Estados Unidos sancionó ayer miércoles a 21 funcionarios del aparato de seguridad y miembros del gobierno del mandatario venezolano Nicolás Maduro, que los condecorará por ser “eminentes profesionales”, según él.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro sanciona a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que utilizó “sus armas de fuego para reprimir a los manifestantes, arrestar y golpear a menores, y llevar a cabo detenciones arbitrarias”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Milicia Bolivariana, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Entre otros destacan los jefes del servicio de inteligencia, Alexis José Rodríguez Cabello, de la DGCIM, general Javier José Marcano Tábata, y de la policía nacional, general Rubén Santiago. Los muy temidos SEBIN y DGCIM suelen ser responsables de detenciones de activistas opositores por acusaciones de “conspiración” contra el gobierno de Maduro.

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Han sido cuestionados por organizaciones de derechos humanos y por la misión de expertos de la ONU encargada de investigar abusos en Venezuela. La policía nacional actúa, por su parte, en el control de manifestaciones y eventos de orden público.

Las sanciones apuntan a varios ministros como el de Comunicación, Freddy Ñáñez, uno de los propagandistas del régimen, presente en casi todas las intervenciones de Maduro, el del Despacho de la Presidencia, contralmirante Aníbal Coronado Millán, el de Planificación, Ricardo Menéndez, y el del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa.

También fue incluida Daniella Desiree Cabello, hija del ministro del Interior Diosdado Cabello. Desde setiembre está a cargo de la Agencia de Promoción de Exportaciones. Los sancionados “han apoyado y llevado a cabo las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil en sus esfuerzos por declararse fraudulentamente ganador de las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio”, afirma el Tesoro en un comunicado.

De esta manera ignoran “la voluntad de la abrumadora mayoría de los votantes venezolanos que eligieron a Edmundo González Urrutia como su próximo presidente”, añade. La oposición reivindicó la victoria de González Urrutia asegurando que tenían el 80% de las copias de las actas que demostraban su triunfo.

El estallido de protestas contra Maduro se saldó con 28 muertos, 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El opositor terminó exiliándose en España, pero ha prometido que será investido como presidente el próximo 10 de enero en Venezuela.

Cuatro meses después de las elecciones, “Maduro y sus representantes siguen proclamando falsamente su victoria y violando los principios democráticos”, afirma el jefe de la diplomacia, Antony Blinken, en otro comunicado. El Departamento de Estado impuso por su parte restricciones de visa a “individuos alineados con Maduro”.

Las sanciones implican el “bloqueo de propiedad y suspensión de entrada” en Estados Unidos “por ser funcionarios actuales o anteriores” del gobierno de Venezuela, informa el Tesoro. Hasta la fecha casi 2.000 venezolanos sancionados tienen prohibida la entrada a Estados Unidos. Caracas ha tardado horas en reaccionar públicamente.

“He dado la orden de crear en los próximos días la condecoración (...) que llevará el nombre de la Gran Victoria de Ayacucho” y “se la voy a colocar a cada uno de estos hombres que han sido hoy agredidos”, soltó Maduro durante el aniversario de la Aviación Militar de Venezuela tras tachar de “ridículas” las sanciones. Son “eminentes profesionales”, defendió.

Anteriormente contraatacó la cancillería. Las sanciones “son un acto desesperado de un gobierno decadente y errático, que busca ocultar su rotundo fracaso electoral y la grave crisis social en la que deja al país”, sostuvo refiriéndose a la derrota de los demócratas en las elecciones presidenciales frente al republicano Donald Trump.

El gobierno chavista estima que las medidas apuntan a un “grupo de patriotas”. Para Washington, por el contrario, “no se trata simplemente de responsabilizar a Nicolás Maduro” sino a los funcionarios “que actúan ilegalmente para mantener este régimen basado en tácticas represivas”, declaró a periodistas un funcionario gubernamental que pidió el anonimato.

Pero Estados Unidos sigue sin tocar a las licencias petroleras, pese a que la líder opositora venezolana María Corina Machado lo reclama con insistencia. La industria petrolera de Venezuela está sancionada desde 2019, pero Washington otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias compañías, como la estadounidense Chevron.

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“Esto es algo que estamos revisando continuamente mientras buscamos alcanzar nuestros objetivos de política exterior en Venezuela”, afirmó el funcionario. “Porque no hayamos tomado ninguna acción hasta ahora no significa que no tomaremos una en el futuro”, precisó a periodistas otro funcionario que también pidió el anonimato.

En los últimos días ha aumentado la presión internacional sobre el chavismo. El G7, integrado por Estados Unidos, Canadá, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia, consideró a González Urrutia como el ganador de las elecciones. Esto llevó a Maduro, reelecto para un tercer mandato (2025-2031) sin presentar el detalle de las actas electorales, a plantearse revisar las relaciones con estos países.

Fuente: AFP

• Washington, Estados Unidos. AFP.

El presidente estadou­nidense, Joe Biden, renovará esfuerzos para alcanzar un acuerdo de alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, tras la tre­gua concluida entre Israel y el grupo islamista Hezbolá en el Líbano, dijo el miércoles su asesor de Seguridad Nacional.

Estados Unidos ve un “prin­cipio de oportunidad para un Oriente Medio más esta­ble”, afirmó Jake Sullivan en una entrevista con la cadena MSNBC, que resaltó el acuerdo y consideró que es “el resultado de la diploma­cia implacable dirigida por el presidente” demócrata.

Decenas de miles de libane­ses expulsados por el conflicto regresaban a sus hogares gra­cias a esta tregua que entró en vigor ayer miércoles.

“El presidente Biden tiene la intención de ponerse manos a la obra hoy ordenando a sus emisarios que se pongan en contacto con Turquía, Qatar, Egipto y otros actores de la región” con vistas a un cese el fuego y un acuerdo para la liberación de rehenes en manos del grupo palestino Hamás en la Franja de Gaza.

Hezbolá abrió un “frente de apoyo” a Hamás en octubre de 2023, ante una amplia ofensiva israelí en Gaza en represalia por un ataque sin precedentes del movi­miento palestino. El alto el fuego en el Líbano fue salu­dado el miércoles por un alto responsable de Hamás, que dijo estar “listo” para una tregua con el ejército israelí en la Franja de Gaza. Qatar también espera un “acuerdo similar2 al del Líbano des­pués de 13 meses de con­flicto.

El enviado especial del presi­dente estadounidense, Amos Hochstein, muy implicado en las negociaciones entre Israel y Hezbolá, también ve una oportunidad para un cese el fuego en Gaza.

A través de una carta enviada desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió al mandatario Santiago Peña en la que expresó su satisfacción por poder conocerlo personalmente en el marco de la Cumbre del G20. Además, destacó a nuestro país por ser un gran aliado de la nación norteamericana.

“Fue un placer conocerte durante la cumbre del G20 en Río de Janeiro. Paraguay es un socio importante de los Estados Unidos y sé que la relación entre nuestros países se está fortaleciendo cada día bajo su liderazgo”, reza la carta que fue compartida por el jefe de Estado paraguayo a través de su cuenta de X.

A esto añadió, “quiero darte las gracias por nuestra conversación en el G20 y me alegró también que pudiera asistir a la reunión que el Secretario Blinken, que fue convocada al margen de la cumbre, su apoyo a la democracia en Venezuela y a la seguridad en Haití es esencial y se lo agradezco”.

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Biden también se refirió al estado de salud de Peña, quien durante su estadía en la cumbre en Río de Janeiro, Brasil, se descompensó y fue internado brevemente en un hospital. Respecto a esto, el presidente norteamericano indicó que se preocupó por este suceso y que luego lo alegró saber que fue dado de alta y pudo continuar con sus actividades.

“Espero que tengas una recuperación rápida y completa y que sigas sintiéndote bien”, afirmó Biden. El presidente Peña agradeció el gesto de su par estadounidense y resaltó la visión compartida entre los dos países a favor de la defensa de la democracia. “Basados en nuestra relación histórica, seguiremos trabajando juntos con los Estado Unidos para consolidar esos valores y principios en la región”, sostuvo el jefe de Estado de Paraguay.

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Senadores de las diferentes bancadas de la oposición impulsan la modificación del artículo 17 de la Ley n.° 6534/20 de protección de datos personales crediticios con el fin de establecer un monto mínimo de deuda de una persona que justifique la publicación, difusión o transmisión por parte de los burós de información crediticia de dicha operación.

El documento propuesto por Ignacio Iramain, José Oviedo, Esperanza Martínez, Líder Amarilla, Ever Villalba, Rafael Filizzola y Rubén Velázquez tuvo entrada oficial el pasado 20 de noviembre. Indica que en el marco legal vigente cualquier monto de deuda, por insignificante que sea, puede ser objeto de divulgación en los burós de información crediticia.

“Esta práctica genera una evidente injusticia, ya que equipara el impacto negativo en la reputación y el historial crediticio de una persona que adeuda una pequeña suma con el de otra que mantiene una deuda mucho mayor”, sostienen.

Indican además que la publicación indiscriminada de deudas mínimas puede tener consecuencias muy negativas para las personas, afectando sus oportunidades laborales, relaciones comerciales e incluso su bienestar emocional.

“Principalmente en el ámbito laboral, sigue existiendo la practica por parte de muchos empleadores que no contratan a quienes figuran en estos burós crediticios, lo cual convierte el problema en un eterno ciclo, porque no hay forma que un trabajador salga de esa lista sin pagar y para ello, necesita un trabajo que se le niega por estar incluido en dichas carteras. Por eso se hace necesario ocuparnos de este problema y buscar una solución”, sostienen.

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De esta forma afirman que la iniciativa busca establecer un monto mínimo de deuda por encima del cual se permita la inclusión en la base de datos de los burós de información crediticia. “Con esto, se busca proteger a los deudores de montos menores de los efectos desproporcionados de la publicación de sus datos financieros. Al exigir un monto mínimo significativo, se garantiza que la divulgación se limite a casos en los que la deuda representa un riesgo real para el acreedor y se evita el daño reputacional injustificado de la persona”, mencionan.

La propuesta expresa que no se tramitarán ni divulgarán los datos crediticios de deudas vencidas no reclamadas judicialmente que hayan superado 3 años de inscripción, las deudas canceladas de manera inmediata, una vez recibida la notificación de la fuente de información, los juicios de convocatoria de acreedores después de 5 años de la resolución judicial que la admita y los datos crediticios de deudas de personas físicas que en su totalidad no superen 2 salarios mínimos legales vigentes en una misma entidad.

Actualmente el proyecto fue girado a las diferentes comisiones asesoras para sus correspondientes dictámenes ya sea por la aprobación o rechazo para su posterior tratamiento en el pleno. En caso de lograr su sanción en el Congreso Nacional y su posterior promulgación en el Ejecutivo se publicará y divulgará las deudas de personas físicas a partir de G. 5.596.618.

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