La jueza penal de garantías de Crimen Organizado, Lici Sánchez, elevó a juicio oral el proceso penal de cinco acusados que integrarían un esquema de tráfico de armas en el caso conocido como Operativo Dakovo. La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia preliminar.
En el presente caso están acusados Jorge Antonio Orué Roa, el general retirado Arturo Javier González Ocampo, el coronel Bienvenido Santiago Fretes González, Paulo César Fines Ventura y Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano.
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El Ministerio Público se había ratificado en su acusación atendiendo que cuenta con suficientes elementos de prueba que serán expuestas durante el desarrollo del juicio oral y público lo que demostrará la responsabilidad de cada uno de los acusados en el hecho investigado.
La fiscalía sostiene que los seis procesados habrían participado en un esquema consistente en la importación legal de armas, que posteriormente eran adquiridas por personas o empresas que simulaban ser propietarias, pero que en realidad actuaban como prestanombres o intermediarios de los verdaderos destinatarios finales: organizaciones criminales brasileñas.
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Triple choque en Sanber: acusan y piden juicio oral para Eugenio Sanabria Vierci
La fiscala Zulma Benítez Reyes presentó acusación contra Eugenio Sanabria Vierci por homicidio culposo y exposición al peligro al tránsito terrestre y solicitó al juzgado penal de Garantía de Caacupé, que el presente caso se eleve a un juicio oral y público; esto por el accidente fatal registrado en la ruta Luque- San Bernardino, donde falleció toda una familia.
Ahora el juzgado deberá admitir la acusación y fijar fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el presente proceso penal se eleva a un juicio oral.
El escrito de acusación del Ministerio Público señala que “Eugenio Sanabria Vierci, conductor de la camioneta de la marca Volkswagen, Touareg, invadió el carril opuesto a su sentido de circulación, obstruyendo así el desplazamiento lineal y preferencial del conductor del automóvil Kia Picanto donde iba toda una familia”.
Igualmente, menciona que “Sanabria se desplazaba a una velocidad no prudencial y reglamentaria conforme a las señalizaciones del lugar, es decir que el conductor se encontraba desarrollando una velocidad de 108 Km/h aproximadamente, superando ampliamente la máxima permitida para el sitio del suceso que es de 40Km/h, considerándose un desplazamiento imprudente y riesgosa que genera peligro para sí y para los demás usuarios de la vía, que finalmente ha desencadenado en la ocurrencia del presente hecho”.
Víctimas del accidente
Las víctimas fatales fueron identificadas como Osvaldo Darío Jacquet Valdez, de 39 años; su esposa Kristin María Blumenröther, de 40 años y un hijo de ellos de tan solo cuatro años. La única que pudo sobrevivir al accidente es la otra hija de la pareja, de 8 años.
El tercer vehículo es un Hyundai HB20, que estaba al mando de Víctor Ariel Serafini Bobadilla, de 32 años, quien iba acompañado por Eliane Solange Pattender Chena, de 27 años y Nancy Angeluz Chena Vallejos, de 57 años, quien falleció en el Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.
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Piden juicio a abogada acusada por apropiación de pago a víctima de la dictadura
- Ciudad del Este. Agencia Regional
El fiscal Osvaldo Zaracho solicitó el inicio de juicio oral para la abogada Elizabeth Noemí Anzoátegui Rivarola, por estafa y apropiación. La profesional está acusada de haberse apropiado de G. 220 millones, pertenecientes a su cliente, víctima de la dictadura, quien debía percibir el dinero como indemnización de parte del Estado paraguayo.
El requerimiento conclusivo fue presentado ante el Juzgado Penal de Garantías Nº 4. La causa tiene origen con un hecho ocurrido el 24 de setiembre de 2024, a las 8:26, en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) de Minga Guazú.
En esa ocasión, la abogada se presentó en la entidad bancaria y extrajo presuntamente la millonaria suma de la cuenta de ahorros registrada a nombre del señor Esteban Gómez Rojas, víctima de violaciones de derechos humanos durante la dictadura stronista de 1954 a 1989.
El mismo había otorgado un poder especial a la abogada Anzoátegui, con la finalidad de gestionar el cobro de su indemnización ante el Estado paraguayo. La cuenta bancaria donde se acreditó el pago estaba habilitada originalmente para el cobro del subsidio de la tercera edad, lo que facilitó la operación realizada por la abogada.
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De acuerdo a la acusación fiscal, Anzoátegui Rivarola habría inducido a Gómez Rojas a firmar formularios bancarios bajo engaño, sin informarle el monto exacto a percibir, y manifestándole que el cobro se realizaría en partes.
Sin embargo, la acusada habría retirado la totalidad de los fondos, guardando el dinero en un bolso de color negro y finalmente se retiró del lugar. Todo el movimiento de la mujer dentro del BNF quedó registrado en las cámaras del circuito cerrado del lugar.
Días después, ante el reclamo del afectado, la abogada le manifestó que le enviaría el dinero por algún medio y finalmente el 26 de setiembre de 2024, realizó un giro por valor de G. 15 millones, a través del servicio de Western Unión.
El resto del monto retirado por la abogada no fue entregado a la víctima. A raíz de esta situación, Gómez Rojas denunció el hecho ante el Ministerio Público. Con los elementos de sospecha reunidos, la Fiscalía imputó a la acusada y, al cumplirse el plazo fijado por el Juzgado, presentó la acusación y solicitó la elevación de la causa a juicio oral.
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Fiscala acusa y pide juicio oral a dos procesados por deforestación de 1.600 hectáreas
La fiscala adjunta de Filadelfia, Chaco, María Estefanía González rectificó y presentó acusación y pedido de juicio oral y público para Miguel Antonio Bibolini y su hija Nicole Bibolini, procesados penalmente por presuntamente deforestar más de 1.600 hectáreas de tierras en Mariscal Estigarribia, Chaco.
Con la determinación adoptada por la fiscala adjunta quedó sin efecto la llamativa postura que tuvo la fiscala inferior Laura Ávalos, quien pretendía una irrisoria sanción para uno de los acusados, mientras que para la otra procesada pidió el sobreseimiento definitivo.
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos contundentes que deberán ser debatidos en un juicio oral y que pueden demostrar la responsabilidad en el delito ambiental que incurrieron los dos hoy acusados por deforestar más de 1.600 hectáreas de tierras.
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Audiencia preliminar
Ante la presentación de la acusación contra las dos personas citadas más arriba, la jueza penal de garantía de Neuland, Chaco Fanny Cáceres fijó para el próximo 29 de mayo a las 9:00 la audiencia preliminar en que se definirá si el presente caso se eleva a un juicio oral y público, así como pidió la fiscala adjunta González.
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Montego Trading: ordenan captura de imputada quien habría violado su arresto domiciliario
La jueza Penal de Garantía Clara Ruiz Díaz declaró la rebeldía y ordenó la captura de Carmen Carolina Duarte, integrante del directorio de la firma Montego Trading S.A., imputada por violar la ley de juegos de azar.
La magistrada tomó la determinación de declarar la rebeldía atendiendo a que la Policía Nacional se constituyó en su domicilio y la misma no estaba en su lugar de reclusión domiciliaria.
En caso de que sea detenida, Duarte deberá ser trasladada hasta el juzgado que decidirá si mantiene el arresto domiciliario o decreta la prisión preventiva en la cárcel de mujeres del Buen Pastor.
En la presente causa penal igualmente están procesados y con arresto domiciliario el ciudadano mexicano Gerardo Bermúdez quien llamativamente quiere salir del país a pesar de contar con varios procesos penales. Asimismo están imputados Erik Martin Vázquez, José María Monges, y Ricardo Fernández Melgarejo. Estos dos últimos tienen medidas alternativas a la prisión.
Imputación
El agente fiscal, Marcelo Saldívar, presentó imputación por violar la ley de juegos de azar contra Carmen Carolina Duarte de Garcete, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Ricardo Fernández Melgarejo y Erick Fernando Martín Vásquez Loza, directivos de la firma Montego Traiding S.A., con relación al registro del dominio crowncityplay.com.py.
El acta de imputación refiere que la firma Montego Trading S.A., representada y dirigida por Carmen Duarte y Gerardo Bermúdez, hasta el 26 de agosto de 2024 y desde ese día y hasta la fecha, representada y dirigida por José María Monges y Ricardo Fernández, habrían explotado sin autorización de Conajzar, juegos de azar en la modalidad de apuestas deportivas a través del sistema online. Además, de seis locales físicos distribuidos dentro del territorio nacional, causando con ello un perjuicio al erario público, consistente en la percepción de un canon referencial, pero no actualizado.
Varios procesos penales
Bermúdez Arreola enfrenta igualmente otros procesos penales y uno de ellos ya está para realizarse un juicio oral y público y debido a las chicanas que ha presentado el citado acusado como otros, la audiencia oral aún no se pudo llevar a cabo.