El abogado Rodrigo Yódice, defensor del funcionario de la Cámara de Diputados William Bogarín —acusado por una millonaria estafa—, sigue presentando chicanas con el fin de evitar que el proceso penal avance. Esta vez, el citado profesional del derecho, quien ya contaría con sanciones por litigio de mala fe, presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el juez Vicente Coronel, quien debía tomar juramento a los peritos para realizar la extracción de datos del celular del acusado.
Bogarín está procesado por estafa agravada y producción de documentos públicos de contenido falso, en el marco de una investigación cuyas víctimas son colonos menonitas de Río Verde, San Pedro. El procedimiento de extracción de datos del teléfono celular estará a cargo del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión, que deberá informar los resultados al Juzgado de Garantías. Sin embargo, debido a la chicana presentada por la defensa, primero se deberá destrabar el proceso penal en el Tribunal de Apelación para poder ejecutar la diligencia.
Asimismo, el magistrado Vicente Coronel fijó la audiencia preliminar para el próximo 21 de agosto a las 08:45. En dicha instancia se definirá si los procesados van a juicio oral y público.
Otros acusados
Además del exfuncionario, en la causa están procesados la abogada Ilse Paredes y José Ljubetic. A los tres se los sindica de estafar por la suma de USD 1.600.000 a los colonos, bajo la falsa promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Se espera que la pericia al celular de Bogarín aporte información clave sobre su participación y la de otros posibles involucrados en el caso.
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Fiscal adjunta de San Pedro definirá si acusa a hombre que intentó asesinar a su hermano
La fiscal adjunta de San Pedro, Alicia Sapriza, deberá definir si acusa y pide juicio oral para Ignacio Benítez Duarte, procesado penalmente por tentativa de homicidio doloso tras procurar asesinar a su propio hermano. En el presente caso, llamativamente, el fiscal Walter Javier Melo solicitó el sobreseimiento provisional al juzgado, a pesar de contar con elementos de prueba contundentes para acusar al imputado.
Durante la audiencia preliminar realizada por el juez Penal de Garantías, Óscar Segovia, el fiscal interino Pedro Nelson Acuña se ratificó en dicho sobreseimiento provisional. El magistrado, ante las pruebas que obran en la carpeta fiscal, decidió dar trámite de oposición, dejando en manos de la fiscala adjunta el estudio de los motivos por los cuales se pidió la desvinculación parcial del procesado.
En la diligencia judicial, la víctima del caso, Luis Miguel Benítez, manifestó el temor por su vida y la de su padre de 99 años de edad, advirtiendo que si el acusado recupera su libertad, los va a asesinar. Asimismo, la víctima indicó que esta ya es la tercera denuncia contra el imputado y que hasta el momento la Justicia no ha hecho su trabajo, por lo que exige que se actúe conforme a derecho y se presente la acusación.
Por su parte, la querella adhesiva sostiene que existen suficientes elementos de prueba —como declaraciones de testigos y varios videos donde se observa claramente lo sucedido— para formalizar la acusación.
Llamativo pedido fiscal
El fiscal Walter Melo justificó el pedido de sobreseimiento provisional alegando que falta realizar algunas diligencias. Sin embargo, estas son consideradas básicas e incluso podrían diligenciarse durante el desarrollo del juicio oral y público. Este actuar debería llamar la atención de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), dada la gravedad del caso investigado.
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Caso Metrobús: Wiens suma nueva chicana al recusar al juez Humberto Otazú
El exministro de Obras Públicas y candidato a mandatario por el adbismo, Arnoldo Wiens, recusó este martes al juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, con la finalidad de paralizar su proceso penal en la causa Metrobús.
La recusación fue impulsada bajo patrocinio del abogado Sergio Coscia en donde menciona “una falta de imparcialidad e independencia” por parte del magistrado. El pasado 13 de agosto, el dirigente abdista también impulsó la recusación del fiscal general del Estado (FGE), Emiliano Rolón.
Wiens alega que su planteamiento no responde simplemente a que las decisiones del magistrado hayan sido desfavorables a su posición procesal, sino a lo que considera una “secuencia objetiva de actuaciones procesales desplegadas por el magistrado, las cuales, consideradas en su conjunto, generan en mi persona una duda razonable respecto de la necesaria imparcialidad y distancia que debe mantener el órgano jurisdiccional frente a las posiciones de las partes”, indicó.
Ante esta nueva chicana, el Tribunal de Apelación deberá definir si Otazú continúa o no al frente de la causa, en la cual debe llevarse adelante la audiencia preliminar para definir si el caso se remite o no a juicio oral y público.
Antecedentes
De acuerdo con el Ministerio Público, el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
Los agentes fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti sostienen que Wiens recibió un proyecto con el 40 % de avance en el 2018 por parte de la administración del exministro de Obras Públicas Ramón Jimenez Gaona.
A la vez, argumentan que la iniciativa contaba con un financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos.
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Denuncia a exmodelo por violencia: “La señora andaba armada”
La abogada Leticia Bóbeda lleva adelante la defensa de Marcos Gómez en el caso de violencia familiar contra su expareja, la exmodelo Graciela Núñez. La profesional, en conversación con La Nación/Nación Media, hizo algunas aclaraciones.
“Nosotros estábamos en conocimiento de que ella hizo una denuncia por violencia familiar, pero en la carpeta fiscal señala que la declaración testifical no es clara, no manifiesta específicamente tiempo, fechas de los hechos ordenados, y apunta más bien hacia una cuestión de infidelidad y supuestos hechos ocurridos hace muchos años”, mencionó.
No obstante, el Ministerio Público aplicó el protocolo respectivo, trasladando a la víctima hasta la sede de Atención a víctimas del Ministerio Público en Asunción.
Asimismo, el informe remitido por dicha dependencia establece que no se ha obtenido un relato fáctico y la profesional se ha limitado solamente a sugerir una nueva evaluación psicológica para la víctima debido a que “en este estado no se cuenta con suficientes elementos de sospecha para formular una acta de imputación”.
No obstante, la causa queda abierta, prosiguiendo la investigación. “Eso es lo que existe en la causa”, indicó la defensora. Añadió que su defendido apeló a una denuncia penal porque “ya era insostenible la situación” de violencia hacia su cliente.
Y se agravó porque “la señora andaba armada”. En su indagatoria, “ella admitió que tenía arma de fuego”, expresó.
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En se sentido, cuentan con denuncias policiales que fueron agregadas a la carpeta fiscal. “Nosotros hicimos la denuncia porque ella ahora le utiliza a los niños como instrumento para amedrentar al padre”, puntualizó. Los niños viven con su papá.
“Marcos tiene dos hijos mayores que son de un matrimonio anterior que viven con él por voluntad propia y los niños que tiene con Graciela Núñez”, precisó.
Aseguró que los episodios de violencia fueron constantes de parte de la mujer. “Ella dice que se le manipula y es mentira porque a pesar de las amenazas, incluso con armas, Marcos esperó mucho tiempo porque la violencia fue sostenida. Y se agravó en los últimos seis meses. A su hijo de 14 años le dijo que le iba a matar a su papá si le quitaba la camioneta”, aseveró.
Además, agregarán todos los mensajes y videos “Tenemos videos en donde ella le rompe una botella de vidrio. También hay otro video, donde ella le escupe, le araña. En otra ocasión, Marcos se despierta con una pistola en la cabeza, donde ella le decía “no me vas a dejar”. Sin embargo, ella se fue”.
Tampoco aceptó el divorcio. “Ella tiene muchos bienes a su nombre gracias al señor Marcos y él nunca le reclamó. Le mandamos incluso, una minuta de divorcio de mutuo consentimiento y la señora no quiso firmar”, comentó.
En relación al video donde él aparentemente golpea a la mujer, “haciendo zoom del video, se ve que ella se da vuelta y él golpea un mueble”, explicó.
Por otro lado, cuando se retiró de la residencia familiar. “Ella arrancó todo el circuito cerrado. El señor Marcos Gómez nunca tuvo acceso porque él confiaba en su señora”, subrayó.
En conclusión, dijo que “hay muchas inconsistencias en el relato de ella”.
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Caso Matrobús: Wiens recusó a Emiliano Rolón para frenar causa penal
El exministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens Durksen, acusado por lesión de confianza, sigue recurriendo a chicanas para paralizar su proceso penal. En esta ocasión, recusó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández. El escrito fue presentado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, instancia que tendrá que destrabar el caso. La defensa sostiene que Rolón habría vulnerado los principios de objetividad y legalidad al intervenir administrativamente en el trámite de la causa.
El cuestionamiento se centra principalmente en la Resolución F.G.E. N.º 2900, dictada el 11 de agosto de 2026, mediante la cual el fiscal general dispuso que los agentes fiscales Giovanni Grisetti, Nathalia Silva y Yeimy Adle continuaran interviniendo en el proceso, contestaran una excepción de falta de acción y prescripción, y presentaran el requerimiento conclusivo.
Días atrás, el Ministerio Público presentó una acusación por lesión de confianza y daños a obras construidas o medios técnicos contra el exministro, en el marco del caso Metrobús, solicitando que el proceso penal se eleve a juicio oral y público.
De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio patrimonial atribuido a Wiens asciende a G. 14.955.317.035. Este monto está compuesto por G. 8.030.693.029 utilizados en trabajos vinculados al Acta de Entendimiento y G. 6.924.624.006 correspondientes a la construcción de seis estaciones que posteriormente fueron destruidas.
Los fiscales Nathalia Silva, Yeimy Adle y Giovanni Grisetti mencionan que Wiens recibió un proyecto con obras ejecutadas, financiamiento asegurado y contratos vigentes; sin embargo, sus decisiones mantuvieron la paralización, destruyeron infraestructura construida y desviaron bienes de la finalidad para la cual fueron adquiridos. La acusación señala que el perjuicio no consistió únicamente en que el sistema BTR (Bus Rapid Transit) no haya entrado en funcionamiento, sino en que las obras y bienes pagados con recursos públicos fueron inutilizados, dejando de cumplir la función para la cual fueron planificados y construidos.
La Fiscalía también sostiene que se utilizaron recursos del propio MOPC para destruir infraestructura estatal, incluyendo personal, maquinaria y unos 50.000 litros de combustible. Además, el Estado habría destinado G. 8.030 millones para inutilizar obras, cuya construcción ya había sido pagada. Para los fiscales, estas decisiones ocasionaron que un proyecto susceptible de continuidad o reconducción terminara convertido en infraestructura inutilizada, generando un perjuicio directo al patrimonio público. Con base en estos hechos, el Ministerio Público solicita que Wiens sea sometido a juicio oral y público.
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