Brasil cuenta con evidencias de que existen pueblos sin contacto con la sociedad en el territorio Ituna/Itatá, en el estado norteño de Pará, con un tamaño similar a la enorme Sao Paulo, la megalópolis en el sureste del país. Un caparazón de tortuga dejado por un cazador y una vasija de cerámica: estos simples vestigios materiales, hallados tres años atrás, son los últimos rastros que se conocen de pueblos aislados en una tierra indígena en el norte de la Amazonía brasileña.

Ituna/Itatá está protegida por una medida oficial provisoria contra la destrucción forestal, pero organizaciones indígenas piden al gobierno más expediciones en busca de vestigios para confirmar la presencia de pueblos aislados. Eso permitiría que el Estado delimite definitivamente el área para la preservación de la selva.

En Ita’aka, una aldea de 300 habitantes con casas de madera y paja, ubicada en la vecina tierra indígena Koatinemo, los relatos de encuentros fortuitos con “parientes” de comunidades no contactadas de Ituna/Itatá circulan entre las familias del pueblo Asurini. “Mi cuñada me dijo: ‘¡Está ahí, está ahí!’, y era un chiquito que me miraba desde cerca, parecía del tamaño de ese árbol de plátano”, cuenta a la AFP Takamyí Asurini, un hombre mayor que muestra la cicatriz de un flechazo en las costillas que dice haber recibido de los aislados.

Las autoridades brasileñas prorrogaron el 18 de junio una ordenanza provisoria que, desde 2011, restringe el acceso a Ituna/Itatá para “garantizar la protección integral de los territorios con presencia de pueblos indígenas aislados”. Las evidencias en el lugar incluyen desde avistamientos que se remontan a los años setenta hasta hallazgos arqueológicos que apuntan a la presencia de indígenas no contactados al menos desde 2009, según la agencia Burness, que apoya los esfuerzos por una demarcación definitiva del territorio.

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Brasil reconoce 114 “registros de presencia” de indígenas aislados en la Amazonía, es decir, grupos que voluntariamente se mantienen sin o con escaso contacto con el resto del mundo. De acuerdo con la estatal Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai), este aislamiento a veces se debe a las consecuencias desastrosas de la interacción con el hombre blanco desde la época colonial: enfermedades, violencia física, saqueo de recursos naturales.

De los registros reconocidos oficialmente, cerca de la cuarta parte se consideran confirmados. Otros como los de Ituna/Itatá se toman como “fuertes evidencias” de existencia de pueblos aislados, aunque sin un trabajo sistemático oficial para su comprobación efectiva.

Por mucho tiempo el Estado ha dejado en el “abandono” los registros que recogen las pruebas sobre la posible existencia de esos pueblos, lamenta Luiz Fernandes, miembro de la Coordinación de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (Coiab). “Para probar que hay aislados, el Estado necesita registros calificados, pero para nosotros es diferente: los percibimos en la naturaleza, en los sonidos que escuchamos, las presencias, a veces los olores”, dice Mita Xipaya, un activista indígena de 24 años.

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Las tierras no indígenas ya perdieron casi el 30 % de su vegetación nativa en la Amazonía brasileña, desde el inicio de los registros, en 1988, según la ONG Instituto Socioambiental. En contraposición, cayó 2 % en las tierras indígenas delimitadas por el Estado durante el mismo periodo. Desde hace una década, Ituna/Itatá sufre el asedio de acaparadores de tierras para la minería ilegal o la deforestación para actividades agropecuarias, según las autoridades.

La situación se agravó durante la presidencia de Jair Bolsonaro (2019-2022): el gobierno de extrema derecha dejó en suspenso la ordenanza de protección de Ituna/Itatá y esta tierra indígena se convirtió en la más deforestada de Brasil. Las consecuencias perduran hasta hoy en el territorio, donde se ven manchas kilométricas de suelo arrasado en medio del verde amazónico, según comprobó la AFP durante un sobrevuelo por la región en junio.

Indígenas y activistas piden al gobierno actual que avance con la demarcación permanente de Ituna/Itatá, a meses de que el presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva encabece la conferencia climática COP30 de la ONU en la ciudad amazónica de Belém. “No sólo hay que ocuparse de la selva sino también de los pueblos que la habitan, porque es a través de ellos que la selva sigue en pie”, dice Toya Manchineri, coordinador general de la Coiab.

Fuente: AFP.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recuerda a la ciudadanía que el uso indebido de la banquina constituye una infracción grave y, por ende, su multa es de G. 1.115.020.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley N.º 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, la banquina es el espacio lateral de la vía “destinado a la detención de vehículos en caso de emergencia y a la circulación de peatones y bicicletas, cuando no exista un espacio específico para ello”

Su uso para adelantamientos, circulación durante embotellamientos, estacionamientos injustificados o cualquier otra finalidad no autorizada está expresamente prohibido.

El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear multas de 5 a 10 jornales mínimos legales, lo que equivale actualmente a G. 1.115.020, según la reglamentación vigente de la Patrulla Caminera.

El MOPC advierte que, más allá del castigo económico, el uso indebido de la banquina representa un riesgo real: puede obstruir el paso de ambulancias, patrulleras y otros vehículos de emergencia, poniendo en peligro vidas humanas en situaciones críticas.

En situaciones que sí lo requieran, los vehículos deben exhibir dispositivos de advertencia visibles, como balizas u otros elementos, para prevenir incidentes con el resto de los usuarios de la vía.

Es muy común ver en las rutas el tránsito casi normal de motocicletas por la banquina, eso está totalmente prohibido, señalan desde el ministerio.

También los vehículos suelen utilizar este sector del pavimento para adelantarse y acortar las colas en las rutas.

El gobierno de Brasil está “empeñado en resolver” los aranceles del 50 % anunciados por Estados Unidos, dijo ayer jueves el vicepresidente Geraldo Alckmin, tras conversar con el secretario de Comercio de Donald Trump. Las negociaciones comerciales entre ambos países se encuentran en un punto muerto desde hace varios meses y el anuncio de nuevos aranceles por parte de Trump precipitó una crisis diplomática entre Washington y Brasilia a principios de julio.

"Hablamos con el gobierno estadounidense, tuvimos una conversación con el secretario de Comercio, Howard Lutnick, una conversación bastante larga (...) poniendo todos los puntos y destacando el interés de Brasil en la negociación", dijo Alckmin a periodistas, precisando que el diálogo ocurrió el sábado por la tarde.

“Brasil nunca salió de la mesa de negociación. No creamos este problema, pero queremos resolverlo, estamos empeñados en resolverlo”, enfatizó el vicepresidente, también a cargo de la cartera de Comercio. Trump afirma que los aranceles responden, en parte, a una “caza de brujas” contra su aliado, el expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022), juzgado en Brasil por una tentativa de golpe de Estado.

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, califica la postura de Trump como un “chantaje inaceptable” y embistió de nuevo este jueves contra su homólogo estadounidense. “Trump fue electo para ser presidente de ellos. Nosotros no queremos un emperador del mundo”, dijo Lula durante un acto público.

“Él no quiere conversar, si él quisiera conversar tomaba el teléfono y me llamaba”, agregó el mandatario izquierdista. El recargo del 50 % a las importaciones brasileñas entra en vigor el 1º de agosto. “Lula ha orientado que la negociación no tenga contaminación política”, dijo Alckmin. El viernes una comitiva de senadores brasileños viajará a Washington “en busca de una solución” a los aranceles, según el sitio web de la Cámara Alta.

Desde antes de la amenaza de Trump, funcionarios de ambos países mantenían contactos técnicos sobre la relación comercial, luego de que el republicano impusiera desde abril tarifas de 10 % a Brasil. La cancillería brasileña informó que envió en mayo a Estados Unidos una “minuta confidencial” sobre posibles “áreas de negociación”. Según Brasilia, aún no hay respuesta de Washington.

Fuente: AFP.

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Un general retirado del Ejército de Brasil confirmó ayer jueves a la corte suprema haber redactado un documento que preveía el asesinato del presidente Lula, una trama por la que es señalado el exmandatario Jair Bolsonaro en el juicio que enfrenta por golpismo. El máximo tribunal juzga al exjefe de Estado ultraderechista (2019-2022) de dirigir un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara por estrecho margen en las elecciones de 2022.

El complot no se habría consumado por falta de apoyo de altos mandos de las fuerzas armadas. La supuesta intentona golpista contemplaba incluso un plan, bautizado “Puñal Verde y Amarillo”, para asesinar a Lula, según la fiscalía. El general Mario Fernandes, entonces jefe sustituto de la Secretaría General de la Presidencia con Bolsonaro, confirmó a la corte suprema que redactó e imprimió el documento, aunque dijo que era solo un “pensamiento” suyo y que no lo compartió.

Fernandes dio sus declaraciones ante el tribunal durante los interrogatorios a un grupo entre la treintena de antiguos colaboradores de Bolsonaro que están enjuiciados junto con el expresidente por la supuesta intentona. “Ese archivo digital solo retrata un pensamiento mío, una recopilación de datos, un estudio de la situación”, dijo el general por videoconferencia.

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Fernandes afirmó que imprimió el documento, en el palacio presidencial de Planalto, solo para leerlo “en papel” y que luego lo rompió. “No fue presentado a nadie, no fue compartido por nadie”, añadió. La fiscalía, sin embargo, acusó al militar de llevar el plan a la residencia presidencial de la Alvorada para “tratativas” con Bolsonaro, el 6 de diciembre de 2022. Ese mismo día, Bolsonaro recibió el borrador de un decreto que contemplaba medidas excepcionales para anular el resultado de las elecciones, según los investigadores.

El supuesto plan “Puñal Verde y Amarillo” se ejecutaría el 15 de diciembre de 2022 y también supuestamente proyectaba matar al entonces vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, y a la autoridad electoral, el juez Alexandre de Moraes, actualmente a cargo de juicio contra Bolsonaro en la corte suprema. La semana pasada la fiscalía pidió la condena de Bolsonaro. De ser hallado culpable ante la corte, podría recibir hasta 40 años de prisión.

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El juez de la corte suprema brasileña Alexandre de Moraes descartó este jueves imponer prisión preventiva al expresidente Jair Bolsonaro, juzgado por una presunta intentona golpista, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si incumple órdenes judiciales. El juez consideró en su decisión como una “irregularidad aislada” que las redes sociales de uno de los hijos de Bolsonaro “fueran utilizadas a favor” de su padre, bajo vigilancia de la corte por una presunta tentativa de obstruir el juicio que enfrenta por golpismo.

El máximo tribunal juzga al ultraderechista Bolsonaro por un supuesto plan frustrado para impedir la asunción del actual presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de 2022. El exmandatario es objeto de medidas cautelares desde el viernes por presunta obstrucción del proceso. Entre otras restricciones, le impusieron una tobillera electrónica y le prohibieron el uso de redes sociales, así como la difusión de sus intervenciones públicas por terceros.

Moraes, a quien Bolsonaro ha llamado “dictador”, consideró este jueves que un posteo del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario, sobre un discurso de su padre el lunes en el Congreso fue un “intento de burlar” las medidas cautelares. Con críticas a la justicia, Eduardo Bolsonaro difundió en sus redes imágenes de su padre hablando con periodistas en la sede del Congreso y exhibiendo por primera vez su tobillera, a la que calificó como “máxima humillación”.

Pero, “por tratarse de una irregularidad aislada y sin noticias de otros incumplimientos hasta el momento”, Moraes descartó por ahora la prisión preventiva, aunque advirtió que la aplicará de forma “inmediata” si se detecta “un nuevo incumplimiento”. “¡La justicia es ciega pero no tonta!”, escribió Moraes en su decisión.

Eduardo Bolsonaro se radicó meses atrás en Estados Unidos, donde lleva una campaña ante el gobierno de Donald Trump para obtener apoyo para su padre. La advertencia de Moraes es un “torpe y desesperado intento de censurarme usando a mi padre como rehén”, reaccionó Eduardo Bolsonaro en X. “Eres un tirano cobarde, Alexandre. Un cobarde acabado”, agregó el diputado.

Trump anunció este mes aranceles de 50 % a productos brasileños y los justificó por una supuesta “caza de brujas” contra Bolsonaro. La corte brasileña analiza si la campaña bolsonarista ante Washington configura un intento de obstaculizar el juicio por golpismo.

Moraes había dado el lunes un plazo de 24 horas a la defensa de Bolsonaro para que esclareciera la retransmisión de declaraciones del expresidente en redes sociales de terceros, “bajo pena de decretar su prisión inmediata”. Bolsonaro “de ninguna forma fue prohibido de conceder entrevistas” y por lo tanto “no incumplió” la orden, respondieron sus abogados en un despacho.

Afirmaron que el exmandatario, de 70 años, no había sido notificado sobre una prohibición de dar entrevistas, un punto que ha creado una ola de confusión y críticas desde políticos bolsonaristas hasta expertos legales. La defensa pidió entonces al juez que aclarara los límites de las restricciones.

Moraes negó este jueves que exista “cualquier prohibición de concesión de entrevistas o discursos” para Bolsonaro, y señaló que la prohibición es a que sus declaraciones se difundan en redes propias o de terceros como estrategia para obstaculizar el proceso penal.

Bolsonaro se declara inocente y dice ser un “perseguido”. De ser hallado culpable por la corte, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. El expresidente está inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de voto electrónico. Aun así, insiste en que quiere ser el candidato de la derecha para las presidenciales de 2026. Lula, de 79 años, también pretende postularse.

Fuente: AFP.