El profesor doctor Carlos González Morel, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción (FDCS-UNA), recibió la Medalla y el Diploma de Académico Honorario otorgados por la Academia de la Historia y la Geografía Militar del Paraguay.
La distinción fue conferida en un acto académico que se realizó este viernes 8 de mayo de 2026, en el Aula Magna “Prof. Dr. Carlos Fernández Gadea” de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, sede Trinidad.
El reconocimiento constituye una distinción académica conferida por la Academia de la Historia y la Geografía Militar del Paraguay y destaca la participación de autoridades universitarias en espacios de relevancia académica e institucional.
La FDCS-UNA valora este acto como una oportunidad de fortalecimiento de los vínculos entre la academia, la investigación y la vida institucional universitaria.
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El presidente de la Corte inauguró diplomado en derecho administrativo
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, participó este lunes de la apertura del “Diplomado en Derecho Administrativo”, que se desarrolló en el Salón Auditorio “Dra. Serafina Dávalos” del Palacio de Justicia de Asunción. La propuesta, impulsada por la máxima instancia judicial a través del Centro Internacional de Estudios Judiciales (CIEJ) y la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Contencioso Administrativo, busca fortalecer el conocimiento y el debate entre magistrados, funcionarios, estudiantes y profesionales del área.
Durante su intervención, el ministro Martínez Simón destacó la relevancia del diplomado y valoró la amplia concurrencia, señalando que evidenció el interés generado por la propuesta académica. En ese sentido, resaltó la necesidad de promover espacios de discusión y reflexión sobre esta rama jurídica, considerando sus particularidades y complejidades.
Asimismo, expresó sus deseos de que las próximas jornadas sean provechosas para los participantes y contribuyan al progreso intelectual y a la formación académica de los mismos.
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El titular de la Corte Suprema refirió que el diplomado cuenta con el apoyo de la institución, a través del CIEJ y de la Oficina Técnica de Apoyo al Fuero Contencioso Administrativo, con el propósito de generar nuevos conocimientos y fomentar el intercambio de ideas en el ámbito administrativo.
Por su parte, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del miembro de la Primera Sala del Tribunal de Cuentas y coordinador del Diplomado en Derecho Administrativo, Gonzalo Sosa Nicoli, quien resaltó que el diplomado constituye la primera actividad formativa desarrollada en el marco del convenio suscrito este lunes entre la Corte Suprema de Justicia y el Centro Iberoamericano de Estudios de Derecho Público. En ese contexto, señaló que representa una oportunidad para el intercambio de conocimientos, experiencias y perspectivas, así como para el abordaje de temas actualizados del área.
La jornada contó con la participación de reconocidos referentes del Derecho Administrativo y del Derecho Público. El diplomado se desarrollará hasta diciembre y está dirigido a magistrados, funcionarios del Poder Judicial y público en general.
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Reino Unido afirma que las Malvinas tienen “derecho” a explorar petróleo
El gobierno británico afirmó el viernes que las Islas Malvinas tienen el “derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, después de que Argentina pidiera sanciones más severas contra proyectos petroleros en el territorio administrado por el Reino Unido.
Gran Bretaña y Argentina libraron una guerra de 10 semanas en 1982 por estas islas del Atlántico Sur.
El presidente argentino Javier Milei avivó sus reivindicaciones sobre las islas, apuntando en particular contra un proyecto petrolero británico-israelí cerca del archipiélago.
Milei respaldó un proyecto de ley que prohibiría el desarrollo de cualquier recurso natural sin autorización de Buenos Aires, elevando la pena establecida en una ley anterior a un máximo de 20 años de prisión.
Su gobierno también presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por realizar perforaciones en un importante yacimiento petrolero frente a las Malvinas.
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“El gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas y personas. Cuentan con todo nuestro apoyo”, declaró la Cancillería británica en un comunicado.
“Estos cargos contra empresas y personas son inaceptables y no tienen justificación legal”, agregó.
Navitas posee una participación mayoritaria en el proyecto petrolero marino Sea Lion, mientras que la británica Rockhopper tiene el resto. Ambas empresas insisten en que cuentan con licencias de exploración válidas respaldadas por el Reino Unido.
Milei afirma que el proyecto viola una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de realizar acciones unilaterales en las islas. Los habitantes de las Malvinas votaron abrumadoramente en 2013 a favor de permanecer bajo soberanía británica.
Pero Argentina rechaza ese resultado y sostiene que el principio de autodeterminación no se aplica a una población que considera que fue implantada por Gran Bretaña después de 1833.
- Fuente: AFP
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Universitarios impulsan este viernes una jornada de donación voluntaria de sangre
Estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) realizarán una jornada de donación voluntaria de sangre, este viernes 4 de setiembre, bajo el lema “Dona sangre, regalá vida”, como expresión de compromiso social y extensión universitaria.
Las donaciones se pueden realizar de 9:00 a 18:30 en la sede de la Facultad de Derecho, ubicada en la calle Congreso de Colombia casi Santísima Trinidad del barrio Trinidad de Asunción. Contarán con el apoyo del Departamento de Hemocentro de Clínicas.
La actividad, a llevarse a cabo a través del Centro de Estudiantes, tiene el propósito de poner el Derecho al servicio de la sociedad, convirtiendo los espacios universitarios en un escenario de solidaridad, compromiso y responsabilidad social.
“Sencillo y profundamente humano”
Los universitarios recuerdan que un acto sencillo puede representar una oportunidad de vida para personas que atraviesan situaciones de emergencia, intervenciones quirúrgicas, tratamientos médicos o enfermedades que requieren transfusiones.
“Pedimos algo muy sencillo, pero profundamente humano: una donación de sangre, que puede significar la vida entera para alguien. Una donación pueda cambiar una historia”, señalaron los jóvenes. Para los estudiantes de Derecho, esta jornada representa además una manera concreta de comprender y ejercer la responsabilidad social universitaria.
Asimismo, desde el Centro de Estudiantes destacaron que el compromiso con los derechos humanos, la dignidad de las personas y el bienestar colectivo también se construye mediante acciones que contribuyen a una sociedad más solidaria.
De esta manera, el Centro de Estudiantes, integrado por Leticia Barreto (presidente), Natasha Romano (expresidente) así como los miembros titulares Iván Sena, Yessica Valdez, Matías Rojas, Fabiana Ginard, Dony Báez; reafirma su compromiso de seguir impulsando actividades de extensión universitaria que permitan que los estudiantes de Derecho sean protagonistas de acciones de impacto social.
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Tres instituciones trabajan para garantizar el derecho al voto de personas privadas de libertad
El Tribunal Superior de Justicia Electoral, el Ministerio de la Defensa Pública y el Ministerio de Justicia, avanzan en un trabajo conjunto orientado a garantizar el derecho al voto de las personas privadas de libertad que se encuentren legalmente habilitadas, en el marco de una mesa técnica interinstitucional creada para coordinar acciones y definir mecanismos que hagan posible el ejercicio efectivo del sufragio dentro de los establecimientos penitenciarios.
En este espacio, las instituciones analizan distintas alternativas, entre ellas la eventual instalación de mesas de votación en los centros de reclusión, evaluando las condiciones logísticas, de seguridad y de transparencia necesarias para asegurar un proceso electoral ordenado y conforme a la normativa vigente.
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Las autoridades coinciden en que la privación de libertad no implica la pérdida automática de los derechos ciudadanos, por lo que se busca identificar y remover las barreras operativas que impiden el ejercicio del voto de aquellas personas que mantienen este derecho conforme a la ley.
El trabajo conjunto permitirá establecer responsabilidades, procedimientos claros y mecanismos de coordinación que hagan compatible la organización electoral con la realidad de los establecimientos penitenciarios, fortaleciendo así la participación ciudadana y la cooperación interinstitucional en favor de una democracia más inclusiva.
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