• Sao Paulo, Brasil. AFP.

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encabezó este domingo una manifestación en Sao Paulo, la primera desde que la corte suprema decidiera enjuiciarlo acusado de liderar un complot para dar un golpe de Estado. El líder de extrema derecha fue la cabeza visible de una manifestación para pedir una amnistía a los condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia en enero de 2023, poco después de que Bolsonaro terminara su mandato. El propio exmandatario (2019-2022) enfrentará un juicio por una supuesta trama golpista tras las elecciones de octubre de 2022.

Según la fiscalía, Bolsonaro buscó el respaldo de las fuerzas armadas para impedir la asunción de su sucesor en la presidencia, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, que podría enfrentar hasta 40 años de cárcel si fuera hallado culpable, se declara inocente y dice ser un “perseguido”. “La presencia del pueblo en la Paulista será un termómetro para la amnistía”, dijo esta semana a la radio local AuriVerde Brasil, afín al bolsonarismo.

Dos horas antes del inicio del acto, los manifestantes se congregaban sobre la Paulista, casi todos vestidos con camisetas de la selección de fútbol de Brasil, apropiada como símbolo por el bolsonarismo. El exmandatario reclama que el Congreso apruebe una amnistía para los condenados por la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes del Estado el 8 de enero de 2023, pocos días después de la asunción de Lula. Bolsonaro se encontraba en ese momento en Estados Unidos.

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Este domingo varios manifestantes llevaron a la marcha lapices labiales, un nuevo emblema del bolsonarismo alusivo a Débora Rodrigues, una mujer que estuvo en prisión preventiva durante dos años por participar en la asonada del 8 de enero y pintar con un labial una estatua frente al Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro afirma que Rodrigues, conocida como “Débora del labial” y ahora en detención domiciliaria, es víctima de una “injusticia”, como muchos otros procesados por los hechos del 8 enero. “Usar esa arma te condena 14 años”, ironizaban varios manifestantes en sus carteles con labiales.

“Estoy aquí para pedir por compatriotas que fueron injustamente presos. Quiero un Brasil mejor para mi hija, sin gobiernos que roben. Bolsonaro no robó y por eso lo persiguen”, dijo a la AFP Derlaine Costa, una empleada doméstica de 43 años que asistió a la marcha con su hija de 12.

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La corte suprema condenó a más de 500 personas por esa asonada, la mayoría por delitos graves como intento de golpe de Estado. La leyenda “Amnistía ya” acompañaba fotos de los condenados por los hechos de enero de 2023. “¡No hubo golpe!”, entonaba el público al ritmo de una banda de percusión. Hasta ahora, el bolsonarismo no cuenta con apoyos parlamentarios suficientes para concretar una amnistía.

La manifestación en Sao Paulo, la ciudad más rica y poblada de Brasil, servirá para medir la fuerza política de Bolsonaro, quien está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral. Pese a su inhabilitación, Bolsonaro, de 70 años, insiste en que quiere ser candidato en las presidenciales de 2026.

• Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

La confirmación del espionaje por parte del Brasil durante la presidencia de Jair Bolsonaro al Paraguay entre el 2022 y 2023, tiempo en el que Mario Abdo lideraba nuestro país, se sumó a la lista de eventos desafortunados para Paraguay, cuyos intereses se vieron perjudicados y amenazados durante toda la gestión de Abdo, mientras Brasil arrasaba todo a su paso.

En mayo del 2019, a solo 9 meses de la asunción de Abdo a la presidencia, el país fue sacudido con la noticia de que se había firmado un acta entreguista y secreta con el Brasil respecto a la Itaipú Binacional, documento en el cual se estipulaba la contratación de energía entre la hidroeléctrica y Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Electrobras), que contemplaba sobrecostos para nuestro país en orden a los USD 250 millones.

Los pormenores de este hecho generaron aún más indignación a nivel nacional, puesto que uno de los activos más importantes de nuestro país estaba en manos de un joven abogado. Aquí entra en escena José “Joselo” Rodríguez, quien en ese momento solo tenía 27 años y fue nada más y nada menos que un intermediario a favor de la empresa brasileña Leros en la negociación de venta de energía con la Administración Nacional de Electricidad (Ande), en el marco de este acuerdo.

El escándalo siguió escalando al punto que se produjo la renuncia del entonces presidente de la Ande, Pedro Ferreira, lo que se materializó tras haber dejado en claro estar en contra de las negociaciones y de que se negara a formar parte del esquema.

Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez estuvieron a puertas de un juicio político y pese a que esto no se concretó, para la opinión pública no quedó dudas de que este suceso fue un acto entreguista del gobierno abdista hacia el Brasil.

La administración de Abdo continuó con su agenda bilateral con Brasil, la cual era publicitada como una de las mejores relaciones y esto debido a que el expresidente celebraba que su par lo llame “Marito”; de hecho, en un acto público afirmó: “me emociona cuando me llama ‘Marito’” y “no me llama ‘señor presidente de la República’, me llama ‘mi amigo Marito’”.

Esta amistad pública entre los presidentes no se tradujo en beneficios para el Paraguay, sino todo lo contrario, nuestro país continuó perdiendo terreno con relación a Itaipú y la tarifa energética descendió de USD 22,60 por kilovatio-mes a USD 20,75, cifra acordada entre ambos países en agosto del 2022, luego de que Abdo no pudiera sostener la posición nacional de mantener la tarifa y ceder en cierta medida al objetivo de Bolsonaro que buscaba una importante disminución, intentando empujar a USD 18,90.

Bolsonaro no descansó en su objetivo y de manera unilateral, en diciembre del 2022, fijó la tarifa en USD 12,67, lo que tomó por sorpresa a nuestro país y por sobre todo al gobierno de Abdo que no pudo anticiparse a la jugada de su “gran amigo”.

En la negociación del 2023, Brasil sumó otra victoria ante nuestro país y esta vez, en consenso con Paraguay se acordó la tarifa en USD 16,71 por kilovatio-mes, lo cual incluso fue celebrada por el gobierno de Marito, quien quiso instalar que esto era beneficioso para nuestro país, pese a que significaba recibir menor cantidad de recursos de parte de la binacional.

Aun estando lejos del poder, Paraguay continúa sufriendo los estragos de la administración abdista. Hace unos días salió a la luz el espionaje del Brasil que pasó totalmente inadvertido para las instituciones nacionales. Durante 9 meses el vecino país estuvo inmiscuido sin que el gobierno anterior despierte alertas sobre la vulneración de los sistemas, en tanto, la prensa brasileña hizo referencia a que el espionaje tuvo como foco a la tarifa energética.

La propia administración de Lula da Silva reconoció que su antecesor tuvo acciones de inteligencia contra Paraguay que se desarrollaron entre junio del 2022 y marzo del 2023, cuando fue suspendido este operativo, ya con Da Silva al mando de Brasil.

A la fecha, se desconoce cómo se materializó este espionaje, qué instituciones se quebrantaron, a qué información se accedió, ¿realmente el Gobierno no se percató de este hecho o prefirió guardar silencio?

Todas estas preguntas todavía carecen de respuesta, lo concreto es que la supuesta amistad Abdo-Bolsonaro tuvo efectos dañinos para Paraguay, este último hecho incluso se sitúa como una violación del Brasil a los principios internacionales, así que no solamente se habla de una mala gestión del presidente anterior, sino de una vía libre a que nuestro país y sus instituciones sean pisoteadas, vulneradas y perjudicadas por la vecina nación, la que tuvo en sus manos nuestro destino y que encontró en Mario Abdo la debilidad, pasividad o complicidad para concretar sus pretensiones.

El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió este viernes por primera vez al caso de espionaje de Brasil en las negociaciones de Itaipú y defendió la “posición país” a través de las cuatro medidas asumidas ante este impasse, en un contacto con Radio Mitre de Argentina, expresando su preocupación y lamentando la situación ante la intención de abogar por la integración regional.

“Es una noticia bastante desagradable. Vemos eso con tremenda preocupación porque no se condice con el tipo de relación que queremos proponer, una de amistad, socios, amigos que nos permita construir un Mercosur más fuerte. Lastimosamente estamos en este impasse”, comentó Peña al programa que conduce Eduardo Feinmann.

Asimismo, acotó: “Nosotros hemos tomado medidas muy firmes, abrimos investigaciones en nuestra área de ciberseguridad. Está demostrado que recibimos constantemente ciberataques que provienen de China, pero jamás nos hubiésemos imaginado que estaríamos sujetos a espionaje por parte de nuestros hermanos y vecinos brasileños”.

Peña dijo que esta acción ilegal termina “abriendo viejas heridas” al recordar la Guerra de la Triple Alianza desatada contra el Paraguay durante los años 1864 a 1870. El conflicto bélico, considerado como la contienda más sangrienta de América del Sur, fue desarrollada por Argentina, Brasil y Uruguay.

“Estas son heridas que nosotros estamos buscando sanar y este episodio lastimosamente lo que hace es abrir estas viejas heridas, cuando nosotros lo que queremos es dejar atrás es esa historia de odio, de resentimiento que venía principalmente de afuera hacia Paraguay, lastimosamente, hoy nos damos cuenta de que hay ese resentimiento”, lamentó.

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El medio brasileño UOL reportó el 31 de marzo sobre una operación de espionaje reconocida por Brasil en un comunicado oficial, pero que el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuye a su antecesor, Jair Bolsonaro. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países -ahora pausadas- sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El gobierno de Lula da Silva negó “categóricamente cualquier implicación en la acción de inteligencia” y se la adjudicó a la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), en un comunicado de la cancillería publicado el lunes. “La mencionada operación fue autorizada por el gobierno anterior, en junio de 2022, y anulada por el director interino de la (agencia de inteligencia estatal) ABIN el 27 de marzo de 2023, tan pronto como la actual gestión tuvo conocimiento del hecho”, dijo el gobierno de Brasil.

El gobierno paraguayo convocó al embajador de Brasil, José Antonio Marcondes de Carvalho, para que “ofrezca explicaciones detalladas” sobre la operación, explicó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, en conferencia de prensa el martes. Ramírez también informó que se llamó a consultas al representante diplomático paraguayo en Brasilia “a fin de que informe sobre los aspectos relacionados a la acción de inteligencia en asuntos del gobierno del Paraguay por parte de ese país”.

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Según la prensa brasileña, la ABIN ingresó a las computadoras de las instituciones del Estado paraguayo para obtener informaciones reservadas. El objetivo habría sido conocer la posición de Paraguay en la negociación del “Anexo C”, un documento del Tratado de Itaipú (que dio lugar a la construcción de la represa sobre el río Paraná, limítrofe), que establece las bases financieras y de prestación de servicios de electricidad de la central hidroeléctrica.

Ramírez aseguró el martes que quedaron “suspendidas todas las negociaciones del Anexo C hasta tanto Brasil brinde las aclaraciones correspondientes a satisfacción del gobierno de la República del Paraguay”. Las negociaciones giran en torno a la reducción del precio de la energía, interés de Brasil, que compra desde hace décadas todo el excedente que le corresponde a Paraguay, que consume menos del 10% de lo producido.

El presidente de la Cámara de Senado­res, Basilio Núñez, anunció que presentarán un proyecto para la con­formación de una Comi­sión Bicameral de Inves­tigación (CBI) para dar seguimiento a la denuncia de espionaje por parte de Brasil al Gobierno de Para­guay y sus autoridades, en el periodo de la presidencia de Jair Bolsonaro.

“Estamos trabajando para hacer los últimos ajustes legislativos, creo que en una hora vamos a tenerlo redactado. Esperemos que los colegas de las diferen­tes bancadas confirmen”, dijo el titular legislativo en conversación con los medios de comunicación en la Cámara Alta.

Indicó que, así como otras comisiones, será una bica­meral amparada en la Cons­titución Nacional para la investigación y el alcance de los hechos. “La comisión va a tener un tiempo para investigar todos los hechos que sucedieron y que están sucediendo y qué institu­ciones fueron responsables también en nuestro país”, apuntó.

La propuesta ya sería incluida en el orden del día de la próxima semana, teniendo en cuenta la importancia del tema de acuerdo a las expresiones del presidente legislativo ayer jueves.

La denuncia de hackeo tras­cendió en los medios de comunicación brasileños y señalaba que un funcionario de la Agencia de Inteligencia Brasileña (Abin) dio deta­lles de la supuesta operación de espionaje a Paraguay.

Esta información fue con­firmada en un comunicado del propio Gobierno de Bra­sil, encabezado por el presi­dente Inácio Lula da Silva, quien aclaró que el espio­naje informático se realizó en el periodo de gestión de Jair Bolsonaro, entre marzo de 2022 a junio de 2023.