La agente fiscal Sandra Ledezma, coordinadora designada por la Fiscalía General para las Elecciones Municipales, informó que en el segundo corte del control que lleva adelante el Centro de Monitoreo Ministerio Público se contaba con un total de 18 detenidos por distintos hechos. Entre los casos figuran presunta compra de votos, violación del secreto del voto y usurpación de identidad. También se registraron denuncias por toma de fotografías al voto y personas que intentaron sufragar más de una vez.

Durante una conferencia de prensa desde el Ministerio Público mencionó que todos los casos continúan bajo investigación de la Fiscalía y no descartó que el número de detenidos podría ir en aumento.

En ese sentido, recordó que en el primer corte de la mañana se registraron 4 detenidos, que para el segundo corte se sumaron otros 14 detenidos, lo que hace un total de 18 detenidos. Al respecto, fue detallando cada caso, conforme a la localidad y fiscales intervinientes:

• Guairá: la fiscal Jaqueline Ortiz ordenó la detención de 3 personas por violación al secreto al voto.
• Mayor Otaño: la fiscal Mabel Martínez dispuso la detención de 1 persona por fraude electoral, se presentó a votar con cédula de otra persona.
• Itakyry: el fiscal Fernando Galeano dispuso 1 detenido por toma fotográficas de su voto en el cuarto oscuro.
• Comunidad Itanará Canindeyú: el fiscal Rodrigo Gianninotto recibió denuncias de que 3 indígenas de la parcialidad Avá Guaraní utilizaron la cédula de otra persona para votar. Se procedió a la aprehensión de personas por usurpación de identidad art. 317 Ley 834/96 del Código Electoral Nacional.
• Luque: la fiscal Sophia Galeano ordenó la detención de una persona en la Escuela Cañada San Rafael y otro en el Colegio Héroes de la Patria por sacar fotos al voto.
• Minga Guazú: el fiscal Enmanuel Santacruz ordenó la detención de 1 persona por toma fotográfica en el cuarto oscuro.
• Limpio: el fiscal Víctor Villaverde dispuso la detención de 2 personas por compra de votos.
• Pdte. Franco: el fiscal Alberto Torres dictó la detención de 1 persona por la compra de votos.
• Asunción: la fiscal Sandra Ledesma ordenó la detención de 1 persona que tenía 9 papeletas e intentaba depositarlas en la urna.

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Durante el monitoreo correspondiente al segundo corte de las jornadas electorales, las autoridades fiscales intervinieron ante diversas irregularidades reportadas en distintos puntos del país. Entre los reportes figuran casos de supuesto voto asistido y firma anticipada de papeletas en la Universidad Católica de Asunción y el colegio CPB de Encarnación, además de una denuncia sobre cámaras que apuntarían hacia el cuarto oscuro en un local de votación de J. Augusto Saldívar.

Mencionó que se recibieron denuncias por presunta compra de votos en Tomás Romero Pereira y en el Colegio Inmaculada Concepción, donde también se reportó la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de un local electoral. En Pirayú recibieron una denuncia por la presencia de dos puestos de comando político (PC) ubicados a menos de 200 metros del local de votación, mientras que en otro caso se denunció que una persona habría intentado votar en nombre de otra.

Entre otros hechos reportados, la Fiscalía mencionó la verificación policial de un toldo ubicado dentro del Colegio Verbo Divino, que supuestamente correspondía a la ANR, pero que finalmente no fue atribuido a ningún sector.

En Encarnación también se recibieron pedidos de allanamiento a raíz de disputas entre grupos políticos, mientras que en Ciudad del Este fueron incautadas credenciales presuntamente falsas. La Fiscalía indicó además que continúa monitoreando los reportes y denuncias difundidas a través de las redes sociales.

Sobre el caso puntual registrado en el Colegio María Auxiliadora de Loma Pytã, donde se habría detectado a una persona con varias papeletas previamente firmadas, indicó que la persona ya se encuentra detenida y será convocada este lunes para continuar con el proceso penal. También se investigará a los miembros de mesa para determinar si tuvieron participación en la firma de las papeletas.

Asimismo, explicó que los 18 detenidos fueron aprehendidos en flagrancia; pero que en comparación al reporte de la Policía Nacional, que habla de 24 detenidos, aclaró que algunos de ellos contaban con órdenes de captura por hechos anteriores y fueron identificados en los locales de votación y que no tienen que ver con delitos electorales.

Entre los elementos incautados durante los procedimientos figuran celulares, papeletas y cédulas de identidad. Las personas detenidas deben ser puestas a disposición del juez penal de garantías dentro del plazo establecido de 24 horas.

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El juez penal de Garantías Yoan Paúl López fijó para el 14 de octubre a las 09:00 la audiencia preliminar para el senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza por un perjuicio de G. 1.200 millones en la remodelación de comisarías y construcción de baños en el caso conocido como “comisarías de oro”.

En la citada diligencia judicial se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral y público, tal como lo sostiene el Ministerio Público, el cual considera que cuenta con suficientes elementos de prueba para que el caso se discuta en una audiencia oral.

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Semanas atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro, en el caso conocido como “comisarías de oro”.

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación planteado por la fiscal Silvia Margarita González Vester, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción n.º 3, y dejó sin efecto el A.I. N.º 371, de fecha 6 de mayo de 2026.

De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola continúa vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal. Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.

Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción. El proceso se origina en la investigación sobre la cons­trucción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana, durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior. Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjui­cio patrimonial de aproxima­damente G. 1.200 millones.

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El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la imputación presentada por el fiscal Augusto Ledesma Blasser contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra, por la presunta comisión de los hechos punibles de coacción y usurpación de funciones públicas. Asimismo, el citado magistrado fijó para el 8 de octubre a las 10:00 la audiencia de imposición de medidas cautelares, en la que se definirá si el imputado litigará en libertad o estará en arresto domiciliario o preso.

Igualmente, el juez Romero fijó el 25 de marzo de 2027 como fecha límite para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, el cual puede consistir en una acusación con pedido de elevación a juicio oral o la solicitud de una salida procesal para el profesional del derecho.

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De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la empresa Cargo Line Paraguay S.A., durante la ejecución de una resolución judicial que disponía un cambio temporal en la administración de la firma. La imputación refiere que el abogado Marecos Gamarra habría asumido atribuciones que no le correspondían al momento de realizarse el procedimiento, en el cual incluso estuvo presente la jueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Mafalda Cameron.

Asimismo, la denuncia señala que el imputado se presentó y participó de la diligencia judicial como supuesto representante de la parte demandante; sin embargo, no existe ningún poder agregado al expediente que le otorgue dicha representación. El escrito aclara que es otro profesional del derecho quien cuenta con el poder legal para representar a los demandantes, por lo que Marecos Gamarra no debió tener intervención en el acto. El denunciante fue el ahora exgerente general de Cargo Line Paraguay S.A., Gustavo Martínez Venialgo.

El relato fáctico sostiene que el abogado imputado exigió a Martínez Venialgo abandonar la sala y, cuando este intentó atender una llamada telefónica, le sujetó la mano para impedírselo. Posteriormente, tras la retirada de la jueza y de la Policía Nacional, Marecos Gamarra le habría comunicado su desvinculación inmediata y ordenado la entrega de su teléfono, computadora, documentos y demás bienes de la empresa.

Asimismo, el abogado Marecos Gamarra criticó la imputación presentada en su contra y aseveró categóricamente que la imputación carece por completo de fundamentos jurídicos y subrayó que el relato del denunciante falta gravemente a la verdad de lo acontecido. Sostuvo que la denuncia promovida en su contra se encuentra plagada de profundas incongruencias. La manifestación la hizo en el sitio web Cuarto Poder Py.

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La Policía ya tendría identificado a un hombre que sería el autor material del ataque a balazos contra Rebeca Martínez Aricayé (28), víctima fatal, y Carolina Aguilar (32), quien está luchando por su vida en un hospital.

Se trataría de un hombre que en diciembre de 2024 fue identificado como el presunto cabecilla de una banda de criminales que intentó asaltar a una empresa de transportadora de caudales.

La camioneta de color blanco, tipo Fortuner, en la que fueron alzadas ambas mujeres, todavía no fue localizada. Se presume que dentro del rodado iban tres a cuatro personas.

Durante la persecución, mientras se dirigían a su vivienda, la motocicleta en la que circulaban las dos mujeres terminó cayendo en una cuneta.

La Policía Nacional conformó cuatro grupos de agentes especiales para investigar el caso del ataque a balazos contra la víctima fatal y la otra mujer, quien está luchando por su vida en un hospital.

Están siendo buscadas seis personas, quienes tendrían participación en el hecho.

Para la Policía aún se desconoce el motivo del ataque contra las dos mujeres, quienes fueron abandonadas con heridas de arma de fuego ayer lunes en horas de la mañana, en el predio del cementerio de Eusebio Ayala, Departamento de Cordillera.

En efecto, se presentaron dos hombres, uno de ellos se ve en el vídeo bailando con las mujeres, y el otro sería su patrón que también estuvo participando en la “jineteada”.

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Se trata de Lucas Ancelmo Núñez Silva (19), argentino, quien es cuidador de caballos, y oriundo de Pilar, Departamento de Ñeembucú. El otro que se presentó ante las autoridades es Juan Manuel Durañona (37), quien habría brindado información para colaborar con la justicia.

La Fiscalía no dispuso nada aún contra estas dos personas, que no cuentan con antecedentes penales.

Según la Policía, Lucas Núñez conoció a las mujeres en la fiesta y bailó ahí con ellas.

Según los datos proporcionados por la Policía, estas dos personas están colaborando con información que podría ayudar a reconstruir lo ocurrido.

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