Un escándalo sacudió a la organización Miss Francia cuando salió a la luz una denuncia por discriminación e incumplimiento del código laboral, este lunes pasado. La organización Osez le féminisme! es la impulsora de esa demanda junto a tres candidatas que fueron rechazadas. La organización denunciante afirma que tres mujeres que pretendían formar parte del certamen debieron renunciar a participar en el concurso por no cumplir los criterios exigidos por los organizadores.
La demanda, presentada ante el tribunal laboral de Bobigny, ha sido lanzada contra Endemol Productions, la empresa que organiza esa competición y su emisión televisiva, y contra la cadena TF1. La asociación feminista ha lamentado en Twitter que ese programa “de otra época” sigue pidiendo a sus candidatas.
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Entre las obligaciones están no beber alcohol o consumir sustancias ilegales en público y comportarse de forma acorde a los valores “de elegancia” del programa si no quieren ser descalificadas. El diario Le Monde ha apuntado que en caso de que el Tribunal Laboral admita que no son voluntarias, el reglamento en sí, que equivaldría por lo tanto a un contrato laboral, estaría lleno de cláusulas discriminatorias.
Por ejemplo, no tener tatuajes o piercings, mantener el mismo peso desde el principio hasta el final, medir al menos 1,70 metros, estar solteras y no tener hijos. Las tres candidatas que han puesto la denuncia junto al colectivo feminista aseguran haber sido rechazadas por fumar en público o haber protagonizado fotos desnudas, argumentos que en una verdadera oferta laboral, según dijo la abogada de la asociación, Violaine de Filippis-Abate, serían ilegales.
“En lucha desde hace varios años contra este espectáculo retrógrado y sexista, la encarnación misma de la mujer-objeto, ¡estamos atacando el programa Miss Francia en los tribunales para hacer cumplir la ley laboral!”, han indicado en la red social.
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Denuncian que dueño de conocidos bares adeuda salarios de varios meses a exempleados
Este viernes, un grupo de exempleados de tres bares que se encuentran en lugares culturales de Asunción, uno de ellos apostado frente al Palacio de Gobierno, denunció que los funcionarios no reciben sus salarios y piden al Ministerio de Trabajo que acelere el proceso de negociación para el pago.
Según Tamara Troche, una de las afectadas exbartender de uno de los locales, desde enero de este año dejaron de pagar a los funcionarios a pesar de que asistieron a su lugar de trabajo por unos cuatro meses, pero luego ya no pudieron costear pasajes, alimentación y otros. Desde ese entonces están desempleados y esperando recibir el dinero adeudado.
Se trata de los locales de Mercado Oyenard, ubicado en la Manzana de la Rivera (bar casa Clari), Café del Teatro que está dentro del Teatro Municipal Ignacio A. Pane y Café comporta, ubicado en el barrio Las Mercedes, todos en la ciudad de Asunción, cuyo dueño sería Jorge Oyenard.
Estos locales son muy concurridos, pero desde enero dejaron de pagar a los trabajadores con la excusa de que no hay un buen flujo de clientes. “Es una pena y vergüenza. A mi desde enero dejaron de pagarme y seguí yendo a trabajar hasta que ya no pude sostener la situación”, dijo Troche, en entrevista con La Nación/Nación Media.
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Cuatro meses sin cobrar
Afirmó que al igual que ella, varios de sus compañeros que se desempeñaban como mozos, bartender, cocineros y otros, dejaron de ir a trabajar, porque ya no lograban cubrir los gastos que representaba eso. “Más de 4 meses no me pagan, pero sé que hay otros que hace más tiempo están reclamando y no cobran”, lamentó.
Afirmó que cuando decidieron dejar de trabajar gratis, fueron hasta el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) para realizar la denuncia y que hasta el momento no prosperó la denuncia. “Se hicieron denuncias, pero nunca hubo respuestas. Me quedé sin trabajo y sin dinero, muchos están en la misma situación”, aseguró.
Resaltó que hasta ahora esperan que desde estos locales les llamen para poder cobrar la deuda que tienen pendiente con ellos. “Ahí hay mucho flujo de gente y de dinero. Ya que forman parte de los atractivos turísticos del centro y nos dicen que no tienen fondos. Todos los días escribo para saber si van a poder pagarme”, manifestó.
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Exigen pago de deuda
Los trabajadores solo piden que se les pague lo que les deben en concepto de salarios, para poder saldar deudas que ya habían adquirido y también, comenzar a buscar trabajos estables. Instan al Ministerio del Trabajo a acelerar el proceso porque detrás de cada uno hay familias que dependen económicamente de ellos y algunos extrabajadores están enfermos.
“Pedimos que se nos pague los meses que fuimos y trabajamos, pero no se cobró. Además, que se sepa qué tipo de empresas están tomando los espacios culturales de la ciudad, para que nadie más sea explotado. Actualmente el grupo Oyenard se declaró en bancarrota para no abonar a los empleados como proveedores y presumimos que pasaron a ser BIFON S.A”, concluyó.
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Roban elementos explosivos de una cantera en Itapúa
Autoridades de Seguridad informaron sobre el robo de una gran cantidad de explosivo en el departamento de Itapúa. Precisaron que serían más de 10.000 metros de cordones detonantes; que según el titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel), Melanio Servín, es un alto explosivo que se utiliza para conectar los pozos de las canteras.
En conferencia de prensa que se realizó desde Mburuvicha Róga, el ministro de Defensa, Oscar González, indicó que cuentan con serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas, por lo que inmediatamente ya se ha comunicado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, así como al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para el control pertinente. Igualmente, descartó que estos artefactos e insumos terminaran en manos del crimen organizado.
El ministro González indicó que ni bien se tomó conocimiento del hecho, el presidente de la República, Santiago Peña, tomó una decisión rápida y contundente, suspendiendo la venta de todos estos materiales, que son de uso comercial. Desde este jueves, se ha normalizado la comercialización de vuelta.
“Atendiendo esta situación y la intervención oportuna de la Dimabel, se pudo constatar, ya que tenemos serios indicios de que esos materiales fueron comercializados y utilizados en canteras no habilitadas. Con estas evidencias tenemos la certeza de que no fueron a parar al crimen organizado, que era la mayor preocupación que teníamos”, expresó.
Mientras que la vocera de Gobierno, Paula Carro, explicó que el supuesto robo o sustracción se registró en una cantera que estaba habilitada para operar, se produjo hace unos días atrás, y reportó el robo de esos materiales explosivos en el departamento de Itapúa.
“Este hecho, por las derivaciones que pudieran tener, generó una reacción inmediata de los órganos del Gobierno, atendiendo que se trata de un negocio de alta sensibilidad, por lo que obliga a que la regulación y el control sean altos. Teniendo siempre como objetivo la seguridad del Estado y la seguridad de las personas. Está aún en curso esta investigación y se han logrado verdaderos avances para neutralizar el eventual peligro que pudiera representar”, destacó Carro.
Uso en canteras ilegales
A su turno, el director de la Dimabel explicó que gracias a la trazabilidad de estos materiales, difícilmente una cantera habilitada podrá hacer uso de esos materiales explosivos, en forma irregular y sin el control de la Dimabel. Indicó que existe la sospecha de que estos materiales están siendo utilizados en canteras irregulares, no habilitadas para la explotación.
Melanio Servín indicó que será el Ministerio Público el que finalmente deba determinar si la presunción que la Dimabel logró constatar confirma que los materiales fueron distribuidos y utilizados en esas canteras ilegales.
“Nosotros como institución coadyuvante tenemos esa premisa, basada en las declaraciones de estos receptores, de estos materiales explosivos por parte de la Cantera La Roca, sita en San Juan del Paraná, departamento de Itapúa”, precisó.
Finalmente, indicó que la Dimabel llevó adelante un sumario administrativo que concluyó en primer lugar con la incautación total de los materiales explosivos que dispone esta cantera. Así como la aplicación de una importante y elevada multa de 180 jornales. Mencionó que existe una presunción de la violación de la Ley 4036, se derivó el caso a la Fiscalía y comunicaron el hecho al MOPC y al Mades.
“Nosotros como institución tenemos una alta presunción de que fue una autodenuncia, que quedará a cargo del Ministerio Público y los órganos investigativos determinar si es así. La presunción es que la propia empresa es la que habría vendido esos productos a canteras clandestinas y que luego realizaron la denuncia del supuesto robo. Esto fue confirmado con algunos de los usuarios que están operando de manera ilegal en canteras que se encuentran en los alrededores”, acotó.
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Villarrica: abogado denuncia que sede de la Fiscalía está en deplorable estado
La sede del Ministerio Público en Villarrica se encuentra en deplorable estado, según denunció un abogado de esta ciudad. El edificio acumula una gran cantidad de basura y algunos muebles en desuso están tirados en el patio de la oficina departamental.
El abogado José David Bogado, miembro del Colegio de Abogados de Villarrica, describió las condiciones en que opera esta filial de la Fiscalía. “Es verdaderamente vergonzoso. Es una situación donde no puede desarrollarse bajo ningún punto de vista la labor tan importante y delicada del órgano investigador”, lamentó.
Explicó que el gremio hace mucho tiempo que viene reclamando e inclusive se ha entregado la inquietud al propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El pedido que nos hacía él era que tengamos un poco de paciencia que las cosas se irían poniendo en orden y se irían resolviendo. Pero pasaron aproximadamente siete meses y las soluciones no se avizoran. Al contrario, el estado del edificio es cada vez peor”, afirmó el profesional.
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Aseguró que los funcionarios ni siquiera cuentan con insumos de oficina para ejercer sus labores. Tampoco cuentan con elementos de limpieza y entre ellos deben organizarse en pequeños grupos para asear las dependencias. Aparentemente, ni el sanitario funciona, según imágenes socializadas por un medio digital.
“Ellos tienen que comprar sus hojas y sus tintas para tratar de paliar un poco toda la situación para poder dar respuestas a las incesantes requisitorias que a diario recaen ante el Ministerio Público de Villarrica”, remarcó.
Según el denunciante, la información que se maneja en la zona es que el edificio se encuentra en ese estado porque el Ministerio de Economía y Finanzas supuestamente no transfiere los recursos presupuestarios a esta institución.
“Yo no sé si esa puede ser la razón de la ausencia de recursos, pero no existen cupos para combustible, no existen rubros para viáticos. Uno necesita un perito porque debe trasladarse, pero no cuentan con el rubro para el traslado”, se quejó.
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Joven denuncia intento de feminicidio y urge celeridad a la Fiscalía
Una joven denunció a su expareja por intento de feminicidio y ahora pide celeridad al Ministerio Público a fin de que se puedan disponer las medidas de protección necesarias a su integridad física. Hace dos meses que se hizo la presentación en la sede fiscal de San Lorenzo, pero hasta el momento no se tomó ninguna determinación contra el agresor.
La víctima afirmó que venía sufriendo una seguidilla de maltrato físico y psicológico, situación que la obligó a entablar las acciones judiciales pertinentes. Ella teme por su vida y además que por consecuencia del caso pierda su trabajo.
Su hijo pequeño también en algún momento presenció las peleas, por lo que ya está bajo tratamiento psicológico al igual que la madre que sufre depresión por los efectos del problema familiar.
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Según manifestó tiene fecha recién para el mes de octubre para una pericia psicológica en la Fiscalía por lo que también urge acelerar este trámite que debe ser incluido en la carpeta investigativa. Aseguró que inclusive tiene pruebas de una amenaza de muerte proferida por su expareja.
De momento la victima está viviendo en la casa materna junto con su hijo por seguridad. “El me tiró al suelo varias veces, agarrándome por cuello y amenazándome que me va a matar. Yo hice la denuncia en la comisaría, también me hice el diagnóstico y llevé todas mis pruebas a la Fiscalía y hasta ahora no me dan una respuesta”, relató Bianca Cabral a los medios de prensa.
La mujer advirtió: “mi vida está en peligro” al insistir en la necesidad de que se dicten medidas urgentes contra el victimario. “Yo no puedo salir más a trabajar tranquilamente por temor. Mi hijo sufrió un trauma por todo lo que pasó. El está siguiendo un tratamiento psicológico así como yo también. Y solamente pido justicia”, manifestó. La mujer urgió que ya se libre la orden de captura al alegar que ya no puede “vivir tranquilamente”.
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