Un policía que también era creador de contenidos de nota roja en redes sociales fue asesinado a balazos ayer miércoles en el balneario mexicano de Acapulco (sur) luego de transmitir en directo, informaron autoridades locales. Ronald Paz Pedro apareció en su último video en su página de Facebook, a plena luz del día, para denunciar un boquete enorme en una calle transitada.

“No más vinieron a hacer su desastre”, añadió el policía, vestido de civil, mientras critica a la alcaldía. Momentos después, según reporte policial, el comunicador fue atacado a balazos. “Condenamos enérgicamente esto”, dijo a la AFP el secretario de Seguridad municipal, Eduardo Bailleres, quien confirmó que la víctima era elemento de la corporación.

En 2019, según medios locales, Paz denunció amenazas por parte del entonces jefe de la policía. “Soy un fanático de las noticias y las comparto diariamente contigo”, se presentó Paz en el último mensaje de su página, con 15.000 seguidores. En un ataque por separado, otro policía fue asesinado, añadió Bailleres.

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México cuenta a varios de los más populares influencers de Latinoamérica, además de muchos otros conocidos localmente pero que también se han convertido en blanco de amenazas. En mayo pasado, fue asesinado otro infuencer de Acapulco, José Carlos González, conocido como “Fénix” y que tenía una página de Facebook de noticias con unos 142.000 seguidores. En ese mismo mes, Valeria Márquez, una creadora de contenidos sobre belleza de 23 años, fue ultimada en una transmisión en vivo en suburbio de Guadalajara (oeste).

El pasado 9 de enero, medios reportaron que una avioneta arrojó en Culiacán (noroeste) panfletos que amenazaban a una veintena de artistas y youtubers por supuestos tratos con una facción del cartel de Sinaloa. En medio de la ola de violencia ligada al crimen organizado, más de 480.000 personas han sido asesinadas en México desde diciembre de 2006, cuando se lanzó una criticada estrategia militar antidrogas.

Fuente: AFP.

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Una decena de pistoleros que operaban en una finca de México que servía de centro de reclutamiento forzado del narcotráfico fueron condenados este martes a penas individuales de 141 años de prisión por homicidio y secuestro. Los condenados fueron detenidos en septiembre tras enfrentarse a policías y guardias nacionales en ese predio, conocido como rancho Izaguirre, que era usado además como campo de entrenamiento y donde tenían secuestrados a dos hombres, mientras un tercero fue hallado muerto.

“A 141 años y tres meses de prisión fueron sentenciados” cada uno de los procesados por un cargo de homicidio y dos de desaparición (secuestro), detalló en un comunicado la fiscalía de Jalisco. El rancho Izaguirre cobró notoriedad luego de que en marzo Guerreros Buscadores, un colectivo que busca a desaparecidos, denunció que en la misma finca habían localizado cientos de objetos que serían de esas personas.

En el lugar los activistas hallaron zapatos apilados, ropas y cuadernos en los que había escritas supuestas lecciones sobre el uso de armas. También informaron del hallazgo de supuestos crematorios y huesos calcinados, lo que llevó a integrantes de Guerreros Buscadores a denunciar un “campo de exterminio”.

Pero las autoridades federales han señalado que no hay indicios de que la hacienda fuera un “campo de exterminio” con “hornos crematorios”, como denunció el colectivo. Sí ha reconocido que el lugar servía de campo de entrenamiento de personas reclutadas por la fuerza o bajo engaños por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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La fiscalía general asumió las investigaciones en marzo luego de señalar distintas irregularidades de autoridades de Jalisco. Los pistoleros sentenciados fueron enjuiciados exclusivamente por los hechos ocurridos en septiembre, sin que se conozca si han sido interrogados en torno a las actividades de reclutamiento forzado.

Según colectivos de buscadores y medios mexicanos, numerosas personas, sobre todo jóvenes, son atraídas por falsas ofertas de trabajo con jugosos salarios, pero han sido reportadas como desaparecidas tras acudir a las supuestas entrevistas con los empleadores.

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Desde marzo, otras 15 personas han sido detenidas en relación con la finca ubicada en el municipio de Teuchitlán, entre ellos un jefe policial, dos de sus agentes y un alcalde. El CJNG es una de las bandas criminales más poderosas del país y ha sido designada como “terrorista” por Estados Unidos.

Este caso ha tenido gran repercusión en México, país que suma más de 127.000 desaparecidos, la mayoría desde 2006, cuando el gobierno federal lanzó un criticado operativo militar antidrogas. Jalisco encabeza los registros de desaparecidos en México, con más de 15.000 casos, según cifras oficiales.

Fuente: AFP.

Un alcalde del noreste de México, médico de profesión, atendió la madrugada del martes un parto en medio de una tormenta luego de que la madre quedó atrapada en una brecha anegada. Miguel Alejandro Zúñiga, alcalde de González, en el estado de Tamaulipas (noreste), informó que mientras se dirigía a una zona incomunicada por las intensas precipitaciones, recibió el llamado de que una joven a punto de dar a luz y su madre, que estaban atrapadas en un tramo carretero.

“Pudimos llegar a tiempo para auxiliar a Debany (la madre) y asistir el parto”, escribió en sus redes sociales el alcalde. Sin posibilidad de llegar a un hospital, Zúñiga asistió el parto en el asiento trasero de una camioneta, trayendo al mundo a una niña.

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El estado de Tamaulipas, fronterizo con Estados Unidos, se ha visto afectado por el paso de la tormenta tropical Barry, que se formó en el Atlántico y toco tierra el pasado domingo.

Aunque se dispersó el lunes, los remanentes del meteoro han causado intensas precipitaciones que tienen caminos cortados y algunas comunidades anegadas. México sufre todos los años el embate de ciclones, tanto en la costa del Pacífico como en la del Atlántico, normalmente entre mayo y noviembre.

Fuente: AFP.

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Policías investigadores hallaron 381 cadáveres amontonados en un crematorio privado de Ciudad Juárez, en el norte de México, informó el domingo pasado la fiscalía local, que atribuye esta situación a una negligencia de los administradores del negocio. “Se hizo el conteo general, preliminarmente tenemos 381 cuerpos que estaban depositados de manera irregular en el crematorio, que no fueron cremados”, dijo a la AFP Eloy García, coordinador de comunicación de la fiscalía estatal de Chihuahua, el estado donde se localiza Ciudad Juárez.

El funcionario dijo que los cadáveres se hallaban “apilados” sin ningún orden en varios ambientes del inmueble donde opera el crematorio. Estaban “aventados así nada más, de manera indiscriminada, uno sobre otro, en el piso”, describió García. Señaló que todos los cuerpos estaban embalsamados y se presume que cuentan con un certificado de defunción, según lo estipula el protocolo para el procesamiento de restos humanos.

La hipótesis de la fiscalía es que la gran mayoría de estos cuerpos fueron velados y luego trasladados al crematorio para su incineración y entrega a los deudos. “En tanto que esos 381 cuerpos no fueron cremados, en lugar de cenizas de ellos se entregó otro material” a los familiares, explicó García.

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Por la cantidad de cadáveres y la capacidad del crematorio, las autoridades estiman que algunos de los restos podrían tener más de dos años sin procesar.

En tal sentido, García dijo que una primera explicación al insólito hallazgo es la “indolencia e irresponsabilidad” de los dueños del crematorio.

“Todos los negocios de cremación saben cuál es su capacidad de cremación diaria. Y no puedes recibir más de los que puedes procesar”, afirmó.

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Uno de los administradores del crematorio ya se presentó ante la fiscalía que, según informó García, está en busca de “mecanismos para poder fincar responsabilidades de orden penal” a quienes resulten culpables de esta situación.

Las autoridades no detallaron si los cadáveres corresponden a víctimas de la violencia criminal. México, un país duramente golpeado por el accionar del crimen organizado, sufre desde hace años una crisis de su sistema forense, saturado por el elevado número de cuerpos que debe procesar, la falta de personal y las restricciones presupuestales.

Fuente: AFP.