Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.

Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.

En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.

Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.

Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.

Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.

El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.

Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.

• Fuente: AFP

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El supremo brasileño alcanzó este jueves una mayoría de tres votos para condenar a Jair Bolsonaro en el juicio por golpismo, lo que deja al expresidente a las puertas de una pena de cárcel.

El líder ultraderechista de 70 años está acusado de haber liderado una organización criminal armada para tratar de aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La juez Cármen Lucía votó por una condena por el cargo de organización criminal, mientras restan otros cargos por votar. Con la votación 3 a 1, para que el supremo adopte formalmente esa decisión, todavía debe votar además el quinto magistrado del caso. “Bolsonaro practicó los crímenes imputados”, dijo la juez al emitir su voto.

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Para que el supremo adopte formalmente la decisión todavía debe votar el quinto y último magistrado del caso, Cristiano Zanin. Después, los magistrados votarán la pena, que puede sumar hasta 43 años de prisión.

El exmandatario, que gobernó Brasil desde 2019 a 2022, está acusado junto a otros siete excolaboradores, entre ellos exministros y jefes militares, de haber conspirado durante meses para dar un golpe de Estado.

La trama golpista, que habría incluido un plan para asesinar a Lula, no se habría ejecutado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Bolsonaro, en arresto domiciliario desde agosto, no participa en las audiencias en el tribunal al alegar problemas de salud.

De polo verde y pantalón negro, el líder ultraderechista se hallaba este jueves junto a su cuñado Eduardo Torres en el patio frente a su casa en Brasilia antes del inicio de la sesión, constató un periodista de la AFP.

Bolsonaro está “muy delicado de salud”, dijo a periodistas su abogado Paulo Cunha Bueno, preguntado sobre la posibilidad de que la defensa pida prisión domiciliar en caso de que el exmandatario sea condenado a la cárcel.

• Fuente: AFP

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Con 2-0 a favor de una condena, la corte suprema de Brasil dejó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro cerca de ir a prisión por golpismo, en un juicio histórico que Donald Trump busca influenciar con sanciones al país. El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución. En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares. El primero en exponer su voto fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.

A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una “organización criminal”, que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados. El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de “liderar” dicha organización. “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo Moraes.

“Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la corte”, cuestionó en rueda de prensa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó igualmente por la condenación. En momentos en que el bolsonarismo presiona por un eventual perdón legislativo para su líder, el magistrado sostuvo que los delitos juzgados “no son susceptibles de amnistía”.

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Bolsonaro, que se declara inocente, y el resto de acusados no comparecieron ante el tribunal en Brasilia, constató un periodista de AFP en la sala. Sus abogados atribuyen la ausencia del excapitán del ejército, que está en arresto domiciliario, a cuestiones de salud. Está acusado de cinco delitos, entre este intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Habría contemplado el asesinato de Lula antes de su investidura, así como de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia en un intento de derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel, aunque una eventual condena es apelable. La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida sobre el juicio. Mientras el 53 % cree que Moraes aplica las leyes, el 39 % estima que Bolsonaro es juzgado por motivos políticos, según un sondeo del instituto Datafolha de agosto.

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Durante el juicio, Bolsonaro ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios como Moraes. Y la amenaza de nuevas sanciones planea sobre Brasil.

“Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el lunes en X un alto funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie. “Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. Este martes, al ser consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo no tener “medidas adicionales para anunciar”.

Pero “el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo”, respondió la portavoz. Poco después, la cancillería brasileña dijo en un comunicado que Brasil “condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza” contra su democracia.

Los bolsonaristas dan por hecho una condena, pero no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para su líder, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el domingo en varias ciudades brasileñas.

Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle. Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección.

Fuente: AFP.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

En juicio oral fue condenado a 28 años prisión un hombre de 70 años, por abuso sexual en niños y coacción sexual. Fue víctima una niña desde los 6 hasta los 11 años. El fallo se dio a conocer este martes 9 de septiembre en el Palacio de Justicia de Ciudad del Este, por el Tribunal de Sentencia, presidido por el juez Herminio Montiel e integrado por sus pares Zunilda Martínez Noguera y Edgar Lezcano.

La fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes de Ciudad del Este, fue quien defendió la acusación en el juicio y el fallo condenatorio de 28 años de prisión, fue lo solicitado por la citada representante del Ministerio Público.

El condenado abusó de su hijastra menor de edad durante varios años y también de la madre de la niña. La misma, se enteró del hecho y pasó a ser sometida a agresiones sexuales, de acuerdo a lo presentado en el juicio.

Los antecedentes indican que los abusos comenzaron en el 2018, cuando la niña tenía seis años de edad, y siguieron sucediendo hasta octubre de 2023, cuando ya tenía 14 años. Los hechos ocurrieron en una vivienda familiar ubicada en el kilómetro 14 de Minga Guazú.

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Inicialmente, las agresiones consistieron en manoseos, hasta que la niña fue más violentada físicamente, en ocasiones, el agresor sometía a la niña con una sonda puesta, según la exposición de la fiscal. Todo esto fue relatado con detalles por la niña, a una psicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, responsabilizando a su padrastro de los vejámenes.

El hombre actuaba con violencia y la amenazaba constantemente con matar a su madre, si revelaba los abusos, según lo expuesto en juicio. Cuando la víctima finalmente le contó a su madre, y esta confrontó a su pareja, también empezó a sufrir terribles castigos físicos y psicológicos, además de ser sometida sexualmente a la fuerza y amenazada de muerte, según la fiscal Coronel.

El abusador llegó al extremo de someter sexualmente a madre e hija al mismo tiempo. Durante la investigación, el médico forense de la Fiscalía, doctor Aníbal Duarte, había confirmado las agresiones sexuales.

De enero a julio de 2025, el Ministerio Público atendió un total de 12.943 niños, niñas y adolescentes víctimas por diferentes hechos punibles, lo que indica 61 niños por día, según los datos Abiertos del Ministerio Público.

De los hechos punibles contra niños y adolescentes, son 1.959 casos de abuso sexual en niños, de enero a julio de 2025 en Paraguay. De la totalidad, encabezan la lista los departamentos Central, con 724 casos y Alto Paraná con 240 casos. Se mantiene la cifra de 88 % de los casos cometidos que tienen como autores a familiares o a personas conocidas del entorno, como el caso que se reporta en este texto.

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