El abogado Julio Alonso, en representación de la expresidenta del Banco Central del Paraguay (BCP), Mónica Pérez, explicó que debe ser rechazada la demanda por indemnización de daños y perjuicios que presentó el abogado Roberto Amendola contra Pérez.
El juez de primera instancia en lo civil y comercial Walter Mendoza es quien debe estudiar el presente litigio judicial.
La representación legal de Pérez sostiene que la demanda debe ser rechazada porque el citado profesional del derecho ya cobró en su totalidad el monto inicialmente reclamado en un juicio civil, por lo que la presente acción judicial debe ser admitida.
Alonso indicó que esto sucedió aún teniendo conocimiento de la existencia de resoluciones transaccionales entre el BCP y el abogado Amendola, por las que se acepta por cifras multimillonarias el patrimonio del BCP a favor de abogados que representan depositantes en negros, en este caso del quebrado Banco Mercantil y se expone parte de las resoluciones citadas.
Asimismo, el citado profesional del derecho, quien ejerce la representación legal de la extitular del BCP sostuvo que Amendola ya cobró todo lo que la Justicia resolvió en la regulación de honorarios profesionales con las actualizaciones que tuvo en instancias superiores, donde recibió una suma multimillonaria, atendiendo a que la regulación solo se inició con G. 24 millones pero terminó cobrando más de G. 321 millones.
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Acusan y piden juicio oral para hijo de Lalo, un abogado y dos escribanas
La Fiscalía presentó acusación y pidió que el presente proceso penal se eleve a juicio oral y público para Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes; el abogado Óscar Tuma, y dos escribanas, por presuntamente integrar un esquema destinado a frustrar el comiso de bienes vinculados al caso “Pavo Real”.
El Ministerio Público sostiene en su requerimiento conclusivo que Rodrigues transfirió cuatro propiedades y ocho rodados que estaban afectados por medidas cautelares, pese a conocer que tenía prohibido venderlos o transferirlos. Por los citados hechos fue acusado por supuesto lavado de activos, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.
Con relación al abogado Óscar Tuma, los fiscales le atribuyen haber recibido cuatro inmuebles como pago de honorarios, pese a conocer que su cliente se encontraba inhibido y que los bienes estaban sujetos a eventual comiso. Según la acusación, con ello habría contribuido a impedir que dichos inmuebles fueran decomisados por el Estado.
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También fueron acusadas dos escribanas, a quienes se les atribuye haber confeccionado e inscripto escrituras con constancias presuntamente falsas para concretar las transferencias.
Entre las irregularidades señaladas figura la certificación de actos otorgados por una persona fallecida y la supuesta comparecencia de Alexandre Rodrigues en fechas en las que, según la Fiscalía, permanecía recluido en la Penitenciaría de Encarnación.
Ahora, el Juzgado Penal de Garantía tendrá que fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar en la que se definirá si los acusados van a estar sentados en el banquillo de los acusados.
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Fiscalía pidió salida procesal para el extesorero del Consejo de Salud de CDE
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.
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“Esta es una reivindicación de la justicia”, dice Ovelar por el viaje de Cartes a EE. UU.
“La justicia a veces llega tarde, pero siempre llega más lejos“, dijo Pedro Ovelar, abogado del exmandatario y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, por su viaje a Estados Unidos para participar en la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ayer domingo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.
“Esta es una reivindicación de la justicia, hay una sensación muy agradable de que todo se haya puesto en su lugar, después de tanta persecución, de tanta mentiras y manipulaciones que la hemos vivido tan en carne propia durante tanto tiempo y tanta sensación de impotencia“, refirió Ovelar, este lunes, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Cartes fue víctima de un esquema de persecución política y económica desde el 2018 mediante la instrumentalización de instituciones estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
“Hubo una serie de acciones que se originaron desde Paraguay. Realmente se siente muy bien poder ir terminando esta nefasta parte de la historia paraguaya. Después del asesinato del exvicepresidente de la República, Luis María Argaña, donde lo destruyeron físicamente y ocasionaron un daño terrible a su familia y a toda la democracia paraguaya, yo creo que la persecución a Cartes fue, en la era democrática, uno de los intentos de magnicidio en vida que se ha dado contra el expresidente”, dijo Ovelar.
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Reconocimiento ciudadano
La maniobra obligó a Cartes a impulsar el 31 de julio del 2023 una denuncia penal por persecución política ante el Ministerio Público que generó que Abdo junto con sus exministros Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías (extinto), Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene sean imputados por los supuestos delitos de revelación de secretos de servicio, revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La operación política, incluso motivo para que Estados Unidos, en el marco del gobierno de Joe Biden, aplicará sanciones financieras y restricciones de visa a Cartes, medidas que terminaron siendo erradicadas por completo. “Acá hubo un grado de afectación hacia Horacio Cartes, su familia y detrás de toda esta angustia también a familias paraguayas a perder su fuente de trabajo. Esto fue celebrado por sus adversarios como si fuese que estaban haciendo algo bueno”, dijo Ovelar.
El abogado acotó: “No hay que olvidar por qué lo hacían. Fue desarrollado por ellos al sentir una impotencia política, buscaron la aniquilación personal y la muerte civil de una persona, así como la destrucción de todas sus empresas. No es en vano que hoy Cartes tenga el reconocimiento ciudadano a través de los votos que se manifiestan en cada elecciones, que se da porque al paraguayo le molesta la injusticia y no tolera que algo sea manipulado”.
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Caso Boidanich: “El juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias”, dice abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal del exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Boidanich, se refirió a la decisión del Tribunal de Sentencia de absolver por unanimidad a su cliente, emitida ayer jueves, en el marco del proceso judicial que enfrentaba por supuesta frustración de la persecución penal que habría favorecido al cambista brasileño Darío Messer, vinculado al caso Lava Jato.
“Ayer jueves, el Tribunal de Sentencia dictó oralmente su decisión y tiene permitido al final del juicio como una de las opciones indicar el sentido de la decisión y hacer una explicación oral, general de los argumentos. En el plazo de 5 días, el tribunal debe expedir por escrito la sentencia y, a partir de ahí, el Ministerio Público si lo estima pertinente puede plantear una apelación especial”, indicó el abogado, este viernes, al programa ”Así son las cosas" del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Lovera acotó: “Aún estamos pendientes en ese aspecto, todavía no estamos ante una decisión firme. Viendo el general de los casos, son muy pocos los ejemplos en los cuales la Fiscalía deja de recurrir a las sentencias de primera estancias, si esas no acompañan el sentido de las presentaciones que realizaron, así que lo más probable es que ocurra una apelación".
El Ministerio Público acusó inicialmente por lavado de activos y frustración de la persecución penal a Boidanich, pero, luego de la audiencia preliminar, el objeto de la discusión quedó reducido únicamente a la supuesta frustración de la persecución penal. En su decisión, los magistrados señalaron que las pruebas no demostraron conducta ilícita del extitular de la Seprelad.
“Acá lo relevante es que el juicio sirvió para esclarecer objetivamente las circunstancias que ocurrieron porque lo que se presentó al público como un supuesto comportamiento ilícito de la Seprelad era un análisis que estaba lleno de subjetividades. Para eso también sirve el juicio oral porque uno escucha a las personas propuestas como testigos, verificar las documentaciones y los hechos que se acreditan, cruzar las informaciones entre hechos y llegar a conclusiones bien concretas y fundadas, esto es un desgaste para la persona que enfrenta el juicio, pero bueno son las reglas del juego”, refirió.
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Lovera detalló que el proceso de investigación fiscal contra Boidanich inició en diciembre del 2018, pero fue recién convocado para una declaración indagatoria el 30 de marzo del 2023. “La Fiscalía, luego de 5 años de los hechos y 4 de investigación, entendió que había una sospecha y luego de unos meses se produjo la imputación. Este fue un proceso realmente extenso, no por el comportamiento del imputado ni de su defensa, sino por estos tiempos que se tomó el Ministerio Público”, comentó.