El abogado Claudio Lovera, quien ejerce la defensa legal del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, indicó que el juicio oral y público contra su cliente será retomado el próximo lunes 1 de junio a las 8:30.

Detalló que el proceso judicial seguirá con la declaración de otros 5 testigos que presenta su cliente procesado por la supuesta frustración de la persecución penal para favorecer al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.

Este viernes se concretó la declaración testifical de cuatro personas para luego ir a un cuarto intermedio. “Luego de la etapa testifical se producirán las pruebas documentales e iremos avanzando. Existe un volumen importante de documentos que ofreció la Fiscalía y bueno se deberán producir para ir formando la convicción por parte del tribunal”, comentó en una entrevista con el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

La Fiscalía sustenta su acusación basándose principalmente en la hipótesis de que el exfuncionario de Estado ocultó, retrasó y cajoneó de manera deliberada información clave sobre los movimientos financieros sospechosos de Messer.

Ante este escenario, Lovera dijo que en la audiencia de la fecha se puede resaltar que la Seprelad actuó de manera proactiva, respondiendo a estrictos criterios de inteligencia financiera. “Básicamente se expuso lo que fue la tramitación en sí de lo que fue primero el borrador de informe y posteriormente el informe que fue remitido al Ministerio Público y en lo que respecta a Boidanich, él no tuvo ninguna intervención irregular de esa área (encargada de la elaboración del reporte de inteligencia financiera de Messer)”, comentó.

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El abogado agregó que “citaron por ejemplo el volumen de trabajo que contaban, los tiempos que eso implicaba para la elaboración de los informes de inteligencia financiera. Se detalló que incluso uno de los funcionarios llegó a colaborar con la labor del Ministerio Público en el marco de la investigación generada a Messer”.

Lovera ratificó que no “existen méritos o elementos” que motiven a condenar a su cliente por la supuesta frustración de la persecución penal. “A la vez se empezaron a ingresar las pruebas documentales y existe una relevante que es el documento a partir del cual se abrió esta causa que fue una nota que enviaron los agentes fiscales a cargo del caso de Messer”.

El documento expone que el reporte de inteligencia financiera elaborado por la Seprelad se remitió en tiempo oportuno y que su contenido fue útil para el Ministerio Público. “Los testigos estuvieron explicando cómo se lleva adelante y como se llevaba adelante en aquella época la elaboración de un informe. Se cumplieron con todos los pasos previstos en esa época, dentro de las etapas habituales del trabajo“, mencionó.

Finalmente, el abogado argumentó que un punto fundamental en la causa que también contribuye a desmontar la acusación fiscal, es que en el lapso del trabajo de inteligencia financiera por parte de Seprelad “no se filtró ningún dato, no alertó a nadie sobre su trabajo y esto permitió que el Ministerio Público haya tomado las decisiones oportuna y pertinente".

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.

La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.

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Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.

La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.

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La máxima instancia judicial decidirá si Rafael Filizzola será blanqueado en el caso de lesión de confianza donde habría perjuicio de G. 1.200 millones.

La doble moral como estrategia política resulta el ejercicio de un total cinismo en la actua­ción del senador Rafael Fili­zzola debido a que el mismo se erige como el juez moral de nuestra República; sin embargo, el citado parla­mentario se olvida de que él mismo aún tiene cuenta pen­diente con la Justicia por un proceso penal por supuestos hechos de corrupción come­tidos cuando se desempeñaba como ministro del Interior entre 2008 y 2011.

En mayo de 2025, Filizzola fue beneficiado por la Jus­ticia con la prescripción del proceso penal por lesión de confianza en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.

Esta resolución judicial fue apelada por el Ministerio Público, que busca continuar con el proceso penal y presen­tar las pruebas en un juicio oral contra Filizzola. Hasta el momento, no se ha podidoresolver la apelación de la Fiscalía debido a que Filiz­zola recusó a dos camaristas. Ante dicha situación, el inte­grante del tribunal de alzada, José Agustín Fernández, decidió apartarse del caso. Debido a ello, el expediente pasó a manos de la cama­rista Adriana Giagni, quien no estuvo de acuerdo con la inhibición de su colega Fer­nández y decidió impugnar su separación ante la Corte.

A raíz de esto, el expediente se encuentra en la Sala Penal de la Corte integrada por Carolina Llanes, Manuel Ramírez Can­dia y Víctor Ríos (dos liberales) desde setiembre de 2025, a los efectos de resolver quién inte­grará la cámara de apelación que estudiará si corresponde que Filizzola siga procesado o si se le vuelve a beneficiar con un blanqueamiento. Actual­mente, solo el camarista Pau­blino Escobar conforma el tri­bunal de apelación.

En mayo de 2025, el juezpenal de Garantías Yoan Paúl López resolvió hacer lugar al incidente de prescripción y benefició con el sobresei­miento definitivo al exminis­tro del Interior y actual sena­dor Rafael Filizzola, quien estaba acusado por lesión de confianza en el caso conocido como “todo verde”, donde se registró un perjuicio patri­monial de G. 1.200 millones.

Con la resolución judicial dic­tada en primera instancia, Filizzola logró la impunidad tras presentar diversas chica­nas durante más de 10 años, evitando así ser juzgado por un tribunal de sentencia.

La acusación del Ministe­rio Público refiere que el 15 de octubre de 2010, el enton­ces ministro del Interior, Rafael Filizzola, aprobó la licitación para la construc­ción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción, sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de la época. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alre­dedor de G. 1.200 millones, sin ninguna póliza por incum­plimiento. Las obras nunca fueron terminadas. En esta misma causa, Andrea Adle se acogió a la suspensión condi­cional del procedimiento.

Blanqueado en el caso heli­cópteros Por otra parte, la jueza penal de Garantías Alicia Pedrozo hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobre­seimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópte­ros para la Policía Nacional, un caso que generó un per­juicio estimado de G. 50.000 millones.

Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.

Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.

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Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.

De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.

Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.

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