La Paz, Bolivia | AFP
Miles de estudiantes de una universidad pública llegaron este jueves a La Paz, tras caminar unos 100 km durante cuatro días desde un poblado andino en demanda de mayor presupuesto, un mes después de que uno de sus compañeros muriera en choques con la policía.
La marcha de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), que convocó a alumnos, docentes y personal administrativo, salió de Patacamaya, 100 kilómetros al sur de La Paz, y arribó en medio de un fuerte despliegue policial, que resguardó oficinas públicas y la plaza de Armas, donde despacha el presidente Evo Morales.
Los universitarios lanzaron consignas contra el gobernante, quien se halla este jueves en visita oficial al Vaticano, pero no se registraron incidentes, como ha sucedido en jornadas precedentes cuando hubo choques con policías.
El vicerrector de la UPEA, Nelson Centellas, que encabezó la marcha, advirtió sin embargo que “vamos a tomar algunos sectores (calles) de la ciudad de La Paz y no se descartan tomar medidas drásticas” de protesta, que no especificó.
Los alumnos intentaron días atrás ocupar la plaza de Armas, con el uso de bombas molotov, pero fueron repelidos por policías, en esporádicos choques.
La protesta se produjo a casi un mes de la muerte de un universitario, por el disparo de una canica que habría realizado un policía, según versión oficial, durante violentos choques callejeros. El caso está en fase de investigación.
El ministro de Economía, Mario Guillén, uno de los responsables de negociar con la UPEA, llamó al diálogo, que ha fracasado en al menos cinco oportunidades.
El presupuesto anual de la universidad es de 403 millones de bolivianos (unos 58 millones de dólares) y necesita otros 150 millones de bolivianos más, pero el gobierno sólo le aumentó 70 millones.
El gobierno exige transparentar el gasto que -dice- la UPEA se niega a realizar.
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Investigan a Evo Morales por presunto abuso de una menor cuando era mandatario
En plena lucha contra el gobierno que antes apoyaba, Evo Morales se vio de repente enfrentado a su pasado: la apertura de una nueva investigación penal relacionada con el presunto estupro de una menor de 15 años, cuando aún era presidente boliviano.
Morales, que gobernó entre 2006 y 2019, calificó la denuncia como “otra mentira más” y agregó que en 2020 ya había sido investigado por los mismos hechos y que “se ha demostrado que no hubo nada”. Sin embargo, la fiscalía del departamento de Tarija volvió sobre el caso para investigar a Morales, esta vez por trata y tráfico de personas.
Estas son las claves del escándalo que envuelve a Morales, en momentos en que le disputa a su exministro y actual mandatario Luis Arce el liderazgo de la izquierda oficialista de cara a las presidenciales de 2025.
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El caso
El nuevo expediente fue abierto por la fiscal del departamento de Tarija Sandra Gutiérrez. La funcionaria ordenó la aprehensión de Morales el 26 de setiembre, pero la orden fue anulada el miércoles por una jueza que acogió un recurso judicial a favor del exjefe de Estado. El escándalo se remonta a hechos ocurridos cuando el líder cocalero era presidente en 2015. La orden de aprehensión detalla que Morales se involucró con una menor de 15 años con quien tuvo una hija en 2016.
Según la orden, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”, lo que configuraría el delito de trata de personas.
La fiscal Gutiérrez fue destituida el miércoles por haber incurrido en una supuesta “conducta negligente”. Aunque Evo Morales ha desestimado la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en 2020 bajo la figura penal de “estupro” -que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años- la fiscalía se concentra ahora en su actuación y la de los padres de la víctima.
La disputa
El caso penal resurge en medio del enfrentamiento entre los dos líderes. “El escándalo (...) tiene ribetes de pugnas internas, porque si no estuvieran peleados evistas y arcistas nunca se habría sabido”, anota el abogado y analista boliviano Williams Bascopé, aludiendo a la lucha Morales-Arce.
Esta denuncia entra “en el juego de la disputa política y puede que también genere una indignación generalizada en la gente (...) ante la posibilidad” de que Morales sea culpable, advierte María Teresa Zegada, socióloga de la universidad estatal San Simón.
En los últimos meses la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección. Desde entonces, ha liderado protestas que han puesto contra las cuerdas al gobierno de Arce, a quien acusa de haber manipulado a los jueces para impedir su candidatura.
La última de ellas fue la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, a finales de setiembre, una extensa caminata de 190 kilómetros hacia La Paz que generó enfrentamientos violentos entre partidarios de ambos dirigentes. Arce lo acusó de tramar un plan para dar un “golpe de Estado”
El viernes, Morales afirmó que el gobierno de Arce busca “proscribirlo”. “Por este motivo, luego de la Marcha para salvar Bolivia, activaron de forma simultánea cuatro procesos penales para buscar mi aprehensión”, escribió en X.
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El costo
Si bien la popularidad de Arce está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares, el escándalo podría sacar a su rival de la competencia por la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS). De prosperar la denuncia penal, “se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político” cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, advierte Zegada.
La denuncia “verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto” al exmandatario, comenta la analista.
Arce todavía no ha dicho si buscará la reelección, pero un ala del MAS apoya su continuidad, mientras Morales ejerce presión en las calles a la espera de que una nuevo tribunal constitucional - que será elegido en diciembre por voto popular - revierta el fallo que lo inhabilita como candidato.
Fuente: AFP.
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Exministro boliviano refugiado en Paraguay recibe 8 años de prisión
La justicia boliviana condenó el viernes pasado a ocho años de prisión a dos ministros de la expresidenta Jeanine Áñez por la compra irregular de equipos antidisturbios para contener la convulsión social que llevó a la caída de Evo Morales a fines de 2019. La decisión fue tomada contra Arturo Murillo, extitular de Gobierno (Interior), y Luis Fernando López, de Defensa. El primero está detenido en Estados Unidos y el segundo, refugiado en Paraguay.
Ambos exfuncionarios fueron hallados culpables de la compra irregular de gases lacrimógenos y bienes de uso militar en noviembre de 2019, cuando Áñez asumió el poder de manera interina en remplazo de Morales, que renunció a la presidencia en medio de masivas protestas contra un supuesto fraude electoral.
Un juzgado anticorrupción declaró “culpables a Arturo Carlos Murillo Prijic por el delito negociaciones incompatibles (...) y a Luis Fernando López Julio por el delito de contratos lesivos al Estado”, precisó el Ministerio de Justicia, que formó parte de la acusación. Por el mismo caso, Murillo fue sentenciado en Estados Unidos en enero de 2023 a 70 meses de prisión, declarado como responsable de la recepción de sobornos de una empresa de ese país que proporcionó el equipo antimotines.
El exministro de Interior también fue condenado en abril de este año por la justicia estadounidense a devolver a Bolivia un total 6,2 millones de dólares por su participación en la trama de corrupción. Todo el material fue comprado en 5,7 millones. El exministro de Defensa ha mantenido bajo perfil como refugiado en Paraguay.
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En la convulsión social de noviembre de 2019, la oposición de derecha acusó Evo Morales, que llevaba 14 años en el poder, de promover un fraude en las elecciones de octubre de ese año para ser reelegido y gobernar hasta 2025. Luego de renunciar acorralado por las protestas, lo remplazó la derechista Áñez (2019-2020), en una controvertida sucesión constitucional. Los desmanes luego fueron reactivados por los seguidores de Morales.
Los enfrentamientos entre civiles y fuerzas del Ejército y la Policía dejaron 35 muertos, según una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Áñez fue condenada en junio de 2022 a 10 años de prisión, acusada por haber propiciado un golpe de estado contra Morales. La exmandataria cumple sentencia en una cárcel de La Paz, mientras el oficialismo y grupos civiles impulsan otro juicio por la matanza de personas.
Fuente: AFP.
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Deceso de paraguaya hallada en Bolivia habría ocurrido hace 15 días
Las autoridades bolivianas confirmaron que el cuerpo de una mujer hallado en medio de un matorral el pasado martes 1 de octubre en el municipio de Puerto Quijarro, en el departamento de Santa Cruz, se trata de una ciudadana paraguaya.
La mujer fue identificada como Dalmy Nadine González, de 27 años de edad, quien según los datos revelados por la fiscalía boliviana se encontraba en situación de calle; por lo que si bien primeramente se sospechaba de un feminicidio, el caso fue finalmente caratulado como asesinato hasta demostrar lo contrario.
En el momento del hallazgo, el cuerpo de Dalmy presentaba una clara decapitación, la que luego de los estudios forenses realizados hasta el momento se confirmó que habría sido producida por animales, ya que el cuerpo presenta una descomposición acorde a al menos 15 días de deceso.
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La hipótesis principal de los investigadores bolivianos es que las personas que cometieron el hecho no tenían una relación con la víctima y aprovecharon que se encontraba en situación de calle para cometer el delito.
En cuanto a los trabajos investigativos, resaltaron que los intervinientes se encuentran enfocados en recolectar imágenes de circuito cerrado y obtener la mayor cantidad de información por parte de testigos aledaños a la zona para identificar a los autores del crimen y dar con su paradero para su posterior arresto.
Así también, ya se iniciaron los trabajos entre consulados para poder agilizar la repatriación de los restos de la compatriota y que puedan ser entregados finalmente a sus familiares para que los mismos le puedan brindar el último adiós adecuadamente.
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Bolivia decreta “desastre nacional” por incendios forestales
El gobierno de Bolivia decretó este lunes “desastre nacional” por los incendios forestales sin precedentes que afectan sobre todo a Santa Cruz, el departamento más rico y poblado del país. El decreto permitirá canalizar la ayuda internacional y transferir recursos económicos desde el gobierno central a las gobernaciones departamentales.
El presidente Luis Arce firmó la norma que “declara situación de desastre nacional, a causa de la magnitud de impacto de los daños causados por la presencia de incendios en el territorio nacional”. La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, leyó el decreto en un acto en Santa Cruz en el que estuvo presente Arce.
El último reporte oficial del poder ejecutivo, de principios de septiembre, advirtió que en el país se han destruido 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales. Sin embargo, la gobernación de Santa Cruz, la más castigada por los incendios, informó que solo en esta región ya se habían consumido 7,2 millones de hectáreas hasta la semana pasada, una cifra que supera las 4,2 millones reportadas en 2019.
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Según las autoridades departamentales, se trataría del “mayor desastre ambiental” sufrido en esa región, que alberga a un 27 % de la población nacional. Otro departamento afectado es Beni, en la Amazonía boliviana, en el noreste del país.
En 2019, los incendios destruyeron en todo el país 5,7 millones de hectáreas, de acuerdo con la autoridad estatal de control de bosques y tierras (ABT). Según el Observatorio Regional Amazónico, en los últimos cinco años el fuego ha destruido cerca de medio millón de hectáreas de la Amazonía, en particular en Brasil y Bolivia.
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Arce instó al Parlamento, controlado por la oposición, a aprobar al menos dos créditos internacionales con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, ex Corporación Andina de Fomento) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para enfrentar la situación de desastre por un monto de 325 millones de dólares.
“Exhortamos a todos los asambleístas nacionales: diputados, senadores (...). Está ahora en sus manos poder habilitar estos recursos”, dijo Arce en una declaración a los medios. La quema de bosques es una práctica ancestral entre los agricultores de Bolivia, que comienza entre los meses de marzo y abril y se prolonga hasta septiembre y octubre. Este año, la sequía, las pocas lluvias y el cambio climático han provocado que los fuegos se expandan, dijo el viernes Jhonny Rojas, funcionario de la gobernación de Santa Cruz.
Fuente: AFP.