“Manos limpias”: proponen ley para que corruptos no puedan ser candidatos
El proyecto de ley que establece la inhabilitación para candidatos a cargos electivos con antecedentes de hechos de corrupción fue presentado hoy por el diputado del Partido Colorado, Raúl Latorre. Con la normativa se busca dotar de una herramienta legislativa para que agentes del Ministerio Público peticionen y jueces apliquen como pena complementaria la inhabilitación para las candidaturas de miembros del Parlamento, intendentes y concejales que cuenten con antecedentes comprobados de corrupción.
Buscan prevenir uniones tempranas de niñas y adolescentes del país
A través de un proyecto elaborado por Plan International Paraguay y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), buscan analizar y determinar las causas y factores de las uniones tempranas. Se evalúan trabajos conjuntos para el abordaje integral de las uniones tempranas de niños y adolescentes del país, y fin de contar con evidencias científicas para incorporar la educación sexual integral.
Plan de reactivación es más bien un “control de riesgo y manejo de daño”, dice titular de UGP
El presidente de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, consideró que no se puede asegurar aún una reactivación económica del país con el plan de recuperación pospandemia presentado por el Gobierno. Dijo que si bien se busca la reactivación, ve muy difícil recuperar la dinámica o el ritmo de negocios que se tenía antes de las crisis sanitaria.
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Santiago Peña objetó ley del agente penitenciario
El presidente Santiago Peña objetó totalmente el proyecto de ley N° 7.318 “del agente penitenciario”, siendo devuelto al Congreso. La propuesta legislativa había sido sancionada la semana pasada, pero para el Ejecutivo no cumple con las normas legales ni administrativas necesarias.
“Presenta importantes e insalvables cuestionamientos en cuanto a la idoneidad de los medios propuestos para el logro de los objetivos, los costos asociados, así como la viabilidad y efectividad de la implementación y su alineación con los más modernos estándares internacionales en la materia”, se expresa en parte del decreto.
Desde el Ejecutivo, remarcaron también que diversos aspectos normativos del proyecto supondrían un incremento en el egreso público, sin que su viabilidad, necesidad, razonabilidad u optimización hayan sido debidamente analizadas o ponderadas por los entes públicos competentes.
“Se han dictado normas como la ley N° 7278/2024, que regula la Organización Administrativa del Estado, la cual prevé que antes de dictarse una ley que cree, modifique o regule nuevas estructuras administrativas, se cuente con un parecer técnico sobre su necesidad por parte del Ministerio de Economía”, se expresó, lo cual no se aplicó con el referido proyecto.
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El plan legislativo
De acuerdo al Ejecutivo, el impacto presupuestario del plan legislativo sería de G. 112.850.000.000, solamente en el primer año. Esto abarcaría la incorporación sin concurso de 1.135 personas como funcionarios permanentes y 227 de los trabajadores tendrían cargo de directores.
“La iniciativa, aunque bien intencionada, presenta riesgos en cuanto a su viabilidad práctica y financiera, comprometiéndose así no solo la efectividad de las soluciones, sino también la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo”, se subrayó desde Presidencia.
El proyecto de ley vetado busca definir la carrera del agente penitenciario, las políticas de ascenso y, sobre todo, los años de servicio que deberán prestar los nuevos incorporados, pretendiendo humanizar la carrera, en respeto a la institucionalidad. Desde el Ejecutivo se coincidió en su relevancia, pero atendiendo las consideraciones planteadas.
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Gremios de la producción celebran retraso de la aplicación del Reglamento 1115
Melissa Palacios
melissa.palacios@nacionmedia.com
La Comisión Europea reconoció la complejidad en el cumplimiento de las exigencias del Reglamento 1115 y propuso retrasar su aplicación por un año, hasta diciembre de 2025. Desde la Unión de Gremios de la Producción (UGP) celebraron la decisión, pero apuntaron a seguir ampliando la mirada hacia otros mercados con mayor previsibilidad y reglas claras, que se ajusten a la realidad del comercio global.
“Al final se impuso la racionalidad o el sentido común, ya que este reglamento se hizo de manera unilateral y buscaba imponer leyes europeas en otros países que atropellan la soberanía de los países que comercian en Europa”, sostuvo Cristaldo para La Nación/Nación Media, agregando que también colisionaba con un convenio de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos sobre cambio climático.
Afirmó que la forma como está planteada la reglamentación podría constituir un freno para el desarrollo de países como Paraguay, ya que ven amenazados sus procesos con las exigencias que generarían exclusión a los pequeños productores que con mucho esfuerzo se incorporan al mercado del viejo continente.
“El desafío que tenemos como país es no quedarnos enfocados en mercados europeos que directamente no es muy importante, sino indirectamente. Empezar a mirar otros horizontes porque nuestros productos son de alta calidad y muy demandados al ser alimentos”, puntualizó a LN/NM. El Medio Oriente o diversificar el continente americano son unas variables, ante la alta dependencia del 75 % de la producción al mercado argentino.
Paraguay fue uno de los primeros países en cuestionar los plazos y exigencias que no se ajustaban a las distintas realidades productivas de la región y del país. También fue pionero en dar a entender que los sistemas productivos paraguayos cumplen con criterios de sostenibilidad, resguardados por leyes forestales (Ley 422/73) y de Impacto Ambiental (Ley 294/93), demostrando que el sector agropecuario está alineado a la necesidad de utilizar de manera racional y sostenible los recursos naturales.
El presidente de la UGP aseguró que hoy comerciar con Europa es de alto riesgo, puesto que estarán al arbitrio de los comerciantes que decidirán según sus reglas aceptar o no nuestros productos. Es decir, no se puede depender de los vaivenes de dicho mercado, sino buscar mayor previsibilidad y reglas claras que se ajusten a las normativas de la OMC así como el libre comercio.
Los principales requerimientos que la UGP había expuesto son: no se reconocerán como válidas las documentaciones oficiales de cada país. La trazabilidad, donde se deberá demostrar en cada etapa la cadena de producción y comercialización. El producto no deberá provenir de una parcela con deforestación o degradación comercial y cumplir con las exigencias adicionales.
Datos clave
Hasta diciembre de 2025 se pospuso la aplicación del Reglamento 1115 de la UE.
El desafío que tenemos como país es no quedarnos enfocados en mercados europeos, según la UGP.
Actualmente comerciar con Europa es de alto riesgo, indicaron.
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“Solicitar transparencia no es ningún tipo de garrote”, sostienen desde el Banco de Alimentos
El presidente del Banco de Alimentos, Guillermo Fanego, manifestó estar de acuerdo con la iniciativa legislativa que apunta a un mayor control a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y señaló que no debería haber una oposición ante la intención de solicitar mayor transparencia a estas asociaciones.
“Solicitar transparencia no es ningún tipo de garrote, sino es simplemente pedir ser más transparentes para la sociedad. Nosotros formamos parte de las fundaciones que prácticamente no recibimos donaciones de parte del Estado, pero estamos a favor de eso”, sostuvo en conversación con “Arriba Hoy”, emitido por GEN-Universo 970 AM/Nación Media.
No obstante indicó que más allá de establecer controles, el Estado también debería empezar a premiar o incentivar a aquellas organizaciones civiles que sí cumplen con las normativas y que cumplen un rol trascendental en las áreas o sectores donde las instituciones estatales no están pudiendo llegar.
“Hay una famosa frase que dice ‘mayor sociedad le hace mejor al Estado’, entonces está bien que nos controlen y que haya transparencia, pero es importante que a través de esa evaluación puedan determinar quiénes son las que trabajan bien y entonces apoyarles”, afirmó el titular del Banco de Alimentos.
Fanego reafirmó que como organización están totalmente a favor de la transparencia y que no ven a esta iniciativa que se plantea desde el Congreso como un problema. Indicó que el Banco de Alimentos recibe muchas donaciones pero no de parte del Estado, no obstante, cuentan con asambleas y balances al día sobre los gastos y el destino de los recursos.
“De por sí ya existen las instituciones que nos están controlando y creo que esta ley viene a reforzar más en una cuestión de transparencia. Nosotros estamos a favor de eso, no tenemos ningún problema en ese sentido. Lo que sí podemos decir es que está bien que el Estado controle, pero tiene que premiar también a las instituciones que sí cumplen”, ratificó.
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Diputados aprobó con modificaciones propuesta de control, transparencia y rendición de oenegés
La Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley para el control de las organizaciones no gubernamentales (ONG). El plenario acompañó en mayoría las propuestas de modificación planteadas por el Poder Ejecutivo.
El documento, que ya contaba con media sanción del Senado, ahora vuelve a la cámara de origen para el estudio y consideración de las modificaciones planteadas. De ser aceptada por la Cámara Alta, la normativa ya quedará sancionada.
Luego de un largo debate de casi dos horas, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre puso a consideración de sus colegas el proyecto, y llevó adelante la votación nominal, en la que 47 diputados votaron a favor, 13 en contra, mientras que 2 se abstuvieron y 18 ausencias se registraron al momento de la votación.
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Al respecto, la representante de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba, señaló las modificaciones planteadas a la propuesta que establecen un régimen de control, la transparencia y la rendición de cuentas de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), que desarrollan actividades públicas de interés social y cultural.
Señaló que de ahora en más se entienden como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o prividados nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos.
Señaló que la legislación expresa claramente que quedarán excluidos de la normativa tratada aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la presente ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos nacionales o internacionales las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
Indicó que la autoridad de aplicación será el Ministerio de Economía y Finanzas, sin perjuicio a la facultades que le correspondan a la Contraloría General de la República y otras entidades estatales.
Mencionó además que se establece crear un registro de las OSFL dependiente del Ministerio de Economía y será de carácter público y accesible a la ciudadanía mediante medios electrónicos. También deberán registrarse aquellas OSFL de origen extranjero que realicen actividades en el Paraguay de manera directa o indirecta.
La diputada de la Comisión de Equidad, Rocío Abed, señaló que el dictamen de la mesa asesora fue idéntico al del presupuesto, por lo que acompañan su aprobación con modificaciones, aclarando que tuvieron dos meses y 20 días para analizar y formular sus propios criterios para plantear las modificaciones.
“Esta ley está preservando algunos principios fundamentales como son la transparencia, el control y la rendición de cuentas, en un país en el que las organizaciones y las personas físicas y jurídicas tienen la obligación de estar en igualdad de condiciones y justamente ahí se introduce el principio de equidad”, comentó.
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