La Cámara de Senadores de Uruguay suspendió el miércoles los fueros parlamentarios del senador Gustavo Penadés, investigado desde hace dos meses por múltiples denuncias de abuso y explotación sexual de menores. Penadés, quien era un destacado senador del partido de centroderecha del presidente Luis Lacalle Pou, perdió así su inmunidad parlamentaria y quedó a disposición de los tribunales.

Por unanimidad, los 30 senadores y la vicepresidenta, Beatriz Argimón, votaron a favor del desafuero. La decisión ya fue comunicada a la Suprema Corte de Justicia, y se espera que la fiscal a cargo solicite la imputación de Penadés, dijeron fuentes cercanas al caso. La Fiscalía escuchó a ocho presuntas víctimas y tiene conocimiento de al menos cuatro más, según detalles del expediente revelados durante la sesión del Senado.

La mayoría de los que prestaron declaración “tenían corta edad” en el momento del presunto abuso y explotación sexual, en su mayoría “13 y 14 años”, y los hechos denunciados ocurrieron a lo largo de varios años, con un testimonio incluso de 2020, de acuerdo con la Fiscalía.

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“En un caso ya antiguo, la víctima era apenas un niño en un cuadro de fútbol que el propio Penadés organizaba cuando aún era un adolescente”, señala el expediente. El senador es investigado por el delito de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos, previsto en la ley 17.815 de 2004, que conlleva una pena de 2 a 12 años de cárcel.

“El levantamiento de los fueros no implica una atribución de responsabilidad al senador. Lo que implica es poder profundizar la investigación y eventualmente solicitar el inicio de un proceso penal”, explicó a la AFP el portavoz de la Fiscalía, Javier Benech.

Penadés, de 57 años, quien semanas atrás pidió licencia al Senado, así como a la Presidencia del Parlamento del Mercosur (Parlasur) que ejerce este año, nunca se opuso a su desafuero, pero ha negado “rotundamente” las acusaciones. El martes el legislador renunció como afiliado del oficialista Partido Nacional, en el que ha tenido una dilatada trayectoria desde que comenzó a militar en los años 1980.

El fiscal de Corte y procurador general de la Nación, Juan Gómez, dispuso a fines de marzo una investigación de oficio de Penadés luego de las declaraciones públicas de Romina Celeste Papasso, una mujer trans militante del Partido Nacional. “Voy hablar de un pedófilo que tenemos metido en la política hace 30 años”, dijo Papasso el 26 de marzo en Twitter, señalando que le había pagado para mantener relaciones sexuales cuando ella tenía 13 años y aún se identificaba como varón.

Dos días después, la joven treintañera reveló en el programa de televisión HLQP que esa persona era Penadés. El 29 de marzo, en una declaración pública, Penadés negó “rotundamente” esos señalamientos y aludió a su condición de homosexual, rechazando que por eso pueda ser acusado de “pedófilo”. “Rechazo con el mayor énfasis posible las declaraciones agraviantes cuyo único propósito es someterme al escarnio público”, dijo. Desde entonces, otras personas, que no dieron sus nombres, contaron en medios haber vivido experiencias similares a las de Papasso.

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Un hombre relató al diario El Observador un encuentro sexual con Penadés en un motel en Punta del Este hace más de 20 años, por el que el político le dio dinero. Dijo que él tenía entonces 17 años y que Penadés sabía que era menor de edad. Penadés volvió a rechazar afirmaciones de ese tipo el 25 de mayo, cuando compareció como indagado en el caso a cargo de la fiscal de Delitos Sexuales Alicia Ghione. “No cometí ningún delito”, aseguró entonces a periodistas.

Ese día también declaró un profesor de historia del Liceo Militar, Sebastián Mauvezin, a quien Ghione investiga como supuesto facilitador de los presuntos encuentros sexuales de Penadés con menores. El contrato laboral del docente fue rescindido este miércoles tras el informe de la Fiscalía que se conoció en la sesión del Senado, dijeron fuentes del ministerio de Defensa.

Fuente: AFP.