El presidente de la República, Santiago Peña, fue abordado por los medios de prensa y consultado sobre los procesos de intervención en los Municipios de Ciudad del Este y Asunción. Peña respondió sobre el discurso de la oposición, la supuesta persecución política hacia el exintendente esteño Miguel Prieto y dijo la decisión final asumida por los legisladores forma parte de un proceso que está contemplado en la Constitución Nacional.

“En el año 2018 la oposición impulsó una destitución de una intendenta que fue electa. En ese momento ellos nunca argumentaron ningún tipo de persecución, decían que se ha hecho justicia. Este es un mecanismo que está reglado, está en la Constitución”, refirió el presidente.

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Así también, aseguró que se cumplieron con todos los procedimientos establecidos, y la Cámara de Diputados, por mayoría, decidió la destitución de Prieto de la administración municipal. “Se hicieron las investigaciones, están las denuncias y finalmente se presentaron los informes y los diputados decidieron la destitución”, expresó.

Respondió también sobre el discurso de acallar las voces disidentes, con la destitución de Prieto, y aseguró que, “tienen todo el derecho de hablar todo lo que quieran”. El sector de la oposición trata de instalar un discurso de persecución, mientras que los informes revelaron serias irregularidades en la administración de Prieto, algunos de ellos presentados ya ante el Ministerio Público.

Por otra parte, sobre la situación del intendente de Asunción, Óscar Rodríguez y el supuesto blindaje del sector político oficialista, indicó que es una decisión que tomarán los diputados y no existe una bajada de línea del movimiento Honor Colorado. “Es una discusión en Diputados”, sentenció.

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El embajador de Ucrania en la Argentina concurrente en Paraguay, Yurii Klymenko, mantuvo este jueves un encuentro con el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez. En la ocasión, el diplomático agradeció el respaldo que otorga el país en la búsqueda de la paz.

“Expresaron su agradecimiento al Paraguay por ser un país aliado en contra de la guerra y a favor de la paz para Ucrania. El embajador manifestó también que Paraguay siempre hizo su aporte en favor de la justicia", indicó la senadora del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hermelinda Alvarenga, quien acompañó a Yurii Klymenko y su delegación.

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La parlamentaria indicó que el diplomático también mantendrá encuentros con las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Cámara de Diputados. “La delegación que acompaña al embajador pertenece al departamento de justicia a nivel internacional que expresaron su preocupación en torno a los niños y niñas que están fuera de Ucrania a consecuencia de la guerra con Rusia“, dijo Alvarenga.

De acuerdo con los datos proporcionados por el embajador y sus acompañantes, la cifra de niños y niñas radicados llegaría a un total de 10.000. “Nosotros nos comprometimos a presentar un proyecto de declaración para apoyarlos y que los niños ucranianos puedan retornar a su país”, remarcó.

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Diez personas resultaron heridas y noventa fueron detenidas tras una batalla campal la noche del miércoles entre hinchas de Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile durante el partido de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana, informaron el club argentino y la policía.

Aficionados de ambos equipos protagonizaron imágenes brutales en las gradas del Estadio Libertadores de América, hogar de los Diablos Rojos en el sur de Buenos Aires, incluida la de un hincha aparentemente chileno que salta al vacío desde la tribuna tras verse acorralado por fanáticos adversarios.

El partido, que iba 1-1, fue suspendido temporalmente en el minuto 48 y luego cancelado por la Conmebol, que aseguró que el resultado final y las posibles sanciones contra los conjuntos serán determinados por su unidad disciplinaria. En la ida, los chilenos ganaron 1-0.

El caos comenzó cuando los seguidores de la U arrojaron proyectiles como palos, botellas e incluso butacas a las tribunas inferior y lateral, donde había hinchas argentinos, constató un periodista de la AFP presente en el lugar. Los fanáticos australes lanzaron al menos una bomba de estruendo a un palco vecino y los aficionados de Independiente, en la grada lateral, respondieron devolviendo proyectiles.

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En medio del caos, sin que asomaran las fuerzas de seguridad, los argentinos escalaron a la tribuna alta, agredieron a los chilenos y despojaron de sus ropas a seguidores de la U. Imágenes en las redes sociales mostraban a otros golpeándose con palos o bastones. “Tenemos 90 detenidos afuera del estadio porque intentaron hacer desmanes y ya fueron derivados a comisaría”, dijo a la AFP una fuente del ministerio de Seguridad. Un vocero de Independiente confirmó además que 10 personas resultaron heridas.

El embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, afirmó a la radio chilena Cooperativa FM que “hubo heridos de arma blanca”. Hay al menos una persona herida de gravedad, aunque se desconoce su nacionalidad, dijo luego a la AFP.

Al retirarse del recinto deportivo, hinchas de Independiente demostraron su enojo con el operativo de seguridad y la decisión de ubicar a los visitantes en una tribuna cercana a los locales. “Es una vergüenza”, “dan ganas de no venir más”, repetían algunos. Recibí “un piedrazo en la cara, tengo un corte pequeño, pero ya estoy fuera de la zona de riesgo”, relató por su parte Felipe Valle, un hincha de la U, a la radio chilena Cooperativa.

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El presidente chileno, Gabriel Boric, cuestionó en la red social X “desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”. “La justicia deberá determinar los responsables”, agregó el mandatario, antes de informar que había ordenado a su embajador que visitara a los aficionados chilenos en el hospital “para garantizar” su “seguridad”.

Imágenes publicadas por medios argentinos y chilenos mostraron a decenas de hinchas de la U detenidos y recostados uno al lado de otro boca abajo en la calle en torno al estadio tras la batalla. Los presidentes de los clubes, de los más grandes de Argentina y Chile, rechazaron los actos de violencia, un flagelo de difícil destierro en el balompié sudamericano.

“Un comportamiento realmente repudiable por parte de los simpatizantes de la U (...) Tomaban los artefactos de los baños y lo tiraban por la tribuna”, dijo al canal TyC Sports el jefe de Independiente, Néstor Grindetti. Michael Clark, mandamás del club santiaguino, dijo a periodistas que, ante la tragedia, “el fútbol ahora pasa a un segundo plano”. “No puede tolerarse este nivel de violencia (...) La seguridad policial no sé dónde estaba”, escribió de su lado en redes el internacional chileno Felipe Loyola, mediocampista de Independiente.

El duelo fue suspendido apenas tres minutos después del arranque del complemento por el árbitro uruguayo Gustavo Tejera debido a la dimensión de los incidentes. Los futbolistas intentaron calmar los ánimos sin éxito y tras más de media hora de espera se confirmó la interrupción y posterior cancelación. La Conmebol detalló que la cancelación del partido se ordenaba debido a la falta de garantías de seguridad por parte de Independiente y de las autoridades locales.

La U es el segundo club de Chile envuelto en incidentes violentos en un torneo sudamericano en 2025. El 10 de abril, un centenar de hinchas intentó ingresar al estadio Monumental de Santiago, presuntamente sin entradas, poco antes del inicio del encuentro entre Colo Colo y el Fortaleza brasileño por la fase de grupos de la Copa Libertadores. La policía intervino, pero en la confusión murieron dos fanáticos de 18 y 13 años.

Fuente: AFP.

El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, lamentó la férrea defensa que sigue ejerciendo la oposición al destituido intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El líder del movimiento Yo Creo fue apartado ayer del cargo mediante una amplia mayoría en la Cámara de Diputados, tras graves irregularidades confirmadas por una intervención.

“Los opositores que quieren ser gobierno defendieron hechos de corrupción que fueron verificados, constatados; en vez de llevar en alto la bandera de la transparencia. La ciudadanía con todo esto sacará sus conclusiones. Con esto se ve la incoherencia de estas personas“, sostuvo Núñez en una entrevista con el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.

Entre los principales hechos de corrupción que motivaron la destitución de Prieto figuran el uso de comisiones vecinales para saquear el dinero de la comuna, las cuales, según el interventor Ramón Ramírez, eran “simples fachadas”. Otro de los puntos guarda relación sobre el uso de los recursos canalizados mediante el Consejo Local de Salud, entre el 2019 y 2022, que alcanzaron más de G. 10.500 millones, que demuestran serios incumplimientos a las normativas vigentes.

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Asimismo, el senador comentó que “un total de 50 denuncias tiene Miguel Prieto. Ojalá la Fiscalía General de Estado y el Poder Judicial no se presten a las chicanas. En su gestión hubo robos asquerosos con protección de un gran sector mediático“.

“La caída de Prieto ya era algo anunciado, él cometió varios tipos de corrupción, esto iba a llegar más temprano que tarde. Yo celebró porque no debemos olvidar que fue un intendente corrupto que robó durante la pandemia mediante la compra de víveres”, repudió Núñez.

En el informe final de la intervención, a cargo del economista Ramón Ramírez, se refiere que G. 6.000 millones se destinaron a obras y refacciones que fueron ejecutadas sin ningún tipo de control técnico ni administrativo, lo que impide determinar si esas inversiones realmente se realizaron como figuran en las facturas presentadas, o siquiera si se hicieron.

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Entre las irregularidades detectadas durante la gestión de Prieto se encuentra una presunta malversación por G. 29.000 millones. El desfalco guarda relación con dinero que debía destinarse en obras y bienes de capital, pero habría sido desviado para cubrir gastos corrientes, transferencias y pago de deudas, según reveló el economista Ramírez.

Prieto contaba con una partida presupuestaria equivalente a G. 83.000 millones, que estaba asignada al financiamiento de gastos de capital. Ramírez también presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público, luego de detectar la presunta existencia de una caja paralela, cuyos recursos fueron recaudados por diferentes impuestos, sin embargo, no ingresaron finalmente a las arcas de la comuna. Señaló que existiría un daño patrimonial de unos G. 75 millones que no registraron entrada a Tesorería.