La Cámara de Diputados aprobó dos proyectos de resolución orientados a requerir informes a instituciones claves del Estado, durante la sesión ordinaria de esta semana. Ambos pedidos tienen por objetivo fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas en la gestión de las administraciones municipales de todo el país.

El plenario de la Cámara Baja acompañó la propuesta planteada por varios legisladores, en que solicitan informes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República. En ambos casos, se establece un plazo de quince días hábiles para que las instituciones mencionadas remitan los informes requeridos.

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Respecto al Ministerio Público, solicitan informes sobre posibles irregularidades administrativas en gobiernos municipales, reflejadas en denuncias formales presentadas ante el órgano jurisdiccional competente.

Específicamente, piden información acerca de la cantidad de denuncias recibidas desde el año 2021 hasta la fecha, relacionadas con administraciones municipales a nivel nacional, con el fin de dimensionar el alcance de las situaciones reportadas.

Igualmente tendrá que brindar el detalle del estado procesal de cada una de dichas denuncias, lo cual permitirá conocer el avance o estancamiento de los respectivos expedientes, promoviendo así una mayor vigilancia institucional y ciudadana sobre los procesos en curso.

Según los proponentes, esta solicitud responde a la creciente preocupación de la ciudadanía y del cuerpo legislativo sobre la correcta administración de los recursos públicos en el ámbito municipal, así como a la necesidad de verificar el accionar oportuno del Ministerio Público en su rol de defensor del interés general y del patrimonio público.

Por otra parte, el segundo proyecto de resolución aprobado solicita informes a la Contraloría, en atención al papel que desempeña dicho órgano en la fiscalización y auditoría de los recursos públicos.

El pedido plantea estar al tanto de cuántas fiscalizaciones han realizado la Contraloría a municipalidades de todo el país, desde el año 2021 hasta la fecha, de conformidad al Plan Anual de Fiscalización.

Específicamente solicita que se remita el listado completo de las municipalidades auditadas, y cuántas fiscalizaciones especiales inmediatas han sido ejecutadas fuera del plan anual durante el mismo período.

También deberá Incluir toda otra información relevante sobre intervenciones o auditorías llevadas a cabo en administraciones municipales durante el lapso mencionado, ya sea por iniciativa propia o en atención a denuncias ciudadanas o institucionales.

El objetivo de este pedido es contar con datos concretos que permitan evaluar el cumplimiento de la función contralora del ente correspondiente, así como detectar posibles patrones de recurrencia en la mala administración pública municipal, promoviendo así la adopción de medidas legislativas o administrativas correctivas, en caso de ser necesarias.

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Roque Santa Cruz participó como invitado de Libertad, último campeón de la Copa Paraguay, del sorteo de la fase inicial en sede de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El histórico goleador de 43 años charló con Versus Radio Nación Media sobre su pre­sente, futuro y al ser con­sultado, respondió sobre su eventual retiro como juga­dor activo.

“Venía firmando por un año (contrato con Libertad), ahora lo hice por seis meses. Vamos a ver cómo se termina. Siempre digo que los objeti­vos tienen que cumplirse, es mucho más motivante para tomar decisiones”, explicó.

Agregó que “hemos cum­plido objetivos importantes a nivel institucional y perso­nal. Vamos a ver cómo termi­namos este torneo Apertura, que tiene mucha importan­cia. También es muy rele­vante lo que hagamos en la Copa Libertadores. Esos son los objetivos, que debe­mos alcanzar para tomar una decisión en junio”.

Añadió que disfruta del pro­ceso y afirmó que Libertad tiene con qué lograr el título local y seguir avanzando en la Copa Libertadores.

Los shoppings se preparan para recibir este martes una nueva masiva concurrencia por el partido de la Selección Paraguaya frente a Colombia, de visita en Barranquilla, desde las 21:00, por las eliminatorias sudamericanas. Desde la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), señalan que los negocios que más se ven beneficiados con estas jornadas futboleras son las tiendas gastronómicas y deportivas.

Andrés Kemper, presidente de la CCCP, comentó a La Nación/Nación Media que durante el partido contra Chile, el jueves pasado, pese a que la Albirroja jugó de local, recibieron una importante afluencia de clientes que optaron por un ambiente más cómodo en los patios de comida de los distintos centros comerciales de Asunción, San Lorenzo, Encarnación, Ciudad del Este y otras ciudades. Señaló que la expectativa es recibir una mayor concurrencia para el partido de esta noche.

Kemper señaló que cada centro comercial cuenta con patios de comida con espacios de 1.000 metros cuadrados, en promedio, donde pueden caber 700 a 800 personas sentadas. Sin embargo, mencionó que esta gran cantidad de concurrencia no solo beneficia al rubro gastronómico de los centros comerciales, sino también al deportivo, donde se observó aumentos importantes en las ventas en el partido anterior.

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“Cuando la selección gana, muchos hinchas salen a comprar su remera como parte de una cábala para el siguiente partido. En nuestro caso, manejamos tiendas con la marca que es sponsor oficial de la selección y hemos visto un incremento significativo en la demanda”, dijo a LN.

Acerca de las ganancias, Kemper dijo que todavía no cuentan con números cerrados pero afirmó que el impacto económico es innegable. “Lo que sí es claro es que el tráfico y las ventas aumentan significativamente cuando juega la selección”, sostuvo. En ese sentido, mencionó que muchos shoppings preparan pantallas gigantes para la gente. Además, los locales propondrán sorteos y promociones alusivas a la Albirroja, con lo que esperan dinamizar aún más la actividad comercial.

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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) es una institución pública de carácter autónomo y autárquico, además, tiene la capacidad de administrarse y financiarse conforme a la ley por la cual fue creada, recordó en un video institucional el gerente de Impuestos Internos, Ever Otazú.

Sostuvo que el reciente rechazo del proyecto de ley que pretendía modificar la distribución de ingresos para financiar el presupuesto de Ingresos Tributarios era de “tinte populista”. “Porque bajo supuestamente la premisa de que se iban a eliminar ciertos beneficios para los funcionarios, que de hecho ya no se encuentran así como tales en la ley de creación de la DNIT, lo que realmente pretendía este proyecto era desfinanciar a la institución”, expresó Otazú.

Mencionó que esta institución no solamente actúa como ente recaudatorio sino también es base para la lucha contra el contrabando que está directamente relacionado con el crimen organizado, y que el sistema legal que lo avala permite que se trabaje contra el comercio ilícito.

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“Se están cumpliendo los objetivos y el desarrollo institucional está permitiendo que tengamos todos los resultados actuales. No solamente en relación al aumento de las recaudaciones, sino también en la lucha contra el contrabando, contra el comercio ilícito y todos los delitos y crímenes que son conexos a los mismos. Por eso, rechazamos todos aquellos proyectos que pueden poner ciertos obstáculos contra las actuaciones de la dirección”, finalizó.

El proyecto de ley tenía como fin modificar el artículo 17 de la Ley 7.143/23 que crea la DNIT. En ella se indica que para financiar sus gastos previstos en el Presupuesto General de la Nación (PGN), constituirán ingresos institucionales el 0,7 % de la recaudación de los tributos cuya recaudación estén bajo su competencia; y la tasa del 0,5 % sobre el valor en aduana de las mercaderías importadas.

Además, el 50 % del producto de las multas por falta aduanera por diferencia y de las multas por defraudación y omisión de pago de tributos internos; el 50 % restante será remitido al Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como Fuente de Financiamiento 10, para solventar el PGN, y el 50 % del producto del remate de las mercaderías caídas en comiso por causa de contrabando.

El cambio planteado fue que todos los ingresos que hoy financian el funcionamiento de la DNIT vayan directamente al MEF y que la DNIT sea solventada por el PGN.

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