La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

El Ministerio Público realizó el pedido de desestimación de la denuncia contra Horacio Cartes, luego de no encon­trar méritos a la denuncia for­mulada por Arnaldo Giuzzio y otros exfuncionarios del gobierno de Mario Abdo. Sobre esto, el abogado Pedro Ovelar realizó un recuento de cómo se dio esta trama que tenía como fin acabar con la figura política del expresi­dente, y para esto utilizaron a las instituciones del Estado, a la Justicia e incluso a entida­des extranjeras.

“La hipótesis de Giuzzio es totalmente derribada por la Fiscalía porque rea­liza diligencias para aclarar los hechos”, afirmó Ovelar durante el programa “Fuego cruzado”, emitido por GEN/Nación Media, donde expuso que la Fiscalía echó por tierra todas las acusaciones en con­tra de Cartes y sin que haya elementos para procesarlo por ningún hecho punible.

El abogado señaló que esta causa tuvo como único obje­tivo “afectar al movimiento Honor Colorado, dañar la imagen de Cartes y entor­pecer la candidatura de San­tiago Peña”. Según Ovelar, todo comenzó en diciembre de 2021, tras las elecciones municipales, cuando se ini­ciaron reuniones secretas en las oficinas de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

En estos encuentros partici­paron Giuzzio, Daniel Farías, Verioska Velasco, la encargada de comunicación de Abdo, cuyas funciones nunca fue­ron muy claras. El resultado de esos encuentros, según su relato, fue la elaboración de un informe “sin relevancia penal”, filtrado luego a medios de comunicación para generar impacto político y mediático.

“El informe fue enviado de forma espontánea por Sepre­lad a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. en abril de 2022, pidiendo que la juris­dicción norteamericana inter­viniera sobre Horacio Cartes y mintiendo sobre supuestas operaciones en paraísos fis­cales”, denunció Ovelar.

Aseguró que este informe sirvió como base para pos­teriores publicaciones en medios de comunicación aliados al abdismo, que fue utilizado por referentes como Mario Abdo, Mauri­cio Espínola y Desirée Masi antes de su difusión oficial.

El abogado enfatizó que la Fiscalía, tras varios años de diligencias, concluyó que no existen hechos punibles ni participación de Cartes en actividades criminales, por lo que solicitó al juez el archivo definitivo del caso. Indicó que esta resolución “desmonta por completo la hipótesis de Giuzzio”, quien había acusado al expresidente de enriqueci­miento ilícito, contrabando, evasión y actividades finan­cieras irregulares.

El pedido del 6 de junio de la Fiscalía para desestimar la denuncia del exministro abdista Arnaldo Giuzzio contra el exmandatario Horacio Cartes tiene consonancia con la acusación que el Ministerio Público presentó en marzo pasado, en que Giuzzio está incluido por la filtración de datos confidenciales de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) con fines de persecución política, ocurrido en el 2022.

“Giuzzio está acusado para ir a juicio oral y público por las filtraciones y manipulaciones que utilizó”, comentó el abogado Pedro Ovelar, representante legal de Cartes, en una entrevista a la 650 AM. “Fue una trama montada inicialmente en febrero del 2022 por Arnaldo Giuzzio en el Congreso Nacional en la Comisión Permanente que luego deriva en una denuncia de Seprelad en estos informes”, puntualizó.

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En aquel marco, el extitular del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, aprovechó una sesión sin cuórum y convocada para dar explicaciones sobre hechos de inseguridad ciudadana, para lanzar acusaciones contra Cartes, denuncia que presentó ante la Seprelad, y no al Ministerio Público, que, al citarlo para aportar pruebas, solo recibió una recusación contra los fiscales asignados para la investigación.

“Trato de mantener mucha cordura en los análisis para caer en el fanatismo por mi posición de abogado defensor, pero verdaderamente esto sobrepasó cualquier límite”, expresó Ovelar. “Es indignante y muy bajo hasta donde han caído y llama la atención en cómo se llenan la boca en cuestiones de democracia”.

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Pese a la falta de cooperación del principal denunciante, el equipo fiscal desplegó una serie de 26 diligencias con consultas a múltiples instituciones que pudieran sostener los posibles hechos punibles contra el exmandatario. Sin embargo, los fiscales no encontraron pruebas e incluso Brasil ratificó que ni Tabesa ni Cartes estaban investigados por contrabando, como una de las líneas que señaló Giuzzio en su exposición oral.

Al respecto, el representante legal del expresidente de la República dijo: “La verdad es que nunca existió lo que ellos afirmaron que si existió. Es un relato carente de elementos facticos en busca perjudicar a un líder. El objetivo de ellos era el poder para enriquecerse. Más tarde que temprano esto va a salir a la luz. El daño económico y moral es irreparable. Realmente ellos tienen que pagar y rendir a la Justicia con lo que hicieron.