La audiencia preliminar del exministro del Interior y actual senador Rafael Filizzola, procesado por la compra de varios helicópteros para la Policía Nacional se encuentra en suspenso debido a la inhibición de la jueza Penal de Garantía, Clara Ruiz Díaz, quien se apartó del caso porque el abogado de Filizzola la acusó ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en otra causa penal.

En la citada diligencia judicial se debe resolver si se hace lugar al pedido de sobreseimiento definitivo por falta de acusación a favor de Filizzola debido a que años atrás la Corte había anulado la acusación del Ministerio Público.

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Ahora se tendrá que sortear quién será el nuevo juez de Garantía que tendrá que decidir si impugna la inhibición de la magistrada Ruiz Díaz. En caso de ser así, será un Tribunal de Apelación el que deba resolver si confirma a la mencionada magistrada.

Para poder garantizar el debido proceso, la jueza se apartó debido a que el abogado Guillermo Duarte, defensor de Filizzola, presentó una acusación infundada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado.

El pasado 11 de noviembre del 2024 fue remitido a la Cámara Alta el pedido de desafuero en el marco de la causa caratu­lada: “Rafael Augusto Filizzola Serra y Otros s/Lesión de Confianza”. El proceso judicial es por la compra irregular de cuatro helicópteros y el supuesto daño de más de 50.000 millones de guaraníes cuando se desempeñaba como minis­tro del Interior, en la era del expresidente Fernando Lugo.

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La Dirección Jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS) apeló la resolución judicial en la que se desestimó la denuncia penal por cobro indebido de honorarios que había sido presentada contra los médicos y concejales, Gustavo Pereira de Limpio, y José María Meza, de la ciudad de Luque. El abogado, José González Maldonado, en representación del IPS, fue quien firmo el escrito pidiendo que se deje sin efecto la resolución de la jueza Cynthia Lovera.

Ahora será un tribunal de Apelación el que estudie los argumentos del IPS y resolver si corresponde que la presente investigación siga su curso o se archive en forma definitiva.

El Instituto de Previsión Social, en calidad de víctima, se agravia por lo resuelto por el Juzgado Penal de Garantías, el cual decidió desestimar la denuncia presentada por la previsional, basándose únicamente en el informe presentado por la Universidad Católica de Asunción y en informes de la Municipalidad de Limpio y Luque, respectivamente, resumiendo la actuación de los funcionarios en que los mismos cuentan con cargo docente, sin embargo, argumenta que la fiscala del caso no ha agotado la investigación penal.

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Igualmente, el escrito de apelación refiere que la Fiscalía no ha requerido informe al Instituto de Previsión Social respecto a los rubros en los que se hallan ejerciendo funciones los denunciados, los cuales son rubros administrativos, y no docentes. Tampoco se ha pedido el sumario administrativo contra los citados funcionarios denunciados, que a la fecha se haya culminado. Tampoco se ha investigado qué institución es la que paga el salario de los médicos Gustavo Alberto Pereira Bello y José María Meza Insfrán.

Desde el ente previsional sostienen que existe cobro de doble remuneración por parte de los denunciados Gustavo Alberto Pereira Bello y José María Meza Insfrán, lo que configura una potencial vulneración de sus derechos patrimoniales, que no fue investigado suficientemente por el Ministerio Público.

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Autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS) informaron que existen personas inescrupulosas que intentan estafar a los adultos mayores en proceso de jubilación, a quienes les solicitan fuertes montos de dinero a cambio de acelerar estos trámites. Los trámites son gratuitos y no requieren de intermediarios o abogados, afirmaron desde la previsional.

Desde la Dirección de Jubilaciones del IPS, confirmaron que una mujer acudió hasta las oficinas para iniciar los trámites de su jubilación, pero ya no volvió. Decidieron contactar con ella y esta reportó que unas personas les ofrecieron realizar los trámites a cambio de un monto de dinero.

“El caso se originó cuando una persona acudió a las oficinas de la previsional en octubre de 2024 para realizar consultas sobre su trámite jubilatorio. Al salir del edificio, fue abordada por un desconocido que se ofreció a agilizar su gestión a cambio de 3 millones de guaraníes”, explicó la doctora Vanessa Cubas, gerente de Prestaciones Económicas de la previsional.

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Confirmó que los trámites realizados por este individuo no dieron resultados, porque la mujer no cumplía con los requisitos para acceder a la jubilación y reiteró que todos los trámites en la institución son completamente gratuitos. “La asegurada terminó pagando por un derecho al que aún no podía acceder”, aseguró.

Afirmó que para este tipo de trámites no se requiere la intermediación de gestores o abogados. “Los asegurados solo deben presentarse con su cédula de identidad para gestionar sus derechos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. No paguen por gestoría a quienes se ofrecen a realizar trámites que son gratuitos. Acudan personalmente a nuestras oficinas”, indicó.

Cubas indicó que la denuncia fue recibida por funcionarios de la Dirección Jurídica y de la Unidad de Anticorrupción y Transparencia del Instituto de Previsión Social. Refirió que desde la previsional se llevarán a cabo todas las gestiones necesarias para que la denuncia llegue a las autoridades correspondientes y se identifiquen a los responsables.

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Un equipo del Ministerio Público, encabezado por el fiscal José Godoy, se constituyó este miércoles en las oficinas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) con el objetivo de recabar más datos en torno a la investigación de una denuncia de estafa a dos hermanos menonitas en la zona de Río Verde, localidad de Presidente Hayes.

El fiscal precisó que en el marco de la instigación se cuenta con documentos que respaldarían el pago de USD 1.600.000 por parte de las víctimas, todo este dinero en efectivo, pero con pagarés que están siendo sometidos a pericia para determinar su autenticidad y si fueron cobrados en realidad.

Por su parte, el director del Indert, Francisco Ruiz Díaz, señaló en conferencia de prensa que desde que asumió el cargo, la dirección del Chaco, que anteriormente trabajaba de manera independiente dentro de la institución, volvió a estar bajo la coordinación de la presidencia de la institución y se ejerce un control total sobre los expedientes.

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“Establecimos una mesa de trabajo a los efectos de facilitar todo tipo de datos que la Fiscalía necesite. Ya tenemos todos los documentos que podemos ofrecerle a la Fiscalía y lo que se busca es dilucidar cómo se habría ejecutado esta supuesta venta de manera irregular”, mencionó Ruiz Díaz.

El titular del Indert declaró que recientemente fueron apartados también de sus cargos varios funcionarios que estarían involucrados con el movimiento irregular de documentación sobre terrenos de propiedad privada, los cuales, transgrediendo la ley, fueron visitados e inspeccionados por funcionarios de la institución por solicitud no de la presidencia, sino de funcionarios subordinados, quienes continúan siendo investigados.

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