguló, y fue el hijo que tenían en común quien encontró a su mamá sin vida a la mañana siguiente.
La segunda condena sentenció a 23 años a Lelio Lugo, un hombre que golpeó a su pareja Lourdes Ramona Mareco de 49 años en la cabeza y la arrojó al empedrado desde su vehículo en movimiento en Pirapey km 40. Y la última condena por feminicidio en grado de tentativa fue a Javier Maqueda Garay, sentenciado a 17 años de prisión por atacar con un cuchillo a su expareja Laura Garcete, a quien hirió en el rostro y cuello, sobrevivió porque los hermanos la auxiliaron. Ocurrió en Cambyretá.
Todos estos casos son un puntito negro de la violencia que existe en el interior del país, dicho en otras palabras, la punta del iceberg.
Falta de conocimiento de las leyes
Una de las magistradas del tribunal de sentencia que estuvo detrás de varias condenas ejemplares este y otros años es la jueza Liz Sanabria de Gneiting, quien expresa la preocupación desde el ámbito judicial por la falta de denuncias a raíz del desconocimiento de las leyes, el temor por la falta de protección y la falta de tribunales y juzgados especializados en violencia contra la mujer.
“Nos damos cuenta del aumento significativo de violencia contra las mujeres y por ende contra niños, por la cantidad de casos de juicios que manejamos por día. Son prácticamente 5 juicios por día y de ellos 3 son abusos sexuales en niños y 2 de violencia. Luego se divide en los demás hechos punibles comunes, hurto, homicidio, estafa, pero el mayor índice en primer lugar es el abuso sexual en niños, la prestación alimentaria y la violencia familiar donde generalmente la principal víctima son las esposas, y las víctimas colaterales, los hijos”, expresa la magistrada.
Desde el estrado, los jueces escuchan todo tipo de historias, pero las que más consternan son sobre mujeres que no se animan a denunciar, e incluso que si denuncian, no tienen respuesta efectiva del Estado ni acceso a la justicia. Su principal inquietud es que las mujeres tengan un acceso efectivo a la justicia, con respuestas prontas por parte de la Fiscalía y emisiones de medidas cautelares inmediatas por parte de los juzgados de paz. Cada denuncia con respuesta efectiva de los órganos de justicia significa que se puede salvar una vida.
Sin embargo, los jueces preocupados en Itapúa por esta realidad no solo luchan contra la violencia desde sus despachos y salas de juicio, sino que viajan al interior del séptimo departamento para capacitar sobre las leyes que amparan a las mujeres víctimas de violencia, enseñando tanto en escuelas como en barrios las vías legales para proceder apenas sufren amenazas o golpes.
Hace algunas semanas implementaron como capacitación el proyecto “el juez que yo quiero” de la Corte Suprema de Justicia y capacitaron en los distritos de Tomás Romero Pereira, Cambyretá, Carmen del Paraná y comunidades indígenas de Trinidad y otros puntos, rotando los jueces que participaron según disponibilidad de tiempo.
“Tratamos de llegar a la gente para que sepa que no está sola, y para que conozcan cuáles son los lugares y los números a los que pueden recurrir. Llevamos hace poco el móvil mujer al distrito de Carmen del Paraná y recibimos muchas consultas sobre cómo denunciar en casos de violencia y eso es porque las políticas públicas de prevención no están funcionando tan bien y no están llegando a los sector más alejado de las redes sociales y de la televisión, donde se suelen ver los números de fonoayuda por ejemplo. Se debe llegar a la mujer rural, y no solo a las mujeres de la ciudad”, dice con desazón Sanabria.
La mujer rural
En el interior se vive una realidad bastante distinta que en la ciudad, y con las experiencias de capacitar sobre leyes, pudieron observar los marcados horarios, permisos y trabajo que tienen las mujeres. Cuando las actividades rondaban las 17 horas, la mayoría de las mujeres se retiraron porque alegaban que debían meter las vacas a las casas, pero luego confesaban que sus maridos no las dejaban estar fuera del hogar una vez que oscurece.
“La mujer rural trabaja muchísimo y a la par del hombre, y donde está el reconocimiento de los derechos que ella tiene. Es una muestra clara que existe el machismo muy arraigado en nuestra sociedad. Lo vemos en todos los ámbitos. El hombre aún no tiene ese respeto de igualdad que debe tener a las mujeres”, apunta la magistrada.
Si bien, la cantidad de juicios por abuso y violencia indican que la gente se está enterando que puede denunciar, la realidad demuestra el miedo que sufren las víctimas. La mayoría de las denuncias llegan por vecinos o personas que conocen sobre los episodios de violencia en las casas. También sucede que una vez que llegan los casos al Palacio de Justicia, las mujeres se quieren desdecir, negar la denuncia y salvar a su pareja o marido, ya sea por dependencia emocional o dependencia económica.
La jueza Sanabria forma parte del proyecto de la creación de los tribunales especializados en violencia contra la mujer, que no fue contemplado en la Ley 5.777. Ella, junto a sus colegas y todos los funcionarios de los órganos de justicia, aguardan la oportuna aprobación e implementación de este proyecto para tratar cada caso de violencia contra las mujeres como corresponde desde el sur del país.
Saquemos el pique
Es hora de sacarnos el pique y el pus que hay detrás, denunciemos los casos de violencia en la comisaría más cercana, los juzgados de paz, la Fiscalía, las oficinas del Ministerio de la Mujer y de la Defensoría Pública, o directamente llamando al 137. Si necesitas orientación legal o psicológica podés llamar al (021)452051/2.
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El canciller Rubén Ramírez conversó con Trump y Musk
El ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, conversó con el presidente electo de los EE. UU., Donald Trump, en Mar-a-Lago; oportunidad que sirvió para analizar la situación política en América Latina, donde conviven países democráticos con los regímenes dictatoriales en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
El canciller paraguayo va consolidando poco a poco su candidatura como secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con los principales líderes mundiales.
La información se dio a conocer a través de las redes sociales del Ministerio de Relaciones Exteriores del Paraguay, en las cuales resaltan que este encuentro da continuidad al diálogo telefónico que mantuvo el presidente Santiago Peña con el presidente electo Donald Trump la semana pasada, estando en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, participando de la Cumbre del G20; permitirá avanzar en la agenda bilateral, en el fortalecimiento de las relaciones y en el desarrollo económico de ambos países.
Luego de la charla con el presidente electo de los Estados Unidos, Ramírez Lezcano también dialogó con el empresario Elon Musk, quien se ha transformado en una figura muy influyente en la transición política rumbo a la Casa Blanca.
De hecho, se ha visto muy seguido a Musk acompañar a Trump en su agenda cotidiana, y fue clave durante toda la campaña electoral del Partido Republicano. El canciller Ramírez aprovechó para saludarlo y conversar sobre las oportunidades que ofrece Paraguay para el desarrollo del ecosistema tecnológico.
Al respecto, el portal digital Infobae destacó en su publicación que las reuniones de Ramírez Lezcano con Trump y Musk son una señal política respecto a la futura administración republicana y su perspectiva sobre el candidato que debería suceder a Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA, que vence su mandato en 2025.
“El presidente electo de Estados Unidos no recibió al adversario de Ramírez Lezcano – propuesto por Surinam– y es muy probable que nunca lo haga por ciertos antecedentes que complican su propia candidatura”, resalta la publicación.
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Por un caso de homonimia: tenebrosa maniobra judicial
Un terrible caso de corrupción entre la Justicia de nuestro país. Un error judicial resultó en el despojo de 500 hectáreas de tierra a un ciudadano canadiense en Filadelfia, Chaco, mediante un proceso de homonimia y maniobras judiciales irregulares.
Se trata del caso de Peter Neufeld, un hombre de nacionalidad canadiense, casado con una paraguaya, y con varios hijos, perdió su propiedad valorada en 3 millones de dólares debido a un juicio iniciado por una deuda ajena. La firma Tape Ruvicha, que reclamaba el saldo impago de una camioneta, obtuvo una orden judicial de embargo, pero la Justicia vinculó erróneamente al canadiense con otro individuo de nombre similar, el mexicano Peter Neufeld Peters, quien realmente era el codeudor en el caso.
Durante el proceso, funcionarios del Registro Público emitieron una copia del título de la propiedad de Neufeld, a pesar de las advertencias sobre la equivocación de identidad. A lo largo del juicio, se ignoraron evidencias claras de que la propiedad en cuestión no pertenecía al demandado mexicano. Sin embargo, el tribunal procedió a rematar la estancia del canadiense a un valor irrisorio de 250 millones de guaraníes.
El abogado Robin David Miranda Azuaga, quien representa al afectado, solicitó al ministro de la Corte, Eugenio Giménez, una auditoría de la causa y la apertura de sumarios para la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz, el juez Alfredo Barrios, la escribana Lilia Siriaca Sacarello de Carrillo, y otros funcionarios presuntamente implicados en la rosca. Además que se remitan los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Asimismo, presentó una acción autónoma de nulidad en contra de todos los actos judiciales relacionados con el caso.
Según el escrito presentado por el abogado, se pudo constatar una tenebrosa maniobra ilegal y perjudicial, con la transferencia e inscripción de la finca, pero sin que exista constancia de esto.
De acuerdo con el abogado, a través de un oficio la jueza Luz Marlene Ruiz Díaz pidió informes a Registros Públicos sobre Peter Neufeld, con cédula 2.480.560, y esta instancia comunicó que esta persona no tenía registrado ningún inmueble a su nombre. Además, el propio deudor, con cédula paraguaya, intervino en el juicio, por lo que el sistema judicial estaba en conocimiento de quién era el que estaba en mora con el pago de su deuda. Llamativamente se incluyeron en el expediente las fincas del otro hombre con el mismo nombre, pero sin hacer mención a su número de documento extranjero. Esto se habría realizado, según el denunciante, a pedido de la abogada María Silvia Acha, representante de la firma que reclamaba la deuda.
En su momento, la firma Tape Ruvicha salió a defenderse y culpar a Registros Públicos del error cometido, pese a que, según el expediente, desde el primer momento fueron advertidos de que el verdadero deudor no registraba absolutamente nada a su nombre. Hasta ahora, ninguno de los administradores de Justicia explican esta situación. Un alevoso caso de despojo que atenta contra la seguridad jurídica. La Corte Suprema de Justicia debe intervenir y ayudar a limpiar la cara de la sucia Justicia paraguaya. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.