La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrado por los ministros Víctor Ríos, Alberto Martínez Simón y Luis María Benítez, hizo lugar a la suspensión de los efectos de varios reglamentos que establecen la estricta prohibición de asignación de combustibles a autoridades y funcionarios de los tres poderes del Estado.
Con la autodeterminación adoptada por la máxima instancia judicial, los ministros y funcionarios judiciales van a seguir teniendo el privilegio de los cupos de combustible. El pedido para seguir con el beneficio de cupos de combustible fue solicitado por el director jurídico de la Corte, Gustavo Gorostiaga.
Los ministros de Corte sostienen que numerosos artículos del decreto del Poder Ejecutivo que aprueba el PGN 2025, entre otros apartados de otras leyes, podrían acarrear un “perjuicio irreparable”, por lo que corresponde hacer lugar a la medida cautelar mientras se tramita la acción de inconstitucionalidad presentada por la propia Corte Suprema de Justicia. Los artículos atacados guardan relación con medidas de racionalización del gasto público.
Es importante mencionar que en este caso solo es beneficiada la máxima instancia judicial debido a que la acción tiene un efecto solo a favor de la Corte debido a que fue la máxima instancia judicial quien accionó pero con la presente determinación podría haber una masiva presentación de acciones para seguir teniendo los cupos de combustible.
Dejanos tu comentario
Ministro Diesel habilitó Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín
Con presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, y de los miembros del Consejo de Administración, se llevó a cabo el acto de habilitación de las nuevas instalaciones del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín.
La puesta en funcionamiento de esta sede se enmarca en las acciones impulsadas para fortalecer el acceso a la Justicia y mejorar la atención a la ciudadanía en todo el territorio nacional.
Durante el acto, el ministro Diesel señaló que uno de los objetivos centrales de la máxima instancia judicial es garantizar una justicia ágil, eficiente y cercana. Asimismo, exhortó al equipo de trabajo, liderado por la magistrada Gloria Liz González, a desempeñar sus funciones con atención a las necesidades de la ciudadanía.
A su turno, la jueza de Primera Instancia y encargada del despacho, Gloria Liz González, señaló que la habilitación de la sede judicial representa el fortalecimiento de la presencia institucional del Poder Judicial al servicio de la ciudadanía y refleja el compromiso con el acceso a la Justicia en la zona.
El inmueble, cedido a la Corte Suprema de Justicia mediante un contrato con sus propietarios, albergará las dependencias judiciales destinadas a fortalecer la atención y la prestación de los servicios de justicia en la zona.
Del acto oficial participaron también la intendenta municipal, Marta Santander de Correa, magistrados de diversas localidades, profesionales abogados y representantes de gremios de la región, quienes acompañaron la habilitación de esta nueva sede judicial, que permitirá acercar los servicios de justicia a la ciudadanía de Juan León Mallorquín y de su zona de influencia.
Podes leer: Acusan a funcionario de DNIT y personal de la Marina por lesión a un adulto y un menor
Dejanos tu comentario
Directora de Garantías Constitucionales cumple con los requisitos para el cargo
La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Corte Suprema de Justicia hizo mención a cuáles son los requisitos para acceder a un cargo titular cualquier dirección general en el Poder Judicial. En ese sentido, recordó que las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Esta aclaración se dio en vista de las publicaciones periodísticas en las que se cuestiona que la titular de la Dirección General del Poder Judicial no cuenta con título universitario.
El dictamen hace mención a los requisitos establecidos para ocupar el cargo de director/a general, en cualquier Dirección General del Poder Judicial, cargo que actualmente ocupa la señora Verónica Lina Sienra Bertón quien ejerce funciones en esa dependencia hace aproximadamente tres décadas.
Primeramente, el artículo 47, numeral 3, de la Constitución de la República, garantiza el acceso igualitario a las funciones públicas no electivas sin más requisito que la idoneidad.
El dictamen explica que esta idoneidad no se identifica necesariamente con un título universitario, en tanto que dicha exigencia comprende la formación, la experiencia, los conocimientos y la trayectoria necesarios para el adecuado desempeño del cargo. Un título académico sólo es exigible cuando una norma o el perfil específico del puesto lo establece expresamente, y ninguna disposición aplicable a la Dirección General de Garantías Constitucionales lo hace.
Seguidamente, no puede dejarse de mencionar la trayectoria de la funcionaria. La señora María Verónica Lina Sienra Bertón ingresó al Poder Judicial el 11 de septiembre de 1998, contratada como jefa de la dependencia de Garantías Constitucionales, Remates y Peritos Judiciales, cuando el actual ministro Luis María Benítez Riera todavía no integraba la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces, desempeñó de manera continua funciones de jefatura en la misma dependencia: fue nombrada en el año 2000, confirmada como jefa supervisora en 2002 y designada como jefa de sección en 2008.
Su nombramiento como directora general, el 31 de enero de 2012, no significó el ingreso de una persona ajena a la institución ni el acceso repentino a un cargo gerencial, sino la culminación de más de trece años de carrera desarrollada en el área cuyos procedimientos conocía desde todos los niveles de responsabilidad.
En cuanto al marco normativo, señala el dictamen que no existe reglamentación alguna al tiempo del nombramiento en el 2012, que exigiera un título universitario para acceder al cargo de Directora General y, conforme al principio de irretroactividad del artículo 14 de la Constitución de la República y la regla tempus regit actum, la validez de una designación debe juzgarse según las normas vigentes al momento de dictarse.
Las Acordadas posteriores (N° 1.309/2019, N° 1.479/2020 y N° 1.679/2022) tampoco incorporaron esa exigencia: declararon a las Direcciones Generales como cargos de confianza, contemplaron expresamente la permanencia de quienes ya los ocupaban y, al referirse al “nivel académico necesario”, emplearon una fórmula funcional que no impone una titulación específica.
A su vez, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad administrativa de asistencia jurisdiccional que no ejerce jurisdicción, así como tampoco exige una profesión reglamentada.
En conclusión, las acordadas dictadas en los años 2019, 2020 y 2022 no introdujeron la exigencia de título universitario para ser designado como director general en el Poder Judicial, sino que reconocieron expresamente la naturaleza de confianza de las Direcciones Generales y establecieron un régimen compatible con la permanencia de quienes ya las ejercían.
Asimismo, la Acordada N° 1.815/2025 define a la Dirección General de Garantías Constitucionales como una unidad de estructura administrativa de asistencia jurisdiccional y no exige para su titularidad una profesión reglamentada ni un título universitario de grado determinado. Dicha dependencia no resuelve casos judiciales, ni ejerce función jurisdiccional algunos reservados a los jueces.
En consecuencia, concluye el dictamen, no corresponde inferir la irregularidad en la designación o la permanencia de la funcionaria en el cargo, a partir de la ausencia de una titulación universitaria que ninguna disposición aplicable exige.
Podes leer: Jueza ordenó captura de condenadas por la muerte de Sol Chávez
Dejanos tu comentario
Petropar busca mayor rentabilidad con su ingreso al mercado aeronáutico, según Wilka
El presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), William Wilka, afirmó que la firma ingresó al mercado del combustible de aviación para ganar mayor rentabilidad. Explicó que, en el modelo de negocios planteado, se trabajará a través de un operador, el cual le rendirá beneficios.
De acuerdo a lo manifestado por el titular de la estatal en conversación con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970/AM, serán comercializados los combustibles JET A1 y AVGAS en los aeropuertos Silvio Pettirossi, Guaraní de Ciudad del Este, Encarnación, Mariscal Estigarribia y Concepción. La primera estación de repostaje fue habilitada en el sur del país, con presencia del presidente de la República, Santiago Peña.
Sobre la decisión de ingresar a ese mercado de los carburantes, Wilka explicó que forma parte de un plan para ganar mayor rentabilidad. “En Petropar tenemos un plan estratégico de tener presencia en la mayor cantidad de líneas de negocios, de manera a generar rentabilidad en todas de ellas, y una de las líneas de negocios era esta, que hace rato se viene trabajando en ver la posibilidad de estar en este segmento de mercado”, destacó.
Leé más: Petropar anuncia el desembarco de nueva línea de combustibles de aviación
Modelo de negocios
Posteriormente, habló del modelo de negocios que se plantea en el sector aeronáutico. En ese sentido, indicó que la firma estatal recibirá una retribución por el usufructo de la marca, a través de un operador.
“Esto se da como resultado de un concurso, en el cual tenemos una alianza público-privada con un operador de mucha trayectoria en el rubro, en el cual tampoco Petropar hace ninguna inversión, es más, el operador pone toda la inversión, apuesta a la marca nacional, que es Petropar; nosotros, en contrapartida, le damos nuestra marca, cobramos un fee (cuota) por el movimiento de volumen y por las ventas generadas”, precisó.
Rally del Paraguay
Finalmente, destacó también la presencia de Petropar en el WRC Rally del Paraguay, que arranca este jueves en el departamento de Itapúa. En ese sentido, dijo que la estatal es uno de los principales sponsors de la competencia, lo que le permite contar con mayor visibilidad y acceder a mayores ventas.
Dejanos tu comentario
Fiscalía pidió a la Corte destrabar proceso penal por lavado de dinero de Miki Zaldívar y otros
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez solicitaron a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabar el proceso penal por lavado de dinero que enfrentan Miguel Ángel Zaldívar, presidente del Banco Atlas, y otros coimputados.
El Ministerio Público exige a los miembros de la máxima instancia judicial resolver la recusación dilatoria presentada por el abogado Enrique Kronawetter, defensor del acusado Celio Tunholi, contra los camaristas Silvana Luraghi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar.
Debido a que ya transcurrieron cuatro meses desde la presentación de esta chicana sin que se haya dictado una resolución, la Fiscalía urge definir la situación para garantizar la celeridad procesal y continuar con las actuaciones.
Acusación
El Ministerio Público presentó una acusación formal por lavado de dinero y solicitó la apertura de un juicio oral y público contra Miguel Ángel Zaldívar y los demás procesados. La nómina de acusados incluye a Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
A raíz de los constantes recursos dilatorios interpuestos por la defensa de los acusados, hasta el momento no se ha podido realizar la audiencia de imposición de medidas cautelares. Asimismo, permanece pendiente la fijación de la audiencia preliminar, instancia en la cual se definirá si la causa se eleva a la etapa de juicio oral y público.
Podes leer: Altos: detienen a ciudadano italiano con dos órdenes de captura