Hace más de 20 años, un matrimonio español llegó a Paraguay y encontró en el cuero paraguayo una materia prima con enorme potencial. Carolina Sánchez, creadora de Cueros Sol y Luna junto con su marido, visitó el programa “Residentas” de GEN, y recordó que todo comenzó en 1998, cuando adquirieron una estancia ganadera en el Chaco y descubrieron la riqueza de la artesanía local.

En ese momento, comenzaron a desarrollar productos que combinan diseño español, cuero paraguayo y trabajo artesanal hecho en el país. “Era un poco el diseño español y la mano de obra paraguaya”, explica Sánchez al recordar los inicios del emprendimiento. Lo que comenzó con pequeños artículos, como termos, conservadoras y bandejas, fue creciendo hasta incorporar muebles y piezas de mayor escala, como sillas y taburetes destinados a restaurantes y hoteles.

Actualmente, la mayor parte de la colección es elaborada en Paraguay y posteriormente enviada a España para su distribución a otros mercados.

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Detrás de cada producto existe una cadena de trabajadores paraguayos de distintos oficios. El taller también busca transmitir el oficio a nuevas generaciones, incorporando a jóvenes que aprenden a trabajar la piel desde el tratamiento y la costura hasta la terminación de cada pieza. “Sol y Luna sin Paraguay no sería nada”, sostiene Sánchez.

La empresa apuesta además por mostrar al exterior las características del cuero paraguayo, utilizando curtición vegetal, tintes naturales y conservando las marcas propias de cada piel. Para Sánchez, el cuero representa una oportunidad para transformar un subproducto de la actividad ganadera en piezas de alto valor.

Actualmente, los productos elaborados en Paraguay llegan a mercados como Estados Unidos, además de Europa, mientras la firma continúa desarrollando nuevas piezas que combinan cuero y diseño. Cada pieza lleva incluso la identificación del artesano que la realizó, como reconocimiento a un trabajo que, según la empresaria, convierte cada producto en una pieza única.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este lunes el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre, una apuesta con la que busca revalidar su mandato tras la derrota en el Congreso de sus medidas contra la crisis de la vivienda. La decisión del dirigente socialista, en el poder desde 2018, pone fin a una legislatura marcada por la fragilidad parlamentaria de su gobierno de coalición en minoría y por sus crecientes dificultades para sacar adelante iniciativas clave.

“He decidido convocar un Consejo de Ministros y Ministras extraordinario esta misma mañana para disolver las Cortes Generales y convocar unas elecciones generales” el 29 de noviembre, indicó Sánchez en un mensaje desde el Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno en Madrid.

“Para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente”, afirmó Sánchez, que siempre había dicho que se presentaría a unas nuevas legislativas. Para acometer las reformas pendientes y reducir los niveles de desigualdad, necesita “una mayoría mucho más amplia, progresista” en el Parlamento, agregó el dirigente de 54 años.

Las encuestas más recientes sobre intención de voto sitúan al conservador Partido Popular (PP), principal formación de la oposición, por delante de los socialistas, aunque sin mayoría absoluta.

Ese escenario obligaría al PP a buscar apoyos para gobernar. La ultraderecha de Vox, tercera fuerza política, se perfila como uno de los actores clave.

“Por fin decidirán los españoles”, reaccionó inmediatamente el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Solo me mueve servir a mi país para dejar atrás esta negra etapa y abrir otra que nos vuelva a reunir a todos los españoles”, dijo tras reclamar durante meses elecciones anticipadas. Los comicios estaban previstos inicialmente para mediados de 2027.

El adelanto electoral llega tras un duro revés para el Ejecutivo, que intentó aprobar la semana pasada un paquete de medidas en plena ola de protestas por la vivienda desatada tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años convertida en símbolo de las dificultades de acceso a la vivienda en España.

La madrileña fue obligada a abandonar el piso en el que había vivido durante siete décadas, después de que la vivienda fuera adquirida por una empresa de inversión que pretendía aumentarle el alquiler un 275 %.

El rechazo de las medidas en el Congreso indignó a los colectivos que protestan contra el encarecimiento de la vivienda. El sábado, decenas de miles de personas se manifestaron en Madrid y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis.

Además, cientos de personas acampan desde hace una semana en la céntrica Puerta del Sol de Madrid para presionar a favor de reformas.

“Ahora comienza una campaña electoral que va a estar profundamente marcada por la vivienda”, aseveró a periodistas Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, motor de las protestas. “Esta ola de indignación es imparable y no vamos a parar”, añadió.

Tras ocho años en el poder, Sánchez llega también debilitado por varios escándalos y causas judiciales que afectan a personas de su entorno cercano, entre ellas su esposa y antiguos colaboradores clave del Partido Socialista.

El dirigente ha recibido asimismo numerosas críticas por la gestión de la crisis en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, donde miles de migrantes entraron desde Marruecos a finales de julio y más de dos meses después, la situación sigue sin resolverse.

Los reyes de España tienen previsto ir a Ceuta el 13 de octubre, una visita de alto riesgo diplomático ya que la soberanía del territorio es reivindicada por Marruecos.

Pero la gota que colmó el vaso fue el hartazgo por la escasez de vivienda asequible.

Al igual que en muchos otros países europeos, esto se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de España, donde plataformas de alquiler turístico y fondos de inversión son señalados por organizaciones sociales y sectores políticos como factores que contribuyen al aumento de los precios y a la reducción de la oferta para residentes.

Fuente: AFP.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en alianza estratégica con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), prosigue con el despliegue territorial del Programa de Migración Laboral Circular Paraguay-España. En esta etapa, la convocatoria está orientada a trabajadores con experiencia comprobable en el sector rural que busquen acceder a oportunidades de empleo temporal en el exterior.

La jornada de socialización y reclutamiento presencial se lleva a cabo en el departamento de San Pedro, teniendo como sede las instalaciones del Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) Regional Choré. En este espacio, técnicos de ambas carteras brindan orientación directa, resuelven dudas sobre el proceso de postulación y recepcionan los documentos de los aspirantes.

El esquema de migración circular garantiza contratos temporales bajo estrictas condiciones de legalidad, cobertura de seguro social y el pleno respeto de los derechos laborales en territorio español. Como pilar fundamental del convenio bilateral, el programa contempla el retorno obligatorio de los trabajadores al Paraguay una vez culminado el periodo estipulado en sus contratos.

Más allá del beneficio económico directo, la política pública busca fomentar la transferencia de conocimientos técnicos y buenas prácticas agrícolas adquiridas durante la estancia en Europa. Se prevé que estos aprendizajes sean reinyectados en sus comunidades de origen para fortalecer el rendimiento de la agricultura familiar y elevar la competitividad de la producción local.

Tras la convocatoria en el segundo departamento, las autoridades confirmaron que la gira de captación continuará en las ciudades de Areguá, Caazapá y Asunción. El objetivo de las jornadas itinerantes es democratizar el acceso a la información oficial y asegurar la participación equitativa de agricultores de diversos puntos del país.

Con este modelo de movilidad laboral regulada, el Estado paraguayo busca desalentar la migración irregular y consolidar canales seguros de empleo formal. Al mismo tiempo, la iniciativa impulsa el desarrollo socioeconómico de las familias rurales mediante la capacitación práctica y el retorno de capital humano calificado.

El jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid emitió un veredicto condenatorio contra Augusto Marcelino (60), ciudadano dominicano que confesó haber asesinado a su expareja, la paraguaya Diana (29), el 30 de diciembre de 2024 en el distrito de Usera. La acusación particular, liderada por el abogado paraguayo Stephan Jorgensen, logró la declaración de culpabilidad del procesado, quien enfrenta una expectativa de pena de hasta 26 años de cárcel por asesinato y quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Al salir de la sede judicial tras ser convocado de urgencia, el profesional paraguayo confirmó el éxito de la primera etapa del juicio. “Acabo de salir del juzgado porque nos llamaron in extremis para leernos el veredicto del jurado; hemos ganado la parte penal”, manifestó Jorgensen. Aunque la condena privativa de libertad ya está firme en el pronunciamiento de la culpabilidad, el tribunal deberá formalizar en los próximos días la sentencia definitiva que establecerá los años exactos de prisión y la prohibición de acercamiento.

En el ámbito civil, la resolución incluirá severas indemnizaciones económicas destinadas a los deudos de la víctima. Se prevé que el fallo obligue al condenado a resarcir con 350.000 euros al hijo de Diana y con 85.000 euros a cada uno de sus padres. Jorgensen aclaró que, una vez notificada la sentencia redactada por los magistrados, la representación legal de la familia iniciará de inmediato las acciones y gestiones correspondientes para hacer efectivo el cobro del resarcimiento.

Paralelamente, la defensa impulsará una demanda de responsabilidad patrimonial contra las instituciones españolas por fallas graves en el sistema de protección. Pese a que Diana había presentado tres denuncias previas por malos tratos y contaba con una orden de alejamiento catalogada de “riesgo extremo” por el Ministerio del Interior, el crimen terminó consumándose. Ante esta vulnerabilidad institucional, la acusación sostendrá que el Estado no brindó las garantías ni los medios de resguardo requeridos para salvar su vida.

El letrado definió esta nueva fase como un “segundo round” estratégico que busca sentar un precedente sobre la tutela judicial efectiva para la comunidad migrante. Jorgensen, quien se formó profesionalmente en España y ejerce en Madrid, destacó la trascendencia del litigio al señalar que es una de las primeras ocasiones en que un profesional paraguayo encabeza una acusación de tanto impacto mediático e institucional dentro del sistema de justicia de ese país.

La resolución representa un avance crucial para los familiares de la compatriota, quienes buscan justicia integral tanto por la vía penal como a través de la reparación de daños. Para la diáspora paraguaya en Europa, el proceso expone la urgencia de revisar y fortalecer los protocolos de seguridad ante la violencia de género, al tiempo que marca un hito en la representación jurídica de la comunidad en el extranjero.