El agente fiscal Federico Leguizamón imputó a una adolescente de 17 años por el delito de amenaza de hecho punible, en calidad de autora. Es en el marco del proceso abierto para investigar las amenazas que sufrió la directora de un colegio de Asunción.

La adolescente imputada quedó a disposición del juzgado Penal de la Adolescencia del primer turno de la capital, a cargo de la jueza Liz Paola Mongelós.

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El fiscal interviniente se constituyó el viernes pasado en el local del colegio debido a amenazas recibidas a través de redes sociales. La directora de la institución presentó capturas de pantalla de mensajes amenazantes publicados en redes sociales, donde se hacía referencia a un presunto tiroteo que tendría lugar el día jueves 10 de abril.

A través de la Dirección de Delitos Informáticos de la Policía y del Ministerio Público, se llegó hasta la dirección IP de la responsable que envió la amenaza.

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El fiscal Federico Delfino, presentó acusación contra el empresario Luis Augusto Montanaro Bedoya, por coacción cuya víctima fue la agente fiscal Ruth Karina Benítez, quien estaba a cargo de la Unidad 1 Especializada en Delitos Informáticos, y llevaba adelante la investigación fiscal sobre lesión del derecho a la comunicación y la imagen, por el cual Montanaro fue imputado y procesado penalmente.

El representante del Ministerio Público solicitó que el caso se discuta en un juicio oral y público atendiendo a todos los elementos de pruebas que se han recolectado durante la etapa investigativa. Ahora el juzgado penal de garantía deberá fijar una fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar donde se definirá si el acusado enfrentará un juicio oral y público.

De acuerdo a la investigación, el día 3 de noviembre del 2024, el investigado se habría apersonado hasta Florería Franco, ubicada sobre la Avda. España entre Santa Ana y San Rafael de la ciudad de Asunción, en donde habría consultado a una de las vendedoras del citado local comercial sobre el costo de unos ramos de flores, y posteriormente antes de retirarse habría dado instrucciones a la misma de que una persona posteriormente vendría abonar el costo de los mismos con las indicaciones de entrega.

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Seguidamente, luego de retirarse, se habría comunicado telefónicamente con José Daniel Alderete Vázquez para que este realice una labor a pedido del mismo. Es así, que se concreta una reunión en el lugar indicado por Montanaro Bedoya (Avenida España y Dr. Escobar – Edificio Gral. Genes 623 de la capital).

En dicho lugar, Montanaro Bedoya, habría entregado a Alderete tres sobres conteniendo unas esquelas (las cuales iban dirigidas a la Sra. Ruth Benítez, a la denunciante de la causa que investiga la primera y a sí mismo), más la suma de G. 700.000 (setecientos mil guaraníes) y unas direcciones en la ciudad de Asunción.

Montanaro Bedoya, además, habría dado indicaciones a Alderete de que se dirija hasta la Florería Franco a fin de proceder al pago de 3 ramos florales que él mismo habría consultado momentos antes y que dichos arreglos sean entregados en los domicilios provistos por el mismo con los sobres señalados anteriormente. Con las instrucciones dadas por el hoy acusado, Alderete Vázquez se habría constituido ante la Florería Franco y realizó el mandato dado por Montanaro Bedoya.

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Un tribunal de sentencia condenó a 10 años de cárcel a dos personas luego de ser encontrados culpables por robo agravado. Los condenados son Jorge Pavón Cohene y Cristhian Jara Coronel. La fiscala que probó la responsabilidad de los dos acusados fue Alejandra Vera. El colegiado sostuvo que el Ministerio Público pudo probar la responsabilidad de los dos acusados en el grave hecho registrado.

La investigación, llevada adelante por la representante del Ministerio Público, logró llegar hasta los responsables de un violento hecho ocurrido el 2 de agosto de 2021, cuando Adelio Giménez y Fernando Giménez se dirigieron a la compañía Curupicayty de la ciudad de Itá con la intención de mostrar y vender su camión Scania a un supuesto comprador. Una vez en el lugar, fueron interceptados por Pavón Cohene y Jara Coronel, quienes los redujeron con un arma de fuego, maniatando y amordazando a sus víctimas, manteniéndolas retenidas en la cabina del vehículo de gran porte.

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Luego fueron trasladados a otro sitio y obligados a abordar otro vehículo en compañía de personas hasta ese entonces no identificadas. Finalmente, Adelio y Fernando Giménez fueron abandonados en el Km 15, calle Quintana, de la compañía Takuara de la ciudad de Nueva Italia, y los ahora sentenciados se dieron a la fuga en el camión Scania.

Ahora la defensa de los dos condenados tiene la opción de apelar el presente fallo judicial y en caso de que sea así, un tribunal de apelación tendrá la última palabra sobre si confirma la sentencia de primera instancia o si se ordena la realización de nuevo juicio oral y púbico.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

El fiscal Edgar Torales, de la unidad zonal de Yguazú, presentó acusación contra un hombre por abuso sexual en niños y a la vez solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público. El presunto autor, de 36 años, habría abusado sexualmente de su hijastra de 8 años. El requerimiento conclusivo fue presentado al Juzgado de Garantías Nº 6, a cargo del magistrado Nelio Prieto.

Los antecedentes del caso señalan que, la agresión sexual habría ocurrido el 31 de julio de 2022, en una vivienda ubicada en el km 40, barrio San Blas, del distrito de Yguazú, Alto Paraná. Como en otras denuncias similares, el tiempo de ausencia de la madre fue aprovechado para tan depravado acto.

El hoy acusado ingresó al sanitario donde la niña se estaba bañando, le dio un caramelo y salió de nuevo. Luego, ella fue al dormitorio para vestirse, pero el hombre ingresó y la empezó a manosear, según el relato expuesto en el escrito de acusación.

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Posteriormente, cuando regresó su madre, la niña le contó lo que el padrastro hizo. Ante esto, la mujer radicó la denuncia ante la Policía Nacional y el caso pasó a cargo del la Fiscalía. Tras la imputación, el presunto autor del abuso sexual estuvo en rebeldía hasta que fue detenido y el proceso continuó hasta la acusación de hoy.

El acusado, quien se expone a una pena privativa de libertad de entre 4 a 15 años, también tiene otro proceso de investigación fiscal por violencia familiar. De acuerdo a los reportes del Ministerio Público, en Alto Paraná se registra un promedio de diez causas por semana, ya sean acusaciones presentadas o juicios orales, por hechos de abuso sexual de menores de edad.

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