El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la ratificación de la imputación por el delito de usurpación de funciones públicas contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra. La fiscala Sophia Galeano fue quien solicitó al juzgado admitir la imputación, luego de realizar algunos ajustes para que el proceso penal pueda avanzar contra el citado profesional del derecho.
La causa contra Marecos se originó tras una diligencia judicial realizada el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la firma Cargo Line Paraguay S.A. El Ministerio Público sostiene que el abogado habría actuado de forma irregular en dicho procedimiento, pese a no tener intervención en el juicio civil tramitado entre las partes. Asimismo, la Fiscalía le atribuye haber ordenado restringir el uso de teléfonos celulares e incautar dispositivos.
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Igualmente, el magistrado fijó para el 15 de mayo de 2027 el plazo ordinario para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, que podrá consistir en el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público u otra salida procesal. Por su parte, el abogado Marecos criticó en su momento la imputación fiscal e indicó que carece de fundamento.
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Procesan a un hombre por amenazar a su expareja y con prohibición de acercamiento
Ciudad del Este. Agencia Regional.
La fiscal Susan Vega imputó por violencia familiar a un hombre, que habría amenazado con matar a su expareja y atentar contra sí mismo, además de solicitar su prisión preventiva al Juzgado Penal de Garantías. El procesado es Alexis David Ramírez Salinas (29 años), quien tiene prohibición de acercamiento a la mujer, a raíz de denuncias anteriores por los mismos hechos.
Según los antecedentes consignados en el escrito fiscal, el 14 de noviembre, cerca de las 13:00, el hombre llegó con el padre de su expareja hasta la vivienda de la misma para retirar a sus hijos.
Sin embargo, la mujer se negó a entregarlos porque temía que pudiera hacerles daño y le recordó que tenía prohibición de acercamiento. También le advirtió que llamaría a la Policía si no se retiraba del lugar. Ocurrió en el barrio Remansito de Ciudad del Este.
Ante esta situación, el hombre habría tomado un palo de escoba y empujado la puerta con intenciones de ingresar por la fuerza, pero al no conseguir abrirla, se retiró del lugar. Sin embargo, al día siguiente, cerca de las 09:30, se presentó en el lugar de trabajo de la mujer.
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Al verlo, la víctima le recriminó lo ocurrido en la casa y le advirtió que no volviera a intentar ingresar por la fuerza a su vivienda, generándose de nuevo una discusión. Más tarde, alrededor de las 11:50, ambos volvieron a discutir mediante llamadas telefónicas, hasta que la mujer bloqueó el número de su expareja.
Posteriormente, el hombre habría utilizado el teléfono celular del padre de la mujer para enviarle dos audios, en uno de ellos con amenaza de muerte. Tras recibir los mensajes, la víctima bloqueó también el número de su padre y presentó otra denuncia, según el escrito de imputación.
La Fiscalía aclara que, al comparecer ante la unidad para prestar declaración, la afectada manifestó reiteradamente que no quería perjudicar al denunciado ni que fuera enviado a prisión. Además, se negó a someterse a una evaluación médico-forense, recibir contención psicológica y entrevistarse con una sicóloga. La fiscal refirió que dejó constancia escrita de estas negativas.
Tenía orden de búsqueda por no presentarse
La denunciante contaba con una orden de búsqueda y localización en una causa anterior por violencia familiar contra la misma expareja, debido a que no se había presentado a declarar ante la Unidad Especializada N.º 1, a cargo de la fiscal Liliana Denice Duarte. Tampoco había acudido a realizarse la evaluación correspondiente.
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Imputan a director jurídico del BCP y solicitan su prisión preventiva
El director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), Aldo Javier Rodríguez González, fue imputado por el Ministerio Público en el marco de la investigación por presuntas irregularidades vinculadas al caso Ueno Bank. La Fiscalía le atribuye los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.
Los agentes fiscales solicitaron la aplicación de la prisión preventiva para el funcionario, quien se presentó el domingo ante la Policía Nacional, luego de que se ordenara su detención en el marco de la causa penal N.º 92/2026.
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La investigación apunta a la presunta modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos, remitido a la Cámara de Senadores el pasado 7 de octubre. Según la hipótesis fiscal, el documento habría sido alterado y habría omitido información relevante sobre la situación financiera de Ueno Bank y las observaciones relacionadas con determinadas operaciones crediticias.
Tras la presentación de la imputación, el caso queda a cargo del juez penal de Garantías Osmar Legal, quien asumió como nuevo magistrado de la causa y deberá convocar a Rodríguez para la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se analizará el pedido de prisión preventiva.
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Vinculan al hijo de Santiago Peña con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco
El abogado y exministro del Interior, Francisco de Vargas, acompañado por su colega Michelle Byun, denunciaron ante la Cámara de Senadores que Gonzalo Peña, hijo del expresidente de la República, Santiago Peña, intercedió con el despojo de 310.000 hectáreas en el Chaco con el objetivo de comercializar créditos de carbono a empresas multinacionales.
La denuncia fue presentada ante la comisión especial de Investigación sobre presuntos hechos de corrupción en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), liderada por el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
De acuerdo a la acusación, las tierras fueron arrebatadas de la secta Moon, movimiento religioso de origen coreano asentado en la zona de Puerto Casado, mediante vínculos políticos y con el complaciente aval de varias instituciones del Estado bajo el mando de Santiago Peña, como la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Defensa.
Byun, quien se desempeña como presidenta de la secta, detalló que la pérdida de las hectáreas fue concretada por una demanda impulsada por un antiguo integrante del grupo. Agregó que dicha sentencia judicial violó la Ley de Seguridad Fronteriza y que las tierras estarían siendo transferidas a cuatro supuestas empresas de maletín que pertenecerían a Kiantar Betancourt, quien es sindicado como socio comercial de Gonzalo Peña.
“Queremos señalar los vínculos políticos que afectan directamente a esta cuestión. De esto hemos tomado conocimiento a través de publicaciones periodísticas (vínculo entre Peña hijo y Bentancourt). Inclusive han viajado a países extranjeros, llámese Estados Unidos y Dubái, para la comercialización de los bonos de carbono, y ahí no hace falta que yo ilustre para que se entienda la cantidad de bonos de venta de carbono que puede obtenerse a partir de 312.000 hectáreas de bosque chaqueño”, refirió de Vargas a medios de comunicación.
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El abogado manifestó también que “esperemos que ahora, habiéndose desbloqueado políticamente esta cuestión, por lo menos así lo entendemos, estas instituciones empiecen a ejercer las acciones judiciales”.
Los créditos de carbono serían comercializados a empresas multinacionales que tienen como finalidad compensar su huella ambiental, cumplir con metas de sostenibilidad como la carbono neutralidad o responder a exigencias de mercados regulados.
Desde el movimiento religioso, requieren a la comisión especial de investigación de la Cámara Alta que se investiguen las denuncias que salpican a Gonzalo Peña y Betancourt, ciudadano colombo-estadounidense, quien negó tener vínculos societarios con el hijo del exmandatario recluido actualmente en la sede del Regimiento Escolta Presidencial por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal y administración en provecho propio en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
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Exsuperintendente de Bancos estará recluido por 15 días en la Agrupación Especializada
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exsuperintendente de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP), Holger Insfrán, guarde prisión por 15 días en la Agrupación Especializada, en el marco de la causa judicial Ueno Bank.
Holger se encuentra imputado por el supuesto hecho punible de lesión de confianza, en calidad de autor. “Pasará a guardar reclusión primariamente en la Agrupación Especializada y este juzgado vía oficio recabará informes sobre alguna institución dependiente del Ministerio de Justicia en donde pueda guardar posteriormente reclusión definitiva”, comentó Otazú a los medios de comunicación.
El magistrado agregó que “la defensa solicitó una medida menos gravosa, pero el juzgado entiende que los hechos revisten gravedad, entonces entendemos que, por una cuestión de saber sobrellevar y dar el respaldo necesario al Ministerio Público para que pueda seguir llevando adelante sus investigaciones, consideramos que es la medida más acertada en este momento”.
De acuerdo al acta de imputación, el funcionario habría tomado conocimiento formal, el pasado 29 de abril, de excesos en los límites de crédito otorgados a empresas vinculadas a Ueno, entre ellas Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA. Las obligaciones conjuntas de estas firmas habrían alcanzado aproximadamente G. 743.784 millones, equivalentes al 31,9 % del patrimonio efectivo de la entidad bancaria, por encima del límite regulatorio del 20 %.
La Fiscalía sostiene que, pese a las advertencias técnicas y al tiempo transcurrido desde la detección de las presuntas irregularidades, el imputado no habría exigido la presentación del plan de regularización previsto en la legislación bancaria.
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Asimismo, la investigación señala que el 16 de junio de 2026 se habría considerado regularizada la situación de Ueno Bank tras una operación de venta de cartera crediticia a Vinanzas S.A. por aproximadamente USD 74,4 millones. Sin embargo, de acuerdo con la hipótesis fiscal, dicha operación habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco, mediante préstamos y operaciones con sociedades relacionadas.
Otro de los hechos atribuidos se refiere al tratamiento de un informe técnico, remitido el 10 de julio de 2026 por un exgerente de Supervisión, que advertía sobre posibles irregularidades en la operación de transferencia de cartera. Según el acta de imputación, el documento habría sido comunicado al entonces presidente del BCP recién el 24 de julio, sin haber sido elevado formalmente al Directorio de la institución.
La Fiscalía también atribuye al imputado la presunta falta de impulso de medidas correctivas y el no haber comunicado oportunamente al Directorio del BCP la necesidad de adoptar disposiciones ante las observaciones detectadas, mientras la entidad bancaria continuaba desarrollando operaciones financieras.
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