El juez de Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ratificó la admisión de la imputación por el delito de prevaricato contra la jueza de Paz Analía Cibils, quien está suspendida en sus funciones. La misma presentó un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la determinación adoptada por el magistrado sobre la admisión de la imputación. Ahora, el expediente deberá subir al Tribunal de Apelación debido a que el recurso fue subsidiaria.
La fiscala Belinda Bobadilla sostuvo que el acta imputación cumple con los requisitos establecidos para la admisión. Fue al momento de contestar el recurso plantado por la defensa de la jueza imputada.
Son varios los imputados que ya presentaron incidentes al solo efecto de poder dilatar someterse a los mandatos de la Justicia debido a que se está suspendiendo la realización de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el juez Estigarribia rechazó la chicana presentada por la ujier notificadora, Audrey Jazmín Galeano Mora, hija del expresidente del Colegio de Abogados, Rubén Galeano.
La imputada por el caso conocido como la mafia de los pagarés había planteado una reposición y apelación en subsidio contra la determinación del juez, quien admitió y procesó penalmente a la hoy exfuncionaria judicial. Ahora, el expediente judicial deberá subir al tribunal de apelación, donde se tendrá que estudiar si corresponde confirmar la resolución del juez.
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Víctimas de la “mafia de los pagarés” se movilizan frente al Palacio de Justicia
Las víctimas de la llamada mafia de los pagarés se movilizan frente a la sede del Poder Judicial para exigir respuestas a sus expedientes. Denunciaron que el trato recibido por parte de miembros de la máxima instancia judicial “no es serio”.
Hablaron incluso del maltrato que reciben por parte de funcionarios del Palacio de Justicia
Gabriela Sanabria, docente jubilada y vocera de los manifestantes, dijo que esperarán ser recibidos por los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Lamentó que las víctimas sigan sufriendo los embargos y descuentos compulsivos en sus sueldos, sin que hallen una respuesta a sus reclamos de justicia.
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El lunes pasado, este grupo ya intentó dialogar con los integrantes de la Corte, pero no se concretó la audiencia, por lo que este miércoles insisten con el pedido de atención.
“Hoy venimos a protestar por eso también, porque la reunión estuvo programada por los mismos ministros. Y ahora estamos esperando a ver qué respuesta nos dan, porque volvimos a insistir con eso. Y vamos a ver si hoy tenemos ocasión de hablar con ellos”, refirió.
La profesora Gabriela imploró una “respuesta positiva y no a largo plazo”. “Si bien nosotros pretendemos que esto no le ocurra a otras personas, necesitamos respuesta para la gente que sí ya fue afectada”, dijo a la 780 AM.
Comentó que también esperan una solución a sus casos por parte de la comisión de investigación en la Cámara de Senadores.
“Que por lo menos nos den la esperanza en decir que vamos a tener un poco de nuestros sueldos para poder aguantar el mes. Porque en realidad eso es lo que estamos buscando. Los descuentos siguen, la gente activa llega a quedarse con saldo cero, le descuentan todo, porque no se respetan los márgenes de descuento”, afirmó.
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Bolsonaro abandona la prisión domiciliaria para que le realicen exámenes médicos
Un juez de la corte suprema de Brasil autorizó este martes al expresidente Jair Bolsonaro a dejar temporalmente la prisión domiciliar para realizar una serie de exámenes médicos en un hospital.
El exjefe de Estado (2019-2022) está confinado desde la semana pasada en su residencia en Brasilia, por violar una prohibición judicial de uso de redes sociales en el marco del juicio que enfrenta por presunta intentona golpista.
Sus abogados habían indicado, en una solicitud presentada este martes a la corte, que Bolsonaro, de 70 años, tiene “síntomas de reflujo e hipo” crónicos y debe ir esta semana a un hospital en Brasilia para realizarse exámenes, incluyendo una endoscopia del tracto intestinal.
El expresidente ultraderechista aún sufre las consecuencias de una puñalada que recibió en 2018, con problemas gástricos y hospitalizaciones recurrentes.
El juez Alexandre de Moraes, a cargo del juicio contra Bolsonaro, autorizó la visita hospitalaria.
El expresidente deberá presentar ante la corte un “certificado de comparecencia” al centro médico en un plazo de 48 horas después de los procedimientos, según determinados por el magistrado.
Las pruebas médicas deben hacerse el 16 de agosto, y Bolsonaro podría necesitar permanecer hasta ocho horas en el hospital, según sus abogados.
No descartan que los médicos recomienden acciones adicionales.
Bolsonaro se enfrenta a un juicio ante el Supremo Tribunal Federal acusado de conspirar para aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Además es objeto de una investigación por obstrucción judicial, que se desprende de la campaña que su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro avanza en Estados Unidos para que la Casa Blanca presione a las autoridades brasileñas a favor de su padre.
En represalia al juicio contra su aliado, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó aranceles del 50 % a las importaciones brasileñas, mientras su gobierno impuso sanciones a Moraes.
Debido a la presunta obstrucción judicial, desde mediados de julio el excapitán del Ejército debe llevar una tobillera electrónica, y le está prohibido expresarse en redes sociales.
El 4 de agosto Moraes ordenó la prisión domiciliaria de Bolsonaro por incumplir esa última prohibición. Desde entonces, con excepción de sus abogados y familiares cercanos, toda visita a su residencia quedó proscrita, salvo autorización previa.
Moraes aún no ha respondido a un pedido presentado la semana pasada para revocar la prisión domiciliar del expresidente, que sus abogados denunciaron como “censura”.
Inhabilitado a presentarse a elecciones hasta 2030, Bolsonaro puede enfrentar unos 40 años de cárcel por el juicio en curso.
Fuente: AFP
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Ratifican que Roberto Cárdenas debe cumplir en la cárcel su condena de 8 años
El tribunal de apelación integrado por Dionisio Frutos, Gustavo Bóveda y Helmut Fortlage ratificó la orden de captura contra el exintendente de Lambaré, condenado a 8 años de cárcel por lesión de confianza por un perjuicio de G. 859 millones en la construcción de varias instituciones educativas de la mencionada ciudad. Cárdenas deberá ser detenido y trasladado hasta una penitenciaria para cumplir la condena que ya quedó firme en la Corte Suprema de Justicia.
En su momento, la jueza de Ejecución, María Lidia Wyder Mendieta, ordenó la captura del exjefe comunal para que pueda cumplir la pena de 8 años de cárcel, pero la defensa del condenado presentó varios incidentes alegando que la sentencia condenatoria aún no había quedado firme, pero con esta determinación judicial Cárdenas deberá estar privado de su libertad.
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Los camaristas mencionaron que la aclaratoria solo se limita a corregir errores materiales y aclarar expresiones oscuras o suplir omisiones, sin alterar el fondo de la cuestión razón por la cual no puede ser considerado como impedimento para la ejecución de una condena.
Condena
El 23 de diciembre de 2021, Roberto Cárdenas fue condenado por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción. La Fiscalía probó que causó un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos al municipio provenientes de royalties de la Itaipú Binacional.
En noviembre del año pasado, la Sala Constitucional de la Corte ya había rechazado un recurso de aclaratoria presentado por Cárdenas contra un acuerdo y sentencia.
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Salud advierte: padres que no vacunen a sus hijos podrían ser imputados
El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Luis Cousirat, advirtió que los padres o tutores que se nieguen a vacunar a sus hijos podrían ser imputados por falta del deber de cuidado. La situación podría agravarse en caso de que el menor enferme o incluso fallezca como consecuencia de la falta de inmunización.
“Si llega a enfermarse el niño, se caratula como falta del deber de cuidado, y si llega a fallecer, podría cambiar la carátula, incluso”, explicó Cousirat en declaraciones a la 780 AM. La advertencia busca reforzar la importancia de cumplir con el esquema de vacunación obligatorio establecido por el Ministerio de Salud.
El director del PAI señaló que antes de llegar a instancias judiciales, se agotan mecanismos administrativos y sociales. “Primeramente, agotamos las instancias; interviene, muchas veces, la Codeni, ahí ya podemos resolver las dudas que existen y, si no ocurre, se pasa al siguiente nivel, que sería una denuncia fiscal”, precisó.
La vacunación infantil en Paraguay es gratuita y obligatoria para prevenir enfermedades como sarampión, poliomielitis, tos convulsa y otras patologías de alto riesgo. El incumplimiento no solo expone al niño a un peligro sanitario, sino que también puede acarrear consecuencias legales para los responsables.
Cousirat recordó que la inmunización es una medida de salud pública y una responsabilidad compartida que protege tanto al menor como a la comunidad. Las autoridades sanitarias instan a los padres a acercarse a los puestos de vacunación y cumplir con las dosis correspondientes para evitar sanciones y, sobre todo, salvaguardar la vida de los niños.
Brote de sarampión
El pasado lunes 4 de agosto, el Ministerio de Salud confirmó que se detectó el primer caso de sarampión en Paraguay después de una década. El afectado fue un niño de 5 años, quien recientemente tuvo contacto con una persona proveniente del exterior, con brote activo de la enfermedad.
Tras este primer caso, la Dirección General de Vigilancia de la Salud emitió una alerta epidemiológica ante el riesgo de dispersión de sarampión, luego de confirmarse casos relacionados con importación de la enfermedad. Instaron a la población a controlar las libretas de vacunación de los niños y niñas para que puedan completar el esquema vigente.
Datos claves
- Los padres que no vacunen a sus hijos pueden ser imputados por falta del deber de cuidado, y la carátula del caso podría agravarse si el menor enferma o fallece.
- Antes de llegar a la vía judicial, intervienen instancias como la Codeni para resolver dudas y buscar que se cumpla la vacunación.
- La vacunación infantil en Paraguay es gratuita y obligatoria, y su incumplimiento implica riesgos sanitarios y legales.