El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, condenó este sábado al exministro del Interior, Walter Bower a la pena privativa de libertad de 15 años, por hechos de torturas, cometidos contra policías, ante el supuesto intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis González Machi.
En la causa también están procesadas los comisarios Merardo Palacios Melgarejo, y Osvaldo Javier Vera Espínola, quienes fueron sentenciados a sufrir la pena privativa de 12, y 6 años de cárcel, respectivamente.
Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente González Macchi, hecho ocurrido en mayo del año 2000. Los apremios que recibieron entonces fueron los policías Alfredo Cáceres y Jorge Luis López Sosa.
El presente proceso judicial es el más largo de la historia penal del Paraguay, ya que este mes de mayo próximo se cumplirán 25 años de los sucesos ocurridos.
Los sentenciados deberán guardar reclusión en la cárcel de Viñas Cué, según la disposición judicial.
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Fallece excomisario que había denunciado a exministro Bower por torturas
El comisario retirado Alfredo Cáceres González, torturado por el exministro del Interior, Walter Bower, falleció este domingo, a tan solo una semana después de la condena por apremios ilegales (torturas) sentenciada en contra del hombre fuerte del gobierno de Luis González Macchi.
Cáceres fue una de las víctimas, junto a Jorge Luis López Sosa, de tortura por parte del recientemente condenado exministro Bower. El hecho fue informado por el exsenador Hugo Richer, a través de sus redes sociales.
El excomisario participó activamente en el juicio que llevó a la condena de Bower a 15 años de prisión, así como de los comisarios Merardo Palacios y Osvaldo Javier Espínola Vera. La causa de la muerte de Cáceres todavía no fue especificada.
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El Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Fabián Weisensee, Laura Ocampo y Cándida Fleitas, había condenado al exministro del Interior a la pena privativa de libertad de 15 años, por hechos de torturas, cometidos contra policías, ante el supuesto intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis González Machi.
En la causa también están procesadas los comisarios Merardo Palacios Melgarejo, y Osvaldo Javier Vera Espínola, quienes fueron sentenciados a sufrir la pena privativa de 12, y 6 años de cárcel, respectivamente.
Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente González Macchi, hecho ocurrido en mayo del año 2000.
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Exsenador demócrata Bob Menéndez, condenado a 11 años de prisión por corrupción en EE. UU.
- Fuente: Agencia AFP
El exsenador demócrata de origen cubano Bob Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue condenado este miércoles a 11 años de cárcel por corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto, informaron medios estadounidenses.
El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar. “En algún punto del camino... perdiste el rumbo”, dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. “Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien”.
La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la todopoderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con “al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad”.
“Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony”, dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.
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La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.
Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.
Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones. Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.
Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente. Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con Cuba, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.
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Corte IDH condenó a Nicaragua por inconstitucional reelección de Ortega
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Nicaragua por permitir la reelección presidencial de Daniel Ortega en 2011, pese a que estaba prohibido en la Constitución. Ortega ganó las elecciones con el 62 % de los votos ante el opositor Fabio Gadea Mantilla, quien consiguió el 31 % y figura como víctima principal en la sentencia entregada por el tribual continental, con sede en San José.
La Corte “declaró la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la violación a los derechos políticos, a las garantías” y “protecciones judiciales” de Gadea Mantilla en los comicios de 2011, dijo la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández, durante la lectura pública del fallo.
Ortega ya había sido presidente en dos mandatos (1985-1990 y 2007-2012) y la Constitución no le permitía aspirar a la reelección consecutiva, pero la Corte Suprema -la mayoría de magistrados afín al gobierno- determinó en 2009 la “inaplicación” de la prohibición en su caso.
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Los jueces de la Corte IDH, según Hernández, consideraron que las instituciones del Estado “pretendieron dar una apariencia de legalidad a la decisión que autorizaba la reelección” de Ortega. “La falta de integridad del proceso electoral favoreció la reelección” de Ortega, señaló Hernández.
También afirmó que la Corte Suprema de Justicia y Consejo Supremo Electoral “mostraron parcialidad” y “no garantizaron un recurso judicial efectivo” para “revisar las decisiones que cuestionaban irregularidades en el proceso”.
La Corte estableció como medidas de reparación que el Estado garantice “que el Consejo Supremo Electoral cuente con garantía de imparcialidad e independencia” y “de medios adecuados de impugnación ante violaciones a la ley electoral”.
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Pero el exguerrillero, de 79 años, quien también fue reelegido en los cuestionados comicios de 2016 y 2021, es acusado por organismos de derechos humanos y varios gobiernos de instaurar una autocracia en Nicaragua. Miles de nicaragüenses han partido al exilio y unos 450 políticos, empresarios, intelectuales y artistas fueron despojados de su nacionalidad en los últimos años, acusados de “traición a la patria”.
Una recién aprobada reforma constitucional, propuesta por Ortega, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, elimina la independencia de poderes y eleva el rango de su esposa Rosario Murillo de vicepresidenta a “copresidenta”.
Fuente: AFP.
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Fiscalía pide 12 años de prisión para exministro Walter Bower
La fiscal Sonia Sanguinés solicitó 12 años de prisión para el exministro del Interior, Walter Bower, por su implicancia en las presuntas torturas a dos policías en el contexto de un supuesto intento de golpe de Estado en el año 2000. Las víctimas, quienes fueron detenidas y sometidas a malos tratos durante los interrogatorios, eran sospechosas de estar vinculadas a esta tentativa de golpe contra el gobierno del entonces presidente Luis Ángel González Macchi.
El juicio por este caso se lleva adelante después de más de dos décadas de que los hechos ocurrieran, lo que ha generado una considerable discusión sobre la impunidad y el tiempo transcurrido antes de que se alcanzara una resolución judicial. Además de Bower, la Fiscalía también solicitó penas para los otros dos acusados en el caso: los policías Osvaldo Vera, y Merardo Palacios, quienes enfrentan solicitudes de 14 y 7 años de prisión, respectivamente.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno. La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
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La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
Proceso penal
El juicio, que finalmente comenzó varios años después de los hechos, ha sido un proceso largo y plagado de obstáculos. En varias ocasiones, el Tribunal de Sentencia tuvo que suspender las audiencias debido a recusaciones de los jueces y otras complicaciones procesales. Sin embargo, en la actualidad, el caso parece estar llegando a su fin, y la fiscalía ha solicitado una condena firme para Bower, Vera y Palacios.
La gravedad de los hechos no solo radica en las torturas, sino en el contexto político y social de la época, que creó un ambiente propenso para que actos de esta naturaleza fueran aceptados como parte de la lucha por el control político.
La justicia paraguaya, sin embargo, está tomando medidas para dar un cierre a este oscuro capítulo de su historia. En este sentido, el caso de Walter Bower se ha convertido en un símbolo de las luchas por la justicia y la reparación.
La solicitud de 12 años de prisión es un recordatorio de que, aunque el tiempo haya pasado, los crímenes cometidos bajo el amparo del poder político no pueden quedar impunes. Este caso refleja además una transición en la política y la justicia en Paraguay, que busca sanar heridas del pasado y fortalecer el estado de derecho.
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