En sesión extraordinaria de este martes, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó en general y con propuestas de modificaciones el proyecto de Ley de Reforma del Sistema del Transporte Público, que remitió el Poder Ejecutivo.

La moción fue planteada por el senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, quien destacó que la propuesta fue analizada a profundidad por ocho comisiones asesoras de la Cámara Alta, que son: Asuntos Constitucionales; Legislación; Obras Públicas; Energía; Producción y Desarrollo Sostenible; Industria y Comercia; Ciencias y Tecnología; así como Hacienda.

Maidana puntualizó que fueron objetados un total de 98 artículos e indicó que emitieron sendos dictámenes, donde se aceptaron 20 artículos, y uno en que se plantea una corrección de forma para mejorar la redacción.

La Selección Paraguaya de Fútbol ya consiguió el gran objetivo de clasificar a un Mundial luego de 16 años y este martes tendrá que cerrar su participación en las Eliminatorias Sudamericanas enfrentando a Perú, en Lima. Pero no es un partido de mero trámite para la Albirroja, que saldrá a buscar la victoria por dos razones principales; por el futuro y por la historia.

“Un partido sumamente importante por muchos factores, primero por el ranking”, indicó Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Vale apuntar que la posición que ocupa cada selección clasificada al Mundial en el ranking FIFA influirá en el sorteo de la fase de grupos de la competencia a la hora de evitar rivales más poderosos.

“Por la historia, nunca hemos podido ganar acá en Perú y tenemos una deuda pendiente con la historia acá en Lima. Este partido es de vital importancia para poder llevar adelante todo lo que se planeó desde el inicio de estas Eliminatorias”, afirmó el mandamás de la casa matriz del fútbol paraguayo, este martes desde Perú, horas antes del juego ante los incaicos.

El río Paraguay está registrando de nuevo un descenso sostenido en los principales puertos del país. En Asunción, en un solo día, bajó 3 centímetros, mientras que en Humaitá, el lunes pasado amaneció con 7 cm menos.

Pese a las constantes precipitaciones, el nivel del río Paraguay está descendiendo, según se observa en el registro diario de la Dirección de Meteorología e Hidrología. Hasta el lunes 8 de septiembre, el hidrómetro en el puerto de Asunción amaneció con 1.52 m, con 3 centímetros menos que el nivel del día anterior.

De la misma manera, en Villeta, el puerto marcó 1.85 m. En esa zona el nivel descendió 5 centímetros en un solo día. El puerto de Humaitá marcó el descenso más grande, 7 centímetros en un día. En ese punto, el hidrómetro indica que el nivel del río está en 2.85 m.

Se cumplen 5 años del secuestro del exvicepresidente la República y referente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis. Una tarde de jueves, el 9 de setiembre del 2020 se perpetraba el secuestro de la mano del grupo criminal armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El político se encontraba en un camino interno de su estancia Tranquerita, ubicada en la zona de Yby Yaú, en el departamento de Concepción, cuando fue plagiado.

A media década del plagio, aún sigue la incertidumbre del paradero de Denis, si bien en los últimos meses se dio una luz de esperanza de los familiares de dar con su paradero, hasta el momento tal hecho no se dio.

Entre allanamientos e incursiones en la estancia Tranquerita, la esperanza de dar con los restos del patriarca de la familia, los Denis siguen esperando poner un fin a este calvario. Si bien la familia manejó en su momento que el exvicepresidente habría sido fusilado 10 días después de su secuestro, esta información no pudo ser confirmada.

El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.

“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes a GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, y en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes”.

A partir de ahora, la gestión de reposos externos por la plataforma del IPS será mucho más rápida, según anunciaron las autoridades. Los cambios implementados y las diferencias del antes y el después, en esta publicación. Una lluvia de reclamos generaba la gestión de reposos externos, debido al tiempo que debía esperar el asegurado para completar el trámite.

Entre las falencias, las autoridades reconocen que: el asegurado debía esperar a que un operador transcribiera la información al sistema de gestión (BCP) para poder visualizarla, lo que ocasionaba incertidumbre a todas las partes, y, en casos de rechazo, las notificaciones llegaban únicamente por correo electrónico, dificultando que el usuario accediera a los motivos de la decisión.

Para la gestión de reposos externos (expedidos fuera de la red de IPS) se debe ingresar a la página web de IPS, ir a la pestaña verde Solicitud de subsidios por reposo, que lleva a otra pestaña denominada Presentación de reposo médico externo, donde, al hacer clic, conduce al formulario a completar.

El abogado Álvaro Cáceres manifestó que la acusación del Ministerio Público contra su cliente, el senador Hernán Rivas, carece de fundamentos jurídicos. El legislador es investigado por la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por el uso de documentos públicos de contenido falso.

“La acusación del Ministerio Público carece en absoluto de fundamentos jurídicos y atenta contra principios básicos del derecho penal. El Ministerio Público dice que no puede demostrar que el título es verdadero, entonces tiene que ser falso, esto es algo que cuestionamos. Debería ser lo contrario, el Ministerio Público tendría que demostrar que el título de Rivas no es verdadero”, dijo este martes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Asimismo, Cáceres afirmó que “la acusación se basa en principios o cuestiones que atentan contra las formalidades del derecho penal y procesal penal, sino también en premisas que nunca fueron ni demostradas ni denunciadas por ninguna de las partes. El Ministerio Público para llegar a su conclusión se basa en una serie de cuestiones que nunca fueron mencionadas por el senador, ni procesalmente ni fuera del proceso, por ejemplo, que él curso la carrera de derecho en Luque, pero esto nunca se manifestó, siempre se explicó que cursó la carrera en Ciudad del Este. La tesina, sí la defendió e hizo en la ciudad de Luque”.

El pasado 2 de setiembre, las agentes fiscales Patricia Sánchez y Luz Guerrero presentaron acusación contra el legislador y solicitaron la elevación de la causa a juicio oral y público. El escrito fue presentado ante el magistrado de Garantías, Miguel Palacios, y se refiere a la supuesta comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

“A nuestro criterio, la postura mantenida por el Ministerio Público es insostenible y esta causa tarde o temprano, ya sea en preliminar, en juicio oral o en el grado de apelación, debería derivar necesariamente en un sobreseimiento definitivo“, refirió el representante legal de Rivas.

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De acuerdo a las investigaciones, el legislador habría utilizado un certificado de estudio y un título que no corresponde con la realidad, al no haber cursado la carrera de derecho que le permitió jurar ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como abogado y obtener la emisión de su matrícula profesional.

La acusación fiscal también alega que posteriormente Rivas habría presentado copia autenticada de dicha matrícula ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), para acreditar su condición de abogado, pese a que no habría cursado la carrera universitaria. Agrega que el presunto título universitario falso fue expedido por la Universidad Sudamericana.

“Rivas hizo la carrera de derecho desde el 2010 hasta el 2016, en la universidad Sudamericana con sede en Ciudad del Este. Hay compañeros, profesores y decanos, que así lo atestiguaron", puntualizó el abogado Álvaro Cáceres a Nación Media.

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La Municipalidad de San Lorenzo presentó ante la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil.

La solicitud es dejar sin efecto la determinación adoptada por el presidente de la República, Santiago Peña, quien días atrás promulgó la mencionada normativa que busca una administración pública más eficiente y justa al servicio de todos los paraguayos.

Los abogados Héctor Parodi y José David Macedo, en representación de la Municipalidad de San Lorenzo, firmaron el escrito de la acción de inconstitucionalidad promovida contra los artículos 1, 3, 4, 5, 8, 33, 35, 91, 118, 123, 125, 126 y 130 de la Ley N° 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil.

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A criterio de los letrados, son inaplicables porque violan la autonomía política, administrativa y normativa municipal garantizada en la Constitución Nacional, por lo que debe prosperar la acción. “La ley modificó la autonomía municipal, que pretende recuperarse por vía de la acción”, argumentan.

Ahora, la acción deberá ser estudiada por los integrantes de la sala constitucional de la Corte, César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos. Los altos magistrados deberán analizar la medida cautelar y decidir si corresponde o no suspender los efectos de la normativa.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado ayer domingo su satisfacción por la última decisión del Tribunal Supremo, que limita las competencias de los tribunales para vetar decisiones presidenciales. “Un juez federal local de izquierda radical podía decidir la política de toda la nación y ahora ya no puede hacerlo”, ha afirmado Trump durante una entrevista con Fox News. Es “una decisión enorme”.

“Ha sido una de las decisiones más grandes”, ha insistido. “Ahora pueden actuar a nivel local, pero no tienen todo el poder. Un juez de Massachusetts no puede influir en Oklahoma ni en otros lugares de la nación”, ha apuntado. El Supremo anunció el pasado viernes una decisión que afecta a las denominadas “medidas cautelares a nivel nacional” que varios tribunales federales han emitido contra órdenes de Trump en cuestiones como la inmigración, financiación federal, diversidad, aunque ha dejado en el aire la cuestión de la ciudadanía por nacimiento, cuya suspensión es una de las ambiciones de la Administración.

“Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo”, explicó la jueza Amy Conney Barret en representación de la mayoría conservadora del tribunal. “Resuelven casos y controversias conforme a la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, añade en un dictamen que ha contado con la opinión discordante de la bancada liberal (progresista) del tribunal, encabezada por la jueza Sonia Sotomayor.

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La Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al presidente Donald Trump una importante victoria el viernes pasado al limitar la facultad de jueces federales para bloquear decisiones de su administración que consideran ilegales. Por seis votos a favor y tres en contra (los de las juezas progresistas), la corte declaró que las suspensiones a nivel nacional emitidas por jueces de tribunales inferiores “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.

El máximo tribunal no se pronunció por el momento sobre si el decreto de Trump para abolir la ciudadanía automática por nacimiento es constitucional o no. “Los tribunales federales no ejercen una supervisión general del poder ejecutivo, resuelven casos y controversias de acuerdo con la autoridad que les ha otorgado el Congreso”, declaró la jueza Amy Coney Barrett, autora del dictamen.

“Cuando un tribunal concluye que el poder ejecutivo ha actuado ilegalmente, la solución no es que el tribunal también se exceda en sus facultades”, añadió en un fallo al que se adhirieron los otros cinco jueces conservadores del tribunal. Las tres juezas liberales discreparon. El fallo tendrá consecuencias en la capacidad del poder judicial para controlar a Trump o a futuros presidentes estadounidenses.

El caso se centró en si un solo juez de un tribunal federal de distrito tiene derecho a bloquear a nivel nacional un decreto presidencial mediante una orden universal mientras el asunto se litiga en las cortes.

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El 20 de enero, día de su investidura, Donald Trump firmó uno de sus decretos más criticados. Su objetivo: negar la ciudadanía por nacimiento a los hijos de migrantes en situación irregular o bajo estatus de residencia temporal, como asilo o visas.

Este principio está consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que lleva en vigor más de 150 años y determina que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.

El decreto de Trump fue impugnado y suspendido por los tribunales de distrito de Maryland, Massachusetts (ambos en el noreste) y el estado de Washington (noroeste). Lo consideraron inconstitucional. Magistrados demócratas y republicanos han congelado otras iniciativas de Trump, muchas de ellas migratorias. Ante esta situación su gobierno presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema.

Fuente: Europa Press/AFP.