El pasado 27 de mayo en el Hospital Base de Valdivia, Región de Los Ríos, al sur de Chile, supuestamente a pedido de los pacientes oncológicos un perro de dicha comunidad fue sometido por tres minutos a un dispositivo de alta gama, cuya función es destruir las células cancerígenas.
Por este hecho el centro hospitalario abrió un sumario investigativo a los funcionarios de la institución a fin de esclarecer responsabilidades tras darse a conocer el caso, luego de una denuncia presentada en forma privada al diario El Austral, teniendo en cuenta que el lugar es un referente en cuanto al tratamiento de cáncer.
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Así lo confirmó Maritza Navarrete, la subdirectora médica de dicho hospital, quien en contacto con medios locales manifestó que es necesaria la investigación para deslindar responsabilidades y destacó que también adoptaron “medidas pertinentes con el fin de revisar los procesos internos de los protocolos del servicio de oncología”.
Por su parte, el hospital emitió un comunicado para aclarar que “la situación en cuestión, de ninguna manera afectó la oferta de tratamiento ni se desplazó la atención a ningún paciente”, considerando que el tratamiento al que fue sometido el perro se había llevado a cabo fuera del horario de atención a pacientes.
Esto, de acuerdo a lo publicado por varios medios locales y regionales. Tal fue la repercusión del acontecimiento que alcanzó a trascender a nivel internacional, además de la pronunciación de las autoridades de ese país, quienes puntualizaron que para este tipo de eventualidades existen las clínicas veterinarias.
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Justicia absuelve a imputados en los casos Panama Papers y Lava Jato
Un tribunal de Panamá absolvió ayer viernes a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto bufete panameño Mossack Fonseca, epicentro del escándalo internacional de los Panama Papers, que estalló en 2016.
La jueza Baloísa Marquínez “absolvió a 28 personas acusadas del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales” por el caso de los Panama Papers, indicó el tribunal en un comunicado. Entre las personas absueltas están los fundadores del despacho, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca, fallecido el pasado 9 de mayo en un hospital panameño.
Además, la sentencia absuelve a todos los imputados por el caso Lava Jato de Brasil, donde la Fiscalía acusó al bufete panameño de blanquear dinero proveniente de sobornos de empresas constructoras brasileñas, entre ellas Odebrecht, a funcionarios de varios países de América Latina para ganarse contratos.
Como los delitos y los imputados eran los mismos, la jueza Marquínez decidió acumular los casos de Panama Papers y Lava Jato”en una sola causa. En este último escándalo tampoco se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas al sistema financiero panameño, según la sentencia.
Pruebas no concluyentes
Durante el juicio de los Panama Papers, celebrado en Ciudad de Panamá entre el 8 y el 19 de abril, la Fiscalía pidió para Mossack y Fonseca 12 años de cárcel, la pena máxima por blanqueo de capitales. Para el resto de imputados solicitó entre 5 y 12 años de prisión. Sin embargo, la jueza Marquínez estimó que las pruebas recabadas en los servidores del despacho de abogados “no cumplieron con la cadena de custodia” y no permitieron “tener certeza de su autenticidad e integridad”.
“Adicionalmente, la jueza determinó que el resto de las pruebas no eran suficientes y concluyentes para determinar la responsabilidad penal de los acusados”, dice el comunicado. El juicio comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) comenzara a publicar los Panama Papers.
Esta investigación, basada en la filtración de 11,5 millones de documentos provenientes del despacho Mossack Fonseca, reveló cómo personalidades de todo el mundo ocultaron propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero. Para ello, crearon sociedades opacas, a través del bufete panameño, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países con el objetivo de esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y los exgobernantes de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson; de Pakistán, Nawaz Sharif; de Gran Bretaña, David Cameron; y de Argentina, Mauricio Macri; además del astro argentino del fútbol Lionel Messi fueron algunos de los nombres mencionados entonces.
“Se hizo justicia”
La Fiscalía había acusado a Mossack, de 76 años, y Fonseca, fallecido a los 71, de ser los responsables de facilitar a través del bufete la creación de sociedades opacas en las que directivos de la multinacional alemana Siemens depositaron millones de euros al margen de la contabilidad real de la compañía. Esa “caja B” habría sido utilizada para esconder dinero procedente del pago de comisiones.
El despacho panameño, según la acusación, también fue utilizado para guardar dinero proveniente de una estafa masiva en Argentina. “Se hizo justicia, nosotros nos encontramos sumamente satisfechos con la resolución que dictó la jueza”, dijo a la AFP Guillermina Mc Donald, abogada de Mossack y otros imputados.
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Sin embargo, “estamos un poco tristes porque en el camino perdimos al señor Ramón Fonseca (fundador de la firma) y él no ha podido ver este resultado”, agregó. Debido al escándalo, el despacho Mossack Fonseca cerró, y la imagen internacional de Panamá, señalado como un paraíso fiscal, se vio gravemente afectada.
Algunos analistas advirtieron que en la fecha en la que surgieron los Panama Papers la evasión fiscal no era un delito en Panamá. “Verdaderamente ha habido una gran injusticia que se ha cometido”, declaró Mossack al concluir la audiencia. “Tanto mi socio (fallecido después del juicio) como todas las personas que han laborado conmigo han sido personas serias, honestas y correctas”, añadió.
Fuente: AFP
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Denuncian a falsa gestora de IPS por estafar a anciano de 90 años
Un hombre de 90 años denuncia que ha sido víctima de una mujer que se hizo pasar por gestora administrativa del Instituto de Previsión Social (IPS). El hombre le habría entregado más de 20 millones de guaraníes, en un periodo de 3 años, a cambio de que le facilitara algunos trámites para acceder a los tratamientos para su enfermedad recientemente diagnosticada.
En conversación con el programa “Info+”, emitido por el canal GEN/Nación Media, Osmar León, hijo de la víctima, manifestó que, debido a su avanzada edad y a que fue diagnosticado de una nueva enfermedad, su padre de 90 años estaba imposibilitado para ir hasta el Hospital Central del IPS y que fue en ese momento en que conoció a esta supuesta gestora.
El denunciante dijo que la mujer se hace llamar Sonia Benítez y que le dijo a su padre que trabajaba como enfermera en el hospital y que, además, realizaba tareas de gestoría administrativa, motivo por el cual su padre empezó a confiar en ella y le transfería dinero. El dinero entregado a la mujer hasta la fecha ascendería a los 25.000.000 de guaraníes.
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“Yo me enteré hace poco de esta situación, mi padre confiaba en ella, ella venía hasta su casa donde él vivía solo y le decía que le ayudaría con sus gestiones médicas, pero que costaba dinero y demás, siempre venía cuando estaba solo, es más eso se escucha en los audios que le enviaba, cuando yo me enteré de esta situación corroboré su nombre y ella no es funcionaria del IPS ni como enfermera ni en el área administrativa”, indicó Osmar León al programa de GEN.
El hijo de la aparente víctima de la estafa comentó que también ha corroborado el número del cual contactaba a su padre la mujer y que estaba a nombre de otra persona, dificultando a los investigadores saber realmente cuál era la identidad de la mujer y dar con su paradero. Remarcó que, de igual manera, ha notificado a las autoridades y también ha denunciado el hecho a través de las redes sociales.
“Yo realicé una publicación con el supuesto nombre de esta mujer y su rostro contando lo que le había hecho a mi papá para que otras personas supieran y no caigan y recibimos muchas respuestas de otras personas que también fueron víctimas e inclusive un hombre se contactó conmigo diciéndome que la conocía, que era su vecina y que nos daría a mí y a las autoridades su ubicación”, afirmó León en comunicación con “Info+”.
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Indert insta a denunciar cualquier intento de estafa a beneficiarios
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) emitió un comunicado en el marco de su campaña por la transparencia y saneamiento institucional, en el que insta a la ciudadanía a denunciar intentos de estafa a beneficiarios, en la Dirección General de Transparencia y Anticorrupción, sito 25 de Mayo N° 640 casi Antequera, piso 2, Asunción.
Desde la institución agraria destacan que los casos de irregularidades se procederán a investigar a través de su directora, Elga Escobar. Igualmente aclaran que los planos de lotes individuales no tienen valor jurídico ni administrativo y que no sirven para la titulación. “En varias audiencias públicas y comunicados ya hemos informado que los planos de lotes individuales no tienen valor jurídico ni administrativo”, informan.
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En ese sentido expresa que el único método aceptado es el plano general de la colonia, realizado por la gerencia del Sirt y que debe cumplir requisitos de la Acordada 84/98. Asimismo, desde el ente aclaran que todos los trámites son gratuitos y los beneficiarios no deben pagar por planos u otros trámites, solo por la cuota de sus lotes establecidas en la ley, expresa el documento.
“La actual administración del Indert ratifica su firme compromiso con la transparencia y reafirma su lucha decidida contra la corrupción, exhortando a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad en el ente”, concluye el comunicado.
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Denuncian que policías habrían pedido USD 50.000 por liberar a sospechosa en homicidio de “Gringo”
Emerson Dutra, corresponsal.
La denuncia salpica a personal de la Comisaría N° 2 de la ciudad de Pedro Juan Caballero, en el departamento de Amambay. De acuerdo a los datos, la semana pasada Liz Mabel Duarte Martínez (18) fue detenida durante un control de rutina que realizaban los uniformados en la terraza del país.
La mujer era pareja del considerado jefe narco Clemencio “Gringo” González, ejecutado a balazos el pasado 5 de mayo en un inquilinato ubicado en el barrio Obrero de esta ciudad.
La hipótesis de la Fiscalía es que Liz Mabel habría “entregado” a su ex novio y, por tal motivo, la imputó por homicidio doloso y pidió su detención, que se efectivizó días atrás.
Al enterarse de que su hija estaba presa, María Dominga Martínez Romero fue hasta la sede policial donde supuestamente los uniformados le solicitaron la suma de 50.000 dólares americanos para ponerla nuevamente en libertad.
“Me pidieron esa suma de dinero para no ponerla a disposición de la Justicia”, denunció la mujer.
Tras enterarse del caso, el fiscal Andrés Cantaluppi la citó para prestar declaración informativa, ocasión en que la mujer contó con detalles cómo fue que los agentes del orden le pidieron dinero.
“La señora se ratificó en la denuncia. Eso nos obligó a abrir una carpeta fiscal para investigar el caso. Por de pronto, es contra personas innominadas por cohecho pasivo agravado, frustración de la ejecución individual y frustración de la investigación”, señaló el representante del Ministerio Público.
A pesar de la denuncia que salpica a esos uniformados, la Dirección de Policía de Amambay se mantiene en silencio con relación al caso que afecta a personal de la Comisaría N° 2 de esta ciudad de frontera.