Ubicado en el corazón de Caazapá, el distrito de San Juan Nepomuceno se presenta como un lugar estratégico para la economía local en el sur del país. Cuenta con una población estimada entre 38.000 y 40.000 habitantes y se posiciona entre los más grandes del departamento, tanto por su dimensión demográfica como por su peso en la producción local.

El intendente Derlis Molinas, en conversación con La Nación/Nación Media, destacó que la economía de San Juan está sostenida sobre tres grandes pilares: la agricultura, la ganadería y el sector forestal que se encuentra en plena expansión. “Varias zonas de la ciudad están creciendo muy fuerte con proyectos de reforestación”, explicó el jefe comunal, pero resaltó que la producción primaria sigue siendo la base del empleo y la generación de ingresos en la ciudad.

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Pese a que algunos indicadores sociales catalogan a San Juan como un distrito con altos niveles de pobreza, el intendente afirmó que la realidad económica supera a las estadísticas. “Tenemos un movimiento económico muy grande comparado con otros distritos. Hay bancos, cooperativas, estaciones de servicios y una fábrica de terciado que emplea a muchos sanjuaninos”, detalló Molinas.

Cuentan con varios bancos, al menos cuatro cooperativas activas y una red de cinco estaciones de servicios que son parte de un ecosistema financiero dinámico. A eso se suma el crecimiento del rubro de la construcción, que ganó fuerza en los últimos años.

La ubicación estratégica del distrito, a 200 km de Encarnación y a 250 km de Asunción, sobre la ruta PY18, que conecta con Villarrica y enlaza con la ruta PY06, lo convierte en un punto logístico clave para el movimiento de bienes y servicios. “Estamos en el corazón del departamento. Nuestra posición nos favorece muchísimo para el comercio y la conectividad”, resaltó el intendente.

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Además de los componentes económicos, San Juan Nepomuceno ofrece también atractivos turísticos naturales. El arroyo Capiibary es uno de los lugares más visitados durante el verano. Aunque no cuenta con cerros como Tavaí, la ciudad mantiene un entorno tranquilo y paisajes rurales que invitan a la desconexión.

Otro atractivo, ubicado en el centro de la ciudad, es el histórico manantial Ykua Kurusu, punto que sirvió como referencia para la fundación del distrito, y que forma parte del Paseo de los nepomucenos.

La etnia de los Mbya se encuentra en zonas cercanas a San Juan Nepomuceno y regularmente llegan a ella para ofrecer sus productos, se los puede encontrar en Tarumá, Tavaí, 3 de Mayo y alrededores. La comunidad indígena de Takuaro es la única comunidad nativa nepomucena.

Fue fundado hace más de 240 años y lleva el nombre del santo patrono San Juan Nepomuceno, cuya imagen forma parte del imaginario colectivo del lugar. Su historia está anclada en el período colonial, lo que le otorga una identidad cultural particular dentro del mapa caazapeño.

Festejan el día de su santo patrono, el 16 de mayo (que comienzan desde el 14, día patrio, y 15, Día de la madre), y lo hacen con ceremonias litúrgicas, procesión típicamente paraguaya y pintorescos juegos ecuestres, como la corrida de sortija, las carreras, parque de diversiones, corrida de toros, etc.

En 2014 se inauguró la Casa de la Cultura Municipal, que cuenta con una escuela de Orquesta de Cámara en donde se está enseñando a niños y adolescentes. También cuenta con una banda de instrumentos de viento. La ciudad posee un coqueto anfiteatro para eventos musicales y teatrales. La inversión de esta obra fue de G. 500 millones.

El Instituto Forestal Nacional (Infona), en colaboración con el proyecto Paraguay + Verde, lleva a cabo una iniciativa que busca promover la sostenibilidad forestal y fortalecer los ingresos de pequeños productores en Caazapá. El proyecto beneficia a 48 productores de San Juan Nepomuceno.

A pesar de los desafíos demográficos y sociales, San Juan Nepomuceno sigue creciendo. “No estamos estancados. La ciudad se mueve todos los días”, aseguró el intendente. Sostuvo que avanza paso a paso como uno de los centros de mayor dinamismo económico del interior del país.

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Una gran cantidad de funcionarios de la Municipalidad de Asunción se moviliza este lunes frente a la sede del Poder Judicial en rechazo a la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil.

Los manifestantes reclaman declarar inconstitucional la legislación que modifica contratos colectivos de trabajo del personal municipal. La Policía llegó hasta el sitio para resguardar el edificio del Palacio de Justicia ubicado en el barrio Sajonia de Asunción.

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“Nosotros hoy solicitamos la resolución AI de suspensión de los efectos, en otras palabras se le conoce como medida cautelar también. Eso es lo que vamos a aguardar y estamos esperando que tanto los que conforman la sala constitucional que es el ministro César Diesel, Gustavo Santander y Víctor Ríos se expidan al respecto”, dijo el abogado Óscar Pereira, representante de los funcionarios.

La acción de inconstitucionalidad también cuenta con el patrocinio de los abogados Raúl Mongelós, Eduardo Pérez Avid y Juan José Bernis. “El día de la fecha se presentó porque a partir de hoy causa agravio esta ley porque se promulgó el 14 de enero y entra en vigencia seis meses después que es hoy”, puntualizó.

Explicó que la acción de inconstitucionalidad promovida es contra tres leyes “que perjudican a los funcionarios municipales”. “Hoy estamos representando a diez mil funcionarios que están viniendo de a poquito acá. Hemos hecho cinco puntos de encuentro y estamos centrándonos acá frente al Poder Judicial”, expresó.

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“En Paraguay, el uso descontrolado de pagarés —sin trazabilidad, sin control y muchas veces sin respaldo real— ha generado un circuito tóxico de endeudamiento, judicialización y abuso, afectando tanto a personas como a empresas, especialmente en los sectores más vulnerables de la economía”, afirmó el diputado José Rodríguez durante una entrevista en el programa Tribuna de Paraguay TV.

Rodríguez presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que propone la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros Títulos de Crédito (RNPyTC), una iniciativa que busca transformar el sistema de control de documentos crediticios en el país.

El legislador explicó que el objetivo central del proyecto es combatir la llamada “mafia de los pagarés”, una práctica que ha generado múltiples denuncias por fraudes, cobros duplicados y abusos por parte de usureros. “Queremos dar garantías a los ciudadanos y proteger especialmente a los más humildes, que muchas veces son víctimas de estos esquemas”, subrayó.

El parlamentario destacó que hoy existe una oportunidad histórica para construir un nuevo marco jurídico que combine seguridad financiera, protección judicial y tecnología, a través de un texto legal único y consensuado que unifica tres iniciativas clave: Poder Judicial, ejecución justa y controlada; Poder Ejecutivo y MIC, digitalización y trazabilidad; Poder Legislativo, creación del Registro Nacional de Pagarés.

La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto que ya cuenta con media sanción legislativa. Este regula el proceso ejecutivo sobre pagarés, estableciendo criterios más estrictos para su ejecución judicial. El objetivo es evitar ejecuciones automáticas de títulos vencidos, sin respaldo o manipulados, garantizando el debido proceso y la buena fe contractual.

Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se implementa la Ley N.º 6822/2021, que reconoce la validez legal de los títulos de crédito en formato electrónico, incluyendo pagarés y letras de cambio. Esta normativa permite su digitalización con firma electrónica avanzada y trazabilidad, creando las condiciones técnicas y jurídicas para dejar atrás el papel y avanzar hacia un sistema moderno, confiable y transparente. Además, convierte al MIC en autoridad técnica y reguladora de los prestadores de servicios de confianza digital.

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Desde el Congreso Nacional, se impulsa la creación del Registro Nacional de Pagarés, una plataforma pública, digital y auditable donde se inscriban todos los pagarés emitidos en el país. Basado en la Ley 6822/21, este registro permitirá conocer si un pagaré ya fue ejecutado, venció, fue pagado o está en disputa, previniendo duplicidades, estafas y abusos judiciales. También facilitará a los jueces una evaluación rápida de la legitimidad del documento y protegerá a los firmantes.

“Por primera vez en mucho tiempo, los tres poderes del Estado y el Ministerio de Industria y Comercio estamos construyendo un solo texto de ley, trabajado en conjunto desde lo técnico, lo judicial, lo legislativo y lo económico”, destacó Rodríguez. “Este proyecto no se trata solo de pagarés: se trata de confianza. Confianza en el sistema. Confianza en el crédito. Confianza en las reglas”, agregó.

El diputado advirtió que quienes se benefician del sistema actual y de los vacíos legales probablemente se opondrán. “Pero nosotros trabajamos por la gente, por los emprendedores, por los comerciantes, por quienes piden un crédito con buena fe y terminan atrapados en un infierno judicial”, remarcó.

Finalmente, Rodríguez hizo un llamado a los sectores productivos, cooperativas, banca, justicia y ciudadanía a respaldar esta iniciativa: “Esta ley consensuada será el punto de partida para un Paraguay más formal, más justo y más moderno. Cuando el Estado trabaja unido, los beneficios llegan a todos”.

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Los hechos de violencia intrafamiliar lideran las denuncias en el departamento de Concepción, según informes del Poder Judicial. Otro dato llamativo es la duplicación de los casos judicializados de abuso sexual en niños.

De acuerdo con los reportes, el año pasado se reportaron 19 casos de abuso sexual en niños y en este semestre ya se registraron más de 30 hechos.

“Está encabezando como en todos los años anteriores el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El año pasado en el periodo de tiempo tuvimos 156 casos. En este año tenemos 134”, dijo el presidente de la circunscripción judicial de Concepción, Fabio Cabañas al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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En tanto, manifestó que “genera preocupación” el hecho de abuso sexual en niños. En tanto el delito menos cometido es el de “coacción grave” con un total de 19 casos.

“Y otros que han subido son los de violencia familiar. El año pasado era 89 y ahora subió a 91”, refirió.

Las autoridades judiciales buscan cotejar sus estadísticas con los documentos del Ministerio Público, para tener el dato global de los casos reportados a nivel departamental, conforme manifestó el abogado Cabañas.

También se deben colectar los datos manejados por la Policía Nacional, ya que no todos los casos son finalmente judicializados. Esto considerando que pueden darse circunstancias en que las denuncias son retiradas o hay un acuerdo entre las partes, con lo que deciden poner fin al litigio.

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