Un tribunal de sentencia, integrado por los jueces Juan Pablo Mendoza, Carlos Hermosilla y Juan Vicente Fretes, condenó a 4 años de cárcel a Eufau Riveros Mascareño, encontrado culpable por tentativa de hurto por intentar sustraer cables subterráneos de la avenida Ñu Guazú.
El colegiado sostuvo que se pudo demostrar la responsabilidad del acusado con varios elementos de prueba, por lo que la pena justa para el procesado es la de 4 años de cárcel.
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La agente fiscal Karen Chaparro Martínez, representó al Ministerio Público en el juicio oral y público. La misma arrimó todo los elementos probatorios para demostrar la responsabilidad del procesado.
La defensa del condenado tiene la posibilidad de apelar el fallo judicial y en caso de ser así será un tribunal de apelación el que analizará si corresponde confirmar la sentencia condenatoria o decidir que se realice un nuevo juicio oral y público.
El 16 de agosto de 2022, en horas de la noche, Eufau acompañado de otra persona de sexo masculino se encontraba cortando cables subterráneos de la avenida Ñu Guazú, cuando fueron interceptados por personal policial de la Comisaria 12ª que acudió al lugar por llamado al Sistema 911 de un vecino del lugar. En poder del ahora condenado, en el interior de una mochila, se encontró una pinza de color amarillo.
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Cúpula de las FARC recibe primera sentencia por secuestros tras firmar la paz en Colombia
Casi una década después de firmar la paz, la cúpula de la extinta guerrilla FARC fue sentenciada por primera vez este martes a trabajos sociales y otras penas alternativas a la cárcel por más de 21.000 secuestros en Colombia.
Siete exjefes rebeldes, entre ellos su último comandante conocido como Timochenko, recibieron la máxima pena estipulada en el acuerdo de paz de 2016.
En adelante tendrán restricciones a la movilidad y deberán hacer actividades para dignificar a las víctimas como colaborar en la búsqueda de desaparecidos y participar en procesos de desminado en los territorios en los que operaron.
Las penas alternativas a la prisión fueron pactadas en el histórico acuerdo firmado en 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la otrora guerrilla más poderosa del continente, y el entonces gobierno del Nobel de la Paz Juan Manuel Santos.
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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) encontró responsables a los excomandantantes del llamado Secretariado del secuestro de 21.396 personas antes de dejar las armas para convertirse en partido político.
Las investigaciones “mostraron que el secuestro se volvió una práctica sistemática, porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley, dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”, dijo un magistrado ante la prensa en Bogotá en ausencia de los excomandantes rebeldes, que habían aceptado su responsabilidad en estos hechos en 2022.
Los excomandantes aseguraron en un comunicado estar dispuestos a “cumplir” con “el propósito de reparar a la sociedad colombiana”. “El secuestro es una carga moral que pesará sobre nuestros hombros por muchos años”, dijeron.
“Burlada”
El tribunal tardó más de siete años en dictar su primera sentencia, en medio de críticas de los detractores del acuerdo de paz por su supuesta laxitud con los rebeldes, que también están imputados por otros crímenes de lesa humanidad como reclutamiento de menores.
Durante su prolongada lucha, las FARC tomaron como rehenes a militares, policías, empresarios y dirigentes políticos como la franco-colombiana Ingrid Betancourt. Imágenes de los secuestrados famélicos y encadenados en celdas de alambre en la selva le dieron la vuelta al mundo.
- Fuente: AFP
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Condenan a 6 años de cárcel y envían a prisión a exsíndico de quiebras Blas Velázquez
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Ortiz, Lourdes Garcete y Manuel Aguirre, condenó a 6 años de cárcel al exsíndico de Quiebras Blas Velázquez, luego de ser encontrado culpable por el delito de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y su posterior uso en vender varias veces un inmueble en el marco de un proceso judicial que ocasionó un perjuicio de G. 519.340.480.
Asimismo, los jueces de sentencia decidieron revocar las medidas y ordenaron que el condenado cumpla de forma efectiva la sentencia por lo que ya ingresará a la cárcel.
El colegido sostuvo que es sumamente grave que una persona utilice el sistema de justicia para sacar ventajas económicas por lo que corresponde condenar al acusado Blas Velázquez a la pena de 6 años de cárcel.
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VENTA IRREGULAR
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., solicitó a la fiscala Andrea Vera Urdapilleta que presente la imputación contra el exsíndico de quiebras, Blas Velázquez, quien vendió de forma irregular y a un costo irrisorio varios bienes de la mencionada agroganadera, así como realizó varios pagos millonarios a supuestos funcionarios fantasmas de Ypyta.
El escrito de la denuncia señala que el exsíndico de quiebras vendió de forma directa la estancia Laguna Pora, de 7.430 hectáreas, ubicada en Lorito Picada en el departamento de Amambay, que forma parte como activo de Ypyta S.A.
El valor del establecimiento ganadero sería de G. 150 mil millones de acuerdo a la tasación, pero dicha estancia fue regalada por Velázquez por tan solo G. 31.080 millones.
También se denunció otras irregularidades contra el exsíndico debido a que avaló el pago por la suma de G. 255 millones a varios supuestos funcionarios de la firma Ypyta S.A.
Por su parte, la representante legal de la mencionada agroganadera negó que 11 personas hayan trabajado en dicha empresa y para ello no existe constancia ni tampoco libro laboral o planillas del IPS donde fueron inscriptos los funcionarios fantasmas.
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Coronel ligado a “Tío Rico” será dado de baja deshonrosamente
El pasado viernes, el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Ana Rodríguez, Elsa García y Matías Garcete condenó a dos años con suspensión de la ejecución de la pena al coronel Luis Belotto, así como a su esposa Alba Lidia de Belotto.
Ambos fueron encontrados culpables por el delito de soborno agravado luego de intentar facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, por medio de coacciones a subordinados que estaban apostados en la cárcel militar de Viñas Cué.
Este lunes, el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, en conversación con miembros de la prensa, confirmó que, tras la condena de Belotto, al mismo se le dará la baja deshonrosa, ya que cuando se habla de una condena en la justicia penal superior a un año, se debe cumplir con este requerimiento.
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El ministro remarcó que, lamentablemente, este tipo de hechos empañan no solamente el nombre de la institución militar, sino el trabajo que se viene realizando desde la institución para resguardar a la ciudadanía y cumplir con las órdenes del gobierno por la defensa del país.
En ese sentido, destacó el acompañamiento y la disposición que existió por parte del Ministerio de Defensa para llegar a esclarecer el hecho, recordando que la denuncia inicial la habría realizado a sus superiores un militar de rango inferior al de Belotto, el cual se habría negado a ayudarlo y que, a partir de ahí, fue puesto a disposición del Ministerio Público todo lo que les fue solicitado.
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Brasil: movilizaciones miden fuerza en torno a sentencia de Bolsonaro
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro mide este domingo su fuerza con movilizaciones en las principales ciudades del país, días antes de que la justicia decida si es culpable por golpismo. La corte suprema dará la semana próxima su veredicto en el proceso a Bolsonaro por un presunto intento de golpe de Estado en 2022, que puede enfrentarlo a más de 40 años de cárcel.
En prisión domiciliaria preventiva desde agosto, el líder de extrema derecha será el protagonista ausente de actos a favor de una amnistía legislativa a cientos de sus simpatizantes condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia del 8 de enero de 2023.
Según la fiscalía, Bolsonaro (2019-2022) promovió esos hechos como un último intento de aferrarse al poder tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva. El bolsonarismo aspira a votar la amnistía en el Congreso y que también alcance a su líder si resulta condenado.
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“Reacciona Brasil”
Bajo el lema “Reacciona Brasil”, la movilización se activará por la mañana en Rio de Janeiro, aunque su palco principal abrirá por la tarde en Sao Paulo. Allí estarán presentes el patrocinador de los actos, el pastor evangélico ultraconservador Silas Malafaia, y varios presidenciables de la derecha.
Bolsonaro se encuentra inhabilitado electoralmente hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas el sistema de votación brasileño. En el escenario en la tradicional avenida Paulista aparecerá, entre otros, el gobernador paulista Tarcísio de Freitas, posible sucesor de Bolsonaro y promotor clave de la amnistía. El exmandatario se declara inocente y dice ser un perseguido.
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Desfile y seguridad reforzada
En el Día de la Independencia de Brasil, el presidente Lula encabezará por su lado el tradicional desfile oficial en Brasilia. “Brasil soberano” es el lema de este año, pocos meses después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera aranceles punitivos a Brasil bajo el argumento de que existe una “caza de brujas” contra su aliado Bolsonaro.
Las autoridades decidieron este año reforzar el operativo de seguridad del desfile, con dos mil agentes desplegados y una tropa adicional acuartelada en caso de emergencia, confirmó la Policía Militar de Brasilia a la AFP. El gobierno difundió esta semana un video en redes sociales donde llamó a “sacar la ‘verde-amarela’ del armario” para el desfile, en alusión a la camiseta de la selección de fútbol, apropiada como símbolo por el bolsonarismo.
Lula dijo esta semana que ve un “riesgo” de amnistía a los condenados por el 8 de enero de 2023 si el tema se vota en el Congreso. “Es una batalla que también tiene que ser hecha por el pueblo”, afirmó el mandatario de 79 años, que planea buscar su reelección en 2026.
“Aún no hay definición” sobre la amnistía, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Hugo Motta, responsable de decidir si el tema se vota o no. Pero tanto el gobierno como la oposición reconocieron que, en los últimos días, se intensificaron las tratativas para llevar el asunto al pleno del Congreso.
Fuente: AFP.