El Ejército de Ecuador ha informado del hallazgo de estancias para presos lujosamente decoradas, una discoteca e incluso una piscina en una cárcel del centro de Ecuador, en el marco de la campaña de investigación de las prisiones iniciada tras la “guerra” declarada a los grupos criminales por el Gobierno, que incluye la declaración del estado de excepción y el toque de queda.
El vídeo publicado en redes sociales muestra un puesto de vigilancia y control de los agentes penitenciarios del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi que había sido convertido en una estancia VIP para presos.
En la estancia había camas dobles, luces empotradas, ropa de marca, una piscina y una discoteca con luces led con bebidas alcohólicas caras y droga.
La intervención militar ha puesto fin a estos privilegios para determinados presos y en cambio se han instaurado servicios básicos, como los de peluquería o abastecimiento de medicamentos.
“Si alguno requiere atención médica bajo el resguardo del personal militar es trasladado al policlínico”, ha explicado un portavoz militar, que ha destacado además el fin de los pagos por dormir, por ir al baño o por alimentos adicionales.
“La verdad, no comíamos todos. A nosotros solo nos hacían una supuesta sopa que era agua con huesos. Los embutidos y atunes eran para comandantes. Eso comían ellos y a nosotros nos daban pura agua”, ha denunciado uno de los presos.
La violencia estalló en el país después de que el 7 de enero se descubriera la fuga de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional de Guayaquil. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de excepción ante la existencia de un “conflicto interno armado” debido a la actividad de grupos “terroristas”.
Fuente: Europa Press
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Triple choque en Sanber: jueza decretó prisión en la cárcel de Emboscada de Sanabria Vierci
La jueza penal de Garantía, Silvia Carolina Cáceres, decretó la prisión preventiva de Eugenio Sanabria Vierci, imputado por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre por el accidente fatal que se registró en la ruta Luque- San Bernardino.
Sanabria Vierci pasará a estar recluido en la penitenciaria de Emboscada una vez que tenga el alta médica. Asimismo, los médicos del centro asistencial donde está internado el imputado deberán informar del estado de salud al juzgado cada 24 horas.
La resolución se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares, diligencia judicial llevada a cabo en el sanatorio privado.
La agente fiscal Zulma Benítez imputó por homicidio culposo y exposición al peligro en el tránsito terrestre a Eugenio María Sanabria Vierci, de 68 años, luego de que el mismo protagonizara un accidente fatal en el tramo de la ruta Luque-San Bernardino. Otro hecho grave fue que el autor del accidente dio positivo al alcotest con 0,622 mg/l de alcohol en sangre.
En el automóvil de la marca Kía Picanto viajaba una familia con cuatro integrantes, tres de ellos fallecieron. Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años, y un hijo de ellos de tan solo cuatro años.
La única que hasta el momento pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años. La niña está internada luchando por su vida en el área de terapia intensiva del Hospital de Trauma. El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años, y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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Peña canceló su presencia en la Cumbre Iberoamericana ante crisis en Ecuador
El presidente de la República, Santiago Peña, tomó la decisión de no viajar a la ciudad de Cuenca, Ecuador para acudir a la XXIX Cumbre Iberoamericana debido al inestable escenario político y social por el que atraviesa el mencionado país, según fuentes del Poder Ejecutivo.
La información fue dada a conocer en la noche de este último miércoles. El evento de más alto nivel político que reúne a jefes de Estado y de Gobierno de Latinoamérica, España y Portugal bajo el lema de “innovación, inclusión, sostenibilidad” inició ayer y para mañana viernes se prevé la sesión de alto nivel en la que debía acudir inicialmente el economista.
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En la citada actividad también se concretará el traspaso de la secretaría pro tempore de la Cumbre Iberoamericana de Ecuador a España. Peña había anunciado a la prensa su intención de participar en este importante foro, donde se prevé también debatir sobre la situación regional, marcada por tensiones políticas en países como Venezuela y el impacto de la vuelta del republicano Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, tras consagrarse victorioso frente a la demócrata Kamala Harris en las pasadas elecciones generales del 5 de noviembre.
Entre los líderes que ya llegaron a Cuenca figuran el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, y el rey de España, Felipe VI, mientras que se espera también la llegada del jefe de gobierno de Andorra, Xavier Espot. De acuerdo a las publicaciones de los medios ecuatorianos la cumbre de este año se encuentra marcada por una baja participación de jefes de Estado desde el inicio de estos encuentros en el año 1991.
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Crisis política en Ecuador: Congreso desconoce suspensión de vicepresidenta
El Congreso de Ecuador, de mayoría opositora, resolvió ayer miércoles “desconocer” por “inconstitucional” la suspensión por cinco meses de la vicepresidenta Verónica Abad, crítica del mandatario Daniel Noboa, ordenada por el Ministerio de Trabajo y que derivó en una crisis política.
Con el voto de 86 de sus 137 miembros, la unicameral Asamblea Nacional aprobó “desconocer la sanción establecida en contra de la señora María Verónica Abad Rojas, en su condición de vicepresidenta”, según la resolución.
El Parlamento anunció que también presentará ante la Corte Constitucional una acción de interpretación de varios artículos de la Carta Magna, relativos a quién debe reemplazar al presidente y vicepresidente en caso de ausencia. El lunes, el gobierno designó a la ministra de Planificación, Sariha Moya, vicepresidenta interina en medio de la crisis política que se desató por la suspensión temporal de Abad.
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Esa sanción impediría a Abad asumir la presidencia cuando Noboa se lance en campaña en enero por la reelección en los comicios generales de un mes después, como determina la ley. La cartera de Trabajo ordenó el sábado la suspensión del cargo sin derecho a sueldo de Abad por el “abandono injustificado” de sus funciones, que equivale a una “falta grave” a la ley de servicio público.
Noboa y Abad, ambos empresarios y con poca experiencia política, fueron la sorpresa en los comicios anticipados de 2023 al ser elegidos en binomio, pero mantienen una tirante relación desde la campaña electoral. Poco después de asumir sus cargos, en noviembre de ese año, el mandatario nombró a su vice embajadora en Israel.
En setiembre, ante una escalada del conflicto en Oriente Medio, Abad fue trasladada a Turquía por seguridad. Para la suspensión de la vicepresidenta, la cartera de Trabajo argumentó que la funcionaria debía instalarse en Ankara hasta el 1 de setiembre, pero que llegó cinco días después.
El Congreso decidió también “condenar” las acciones de la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, quien “de manera inconstitucional e ilegal estableció un procedimiento especial para sancionar mediante sumario administrativo a servidores públicos excluidos de la carrera del servicio público”.
Abad sostuvo el domingo que para sancionarla se consideró “una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República cuando el presidente candidato entre en su campaña”, para lo que por ahora lidera la intención de voto.
Fuente: AFP
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El Salvador: familiares de presos claman por una “prueba de vida”
Jonathan Santos se entretenía con un videojuego cuando lo detuvieron en su casa durante una operación antipandillas cerca de San Salvador. Dos años después, su padre ruega que le dejen verlo “aunque sea un minuto” para saber que está vivo.
En su modesta casa en Soyapango, una localidad a 12 km de la capital que estuvo controlada por la temida Mara Salvatrucha, Reynaldo Santos muestra a la AFP fotos de su hijo de 22 años y un fajo de documentos sobre su caso. “Aquí no me da la suficiente certeza de que pueda estar vivo”, dice este panadero de 57 años, señalando papeles donde las autoridades le informaban en marzo y octubre que su hijo tenía “gastritis”.
El joven fue apresado en diciembre de 2022 cuando soldados y policías cercaron Soyapango en la “guerra” contra las pandillas que inició ese año el presidente Nayib Bukele, quien goza de enorme popularidad y un poder estatal casi absoluto.
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Según la oenegé Socorro Jurídico Humanitario, hay unos 30.000 inocentes entre 83.000 personas detenidas, sin orden judicial y acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, bajo un régimen de excepción que rige en el país desde marzo de 2022.
De visita en Costa Rica, Bukele dijo este martes que esas cifras de inocentes son “inventadas” por oenegés “de izquierda”, pero admitió: “Ya hemos liberado 8.000 personas (...) No hay ninguna policía del mundo que sea perfecta”, expresó.
Las visitas carcelarias están prohibidas, los presos incomunicados y muchas familias no saben dónde o cómo se encuentran. Santos lleva cada mes comida o ropa al penal La Esperanza, en San Salvador, sin estar seguro de que llegará a su destino.
“Vivo o muerto”
Su congoja, y la de otros cientos de parientes de detenidos, crece ante denuncias de Amnistía Internacional, Socorro Jurídico y el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) sobre más de 300 muertos en prisión desde 2022. A 100 km de San Salvador, en una comunidad agrícola de Jiquilisco (sureste), pobladores cuentan a la AFP que la policía se llevó a 21 jóvenes en un año. Uno de ellos, Emilio Villalta, regresó en un ataúd.
Entre esos detenidos está Eduardo, un exsoldado treintañero. Su padre, Pablo Rivera, agricultor de 54 años, ha hecho de todo para que le dejen verlo: “Lo que quisiera saber es si mi hijo está vivo o muerto”. Bajo el nombre “prueba de vida”, varias ONG lanzaron en octubre una campaña para exigir certificados de exámenes médicos de los reclusos y visitas en las prisiones.
“Es inhumano, totalmente desesperante la situación en la que están miles de personas”, comentó a AFP Mirna Perla, exmagistrada de la Corte Suprema. A las críticas, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, responde que las autoridades actúan “responsablemente” y “velan por que no haya abusos”, al tiempo que acusa a las ONG de servir a los “criminales”.
Al hijo de Santos, obrero de maquila y sin antecedentes penales, lo acusaron, como a la mayoría, de integrar “agrupaciones ilícitas”. Un policía dijo que el videojuego que tenía era “juego de mareros”, cuenta el padre. “Creí que (el régimen de excepción) era para pandilleros, no para inocentes”, expresó Santos, quien tiene colgado en una pared el retrato de su hijo, de chaqueta y corbata, en su graduación en 2019.
Cartas de “libertad”
Entre gallinas, en su casa en Jiquilisco, Jesús Alvarado, una mujer de 52 años que lava ropa ajena, relata que su hijo José, un conductor de tractores de 27 años, sigue preso pese a tener dos órdenes judiciales de “inmediata libertad” emitidas en 2022 y 2023. Para esta madre de seis hijos fue “muy duro”, dice entre sollozos, saber que lo llevaron al CECOT, una megacárcel donde están recluidos quienes las autoridades consideran pandilleros de mayor peligrosidad.
“No sé por qué no me lo han entregado. Le pido al presidente que me deje ver a mi hijo... o una llamada. Son tres años ya que no lo veo”, lamentó. La abogada Ingrid Escobar, de Socorro Jurídico, dijo a la AFP tener informes de “cientos que ya tienen órdenes de libertad”, pero las autoridades penitenciarias no las acatan.
En un hecho insólito, un tribunal llegó a dictar 24 “cartas de libertad” a favor del joven empresario Melvin Ortiz, pero fue excarcelado apenas en octubre, luego de que esa ONG denunció el caso en instancias de la ONU. Santos no aspira aún a tanto. Solo pide “un minuto” con su hijo para decirle que está dando “la lucha” por él.
Fuente: AFP