Los ministros de la Corte Suprema de Justicia deberán definir en su próxima sesión plenaria de los miércoles si designan como integrante del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial (Segunda Sala de la capital) al cuestionado juez Édgar Rivas Laguardia. El magistrado es criticado en los pasillos del Palacio de Justicia por firmar resoluciones presuntamente al margen de la ley.
Rivas Laguardia integra la terna para el citado cargo junto con el actual camarista Carlos Alfredo Escobar y la abogada Amy Beverluyn Lezcano Jara. El magistrado civil acumula severos cuestionamientos por su trayectoria y por firmar resoluciones judiciales que estarían al margen de la ley. Una de sus actuaciones más recientes y polémicas ocurrió en el juicio caratulado “Ypytã S. A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, donde, contrariando las normas y las leyes, tituló una propiedad cuya validez aún se discute en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
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Asimismo, Rivas Laguardia ordenó en su momento el remate de la estancia Cielo Azul, perteneciente al capo narco Luiz Carlos da Rocha, alias Cabeza Branca. Dicha propiedad ya se encontraba bajo la administración de la Senabico (Secretaría Nacional de Bienes Incautados y Comisados) cuando el juez autorizó la subasta, una flagrante irregularidad que solo se frenó cuando el caso tomó estado público.
Ante estos antecedentes, los ministros de la máxima instancia judicial están ante la presión de evaluar minuciosamente el historial de los candidatos antes de elegir al nuevo miembro del Tribunal de Apelación de la capital.
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La Corte Suprema conmemora diez años de la llegada del Expediente Judicial Electrónico
Este sábado 10 de octubre se cumplen diez años de la implementación del Expediente Judicial Electrónico, herramienta que comenzó a operar en 2016 en dos juzgados de la Capital como prueba piloto. Desarrollado íntegramente con recursos y técnicos del Poder Judicial, el sistema constituye el pilar central en la transformación digital de la gestión jurisdiccional paraguaya.
Desde aquella primera experiencia bajo las Acordadas n.° 1107 y 1108, la plataforma se expandió de forma progresiva hasta lograr una cobertura del 100 % en los tribunales de apelación y juzgados de primera instancia del país. Actualmente, el principal desafío institucional radica en completar su despliegue en la Justicia de Paz, donde alcanza una penetración del 40 % a nivel nacional.
A lo largo de esta década, la herramienta incorporó funciones clave como la presentación de escritos en línea, notificaciones electrónicas, firma digital y acceso remoto a las causas. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, resaltó que el desarrollo propio de la plataforma refleja la consolidación de la capacidad técnica e institucional de la entidad.
Actividades conmemorativas
En el marco de las conmemoraciones, la máxima instancia judicial anunció la realización de conferencias, exposiciones y encuentros con los actores que acompañaron el proceso de digitalización. Asimismo, se llevó a cabo una encuesta digital dirigida a usuarios internos y externos para evaluar el impacto de la herramienta y detectar oportunidades de mejora de cara al futuro.
Los datos obtenidos en dicho relevamiento servirán como insumo estratégico para trazar la hoja de ruta que guiará la evolución tecnológica de la administración de justicia en los próximos diez años. El objetivo apunta a proyectar la integración de nuevas tecnologías que sigan optimizando la atención a los profesionales del fuero y a la ciudadanía.
Como parte de este proceso continuo, desde el lunes 12 de octubre se habilitará un módulo en el Portal de Gestión de Partes para tramitar electrónicamente juicios de naturalización ante la Sala Civil y Comercial. Con este paso, el Expediente Electrónico inicia una nueva etapa enfocada en consolidar sus servicios, expandir su alcance territorial y fortalecer el ecosistema digital judicial.
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Conmebol presenta urgimiento a la Corte para resolver recusación en caso Atlas
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), representada legalmente por el abogado Claudio Lovera, presentó formalmente ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un urgimiento para destrabar la causa judicial caratulada como “Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero” (n.º 6/2021). En esta causa, la Conmebol figura como víctima y querellante adhesiva.
El documento urge que se dicte la resolución correspondiente sobre “la recusación deducida por el abogado Alfredo Kronawetter, en representación del imputado Celio Tuunholi contra los miembros del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Primer Sala, Silvana Luraghi, Publino Escobar y Mario Camilo Torres, en la causa Miguel Zaldívar y otros s/lavado de dinero”.
El urgimiento se da para que la Sala Penal de la máxima instancia judicial se pronuncie sobre esta acción, teniendo en cuenta que ya lleva más de 5 meses, y con ello destrabar la causa. “Dicha recusación fue interpuesta en fecha 10 de abril del 2026 y en atención al plazo establecido para su resolución viene a urgir el dictado de la resolución respectiva, a efectos de proseguir con la tramitación de la causa”, señala el documento.
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La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
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Un juez del Supremo de Brasil suspende al jefe de la policía en plena crisis judicial
Un juez de la corte suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la policía federal, en un nuevo episodio de la crisis desatada a raíz de un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las presidenciales.
La inédita crisis en el máximo tribunal ha alcanzado de llena la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro.
El escándalo se originó la semana pasada con la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro a un número atribuido al juez Alexandre de Moraes. En ellos, Vorcaro pidió ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.
Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, del que Vorcaro era dueño.
En el nuevo episodio de este martes, Mendonça acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.
En su decisión, a la que tuvo acceso la AFP, Mendonça calificó de “gravísima” la vigilancia de la que era objeto y comparó el episodio con la novela distópica “1984”, de George Orwell.
El magistrado decidió “la suspensión preventiva” del jefe de la policía federal, Andrei Rodrigues, así como del jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa.
Según Mendonça, los informes de la policía federal eran anónimos y carentes de rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, algo que demostró una violación a la independencia judicial.
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Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de “abuso de autoridad”.
Una fuente del gobierno de Lula dijo a periodistas, incluida la AFP, que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión de Rodrigues en las próximas horas.
El expresidente Jair Bolsonaro, padre del candidato conservador, nombró a Mendonça en la corte suprema durante su presidencia.
“Intereses electorales”
Hijo mayor del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), Flávio respaldó la decisión de Mendonça. El “grupo especial de Lula en la policía federal (fue) desenmascarado oficialmente”, escribió el candidato en X.
Flávio Bolsonaro, al igual que buena parte de la derecha brasileña, ha cuestionado a Moraes por haber condenado a su padre a 27 años de cárcel por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.
El evento que “la gloriosa policía federal volvió a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no los adversarios políticos de Lula”. En el campo de Lula, la lectura fue opuesta.
“Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país”, dijo a la AFP Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula.
“No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales”, agregó Carvalho.
De su lado, el nuevo director general en ejercicio de la policía federal, William Murad, reafirmó “la total confianza” de la institución en Rodrigues.
El resto de una vez jefes de divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las “narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales” que llevaron a la suspensión, según una carta obtenida por la AFP.
- Fuente: AFP
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Brasil: mensajes de banquero preso desatan tormenta sobre el juez Alexandre de Moraes, de la Corte
Un juez de la corte suprema de Brasil quedó este martes bajo presión tras la publicación de mensajes que le envió un banquero preso bajo sospecha de una vasta trama de corrupción, en los días previos a su detención en noviembre pasado.
Las revelaciones ocurren a pocas semanas de las elecciones del 4 de octubre, en las que se enfrentarán el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).
Daniel Vorcaro era el dueño del Banco Master, una entidad que colapsó dejando deudas por más de 7.000 millones de dólares a cientos de miles de inversores, en uno de los mayores escándalos financieros de la historia de Brasil.
El juez destinatario de los mensajes de Vorcaro es Alexandre de Moraes, una de las figuras más poderosas del Supremo Tribunal Federal. Condujo el histórico juicio por golpismo contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión.
Un informe de la Policía Federal al que tuvo acceso la AFP el martes reproduce mensajes de WhatsApp en los que el banquero le pide ayuda a Moraes con el aparente objetivo de frenar la investigación que terminó en su arresto.
Los mensajes muestran a Vorcaro preguntando a Moraes, días antes de su detención, si debía salir del país: “¿Crees que ya el lunes tengo que estar afuera?”, le escribió el 15 de noviembre.
Las respuestas de Moraes no se muestran en el informe de la policía.
La investigación revela además que el magistrado manipuló personalmente el borrador de un contrato entre el Banco Master y el estudio jurídico de su esposa, Viviane Barci de Moraes, por 130 millones de reales (unos 24 millones de dólares), que se firmó en febrero de 2024.
La AFP pidió a la corte suprema comentarios de Moraes pero no obtuvo respuesta de inmediato.
El juez de la corte suprema André Mendonça, a cargo del caso del Banco Master, solicitó a la Fiscalía General que se pronuncie sobre las nuevas revelaciones en un plazo de cinco días.
También solicitó al presidente de la corte suprema que el contenido del informe policial sea examinado en sesión plenaria, “de manera pública y transparente”.
“Son acusaciones graves”, dijo Flávio Bolsonaro a periodistas en el Congreso, al instar al juez “a dar las explicaciones que correspondan a él y a su esposa”.
“De confirmarse, el ministro Alexandre Moraes no está en condiciones de seguir en la Suprema Corte”.
Fuente: AFP
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