La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y César Garay, anuló las resoluciones de primera y segunda instancia y ordenó la absolución de culpa y pena del exministro de la Senad, Francisco José De Vargas, quien en su momento fue condenado a 3 años de cárcel por lesión de confianza por la comprar de equipos para la Senad.

Igualmente, la máxima instancia judicial anuló la pena de 4 años y 6 meses que recibió el exministro de la Senad, Luis Rojas, al igual que se hizo lugar a la absolución de culpa y pena de otros funcionarios de la referida institución que en su momento fueron condenados en el presente proceso penal.

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La Corte sostuvo en su resolución que “en el caso que nos ocupa no se ha podido demostrar el perjuicio patrimonial a la institución Senad, no se ha probado cuál ha sido el impacto económico que tuvo la compra de los equipos sensitivos de rastreo de la marca Cobham proveídos por la Empresa Televox SRL”.

Los ministros mencionan que se ha demostrado que efectivamente se ha realizado el pago por los aparatos correspondientes y que también se ha constatado que los equipos han ingresado al patrimonio de la Senad.

En su momento, un tribunal de sentencia y una cámara de apelación ratificaron las condenas de 3 años de cárcel para De Vargas y 4 años y 6 meses de pena privativa de libertad de Luis Rojas.

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Entre enero y junio de este año, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia registró un total de 1.490 nuevas acciones, cifra que supera en 104 comparando con el mismo periodo del año pasado.

En sesión plenaria de la Corte, el secretario de la Sala Constitucional, Julio Pavón, presentó a los ministros y a la ciudadanía un informe comparativo sobre la productividad registrada durante el primer semestre de 2025.

El secretario de la mencionada sala destacó que los ingresos de las acciones se realizaron a través del nuevo sistema de mesa de entrada habilitado en febrero de este año.

En cuanto a los actos del proceso, bajo la presidencia del ministro César Diesel, se registró un superávit de 491 actos en comparación con el primer semestre de 2024, lo que representa un aumento del 47,3 % y se resalta un aumento en la atención al público.

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Pavón detalló que en el periodo señalado se dictaron 952 Autos Interlocutorios (AI), 92 caducidades y se encuentran en trámite otras 392, actualmente en etapa de informe actuarial para su resolución. Este dato representa un aumento de 377 Autos Interlocutorios en comparación con el mismo lapso del año anterior.

Respecto a los Acuerdos y Sentencias dictados en el marco de procesos judiciales, se emitieron 436 resoluciones. Asimismo, en cumplimiento de la Acordada N° 1148/16, la Secretaría firmó 168 providencias y oficios. Se enviaron además 770 informes solicitados por diversos juzgados y órganos del Poder Judicial, mientras que el total de actos del proceso firmados por la Secretaría ascendió a 1.038.

En cuanto a la atención al público, la secretaría recibió en audiencia a 3.370 personas interesadas en conocer el estado de sus causas, lo que representa un incremento de 1.872 con respecto al primer semestre del año anterior.

Por su parte, la presidencia de la sala constitucional a cargo del ministro Diesel firmó 740 actos del proceso propios de su competencia. Con relación al sorteo quincenal de expedientes en etapa de admisibilidad o en estado conclusivo, se informó que fueron distribuidas 1.390 nuevas acciones. No obstante, el secretario Pavón explicó que se registró una disminución de 414 sorteos respecto al año anterior debido a que actualmente las distribuciones se realizan de manera inmediata, reflejando más fielmente el número real de ingresos.

En lo que respecta al pleno jurisdiccional, se informó el ingreso de dos acciones relacionadas con el Tribunal de Justicia Electoral, seis provenientes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y una de origen en la propia Sala, totalizando nueve expedientes, tres más que en el primer semestre de 2024. Se indicó que las resoluciones del pleno jurisdiccional se mantienen activas, y que varios Autos Interlocutorios se encuentran en fase final de firma para la emisión del fallo correspondiente.

El ministro Víctor Ríos, miembro de la Sala Constitucional, expresó: “Estamos en un momento auspicioso de la Sala, gracias al gran esfuerzo de todos los integrantes. Cabe recordar que la sala constitucional está integrada además por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, y los ministros Víctor Ríos y Gustavo Santander Dans.

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La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.