La fiscala María Verónica Mayor solicitó el sobreseimiento provisional de Heriberto Antonio Duarte Martinetti, quien está procesado penalmente por el hecho punible de estafa. La fiscalía sostiene que existiría un perjuicio de USD 91.000.
La representante del Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.
Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.
Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Penal de Garantía de Lambaré, Isabel Bracho, deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la fiscalía adjunta de Central quien podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.
En su momento, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.
Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.
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Fiscalía llama a declarar a los padres del niño de 5 años que conducía un cuatriciclo
Un niño de cinco años fue sorprendido en la vía pública mientras conducía un cuatriciclo. En el caso intervino el Ministerio Público y los padres fueron citados para prestar declaración. El hecho fue reportado ayer domingo en el barrio Santa Librada de la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí.
El niño fue visto frente a la comisaría local, hecho que llamó la atención del personal policial que se encontraba frente a la dependencia, que posteriormente dio aviso a la Fiscalía. Un transeúnte captó el momento en el que el niño era consultado por los policías y posteriormente fue viralizado en redes sociales.
Según se informó, el niño habría quedado con la abuela mientras los padres salieron a realizar compras para el almuerzo, momento que fue aprovechado para salir en el cuatriciclo.
“Es un automotor, un automotor de 125 cilindradas. Es un cuatriciclo, o sea, no un juguete ni un vehículo para niños”, dijo este lunes a la 1020 AM el fiscal interviniente José Silguero, al indicar que el hecho pudo haber derivado en un “desenlace lamentable”.
El agente del Ministerio Público indicó que los padres fueron convocados hoy para prestar declaración indagatoria y hasta el momento no se descara ninguna situación.
“Eso se da hoy, justamente para poder darle la oportunidad de ejercer su descargo y nosotros, una vez que contemos con todo eso, poder definir y determinar” si amerita la apertura de una investigación, dijo el fiscal con relación a la citación de los padres del niño.
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Ministerio Público solicita mayor presupuesto para el siguiente año
La solicitud institucional apunta a fortalecer la investigación penal, ampliar la presencia territorial de las sedes fiscales y modernizar los servicios técnicos brindados a la ciudadanía en todo el país.
Durante la audiencia, la representación fiscal expuso el histórico descalce financiero que arrastra la institución. Entre los años 2023 y 2026, la Fiscalía solicitó recursos por un total de G. 4,211 billones, pero el Poder Legislativo asignó únicamente G. 2,867 billones, dejando una diferencia acumulada de G. 1,344 billones en contra del órgano investigador.
En el periodo actual de 2026, la institución requirió G. 1,056 billones y recibió tan solo G. 763.000 millones, lo que representó un receso presupuestario de G. 293.000 millones. Estos antecedentes fundamentaron la urgencia de reajustar las partidas económicas para responder a las crecientes demandas de la justicia penal.
COBERTURA E INFRAESTRUCTURA
Uno de los puntos centrales del reclamo radica en el déficit de recursos humanos para cubrir todo el territorio paraguayo. Las autoridades advirtieron que el país necesita al menos 700 unidades fiscales, pero actualmente la institución funciona con aproximadamente 350 agentes fiscales titulares, operando a la mitad de la capacidad requerida.
Asimismo, la Fiscalía urgió inversiones en laboratorios forenses, morgues judiciales, cámaras Gesell y depósitos de evidencias, además de equipamiento tecnológico para el procesamiento de escenas del crimen.
Entre las obras prioritarias figura la conclusión de la sede en Encarnación, cuya finalización requerirá cerca de USD 5 millones, contrarrestada por la donación de más de 30 inmuebles gestionados desde 2023.
El Ministerio Público apeló a su autonomía funcional y administrativa, amparada por la Constitución Nacional, para solicitar el respaldo de los legisladores. La asignación presupuestaria pretendida resulta clave para consolidar investigaciones sustentadas en evidencia científica y garantizar una atención adecuada a las víctimas de delitos.
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Fiscalía abre causa por títulos falsos y apuntan a 5.000 casos
La fiscalización fue requerida por la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos perteneciente a la Cámara de Senadores.
El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, dispuso el día de ayer la apertura de una causa penal y la conformación de un equipo de agentes fiscales para investigar la denuncia impulsada por la Contraloría General de la República, relacionada a la existencia de presuntos títulos falsos en la función pública.
La investigación estará a cargo de los fiscales Francisco Manuel Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce Rolandi, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, bajo coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
La denuncia surge tras la realización de una auditoría por el órgano extrapoder que detectó preliminarmente la presencia de cerca de 1.080 funcionarios públicos con presuntos títulos falsos.
La fiscalización fue requerida por la Comisión Especial de Investigación sobre presuntos títulos falsos perteneciente a la Cámara de Senadores.
Desde la Fiscalía también se puntualizó que la denuncia fue presentada por los abogados Juan Jesús Villalba Fiore y Derlis Paredes Delgado, en representación de la Contraloría. La investigación buscará esclarecer los hechos y determinar si hubo conductas con relevancia penal.
El contralor Camilo Benítez había detallado que el trabajo implicó toda la trazabilidad de los títulos universitarios, razón por la cual se auditó la gestión del Consejo Nacional de Educación Superior Paraguay (Cones) y del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
Benítez detalló que en un primer corte de los pedidos de informe a las instituciones públicas se constataron más de 1.000 títulos falsos y que esta cifra puede aumentar aún más, teniendo en cuenta que todavía falta el informe de unas 200 instituciones del Estado que aún no respondieron a la solicitud.
“El primer muestreo salió con 1.082 personas; todavía acá falta el Poder Judicial, la Fiscalía, el Congreso e instituciones del Estado grandes. Si seguimos el promedio por cantidad de personas, por lo menos vamos a llegar a 5.000 títulos en esta situación”, indicó en la 1020 AM. Explicó que se solicitaron informes a 350 instituciones del Estado, de las cuales respondieron para este primer corte 150, y aún faltan las respuestas de las 200 restantes.
Aneaes urge aplicación de RUE para desterrar títulos falsos
“Nosotros somos la institución que tiene como misión el aseguramiento de la calidad en la educación superior”, señaló el titular de la institución, José Duarte Penayo.
El titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte, indicó que requerirá informes sobre las instituciones educativas que emitieron los presuntos títulos falsos e instó al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) a ejercer intervenciones, controles y sanciones contra las universidades de garaje. “Nosotros somos la institución que tiene como misión el aseguramiento de la calidad en la educación superior. También la Aneaes es un organismo técnico que emite informes, evidencias; en el marco de las mismas, nosotros en este 2026 mostramos que en los últimos 3 años se registraron más de 100 mil títulos de carreras no acreditadas y creemos que en ese universo existe una gran cantidad de títulos falsos”, afirmó en el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las declaraciones de Duarte surgen tras el informe parcial emitido por la Contraloría General de la República (CGR) que detectó la presencia de aproximadamente 1.090 funcionarios públicos con títulos falsos. “Muchos de estos funcionarios serían del Ministerio de Educación y Ciencias; esto debería ser ampliado enormemente en el marco de la investigación y el trabajo que está llevando la comisión especial que investiga títulos falsos del Senado”, comentó.
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Justicia argentina desestima causa contra Milei y su hermana por supuesta criptoestafa
La justicia argentina desestimó este viernes la causa contra el presidente Javier Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, por una presunta estafa vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA en 2025.
A mediados de ese año, Milei difundió en X un proyecto de criptomoneda, llamado $LIBRA, y borró el tuit poco después. Entretanto, la desconocida moneda subió su valor y luego se desplomó, lo que provocó pérdidas de al menos 100 millones de dólares a inversores locales y extranjeros.
Milei negó entonces haber promovido la criptomoneda y explicó que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto”.
Las denuncias sostienen que un pequeño grupo de operadores obtuvo ganancias millonarias mientras otros millas sufrieron pérdidas ante el desplome.
La investigación, que supuso un episodio político particularmente delicado para el presidente ultraliberal, buscaba determinar si existía una maniobra coordinada con participación del mandatario.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi manifestó este viernes que “los sucesos denunciados no se encuadran en una figura legal”, según la resolución a la que tuvo acceso la AFP.
El fallo también sobresee a otros nueve investigados, entre ellos el estadounidense Hayden Davis, uno de los impulsores de la moneda virtual. Ninguno de los acusados fue citado a prestar declaración indagatoria.
El juez sostuvo que las pérdidas de los inversores y la sucesión de una subida y un desplome del precio no bastaban para acreditar una estafa, sin pruebas de un engaño “penalmente relevante”.
Tampoco se demostró que Karina Milei hubiera recibido pagos para facilitar reuniones de los empresarios que impulsaron el token con el presidente, como se había denunciado.
“Facilitar un contacto o contribuir a la organización de un encuentro no equivale, sin más, a vender influencia”, escribió el juez.
El magistrado descartó además los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública, al considerar que la publicación presidencial no estuvo acompañada de actos administrativos ni del uso de recursos estatales.
El fallo también cita el rechazo en septiembre de una demanda colectiva en primera instancia contra los impulsores de $LIBRA en Nueva York por “defectos jurídicos” en la presentación.
- Fuente: AFP
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