El uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vassallo, alias Capitán, de 44 años, considerado como testaferro de Sebastián Marset Cabrera, en el rol de blanqueador de dinero transnacional del narcotráfico, se declaró culpable ante la justicia estadounidense, reportó la Fiscalía del Distrito Este de Virginia, a través del portal del Departamento de Justicia, el 21 de mayo. Santoro fue extraditado desde Paraguay en julio de 2024.

En este marco, el Gobierno norteamericano anunció una recompensa de hasta 2 millones de dólares en el marco del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (TOCRP) por información que conduzca al arresto o condena de Marset, que se suma a la recompensa de 100.000 dólares en Bolivia, anunciada en 2023.

El narcotraficante uruguayo también es sospechado de haber ordenado el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, y las autoridades de Estados Unidos manifestaron la posibilidad de que se encuentre actualmente prófugo en Venezuela. Su esposa, Gianina García Troche, fue extraditada de España a Paraguay, el pasado 21 de mayo, y fue recluida en la cárcel militar de Viñas Cue, en Asunción.

Este último anuncio fue realizado por Erik S. Siebert, fiscal dederal para el Distrito Este de Virginia, y Louis A. D’Ambrosio, agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la Administración de Control de Drogas (DEA), en una coordinación entre el Departamento de Justicia, la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado.

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Santoro se declaró culpable de una conspiración para lavar dinero que involucró millones de dólares provenientes del narcotráfico. El acusado era un estrecho colaborador del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, de 29 años, quien, según se alega en un auto de procesamiento abierto esta semana, es un narcotraficante transnacional responsable del traslado de toneladas de cocaína con valor millonario desde Sudamérica a Europa. Santoro se desempeñó como blanqueador de dinero transnacional para organizaciones narcotraficantes y facilitó el traslado de millones de dólares provenientes del narcotráfico desde varios países de Europa a Sudamérica y otros lugares.

Marset presuntamente lideraba una organización de narcotráfico a gran escala que distribuía miles de kilogramos de cocaína, incluyendo hasta diez toneladas a la vez, desde Sudamérica, generalmente a Europa. La organización Marset traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos, Portugal y otros lugares.

Santoro y sus cómplices organizaban la recaudación de las ganancias del narcotráfico y utilizaban mensajeros y fichas para entregar de forma encubierta grandes cantidades de dinero ilícito, generalmente en euros. Los cómplices de Santoro se especializaban en introducir el dinero ilícito en el sistema bancario global. Posteriormente, Santoro dirigía la transferencia internacional de los fondos, generalmente mediante transferencias bancarias. Santoro solía indicar que los fondos se entregaran en dólares estadounidenses y que un banco corresponsal en Estados Unidos facilitaba la transacción.

Santoro utilizaba al menos siete empresas para facilitar la transferencia de dinero y ocultaba la ubicación y la propiedad de los activos blanqueados mediante empresas no relacionadas, todas registradas como presuntamente operando en industrias diferentes y no relacionadas. Santoro utilizó empresas registradas en Sudamérica y Asia para recibir el producto blanqueado del narcotráfico y ocultó el origen de los fondos mediante la creación de facturas falsas para justificar las transferencias bancarias.

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Santoro y, presuntamente, Marset amenazaron con violencia para proteger sus actividades de narcotráfico y blanqueo de capitales. Santoro blanqueó millones de dólares procedentes del narcotráfico y, en menos de cinco meses, dirigió el movimiento de al menos 8 millones de dólares procedentes del narcotráfico a través de bancos estadounidenses. Como pago, Santoro se apropió de un porcentaje del dinero ilícito que blanqueaba.

En enero de 2021, se adeudaba a Marset presuntamente más de 17 millones de euros procedentes de un único cargamento de cocaína. Santoro organizó la recaudación y el blanqueo de al menos 5 millones de euros de esos fondos, la gran mayoría de los cuales se blanquearon a través del sistema bancario estadounidense.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y sus socios policiales en Paraguay brindaron asistencia sustancial para lograr el arresto y la extradición de Santoro Vassallo. Los fiscales federales adjuntos Anthony T. Aminoff y Catherine Rosenberg están a cargo del caso.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre las operaciones de Marset, incluyendo su tráfico de drogas, lavado de dinero y uso (o amenazas de uso) de la violencia, o sobre su paradero, a contactar a la DEA por correo electrónico a MarsetTips@dea.gov”, señala el informe del Departamento de Justicia en su portal oficial.

Esta investigación forma parte de la Operación “Recuperemos América”, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a nuestras comunidades de los autores de delitos violentos.

Una copia de este comunicado de prensa se encuentra en el sitio web de la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia. Los documentos e información judicial relacionados se encuentran en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Virginia o en PACER, buscando el caso n.° 1:23-cr-143.

El gobierno de los Estados Unidos ha emitido un comunicado a través del programa Recompensas por la Justicia del Departamento de Estado, en el cual ofrecen hasta 10 millones de dólares por información sobre las redes financieras de Hezbolá en Sudamérica.

El informe, divulgado también por la embajada norteamericana en Asunción, señala que las redes financieras de Hezbolá operan en regiones alejadas de su base en el Líbano, incluso en Sudamérica, concentrándose especialmente en la zona de la Triple Frontera, conformada por Argentina, Brasil y Paraguay.

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Mencionan que este grupo terrorista libanés “ha generado ingresos mediante el lavado de dinero, el narcotráfico, la falsificación de dólares estadounidenses, el comercio ilícito de diamantes y el contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, carbón vegetal, cigarrillos y petróleo”, expresa el informe.

Igualmente, señalan que las células del grupo terroristas estarían participando en las actividades comerciales aparentemente legítimas, como la construcción, la importación y exportación de bienes raíces y la venta de bienes raíces.

“¿Tiene información sobre las actividades financieras de HIZBOLÁ en la Triple Frontera? Envíenos un mensaje de texto a través de Signal, Telegram, WhatsApp o nuestra línea de denuncias basadas en Tor. Podría ser elegible para una recompensa y reubicación", destaca el informe.

Las personas que consideren contar con información valedera pueden contactar al Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los EE. UU., en su programa de Recompensas por la Justicia contactando en la línea de denuncias +1-202-702-7843.

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El mandatario Santiago Peña firmó el decreto n.° 3749/2025, que reglamenta el artículo 1 de la ley n.° 7027/2022, que aumenta el pago de recompensa por el otorgamiento de información sobre el paradero de los secuestrados: el suboficial Edelio Morínigo, el ganadero Félix Urbieta y el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis.

La resolución presidencial detalla que la nueva suma establecida es de G. 7.000 millones. Se establece además que las informaciones podrán provenir de cualquier fuente, sin restricción de origen, pero excluye a funcionarios públicos que desempeñen funciones en las instituciones directamente vinculadas a la seguridad y la justicia, así como a los integrantes civiles, policiales o militares de las fuerzas públicas, ni a sus parientes hasta el quinto grado de consanguinidad.

Agrega que la identidad de la fuente permanecerá estrictamente reservada por razones de seguridad del informante y a fin de preservar la confidencialidad de la información.

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Igualmente, en la reglamentación se advierte que los datos falsos se denunciarán ante el Ministerio Público. La reglamentación fue a requerimiento del Ministerio del Interior e indica que el pago será en “concepto de gastos reservados”, de recompensa por información útil, respecto al paradero de los secuestrados por grupos criminales.

En la reglamentación se menciona que la autorización para el pago de la recompensa será competencia exclusiva de la cartera del Ministerio del Interior, que podrá disponer pagos parciales o totales, en función de la calidad de la información proporcionada y de los resultados obtenidos.

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Estados Unidos considera una “farsa” la investidura este viernes de Nicolás Maduro y subió a 25 millones de dólares la recompensa por su captura por delitos vinculados al “narcotráfico y la corrupción”, informaron funcionarios estadounidenses. El gobierno del presidente saliente Joe Biden contraatacó poco después de que el líder chavista jurara el cargo en Caracas para un tercer mandato consecutivo.

Funcionarios estadounidenses afirmaron a periodistas que esta investidura era una “farsa” Edmundo González Urrutia “debería haber sido investido hoy como el próximo presidente de Venezuela” porque “hay pruebas indiscutibles de que ganó” las elecciones del 28 de julio, dijo un funcionario estadounidense que pidió el anonimato.

Maduro fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin que se hayan publicado las actas. “Para proporcionar nuevos incentivos para llevar a Maduro y a sus cómplices ante la justicia por delitos relacionados con la conspiración para distribuir cocaína, el narcotráfico y la corrupción, hemos aumentado la recompensa a 25 millones” por información que permita capturar al presidente y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, añadió.

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Además, han añadido una nueva recompensa por el ministro de Defensa Vladimir Padrino, por quien ofrece 15 millones de dólares, precisó. Paralelamente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro sancionó a ocho altos cargos venezolanos por dirigir organismos económicos y de seguridad “que permiten la represión” y “la subversión de la democracia en Venezuela”.

Entre los sancionados figura el presidente de la petrolera PDVSA, Héctor Andrés Obregón, y el ministro de Transportes y presidente de Conviasa, la aerolínea estatal, Ramón Celestino Velásquez. Al mismo tiempo, para “apoyar a los venezolanos” el gobierno de Biden decidió ampliarles 18 meses el amparo migratorio que otorga permiso de residencia y trabajo, conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS).

El Departamento de Seguridad Interior considera “justificada” esta ampliación porque “Venezuela sigue enfrentando crisis políticas y económicas bajo el régimen represivo de (el mandatario Nicolás) Maduro, con condiciones que han contribuido a altos niveles de crimen y violencia”, declaró a periodistas una funcionaria que ha pedido el anonimato.

Pero Washington evitó cancelar las licencias individuales que otorgó a algunas petroleras para operar en Venezuela, entre ellas la estadounidense Chevron, algo que pide con insistencia la oposición venezolana. Se seguirán aprobando “caso por caso”, informó un funcionario.

Fuente: AFP.

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